Torreón: ¿Cártel inmobiliario con firma notarial y respaldo municipal?
¿Qué pasa cuando lo que parece legal es, en realidad, un despojo institucionalizado?
El Municipio de Torreón no solo está en el centro de una serie de fraudes notariales; es señalado como un beneficiario directo de terrenos presuntamente despojados, avalados por sus propias dependencias y con el sello de legitimidad de oficinas públicas.
Así es como comienza a delinearse lo que ciudadanos afectados describen como un presunto cártel inmobiliario, una estructura que no opera en las sombras, sino desde el corazón mismo de las instituciones públicas, con la complicidad de Catastro, Urbanismo, y, por supuesto, la Notaría Pública 45.
Desde 2016, personas como Alfonso Serrano, Maqui Medina, Angelita Sánchez, Martín García, entre otros, han denunciado ser víctimas de fraudes inmobiliarios presuntamente articulados desde la Notaría 45, encabezada por Nicolás Fernando Muñoz San Juan, y aprobados en múltiples ocasiones por autoridades municipales.
En varios expedientes, el Municipio de Torreón figura como receptor final de predios en disputa, legalizados mediante “cesiones voluntarias” firmadas por personas que no serían los legítimos dueños.
Estos documentos —avalados por la Notaría 45, sellados por Catastro, y en ocasiones con respaldo de Urbanismo— permiten que el Municipio registre a su nombre terrenos que están bajo procesos legales activos.
La operación es clara: constancias con logos municipales, QR de validación y firmas de funcionarios crean la apariencia de legalidad. Pero los afectados aseguran que se trata de un montaje institucional que encubre el despojo.
Nuevo Mieleras: la tragedia del ejido
El caso más grave es el del ejido Nuevo Mieleras, donde vecinos como Rolando resistieron el despojo. Su historia terminó en tragedia: Rolando murió tras un operativo del Grupo de Reacción Torreón (GRT).
Lo que comenzó como una disputa civil, escaló a conflicto social, político y humano. Hoy, Rolando es símbolo de una lucha desigual contra intereses que operan desde lo público con sello de legalidad.
Fiscalía: donde también desaparecen los papeles
De acuerdo con Alfonso Serrano, en la Fiscalía de Coahuila “se perdían hojas y expedientes”. Es decir, no solo desaparecen predios… también las pruebas.
A pesar de eso, el delegado regional Carlos Rangel accedió a recibir a los denunciantes y mostró apertura a reagrupar casos. Pero la voluntad política, dicen los afectados, no se ha traducido en acciones efectivas.
Siete casos ya están judicializados, pero algunas víctimas fueron persuadidas de no presentar una denuncia colectiva. ¿Por qué? Tal vez porque juntos podrían evidenciar algo más grande.
Represalias desde el poder
Desde que los casos salieron a la luz, varios ciudadanos han sido objeto del sello de la «administración Cepedista»: hostigamiento, denuncian. Multas administrativas, visitas intimidantes y amenazas. Alfonso Serrano, por ejemplo, recibió visitas de inspectores municipales días después de que su denuncia se hiciera pública.
Algunos señalamientos recaen en Víctor Enrique Díaz Flores, presunto operador de estas acciones. Serrano, sin miedo, presentó una denuncia por amenazas:
“Te tenemos en la mira… vamos a estar quemando tu casa si no retiras tu denuncia.” — se relata en la denuncia.
Lo que parece legal, también puede despojar
Firmas notariales, sellos de Catastro, QR de validación. Todo parece estar en regla. Pero los denunciantes aseguran que lo que se valida no es la verdad jurídica, sino el despojo maquillado de trámite.
Aunque el notario Muñoz San Juan ha intentado deslindarse públicamente, existen documentos donde figura su firma en operaciones sobre terrenos en litigio o conflicto social.
Delitos investigados
Según carpetas a las que tuvo acceso El Bastón del Mando, los delitos bajo investigación son graves: presunto fraude sistemático, robo, amenazas, asociación delictuosa y delincuencia organizada.
Lo dicen las carpetas, los documentos, los testimonios. No lo decimos nosotros.
Una maquinaria con rostro institucional
Torreón ya no enfrenta solo casos aislados de fraude. Hoy, lo que se denuncia es una estructura de despojo con participación directa o indirecta de autoridades municipales, estatales y notariales.
Denunciar en Torreón tiene costo. Ya hay muertos, ya hay amenazas. Y el silencio institucional solo alimenta el miedo y la impunidad. Cuando la legalidad se convierte en fachada, el despojo ya no necesita capucha… solo un sello oficial.