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n Torreón, La Ola Naranja nació para barrer las calles, pero parece que hay cuentas que ni con mil escobas se aclaran. Esta vez no se trata solamente de versiones sobre nóminas infladas o gasolina en bidones. Una fuente que asegura haber recibido pagos adicionales decidió hablar con Al Café Político y contar cómo se repartían 10 mil pesos entre cinco personas. Pero lo más interesante vino después: señaló presuntas órdenes de un personaje conocido como «el vidente» y la autorización de «Fer». ¿Compensaciones legítimas o dinero entregado mediante un esquema que merece investigarse?

Hasta ahora, las dudas sobre La Ola Naranja se alimentaban de cifras, revisiones administrativas y versiones que circulaban por los pasillos municipales. Pero esta vez habla alguien que asegura haber participado en el reparto. Su identidad queda bajo reserva. Esto fue lo que reveló:

«Yo era de esos que tenían sueldo extra. Bueno, en el equipo donde estaba, nos daban 10,000 a repartir entre 5 personas».

La cantidad equivale a 2 mil pesos por integrante, dinero que la fuente describe como una compensación adicional al sueldo base. No precisó cada cuánto se entregaba, de qué partida presupuestal salía ni cómo se comprobaba. Sin embargo, queda una pregunta: ¿quién entregaba el dinero y dónde están los recibos?

Y aquí viene el segundo ingrediente. Al preguntarle quién intervenía, la fuente respondió que los pagos se realizaban «por órdenes del vidente y autorización de Fer».

En los círculos políticos de Torreón, «el vidente» es el sobrenombre utilizado para Jorge Saucedo Alvarado, exsecretario particular del fallecido alcalde Román Alberto Cepeda González. La referencia a «Fer» apunta, según el señalamiento, a Fernando Villarreal Cuéllar, director de Servicios Públicos.

Y AQUÍ SE METE LA PREGUNTA OFICIOSA: ¿Qué facultades habría tenido un secretario particular para intervenir en compensaciones de Servicios Públicos? ¿Quién determinaba los montos? ¿Eran pagos autorizados o cantidades entregadas fuera del procedimiento? ¿Qué pueden aclarar Jorge Saucedo y Fernando Villarreal? Porque, si aparece un vidente en una historia de dinero público, mejor consultar los comprobantes que intentar leer el futuro en una bola de cristal o cartas de tarot.

Conviene recordar que La Ola Naranja nació en enero de 2022, cuando Román Cepeda transformó la antigua Marea Roja en un programa de limpieza con 200 trabajadores, 14 vehículos y una inversión inicial de 11 millones de pesos. El banderazo lo acompañó Miguel Ángel Riquelme Solís, entonces gobernador de Coahuila y hoy alcalde sustituto. Los pagos se financiarían mediante programas sociales, fuera de la nómina municipal ordinaria, con una previsión anual de 30 millones de pesos.

El programa creció rápidamente. En noviembre de 2022 reportaba 600 trabajadores y un costo mensual de 3.6 millones de pesos. Para julio de 2026 alcanzó los 990 integrantes. Lo curioso es que, después de cuatro años y medio, todavía se analizaba incorporarlos formalmente a la nómina para otorgarles prestaciones. Trabajo permanente, situación eventual. ¿Y quién llevaba las cuentas?

En Al Café Político llevamos meses levantando la alfombra. El 26 de marzo recogimos versiones sobre nóminas infladas y presuntos aviadores. El 8 de abril cuestionamos la diferencia entre las cuadrillas desplegadas y el personal reportado. También apareció Demetrio Zúñiga Sordo, identificado como mando operativo de limpieza. El 24 de julio retomamos el crecimiento de La Ola, sus costos y las deficiencias del servicio. A estos cuestionamientos editoriales ahora se suma una declaración que merece investigarse.

Otros medios también han abordado el asunto. Hay versiones sobre revisiones a la nómina, contratos y adquisiciones, y se habla de auditorías relacionadas con personas registradas en La Ola cuya actividad laboral debía comprobarse. Hasta ahora no hay un dictamen público que confirme trabajadores fantasma o desvíos.

