Torreón.- Un juez federal vinculó a proceso a José Elías Gánem Guerrero, exsecretario del Ayuntamiento de Torreón; Martha Rodríguez Romero, exdirectora del Centro de Justicia Municipal; José Feliciano Hernández Hinojo, “El Olimpo”; Farid Alí Ibarra Nassar, y Georgina Ramírez Chacón, por su probable participación en los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.

La información fue confirmada este 28 de septiembre de 2026 por La Jornada, que cita datos de la Fiscalía General de la República (FGR) sobre la continuación de la audiencia inicial.

Durante la diligencia, un agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), presentó los datos de prueba ante el juez de control, quien calificó como legales las detenciones, dictó el auto de vinculación a proceso e impuso prisión preventiva oficiosa. También concedió un plazo de tres meses para la investigación complementaria.

Permanecerán en penales federales

De acuerdo con la información difundida, Martha Rodríguez Romero y Georgina Ramírez Chacón permanecerán internas en el Centro Federal de Readaptación Social número 16, CPS Femenil Morelos.

Por su parte, José Elías Gánem Guerrero, José Feliciano Hernández Hinojo y Farid Alí Ibarra Nassar permanecerán en el Centro Federal de Readaptación Social número 13, CPS Oaxaca.

La vinculación a proceso no representa una sentencia condenatoria. Los cinco imputados conservan la presunción de inocencia mientras no exista una resolución judicial definitiva.

Investigación inició por denuncia de la UIF

Uno de los elementos más relevantes confirmados por la FGR es que la investigación federal comenzó en noviembre de 2025, a partir de una denuncia presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Este dato fortalece la hipótesis de que la investigación federal tiene un componente esencialmente financiero, pues involucra el análisis de movimientos económicos, operaciones empresariales y posibles recursos cuya procedencia está siendo investigada por las autoridades.

El 13 de septiembre, elementos de la Policía Federal Ministerial ejecutaron órdenes de cateo y detuvieron a Martha Rodríguez, José Elías Gánem, Farid Ibarra y José Feliciano Hernández. Posteriormente fue detenida Georgina Ramírez.

De acuerdo con la información atribuida a la Fiscalía, las capturas forman parte de una investigación federal relacionada con actividades profesionales y negocios privados.

Gánem había promovido amparo desde 2025

La Jornada también documenta que José Elías Gánem promovió en noviembre de 2025 un juicio de amparo contra una orden de aprehensión.

El expediente identificaba como acto reclamado precisamente una orden de captura y señalaba como autoridades responsables a distintas instancias con sede en la Ciudad de México. El 2 de diciembre de 2025, el juez federal encargado del asunto negó la suspensión definitiva.

El dato permite establecer que la investigación federal y las acciones judiciales contra el exfuncionario existían desde finales del año pasado, meses antes de las detenciones realizadas en septiembre de 2026.

Aparece también carpeta relacionada con SIMAS

El nombre de Gánem también aparece en denuncias presentadas desde junio de 2025 por presuntas irregularidades relacionadas con recursos del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Torreón (SIMAS).

Los señalamientos están relacionados con operaciones por más de 66 millones de pesos vinculadas con trabajos de mantenimiento de infraestructura hidráulica y pozos de agua potable.

Una de esas denuncias fue presentada ante la Fiscalía General de la República y quedó registrada bajo la carpeta:

FED/FEMCC/FEDHCIS-COAH/0000306/2025.

Este dato resulta especialmente relevante porque permite identificar documentalmente una de las investigaciones federales relacionadas con las denuncias sobre SIMAS.

Sin embargo, hasta el momento no puede establecerse que esa carpeta y la investigación originada por la denuncia de la UIF sean exactamente el mismo expediente.

La información disponible permite confirmar que existen antecedentes relacionados, pero todavía será necesario conocer las determinaciones ministeriales o judiciales correspondientes para establecer si ambas investigaciones fueron acumuladas, conectadas o permanecen como carpetas independientes.

La ruta del dinero, la clave

El plazo de tres meses para la investigación complementaria permitirá a la FEMDO profundizar en la posible ruta del dinero, incluyendo cuentas bancarias, transferencias, sociedades mercantiles, contratos, facturación y movimientos financieros.

Será ahí donde pueda establecerse si los más de 66 millones de pesos señalados en las denuncias relacionadas con SIMAS forman parte de la misma estructura financiera que investiga la UIF o constituyen una línea distinta.

También será relevante conocer quiénes autorizaron contratos, estimaciones y pagos; qué empresas recibieron recursos; qué personas físicas aparecen como beneficiarias y qué operaciones fueron consideradas por la Fiscalía como posiblemente destinadas a ocultar el origen o destino del dinero.

Por ahora, el expediente dejó de ser únicamente una investigación reservada: cinco personas ya enfrentan formalmente un proceso penal federal, mientras la FGR dispone de tres meses adicionales para ampliar los datos de prueba.

Todos los imputados deberán ser considerados inocentes mientras no exista una sentencia firme que determine responsabilidad penal.

Fuentes: Fiscalía General de la República, FEMDO y La Jornada, publicación del 28 de septiembre de 2026.