Desde este espacio, y a título personal como Iván Corpus Lozoya, alguien que conoce de primera mano la resiliencia frente a la enfermedad y la discapacidad, en Al Café Político no abordamos condiciones médicas, aspectos familiares ni asuntos privados que no tengan relación con el ejercicio del poder público. La salud de cualquier persona pertenece al ámbito personal. Sin embargo, cuando la ausencia de una autoridad se convierte en tema de conversación pública, el asunto deja de ser privado para transformarse en un problema de comunicación institucional, gobernabilidad y confianza ciudadana.

Esta columna no trata sobre la salud del alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda González.

Trata sobre cómo una serie de crisis políticas, administrativas y de comunicación siguen exhibiendo las debilidades de una estrategia que, lejos de proteger políticamente a la administración municipal, pareció colocarla constantemente en posición defensiva. Y en el centro de esa discusión aparece un nombre que desde octubre de 2024 comenzó a ser mencionado como operador de la comunicación municipal y que oficialmente terminó consolidando influencia durante 2025: Yohan Uribe Jiménez, #LordFragmentado.

Capítulo 1: El vacío informativo siempre encuentra dueño

La primera regla para incendiar un gobierno consiste en creer que el silencio resolverá los problemas. Cuando la reciente ausencia pública del alcalde comenzó a generar preguntas, el Ayuntamiento tenía varias opciones: informar, explicar o transparentar. Eligió una cuarta alternativa: esperar. Mientras tanto, redes sociales, páginas de noticias, transmisiones en vivo y especuladores profesionales de rumores ocuparon el espacio abandonado por la comunicación institucional.

Lo más curioso es que la estrategia parecía diseñada para evitar especulaciones y terminó multiplicándolas. En comunicación política existe una ley básica: cuando el gobierno guarda silencio, alguien más se convierte en vocero. Porque en política el vacío nunca permanece vacío.

Capítulo 2: Cuando el asesor se convierte en la noticia

La política suele castigar con especial dureza los errores de comunicación. Los números de Mitofsky muestran cómo Román Cepeda pasó de niveles de aprobación superiores al 60 % durante 2024 a 46.1 % en 2025, descendiendo del lugar 18 al 98 nacional. El desgaste coincidió con una etapa en la que la Dirección de Comunicación Social comenzó a generar más conversación que varios integrantes del propio gabinete.

A diferencia de Guillermo Sariñana Siller y Luis Rayas, cuya función era mantener el reflector sobre el alcalde, durante la gestión de Yohan Uribe la comunicación se convirtió en tema de debate por las confrontaciones digitales, la narrativa de los “zopilotes carroñeros” y episodios como #LordFragmentado, mientras crisis como Nuevo Mieleras, el paro policial y los problemas de agua dominaban la agenda pública.

La coincidencia volvió a llamar la atención este viernes. Mientras circulaba entre directores un mensaje atribuido al alcalde con frases como “aquí ando” y “no hay nada que especular”, acompañado de referencias a los “zopilotes carroñeros”, horas después Yohan Uribe compartía en sus estados una imagen con la misma metáfora y el mismo adversario político.

Más allá de la frase, ambos mensajes transmitían una idea similar: que las críticas y cuestionamientos obedecen a intereses de terceros más que a una demanda ciudadana de información. Por ello, la interrogante política permanece: ¿“Pepé” Ganem y “Neto” Cepeda realmente tomaron distancia de Uribe o continúan respaldando una estrategia donde las preguntas incómodas se interpretan como ataques, en lugar de responderse con explicaciones claras?

Capítulo 4: Nuevo Mieleras, el origen de la derrota narrativa

El 7 de abril de 2025, la muerte del joven ingeniero Rolando Medina Puentes durante un operativo de desalojo en Nuevo Mieleras detonó lo que probablemente fue la crisis política más delicada de la administración de Román Alberto Cepeda González.

En ese momento, la Dirección de Seguridad Pública Municipal era encabezada por César Antonio Perales Esparza, mientras el Grupo de Reacción Torreón quedó bajo el escrutinio público por el presunto uso excesivo de la fuerza. Lo que requería una respuesta coordinada entre la Secretaría del Ayuntamiento, Seguridad Pública y la Dirección de Comunicación Social terminó convirtiéndose en una batalla de narrativas donde el gobierno nunca logró recuperar la iniciativa.

La investigación de la Fiscalía, la presión social y las exigencias de justicia comenzaron a desplazar la versión oficial.

La situación se agravó el 9 de abril, cuando durante una rueda de prensa en las instalaciones de Seguridad Pública la conversación pública terminó concentrándose más en la polémica frase de los “zopilotes carroñeros”, pronunciada por el alcalde, que en las explicaciones sobre los hechos. El desgaste institucional fue inmediato. La crisis dejó de ser únicamente policial para convertirse en un problema de credibilidad gubernamental. Fue ahí donde comenzó la derrota narrativa del Ayuntamiento: cuando la comunicación dejó de explicar los hechos y comenzó a reaccionar ante ellos.