Y como si al café le faltara cafeína, otra fuente periodística también puso el dedo en la llaga: recogió señalamientos sobre gasolina entregada en bidones, sospechas acerca de su destino e ingresos adicionales que algunos trabajadores habrían dejado de recibir. Pero hay otro ingrediente: una fuente consultada por Al Café Político también habla de supuestos departamentos en Los Cabos, Baja California Sur, que relaciona con presuntos recursos provenientes de nóminas irregulares. ¿Quiénes serían los propietarios y cómo se adquirieron esos inmuebles?

Fernando Villarreal Cuéllar, titular de Servicios Públicos, tiene varias preguntas por responder sobre los pagos adicionales y el manejo del combustible. Jorge Saucedo, exsecretario particular de Román Cepeda, también puede aclarar si intervino en las instrucciones que se le atribuyen. Y el alcalde Miguel Ángel Riquelme debe informar qué encontraron las revisiones administrativas. Todos tienen derecho a responder, pero los ciudadanos también a conocer las cuentas. Y aquí va la Pregunta Oficiosa: ¿los 10 mil pesos eran compensaciones autorizadas o alguien repartía dinero sin los controles correspondientes? ¿Y qué hay de los supuestos departamentos en Los Cabos? Si existe una relación con dinero público, tendrá que acreditarse. Porque los secretos políticos pueden guardarse bajo llave, pero los recursos municipales deben dejar rastro.

No confundamos a quienes barren las calles bajo el sol con quienes administran el presupuesto. Los trabajadores merecen prestaciones y respeto; los funcionarios, rendir cuentas. La Ola Naranja puede presumir toneladas de basura recogida, pero ahora hay testimonios sobre pagos extras, versiones sobre combustible y señalamientos patrimoniales pendientes de comprobar. ¿Y los pesos? ¿Quién los autorizaba y quién comprobaba su destino? Porque, si en esta historia aparecen escobas, bidones, dinero adicional, departamentos frente al mar y hasta un vidente, el misterio no se resuelve leyendo las cartas, sino abriendo los expedientes. ¡Cuidado! No vaya a resultar que lo más difícil de limpiar en Torreón no sean las calles, sino las cuentas.arias preguntas por responder sobre los pagos adicionales y el manejo del combustible. Jorge Saucedo, exsecretario particular de Román Cepeda, también puede aclarar si intervino en las instrucciones que se le atribuyen. Y el alcalde Miguel Ángel Riquelme debe informar qué encontraron las revisiones administrativas. Todos tienen derecho a responder, pero los ciudadanos también a conocer las cuentas. Y aquí van mas preguntas oficiosas: ¿los 10 mil pesos eran compensaciones autorizadas o alguien repartía dinero sin los controles correspondientes? ¿Y qué hay de los supuestos departamentos en Los Cabos? Si existe una relación con dinero público, tendrá que acreditarse. Porque los secretos políticos pueden guardarse bajo llave, pero los recursos municipales deben dejar rastro.

No confundamos a quienes barren las calles bajo el sol con quienes administran el presupuesto. Los trabajadores merecen prestaciones y respeto; los funcionarios, rendir cuentas. La Ola Naranja puede presumir toneladas de basura recogida, pero ahora hay testimonios sobre pagos extras, versiones sobre combustible y señalamientos patrimoniales pendientes de comprobar. ¿Y los pesos? ¿Quién los autorizaba y quién comprobaba su destino? Porque, si en esta historia aparecen escobas, bidones, dinero adicional, departamentos frente al mar y hasta un vidente, el misterio no se resuelve leyendo las cartas, sino abriendo los expedientes. ¡Cuidado! No vaya a resultar que lo más difícil de limpiar en Torreón no sean las calles, sino las cuentas.u destino? Porque, si en esta historia aparecen escobas, bidones, dinero adicional, departamentos frente al mar y hasta un vidente, el misterio no se resuelve leyendo las cartas, sino abriendo los expedientes. ¡Cuidado! No vaya a resultar que lo más difícil de limpiar en Torreón no sean las calles, sino las cuentas.

PREGUNTAS OFICIOSAS

SIGUEN LOS ECOS EN TESORERÍA: ¿YA PREPARAN SU SALVAVIDAS?

