Y se marchó… Yohan Uribe, #LordFragmentado: el expediente incómodo del cepedismo
“Y se marchó…”. La canción le quedó como epitafio político a Yohan Uribe Jiménez, #LordFragmentado, en su breve debut como funcionario público. Pasó de reportero a director de Comunicación Social e Imagen de Torreón y permaneció en el cargo de enero de 2025 a julio de 2026: apenas año y medio, pero suficiente para convertir una oficina que debía informar a los ciudadanos en una dependencia que terminó comunicando más pleitos, sospechas y fracturas que resultados. Uribe llegó al gabinete del fallecido alcalde Román Alberto Cepeda González y terminó convertido en uno de los personajes más incómodos del cierre del romanato.
Este lunes, según versiones internas de Presidencia Municipal, al todavía director le habrían dado las “gracias” sin permitirle subir al séptimo piso. No hubo alfombra roja ni pastel de despedida; ese postre ya se había servido antes, con suficiente betún de vergüenza institucional. Mientras el alcalde y el secretario del Ayuntamiento estaban en sesión de Cabildo, la vengadora de proveedores, empleados, funcionarios y reporteros fue Vianeth Reyes, funcionaria líder de las “súperpoderosas”, habría bajado al primer piso para operar el relevo: reunión a puerta cerrada, solicitud de contratos, revisión de nómina y recorrido por oficinas. En política, cuando al director lo reciben abajo y no arriba, no es protocolo administrativo: es velorio con aire acondicionado.
No hacemos escarnio cuando una persona pierde su empleo; eso sería mezquino. Pero este caso no trata de un trabajador ordinario ni de una mala tarde laboral, sino de un servidor público que administraba recursos, relaciones institucionales e intrigas en una de las áreas más sensibles del gobierno municipal. Comunicación Social no es agencia privada ni club de seguidores del alcalde en turno: debe informar, abrir datos y tratar profesionalmente a los medios. Cuando esa función se deforma, premia obediencias, margina críticos, compra aplausos y convierte el presupuesto en instrumento de control. El contraste llegó con postal europea: su despido se habría dado justo cuando su familia disfrutaba de unas vacaciones en Barcelona; el año pasado, según versiones internas, el destino fue Japón. El viaje no prueba por sí mismo una irregularidad, pero sí deja una pregunta política incómoda: ¿cómo explicar esos lujos mientras en la oficina había personal esperando gasolina, apoyos mínimos o una mejora que nunca llegó?
Lo más revelador habría ocurrido después de la revisión. Aseguran que Uribe reunió a parte de su equipo para pedirles que no entregaran documentos ni información. El problema fue que su voz ya no mandaba ni en el eco. En Comunicación Social, algunos trabajadores se decían marginados, mientras otros permanecieron inmóviles hasta que cayó el jefe. En pasillos se mencionan nombres del equipo cercano que habrían quedado nerviosos, como Laisa, Mina Martínez y Jorge Rojas, pero la revisión no debe convertirse en cacería contra empleados menores. La responsabilidad política está arriba: en quien autorizó, firmó, validó entregables, repartió convenios y permitió que una oficina institucional fuera tratada como corte personal.
El apodo de #LordFragmentado no nació por ocurrencia de café cargado. Surgió porque, bajo su operación, mostraba distintos rostros, igual que la publicidad oficial: dividida entre convenios selectivos, empresas relacionadas, portales consentidos y contratos cortados aparentemente con la misma tijera. En Al Café Político se documentó el antecedente de los llamados contratos espejo: Grupo Rocar de la Laguna y GMB Comunicaciones, cada uno con contratos por 3 millones 480 mil pesos anuales, equivalentes a pagos mensuales de 290 mil pesos. En conjunto, representaban 6 millones 960 mil pesos al año. Fragmentado, entonces, no por innovador ni por moderno, sino porque así se habría repartido el pastel presupuestal. Y luego todavía se preguntan por qué el betún terminó embarrando a media oficina.
La fragmentación de contratos no constituye por sí misma una irregularidad. Sin embargo, cuando existen montos similares, servicios que podrían coincidir, proveedores concentrados y una distribución poco clara del presupuesto, la autoridad tiene la obligación de explicar qué se contrató, quién lo realizó, cómo se comprobó y qué beneficio obtuvo la ciudadanía. La transparencia no consiste en subir archivos ilegibles a una plataforma y esperar que nadie los revise; consiste en demostrar que cada peso tuvo utilidad pública y que no se pagó por docilidad editorial.
La oficina no manejaba cantidades menores. El Presupuesto de Egresos 2026 de Torreón contempla 83 millones 622 mil 540 pesos para servicios de comunicación social y publicidad. Dicho sin crema batida: no estamos hablando solo de tomar fotografías, redactar boletines o subir videos con música épica. Estamos hablando de una bolsa pública capaz de financiar campañas institucionales, contratar espacios, producir contenidos y sostener una política integral de información. Pero también es una bolsa suficientemente grande para premiar silencios, castigar preguntas, simular pluralidad y fabricar aplausos con factura.
