Al Cafe politico

Caso Ganem: Operación Enjambre, SIMAS y el escenario político rumbo a 2027

En Torreón el zumbido comenzó antes de que alguien se atreviera a llamarlo enjambre. Primero fueron los cateos, después cinco detenciones, luego los traslados a centros penitenciarios federales y finalmente ese ruido inevitable que dejan los expedientes cuando empiezan a rozar empresarios, exfuncionarios, contadores, choferes y nombres que hasta hace unos días aparecían tranquilamente en fotografías, reuniones o historias de redes sociales. De pronto todos comenzaron a revisar hacia atrás: quién estaba con quién, qué empresa aparecía al fondo, qué camión llevaba un teléfono impreso, qué correo estaba escrito en una puerta y quién sonreía al lado de quién. Facebook se convirtió en hemeroteca y cada historia vieja parece ahora querer declarar ante el Ministerio Público.

En medio del zumbido está José Elías “Pepé” Ganem Guerrero. Su nombre funciona ya como punto de referencia de una investigación que dejó de caber en una sola persona. Mientras la autoridad revisa teléfonos, computadoras, documentos y movimientos financieros, afuera ocurre otra investigación bastante menos formal: políticos, periodistas, empresarios y curiosos recorren fotografías antiguas buscando las piezas que faltan. Conviene no perder la cabeza entre tanta captura de pantalla. Una fotografía puede señalar una relación; no demuestra un delito. Una comida puede acreditar que dos personas se conocen. Y una historia de Instagram puede ofrecer una pista, pero todavía no sustituye una factura, un contrato o un estado bancario.

Cinco personas fueron detenidas en el operativo federal relacionado con el llamado caso Ganem: José Elías Ganem, Martha Esther Rodríguez Romero, José Feliciano Hernández Hinojo, Farid Alí Ibarra Nassar y Georgina Ramírez Chacón. Basados en la causa penal 333/2026, señalan que Ganem, Hernández Hinojo, Farid y Georgina aparecen imputados por operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada. La FGR no ha transparentado públicamente todos los elementos de la investigación, por lo que las responsabilidades tendrán que individualizarse y probarse ante el juez.

Después vino el traslado. Ganem y Farid Alí fueron enviados a un penal federal en Oaxaca, mientras Martha fue trasladada a Morelos. Los cinco quedaron fuera de Coahuila bajo el procedimiento federal. El dato no es menor: aquello dejó de ser una bronca de pasillo municipal desde el momento en que intervino la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada y comenzaron los traslados a instalaciones federales.

Las detenciones ayudan a comprender por qué el operativo fue simultáneo. Ganem aparece como el personaje políticamente más visible; Martha deberá responder exclusivamente por aquello que la Fiscalía pueda acreditar respecto de su propia conducta; Farid y Georgina han sido vinculados en reportes periodísticos con Grupo Integrador de Servicios de Edificación, S.A. de C.V., empresa señalada desde 2025 por presuntas irregularidades relacionadas con trabajos de mantenimiento para SIMAS Torreón.

El personaje más peculiar sigue siendo José Feliciano Hernández Hinojo, “El Olimpo”, identificado como antiguo chofer y escolta de Ganem. Ya en junio de 2025 el senador Luis Fernando Salazar lo había señalado públicamente dentro de su denuncia por presuntas irregularidades en SIMAS. Salazar afirmó entonces que Hernández habría recibido un depósito de 12.3 millones de pesos y mostró documentación que, según el legislador, respaldaba el movimiento. También vinculó a su nombre una camioneta de más de dos millones de pesos.

Pero ahora el asunto adquiere otro peso. Si esos movimientos aparecen en la investigación bancaria federal y pueden relacionarse con las conductas perseguidas, el papel de Hernández no dependerá del gafete que llevara ni de si manejaba una camioneta. Dependerá de la ruta del dinero. En una investigación financiera el chofer puede saber menos de contabilidad que el contador, pero su cuenta puede terminar hablando bastante más. La Fiscalía tendrá que establecer si recibió recursos legítimos, si actuó como intermediario, si fue beneficiario o si su nombre fue utilizado por alguien más. Un depósito puede ser una prueba importante; también necesita contexto, origen y destino.

