En medio de la polarización política y la creciente inseguridad, Torreón no deja de estar en el ojo del huracán. La propuesta de armar a los agentes de tránsito, lejos de ser una solución definitiva, ha desatado un torbellino de críticas y cuestionamientos. En lugar de ofrecer certezas, esta medida ha dejado más dudas que respuestas, particularmente sobre su efectividad en la mejora de la seguridad.
Uno de los opositores más destacados, el diputado de Morena, Antonio Attolini Murra, se ha manifestado en el Congreso exigiendo claridad: ¿Qué agentes estarían habilitados para portar armas? ¿Qué tipo de capacitación recibirían? ¿Y bajo qué normativa operarían? Preguntas legítimas que, como ya es costumbre, fueron ignoradas. Attolini, más preocupado por la falta de transparencia que por el sensacionalismo mediático, cuestionó de manera directa la información que el gobierno municipal se niega a proporcionar. En lugar de centrarse en las carencias de Torreón, la respuesta del gobierno ha sido hablar de la seguridad a nivel estatal, eludiendo así el foco principal de la discusión.
Hasta ahora, se sabe que «algunos» agentes de tránsito han pasado pruebas de control y confianza. Pero esto no garantiza que todos puedan portar armas, y lo más alarmante es que solo entre el 10% y el 20% de los agentes podría estar habilitado para hacerlo. ¿Qué pasa con el resto? La respuesta sigue siendo un misterio. La transparencia, una vez más, brilla por su ausencia.
El presidente municipal, Román Cepeda, ya no será convocado para explicar el programa. Sin embargo, la preocupación persiste, ya que ciudades como Chihuahua, Culiacán y Celaya, que también armaron a sus agentes de tránsito, han visto que el resultado no ha sido el esperado. En lugar de mejorar la seguridad, estos lugares han registrado un incremento en los enfrentamientos y los abusos de autoridad. Pero, claro, no mencionan que estas ciudades también son conocidas por otros «detalles». Y entonces surge la gran pregunta: si Torreón es tan seguro como afirman, ¿por qué necesitan armar a los policías?
El único organismo que apoya esta iniciativa es el Consejo Consultivo de Vialidad, un grupo que, según muchos, siempre está alineado con el gobierno, no vaya a ser que les quiten su lugar en la mesa. Por otro lado, activistas y organizaciones civiles han levantado la voz, advirtiendo sobre los riesgos de esta medida.
En el campo de la oposición, destaca el regidor de Morena, Gabriel Francisco, quien organizó una consulta popular para conocer la opinión de los ciudadanos sobre la portación de armas. En un estilo «baby shower», con manta y plumones, los ciudadanos se expresaron en contra de la medida. Sin embargo, este ejercicio reveló algo aún más interesante: las divisiones internas dentro de la oposición. Los morenistas de Attolini se muestran indiferentes ante los de Shamir Fernández, de donde proviene Gabriel, y viceversa. Mientras tanto, la gente solo pide una cosa: que estos políticos se pongan de acuerdo, aunque sea en sus diferencias.
¿Será que el municipio no le envía un recado al regidor, quien cada vez que se lanza contra el municipio recibe represalias, como la desaparición de su lugar de estacionamiento en la Presidencia, e incluso hasta mandaron detener a su asesor bajo acusaciones de narcomenudeo? Resultado: el asesor tuvo que huir a Lerdo. La política local nunca decepciona.
Y como si fuera poco, dentro del gabinete municipal también se están aireando los trapos sucios. El director de Tránsito y Movilidad, Luis Morales, se ha visto obligado a defender la medida, contradiciendo sus propias palabras. En una mesa de análisis de un medio local, Morales no pudo evitar quedarse callado ante las críticas de Jesús Jasso Fraire, exfuncionario y abogado. Al final, tanto Morales como el jefe de la policía, César Perales, tuvieron que unir fuerzas, al menos ante las cámaras, para defender lo indefendible.
El próximo jueves, se llevará a cabo una reunión estatal de seguridad en las instalaciones aéreas militares de Torreón, donde estarán presentes el gobernador Manolo Jiménez y el fiscal Federico Montañez. Ambos han expresado su apoyo, pero con reservas, a la iniciativa del alcalde Román Cepeda. Lo cierto es que, al final del día, quienes más necesitan seguridad son los propios políticos. Y si ellos no tienen respuestas claras, ¿quién las tendrá?
La propuesta de armar a los agentes de tránsito no está basada en la lógica ni en la seguridad, sino en las agendas políticas de unos pocos. Y si fracasa, no se preocupen, siempre habrá culpables a los que señalar. Al final, todos felices con sus nuevos cargamentos de polémica.