Capítulo 5: Cuando los policías contradicen los boletines; cae el primer funcionario cepedista

La siguiente lección del manual consiste en negar una crisis hasta que resulte imposible hacerlo. Más de 250 policías manifestándose, denunciando presuntos abusos, hostigamientos y conflictos internos evidenciaron una fractura profunda dentro de la corporación.

Mientras los comunicados intentaban transmitir normalidad y control, las imágenes de la protesta mostraban una realidad completamente distinta. Cuando los propios elementos encargados de la seguridad salen a las calles para exigir cambios, la crisis deja de ser un rumor y se convierte en un hecho político.

La salida de César Antonio Perales Esparza y la llegada de Alfredo Flores Originales terminaron confirmando que el problema existía y requería una intervención de fondo. Fue uno de los primeros grandes movimientos dentro del círculo cercano del alcalde y una señal de que el conflicto había superado la capacidad de contención institucional.

En política hay algo peor que una crisis: una crisis que primero niegas y después te obliga a actuar. Porque cuando los policías contradicen los boletines, la narrativa oficial deja de controlar la historia.

Capítulo 6: El carrusel municipal; el control desde Palacio

Cuando las crisis comienzan a acumularse aparece una vieja máxima de la política mexicana: mover funcionarios.

Pepe Ganem salió de la Secretaría del Ayuntamiento y Eduardo Olmos llegó para intentar reconstruir acuerdos políticos. Óscar Luján logró sobrevivir con todo y sus hieleras de unicel para terminar en la Contraloría, mientras Javier Lechuga asumió la Tesorería. Toñito Hernández salió de Desarrollo Económico tras ser señalado internamente como un “Judas” político.

La saltillense Martha Faz apareció en la Dirección de Tránsito y Luis Morales vio reducidas sus áreas de influencia; pese a los rumores de ruptura, Olmos logró convencerlo de permanecer en Movilidad, enfocado principalmente en Autotransporte.

Oficialmente fueron ajustes administrativos. Extraoficialmente parecían correcciones de emergencia operadas desde Saltillo para recuperar el control político del Ayuntamiento. Comunicación Social también quedó bajo observación.

Según diversas versiones dentro del ámbito político local, no encontraron un relevo que ofreciera mayores garantías, por lo que optaron por reducir márgenes de maniobra, limitar facultades e incluso reforzar la supervisión sobre redes sociales institucionales. En algunos casos, la revisión alcanzó publicaciones donde aparecía o debía mencionarse al llamado Grupo Saltillo.

Cuando una administración comienza a reorganizar tantas posiciones estratégicas en tan poco tiempo, la pregunta deja de ser quién sale o quién llega; la verdadera pregunta es quién está tomando las decisiones.

Capítulo 7: El agua derrotó a las “mañaneras”

Las llamadas “mañaneras” municipales de cada lunes a media mañana, implementadas por Yohan Uribe al inicio de la administración, pretendían convertirse en una herramienta para marcar la agenda pública y posicionar mensajes positivos sobre la administración.

Sin embargo, apenas sobrevivieron dos ediciones. En la segunda, una pregunta relacionada con empresas presuntamente vinculadas al entonces secretario del Ayuntamiento y supuestos vínculos con empresas relacionadas con el mantenimiento de pozos trastocó por completo el ejercicio.

El alcalde ni siquiera supo qué responder y hoy ese tema sigue siendo bandera de la oposición. Lo que buscaba ser un espacio de control narrativo terminó convirtiéndose en un problema político.

La reacción posterior fue aún más llamativa: las conferencias desaparecieron y la transmisión fue eliminada de Facebook, una decisión que pareció más un acto de desesperación que una estrategia de comunicación. En política, cuando un gobierno borra una transmisión, rara vez desaparece la conversación; normalmente la multiplica.

Meses después llegó la crisis del agua, probablemente uno de los mayores desafíos para la credibilidad del Ayuntamiento. Mientras Roberto Escalante, gerente de SIMAS, intentaba contener el descontento ciudadano por las fugas, los pozos fuera de operación, las colonias abastecidas mediante pipas y los reclamos vecinales con bloqueos, paralelamente se registraron cambios importantes en el área de comunicación del organismo.

Uribe pidió la cabeza de Sergio Reyes para imponer a #LadyFayuca, su exjefa de prensa, quien había sido separada previamente por el alcalde, pero que fue rescatada políticamente por Yohan. La apuesta fue fallida: llegó sin un plan ante la crisis de comunicación.

De ahí surgió su nuevo nombre de #LadyFugas, no tanto por los problemas hidráulicos, sino por la percepción de una comunicación incapaz de contener el desgaste. Existe en ella más preocupación por revisar proveedores y contratos que por cerrar la fuga más costosa de todas: la de la confianza ciudadana.