Algo parecido ocurre con las fotografías y publicaciones atribuidas a Farid. En ellas aparece un negocio identificado como “Bombas y Equipos Torreón by El Árabe”, dedicado a bombas para pozo profundo y maquinaria. En una unidad exhibida en esas publicaciones pueden observarse datos comerciales vinculados con el nombre Comercializadora La Victoria. Las imágenes permiten abrir una línea de búsqueda. En esta historia hasta el camión tiene dirección y correo; ahora falta saber quién manejaba realmente las facturas.

Y ahí comienza a escucharse la palabra Enjambre.

No porque exista hasta este momento una operación oficialmente presentada en Coahuila bajo ese nombre. No la hay, al menos públicamente. La comparación nace de la forma del operativo: varios objetivos, órdenes cumplimentadas durante la misma jornada, cateos, información asegurada y una investigación que aparentemente busca conexiones entre distintas personas. Hablar de una “Operación Enjambre” en Torreón sigue siendo, por ahora, una hipótesis periodística y política, no el nombre confirmado del expediente.

Sin embargo, alguien golpeó el panal. Cinco detenidos pueden revelar una estructura o cinco responsabilidades diferentes dentro de hechos relacionados. Eso lo establecerá el proceso. Lo realmente importante no es contar cuántas abejas comenzaron a salir volando, sino encontrar dónde estaba la colmena: ¿quién emitió las facturas?, ¿quién contrató?, ¿quién autorizó los pagos?, ¿quién recibió?, ¿a qué cuentas llegó el dinero?, ¿quién terminó beneficiado?

En medio del ruido apareció además una frase que prácticamente pidió columna. Mariano Serna Muñoz, presidente de Canaco Torreón, declaró que el problema de los factureros “se salió de control”. La expresión tiene un pequeño inconveniente semántico: para salirse de control, primero tendría que haber estado controlado. Uno casi imagina un reglamento empresarial: dos factureros tolerados por temporada, tres en diciembre y cinco únicamente con permiso de Protección Civil.

Pero no. El problema no empezó cuando fueron cinco los detenidos. El problema comienza cuando existen operaciones presuntamente simuladas y alguien está dispuesto a emitirlas, alguien a comprarlas, alguien a registrarlas y alguien a recibir el beneficio. Una empresa fantasma difícilmente llega caminando sola a una oficina pública, toca la puerta y exige que le depositen. Necesita personas de carne y hueso.

La historia de Ganem tampoco comenzó aquella madrugada. En el 2025 promovió un juicio de amparo y el 2 de diciembre de ese año un juez federal negó la suspensión definitiva solicitada. Ese antecedente ni permite afirmar que aquel amparo correspondiera exactamente a todos los hechos investigados ahora. Sí demuestra que su preocupación jurídica antecedía por varios meses al operativo de septiembre de 2026.

Ganem no fue sorprendido completamente por una tormenta sin pronóstico.

Ya había comprado paraguas jurídico. También hay que evitar otro atajo tentador: identificar automáticamente la causa federal actual con toda la denuncia sobre SIMAS. En junio de 2025, Luis Fernando Salazar acusó públicamente presuntas irregularidades superiores a 66 millones de pesos relacionadas con Grupo Integrador de Servicios de Edificación y trabajos para el sistema de aguas. SIMAS rechazó entonces que hubiera ilegalidad en las contrataciones, mientras la Fiscalía de Coahuila confirmó la existencia de una denuncia que se encontraba en fase inicial. Días después, Salazar informó que había acudido también ante la FGR.

Ahora existe un elemento que en 2025 no estaba: personas detenidas dentro de una causa penal federal.

Eso cambia la conversación, pero no elimina la obligación de probar.

La dimensión verdadera del caso estará en la información asegurada. Si los teléfonos contienen conversaciones con funcionarios, empresarios o intermediarios; si las computadoras revelan contabilidades paralelas; si las cuentas muestran movimientos sin soporte; si aparecen CFDI relacionados con servicios inexistentes o si los contratos llevan hacia nuevas personas, entonces el expediente crecerá solo, sin necesidad de rumores.

Una fuente de la 4T nacional sostiene que el caso Ganem apenas empieza y que la revisión federal podría alcanzar a más empresarios y operadores en Coahuila. También asegura que el tema tendrá consecuencias políticas rumbo a 2027. Puede ser. Pero hasta ahora no hay elementos públicos que permitan afirmar que Claudia Sheinbaum haya ordenado una ofensiva con fines electorales ni que Omar García Harfuch esté moviendo expedientes pensando en las urnas. Lo mismo pasa con los 2 mil 300 o 2 mil 500 millones de pesos que ya circulan en conversaciones privadas. Sin documentos, cuentas, empresas y periodos que respalden esas cifras, siguen siendo versiones. Y una versión no se vuelve cierta sólo porque muchos la repitan.

