El 28 de septiembre de 2011, las calles de Torreón se mancharon de sangre con el asesinato de José Santos, un joven agente de Vialidad de apenas 24 años. En aquella época, portar un uniforme era casi un boleto directo al riesgo extremo. Los discursos oficiales hablaban de una seguridad que tardó en llegar, cuando el crimen organizado dictaba las reglas del juego.
Trece años después, otro septiembre trágico revive esta memoria. Un nuevo agente de Vialidad perdió la vida en un contexto que presume renovación, pero que siguió plagado de viejas heridas.
La Dirección de Tránsito y Movilidad de Torreón, encabezada por el periodista Luis Morales Cortés, había apostado por un modelo desarmado y administrativo, bajo la premisa de que «no se necesita un arma de fuego para hacer cumplir el reglamento». Sin embargo, el reciente anuncio del alcalde Román Cepeda para armar a los agentes genera un eco inquietante. ¿Qué cambió en esta narrativa de paz institucional?
Cepeda justifica la medida con el argumento de que los agentes «son los primeros en detectar irregularidades y enfrentan situaciones de riesgo». Aunque su razonamiento parece sólido, al analizarlo más de cerca se revelan fisuras preocupantes. ¿Es realmente necesario armar a quienes se encargan de regular el tránsito?
Luis Morales, quien transformó la imagen de su corporación con un discurso de no violencia, ahora avala la decisión con palabras institucionales. Por su parte, el secretario del Ayuntamiento, Pepé Ganem, también la respalda, a pesar de cargar con la sombra de haber iniciado su carrera como funcionario en una de las épocas más oscuras de Torreón. Ambos se enfrentan al escrutinio de una ciudadanía que recuerda con desconfianza los días en que la militarización de las calles parecía ser la única respuesta a la inseguridad.
Los riesgos de armar a los agentes de Vialidad
La propuesta de equipar con armas a los agentes no es menor y conlleva serias implicaciones:
1. Escalamiento de conflictos: Disputas menores, como una multa de tránsito, podrían convertirse en tragedias violentas.
2. Abuso de autoridad: Un arma en las manos equivocadas puede ser utilizada para intimidar o corromper.
3. Falta de capacitación: Sin el entrenamiento adecuado, los accidentes y errores fatales son inevitables.
4. Mayor riesgo para los agentes: Portar un arma los convierte en objetivos potenciales del crimen organizado.
5. Impacto en la percepción ciudadana: Ver a agentes armados puede generar miedo, en lugar de confianza.
6. Confusión de funciones: Equiparlos como policías puede desdibujar los límites de sus responsabilidades.
Alternativas sensatas
Si el objetivo es garantizar su seguridad, se deben considerar herramientas no letales como gas pimienta o tasers, junto con una capacitación integral en manejo de conflictos y derechos humanos. Además, una mejor coordinación con policías armados en casos de riesgo podría ser más efectiva que la militarización de su función.
El peso del bastón político
En 2011, los agentes eran carne de cañón en un Torreón roto. En 2025, el discurso ha evolucionado, pero las contradicciones persisten. Equipar a los agentes con armas no solo desafía el compromiso institucional con la paz, sino que también evoca el temor de una militarización innecesaria.
La historia se repite, pero el aprendizaje sigue siendo opcional.
El bastón de mando debería simbolizar liderazgo y estabilidad, no ser un instrumento de improvisación. La seguridad no se mide en armas, sino en confianza, prevención y dignidad. Trece años después, la pregunta sigue siendo la misma: ¿estamos avanzando o atrapados en un ciclo donde la seguridad es solo una ilusión frágil?
Para muchos al tema, esta decisión parece más una ocurrencia de Román Cepeda que una estrategia planificada, lo que podría traer oscuras consecuencias. ¿Qué intereses se esconden detrás de este movimiento? especialmente en una región donde los actores políticos presumen de seguridad y solidaridad, respaldados por más de cinco corporaciones municipales y federales a su resguardo.