Capítulo Final: Cómo convertir problemas administrables en crisis permanentes

Lo más llamativo de esta historia es que muchas de las crisis eran perfectamente administrables. Nuevo Mieleras requería transparencia. El paro policial necesitaba liderazgo. La crisis del agua exigía resultados y honestidad. La ausencia pública del alcalde demandaba información institucional clara y oportuna.

Ninguna de ellas requería confrontación permanente. Ninguna exigía peleas digitales. Ninguna obligaba a convertir a periodistas, críticos, páginas de redes sociales y ciudadanos inconformes en enemigos del gobierno.

Pero alguien pareció convencido de que la comunicación consistía en combatir al mensajero en lugar de atender el mensaje. Y ahí aparece la gran paradoja política. Las administraciones rara vez son derrotadas por la oposición; generalmente son desgastadas por quienes se sientan más cerca del poder.

Los gobiernos no suelen caer por una crisis. Caen cuando comienzan a creer que la comunicación puede sustituir a la realidad. Y los personajes más peligrosos para una administración no siempre están afuera criticando. A veces están adentro, diseñando estrategias, administrando egos, fragmentando consensos y convenciendo al gobernante de que el problema no es el incendio, sino quien se atreve a señalar el humo.

En este momento, la incertidumbre crece no solamente al interior del Ayuntamiento y no ha existido una postura oficial contundente. Quizá sea momento de una reflexión profesional, política y personal. Porque cuando la realidad se convierte en adversaria, ninguna estrategia de comunicación alcanza para apagar el fuego.

PREGUNTAS OFICIOSAS

¿Quién mueve las piezas en el Ayuntamiento?

En estos días de incertidumbre política en Torreón, mientras varios funcionarios municipales siguen en modo cierre de campaña y haciendo cuentas rumbo a los tiempos que vienen, otros parecen más ocupados en reacomodar fichas dentro del tablero del Ayuntamiento.

Cuentan los pasillos que el contralor Óscar Luján continúa haciendo inventario de las famosas hieleras de unicel que durante años recorrieron la ruta Policía Municipal–Tesorería, como si formaran parte del patrimonio institucional. La pregunta es si la revisión administrativa apenas comienza o si simplemente se están cerrando viejos capítulos antes de abrir nuevos expedientes.

Donde tampoco pasaron desapercibidas ciertas expresiones fue en los círculos cercanos al poder. Testigos aseguran que la «querida síndica» Natalia Fernández mostró especial entusiasmo al enterarse de una reunión con Lauro Villarreal, operador político cercano al alcalde Román Alberto Cepeda. Dicen que bastó escuchar su nombre para que el ánimo cambiara de inmediato.

Mientras algunos aseguran que la síndica busca participar en prácticamente todos los temas relevantes del gobierno, otros observan con interés los movimientos y alianzas que comienzan a tejerse de cara a los tiempos políticos que vienen.

Y ya que hablamos de relevos generacionales, también hay quienes reconocen el temple mostrado por Ernesto Cepeda, recientemente incorporado a la operación política bajo la confianza de su padre, el alcalde, para coordinar la campaña de Hugo Dávila, una responsabilidad que para muchos representa su primera gran prueba dentro del complejo tablero político lagunero.

Quienes lo conocen destacan que, pese a los momentos familiares que atraviesa, ha mantenido firme el compromiso con las tareas de campaña y con la responsabilidad que le fue encomendada.

La pregunta oficiosa queda sobre la mesa:
¿Estamos viendo simples movimientos administrativos de fin de ciclo o el acomodo anticipado de las piezas que influirán en el futuro político del Ayuntamiento?

¿Vandalismo comprobado o narrativa apresurada?

Mientras distintas áreas de comunicación de Torreón e incluso algunas voces desde Saltillo insisten en que la falta de agua en diversos sectores de la ciudad es consecuencia de actos de vandalismo contra la infraestructura de SIMAS, compartiendo imágenes y versiones sobre presuntos sabotajes, surge una pregunta incómoda:

¿Ya existen denuncias formales y responsables identificados o únicamente se está litigando el caso en redes sociales?

Hasta este viernes, fuentes de la Delegación Laguna de la Fiscalía señalaban que no existían denuncias formales relacionadas con varios de estos hechos, lo que abre espacio para más preguntas que respuestas.

Porque una cosa es denunciar públicamente y otra muy distinta hacerlo ante el Ministerio Público. Si realmente existen responsables de afectar bombas, pozos o instalaciones hidráulicas, las autoridades tienen la obligación de presentar las denuncias correspondientes para que la Fiscalía pueda investigar y proceder contra los presuntos culpables.

De lo contrario, el riesgo es que la discusión termine convertida en una batalla de versiones mientras miles de torreonenses siguen enfrentando el problema que realmente importa: la falta de agua en plena temporada de calor.