Presunto huachicol fiscal alcanza a accionistas de Grupo Faza en Torreón
La Fiscalía General de la República identificó a Gerardo Antonio Faccuseh Dabdoub y Gerardo Antonio Faccuseh Zarzar como accionistas de Gasolinera Faza, S.A. de C.V.
Ambos aparecen reportados como vinculados a proceso por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita —lavado de dinero—, defraudación fiscal y variación de controles volumétricos, conducta prevista en el artículo 111 Bis del Código Fiscal de la Federación.
El procedimiento está registrado en la carpeta federal FED/FEMDO/UEIORPIFAM COAH/0000765/2024, de acuerdo con información contenida en la indagatoria de la FGR y difundida originalmente por Agencia Reforma.
Es Grupo Faza, no Grupo Farza
La revisión de los portales corporativos permitió establecer que la denominación correcta es Gasolinera Faza, S.A. de C.V., identificada comercialmente como Punto+ o Puntomas.
El aviso de privacidad de la propia empresa señala que Gasolinera Faza tiene domicilio corporativo en la calzada Juan Agustín de Espinoza número 50, en la colonia San Antonio de los Bravos, en Torreón, Coahuila.
La Procuraduría Federal del Consumidor también identificó durante enero de 2026 una estación de Torreón bajo la denominación Punto+ Gasolinera Faza, S.A. de C.V., ubicada en ese mismo domicilio.
Según la información atribuida a la FGR, el grupo cuenta con 33 estaciones de servicio distribuidas en Coahuila, Durango, Chihuahua y Zacatecas, operadas principalmente bajo la marca Punto+.
La conexión con la presunta red
La investigación federal sostiene que durante 2025 una estructura empresarial habría importado ilegalmente más de 2 mil 137 millones de litros de gasolina y diésel desde Estados Unidos.
La presunta operación habría utilizado las aduanas de Matamoros y Nuevo Laredo, mediante declaraciones incompletas, permisos insuficientes o la clasificación de los combustibles como productos diferentes para reducir o evitar el pago de impuestos.
Las empresas señaladas como principales operadoras son Ingemar, de la que Ernesto Ruffo Appel fue socio fundador, y Servicios Aduanales JR. La indagatoria también menciona a Crismon Hidrocarburos y Derivados, Logística Ferroviaria Fargo, Internacional de Fundentes, Servicios Integrales y Desarrollos G.M.G., Descargas Ferroviarias del Norte y otras compañías presuntamente utilizadas para distribuir y triangular el combustible.
Facturas por más de 89 millones de pesos
La conexión específica con el grupo torreonense estaría en las operaciones entre Crismon Hidrocarburos y Derivados y Gasolinera Faza.
De acuerdo con la acusación federal, Crismon habría emitido durante el ejercicio fiscal de 2025 un total de 130 Comprobantes Fiscales Digitales por Internet a favor de Gasolinera Faza, por un monto acumulado de 89 millones 102 mil 889 pesos con 15 centavos.
Para la Fiscalía, esas operaciones formarían parte de un esquema de simulación fiscal destinado a justificar la aparente legalidad del combustible comercializado, cuyo origen sería ilícito por la manera en que habría ingresado al país.
La FGR también atribuye a los accionistas el uso de empresas identificadas por el Servicio de Administración Tributaria como facturadoras de operaciones simuladas, conocidas como EFOS, para presuntamente dar apariencia legal a los recursos provenientes de delitos en materia de hidrocarburos.
Un proceso anterior al caso Ruffo
La carpeta contra los accionistas de Gasolinera Faza está identificada desde 2024, mientras que la detención de Ernesto Ruffo y otros implicados ocurrió en julio de 2026.
Esto significa que la indagatoria contra el exgobernador no inició necesariamente el expediente contra los empresarios torreonenses, sino que habría permitido establecer conexiones entre ambos procedimientos y reconstruir la cadena de importación, distribución, facturación y venta final del combustible.
El exgobernador fue enviado al Centro Federal de Readaptación Social número 1, El Altiplano, bajo prisión preventiva por su presunta participación en delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos.
Hasta el cierre de esta revisión, el portal corporativo de Grupo Faza aparecía en construcción, mientras que la página comercial de Punto+ continuaba mostrando sus servicios, ubicaciones y mecanismos de facturación.
La vinculación a proceso no representa una sentencia condenatoria. Los empresarios y demás personas mencionadas deben ser consideradas inocentes mientras un juez no determine lo contrario mediante una resolución definitiva, conforme al artículo 20 de la Constitución mexicana.
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