Cortinas de humo: del ruido mediático a la violencia institucional en Torreón

Usted, en estos días, seguramente se enteró de la masacre en Salamanca: al menos 11 personas asesinadas y más de una decena de heridos. O del peritaje nacional que intenta diluir responsabilidades en torno al Tren Interoceánico. O, en lo local, del caso Cris Hernán, el joven muerto en Torreón, primero presentado como víctima de una presunta golpiza en separos municipales y cuya causa oficial terminó reducida —tras presión social— a una “caída”.

Hechos graves. Hechos estructurales. Hechos que exigirían Estado, no espectáculo.

Y, sin embargo, los gobiernos —sin importar siglas— prefieren otra cosa: hablar de BTS en la agenda nacional o montar operativos en vivo en el noticiero matutino de mayor rating. El ejemplo local fue casi didáctico: un despliegue desproporcionado para detener a un hombre captado tirando desperdicios desde su negocio de barbacoa. A partir de ahí, lo de siempre: cámaras, micrófonos, redes sociales y linchamiento digital. Usted dirá si esto es casualidad.

En Torreón, el método se repite: criminalizar, exhibir, multar… y luego hacerse “amigos”. La escena está cuidadosamente dirigida. El margen político es corto: vienen elecciones y mover una pieza puede desacomodar a todo el tablero. Así que el ruido sustituye a la política.

La violencia desde el poder no siempre llega con uniformes ni con toletes. A veces aparece en forma de meme, de calificativo fácil, de burla amplificada. Cuando desde Servicios Públicos se difundió la imagen de un ciudadano sorprendido tirando basura para llamarlo “marrano”, y después se compartió un meme sustituyendo al ciudadano por un cerdo sobre una patrulla, el mensaje fue claro: exhibir antes que corregir.

Aquí vale traer a cuenta la reflexión de Federico Navarrete, quien ha advertido que repetir un insulto, incluso con intención supuestamente “pedagógica”, no lo neutraliza: lo confirma. Cuando el agravio se vuelve recurso comunicativo, el daño ya ocurrió. No hay resignificación posible; hay deshumanización desde una posición de autoridad.

La escalada mediática fue inmediata. Medios locales retomaron la narrativa en tono de burla. El foco se desplazó del problema estructural —educación ambiental, gestión de residuos, infraestructura— al escarnio público. La patrulla convertida en utilería del meme simboliza algo más delicado: la fuerza del Estado respaldando la humillación.

Y entonces aparece la pregunta que el poder evitó responder con claridad:

¿Cuánto cuesta, legalmente, tirar basura en Torreón?
¿Cuál es el monto exacto de la multa, con base en qué reglamento y bajo qué procedimiento administrativo?
¿Existe tabla oficial, criterio de proporcionalidad, derecho a audiencia y ruta de impugnación?
¿O el castigo real fue la vergüenza pública, más efectiva —y más rentable mediáticamente— que cualquier sanción formal?

El dato duro existe: en Torreón, tirar basura —incluida comida— es una falta administrativa que puede costar hasta $11,025 pesos, además de arresto y servicio comunitario, conforme al Reglamento de Limpieza y la Ley de Ingresos municipales. La norma está ahí. El problema no es la sanción, sino cómo se comunica y a quién se aplica.

Porque si hay multa, debe ser clara, pública y pareja. Si no la hay —o si se ejecuta sin debido proceso—, entonces lo que vimos no fue política pública, sino propaganda punitiva. Y la propaganda punitiva es violencia institucional: castiga simbólicamente, normaliza el insulto y desplaza la responsabilidad del Estado hacia la humillación del ciudadano.

En ese contexto, no es menor otro dato administrativo. En Torreón, la nómina ligada a la llamada ola naranja dentro de Servicios Públicos muestra crecimiento de plazas operativas y de supervisión entre 2022 y 2025, de acuerdo con registros del Capítulo 1000 (Servicios Personales) disponibles en la Plataforma Nacional de Transparencia del Ayuntamiento. Altas, reubicaciones y ajustes de percepciones coinciden con cambios directivos documentados en actas oficiales, incluida la etapa en que Demetrio Zúñiga figura al frente del área. Más personal, mayor gasto… y rezagos visibles que siguen ahí.

Por eso la crítica ciudadana no se quedó solo en el operativo de la basura. También llegó desde otros frentes: víctimas de fraudes inmobiliarios, colonos con servicios deficientes, ciudadanos que llevan años esperando respuestas formales y no memes. Para ellos, el despliegue mediático no es autoridad; es distracción.

La pregunta final no es si tirar basura está mal (lo está). La pregunta es si la autoridad puede convertir la burla en método de gobierno y el meme en sustituto del reglamento. Porque cuando el ruido reemplaza a la política, lo que se gobierna no es la ciudad, sino la percepción. Y eso, tarde o temprano, cobra factura.

☕ Aquí no se aplaude el escándalo. Se señala el fondo.