También corren historias sobre empresarios que habrían salido del país, cerrado oficinas, despedido personal o eliminado información después de las detenciones. Incluso se habla de posibles fichas internacionales. Pero una oficina cerrada o una fotografía desde España no convierten a nadie en prófugo. Para eso hacen falta órdenes judiciales y documentos oficiales. El ruido está ahí, sí, pero no todo lo que zumba pertenece al mismo panal.

Lo que ya nadie puede ignorar es el efecto político: aparecen nombres, se desempolvan fotografías, algunos empresarios revisan con quién hicieron negocios y los partidos empiezan a acomodar su discurso. El caso Ganem no va a esperar al 2027.

Al final, esta historia llegará hasta donde alcancen las pruebas. Los teléfonos pueden guardar conversaciones; las computadoras, contabilidades; los bancos, transferencias; y las facturas, nombres. Si la ruta conduce hacia más personas, tendrá que ser el expediente el que las coloque ahí.

La FGR tendrá que sostener cada señalamiento con pruebas, porque en Torreón ya sobran versiones, nombres y cafés donde todos parecen saber algo.

Si de verdad hay un enjambre, no se va a descubrir contando rumores, sino siguiendo cuentas, contratos y movimientos de dinero.

Mientras tanto, en el Ayuntamiento también se están moviendo piezas, hay cambios y reacomodos que empiezan a llamar la atención. Pero esa historia merece su propio café.

Y será tema de otra columna.

PREGUNTA OFICIOSA

¿Y se marchó… con todo y hieleras?

El viernes por la tarde le dieron las gracias al contralor Óscar Gerardo Luján Fernández. Pocos dentro del Ayuntamiento parecían conocer de antemano la salida del extesorero; otros, quizá, simplemente se hicieron los sorprendidos. El alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís confirmó después que el movimiento forma parte de la revisión interna de su administración. Luján había llegado a la Contraloría el 29 de agosto de 2025, después de pasar por la Tesorería, en aquel polémico reacomodo de septiembre que fue leído como parte de las cuotas del grupo de Román Cepeda. El movimiento ya había generado cuestionamientos: quien administró recursos terminó después encargado de revisar las cuentas.

Luján se marcha acompañado, al menos en la memoria de la grilla lagunera, por aquellas famosas hieleras de unicel que durante meses aparecieron en versiones de pasillo relacionadas también con el entonces jefe policiaco César Perales. Nunca quedó públicamente demostrado qué llevaban dentro, pero la historia quedó instalada. A eso se agregan versiones que atribuyen al exfuncionario propiedades o centros vacacionales en Cancún y Mazatlán. Hasta ahora no hay documentos públicos suficientes para darlo por hecho, pero la versión existe y, tratándose de quien manejó las finanzas municipales y después ocupó la Contraloría, la pregunta sobre su patrimonio no resulta menor.

Hace poco volvió a llamar la atención una reunión en Martíns Viñedos, donde fue visto junto a Eder Jesús Farías Zedillo, quien fue de los primeros funcionarios del grupo cepedista en dejar la administración luego de que la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos fuera sustituida por la Consejería Jurídica encabezada por Gerardo Márquez Guevara. Ahora se suma Luján. De aquella reunión prácticamente sólo queda Ariel Martínez Mendoza. Ya no es jefe de Gabinete, aquella oficina desapareció, pero sigue sobreviviendo dentro de la nómina municipal y entre los últimos restos de aquella estructura política.

Pero la salida de Luján tiene un ingrediente todavía más incómodo: SIMAS. En julio de 2025, cuando todavía era tesorero, defendió la entrega de un préstamo municipal por 60 millones de pesos al organismo operador para interconexiones, tubería y nuevos pozos. Hoy, con las finanzas de SIMAS bajo revisión y Luján fuera de la Contraloría, aquellos acuerdos vuelven inevitablemente a la conversación. Y cuentan que este lunes podría caer otro nombre. Habrá que hacer pase de lista: quiénes estaban en el organismo, quiénes participaron en el Consejo de SIMAS, quiénes avalaron decisiones y quiénes siguen todavía sentados en alguna oficina. Porque una cosa es cambiar funcionarios y otra muy distinta revisar lo que dejaron firmado.