El cargo tampoco era un voluntariado patriótico. En la nómina pública del Ayuntamiento, Uribe aparecía como director general de Comunicación Social y Relaciones Públicas, con una percepción neta reportada de 50 mil 185.31 pesos durante mayo de 2025. No hay nada ilegal en recibir un sueldo conforme al cargo; lo cuestionable es que una remuneración elevada exige resultados, profesionalismo y responsabilidad. Quien cobra como alto funcionario no puede responder como aprendiz, activista de grupo o jefe de pandilla digital. La austeridad, cuando solo habita en boletines, termina pareciendo dieta de enero: todos la anuncian, pocos la cumplen y al final alguien esconde el pastel.
El golpe también rebotó sobre la imagen de Román Cepeda. Sería injusto responsabilizar automáticamente al exalcalde de cada decisión de sus colaboradores, pero también sería ingenuo fingir que una dependencia con más de 83 millones de pesos operaba completamente sola y sin respaldo político. Uribe fue una apuesta de su gabinete y Comunicación Social terminó convertida en uno de los expedientes más incómodos de aquella administración. Los ausentes ya no pueden aclarar ni responder preguntas, pero los contratos, transferencias y expedientes sí hablan. Y cuando hablan, no piden permiso ni se detienen ante el protocolo institucional.
En el relevo aparece Alejandra Fonseca, perfil cercano a Miguel Ángel Riquelme. El alcalde adelantó que quedaría al frente de la operación de Comunicación Social. Fonseca no llega caída del cielo ni es improvisada: tiene antecedentes desde la Ciudad de México, donde fue representante de comunicación del entonces senador lagunero Braulio Fernández Aguirre. En el entorno priista también se le reconoce una ruta previa con Riquelme durante su etapa como gobernador y en el PRI Coahuila. La experiencia puede ayudarle a ordenar la dependencia, pero también plantea una pregunta inevitable: ¿llega para institucionalizar Comunicación Social o solamente para cambiar el grupo que controla la oficina?
La nueva responsable tendrá que demostrar que su cercanía política con Riquelme no se traducirá en cerrazón, exclusión ni reparto selectivo. Su desafío no será producir mejores fotografías del alcalde, sino establecer reglas claras, profesionalizar al personal y garantizar una relación institucional con todos los medios, incluidos los incómodos.
Si la nueva administración únicamente despide a Uribe, guarda las carpetas y reparte nuevamente los contratos, todo habrá sido puesta en escena; se espera que se haga justicia conforme a las auditorías. Si transparenta convenios, revisa proveedores, depura nómina, fija criterios públicos para la publicidad oficial y elimina privilegios, entonces la caída de #LordFragmentado podría representar algo más que una venganza política: podría ser el inicio de una reconstrucción institucional.
La pregunta oficiosa queda servida, negra como café de velorio: ¿Yohan Uribe cayó por ineficiente, por incómodo, por los contratos, por la nómina, por el pastelazo, por el desgaste que heredó al romanato o porque Riquelme decidió que los fantasmas de Comunicación Social ya hacían demasiado ruido en Palacio? Y otra pregunta todavía más importante: ¿cayó solamente #LordFragmentado o también caerá el sistema que hizo posible su fragmentación?
PREEGUNTAS OFICIOSAS
¿Madrugaron para trabajar o para hacer berrinche con acta incluida?
A las 9:00 de la mañana, el Cabildo de Torreón descubrió que el reloj también gobierna. En la primera sesión ordinaria encabezada por Miguel Ángel Riquelme, varios llegaron con cara de que la democracia les cayó sin café; acostumbrados al mediodía burocrático, ahora les tocó madrugar. La escena tuvo su ironía: no fue una sesión de trámite, fue pase de lista político. Luis Ortiz, regidor del PT, llegó tarde y luego quiso convertir la orden del día en ring de exhibición: abstención aquí, voto en contra allá, objeción por deporte. La duda es si buscaba que lo viera Riquelme o que el mensaje llegara hasta la oficina política de su padrino Ricardo Mejía Berdeja. En política, hablar mucho no siempre es tener razón; a veces es pedir reflector con micrófono prestado.
Del otro lado, Doris Salinas, regidora del PRI, salió al quite, mientras la síndica Natalia Fernández apenas reviró, con cara de que ya no le quedan litros de paciencia: políticamente, le quitaron dos aliados del tablero, #LadyTemu y Eder Farías. Luego, el panista Sergio Lara le puso freno al ruido con una frase de fondo: revisar mejor lo que se aprueba en comisiones. Porque una cosa es debatir en Cabildo y otra muy distinta es llegar tarde, votar contra todo y querer que el berrinche salga en actas. Es cuanto.