En la Tesorería de Torreón siguen los ecos, pero no precisamente de las monedas cayendo en las cajas recaudadoras. El ruido está NUEVAMENTE EN EL ÁREA de Rezagos, donde vuelve a sonar Miguel Ángel Ramos García, viejo conocido de este espacio y protagonista de más de un capítulo de la novela municipal. Una fuente interna asegura que poco a poco habría ganado terreno con Roberto Barrios, director de Ingresos. Primero salió Karla, después apareció Guajardo y… Todo apunta, dice el informante, a una disputa por el control del departamento. ¡Vaya juego de las sillas! Aquí la música nunca se detiene, pero siempre aparece alguien sin asiento. ¿Casualidades administrativas o alguien acomodando el tablero a su conveniencia?

Y como en toda buena novela de suspenso, tampoco faltan los sindicalizados. En marzo hubo protestas contra Ramos y, entre septiembre y octubre, nuevas inconformidades sacudieron Ingresos. Pero aquí viene lo sabroso: la fuente asegura que Miguel Ramos conocía de antemano cuándo aparecerían los manifestantes. ¿Tenía una bola de cristal, recibía información de primera mano o simplemente estaba bien enterado de posibles acuerdos con el sindicato? La coincidencia despierta curiosidad. Porque en esta historia unos protestan, otros salen y alguien parece tener siempre el paraguas abierto antes de que empiece la tormenta. En Tesorería, hasta los terremotos laborales parecen venir con aviso previo.

Y todavía falta el último capítulo. Según la misma fuente, Miguel estaría buscando sindicalizarse, aparentemente para proteger su puesto por si Roberto Barrios llega a dejar la Dirección de Ingresos. Incluso circula la versión de una posible salida en diciembre. Lo curioso es que el propio informante reconoce no haber visto una mala relación entre ambos. ¿Entonces de dónde viene tanto movimiento? Y aquí va la Pregunta Oficiosa: ¿Miguel Ramos busca un lugar seguro antes de que cambie el capitán del barco, o simplemente quiere los mismos derechos laborales que cualquier trabajador? ¿Y quién decide realmente quién se queda y quién se va? Mientras tanto, el tesorero Javier Lechuga tiene una buena novela entre manos. Porque en el Ayuntamiento las amistades pueden durar lo que dura un cargo, pero una plaza sindicalizada puede sobrevivir hasta al funeral político del padrino. ¡Cuidado! No vaya a ser que en Rezagos el único cobro que nadie quiera hacer sea el de las facturas políticas.

¿EL CHALECO HACE AL FUNCIONARIO? EN TORREÓN HASTA LAS SILLAS MARCAN JERARQUÍAS

Cada vez que el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís encabeza un evento, parece abrirse otra competencia: quién trae chaleco, quién consigue silla y quién termina de pie. En la Macrobrigada de Salud de este miércoles, en la colonia Santiago Ramírez, Cristian López, de Atención Ciudadana, llegó tarde y, según testigos, no encontró ni asiento ni chaleco. Mientras unos estaban cómodamente instalados, a otros les tocó observar desde atrás. ¿Descuido del protocolo o mensaje político?

Ariel Martínez, en cambio, sí apareció sentado y con su respectivo chaleco tatuado. Sin la prenda verde de la protección fue identificado, entre los nuevos funcionarios, Carlos de Lara, titular del Centro de Justicia Municipal. De la vieja guardia, también sin chaleco, estuvieron Memo Martínez Pinabete, de Turismo; Ramón Chuffani, de Deporte; nuevamente sin esta prenda; Lumba, de Prevención del Delito, Luis Morales, de Movilidad,y Toño Méndez, de Cultura.

La Pregunta Oficiosa es inevitable: ¿quién decide a quién le toca silla, chaleco o simplemente quedarse parado? Porque en política los detalles hablan, especialmente cuando se repiten en los eventos públicos. Tal vez no exista ningún mensaje detrás del vestuario, pero entre los funcionarios ya hay quienes parecen tener lugar reservado y otros que ni silla alcanzan. En Torreón, hasta el protocolo tiene sus favoritos… o eso parece.