Urbanismo bajo lupa: víctimas primero y revisión sin simulación
Cuando en una oficina municipal una salida provoca más alivio que sorpresa, no estamos ante un simple relevo: estamos ante una señal. En Torreón, la salida de Gustavo Muñoz de la Dirección General de Ordenamiento Territorial y Urbanismo, según versiones recogidas entre exempleados, proveedores, constructores y empresarios, habría sido recibida como una bocanada de aire. Algunos aseguran que preferían detener obras antes que entrar a presuntas dinámicas de pagos, favores o permisos condicionados, incluso con señalamientos sobre departamentos de lujo. Todo eso debe investigarse con expedientes, no con sobremesa.
Por eso el relevo no puede leerse como simple cambio administrativo. Miguel Ángel Riquelme nombró a José Ignacio Máynez Varela, exmagistrado de la Sala Regional, para entrar a un área donde hay rezago de permisos, expedientes atorados y señalamientos de víctimas del llamado “cártel inmobiliario”. Eso no es cambio de escritorio: es entrada con lámpara en la mano.
El punto no es si Gustavo se fue con cajas, sonrisa o silencio. El punto es qué dejó firmado, qué dejó pendiente y quiénes operaban alrededor. Porque en este expediente hay víctimas de carne y hueso: personas que compraron casas o terrenos, denunciaron fraude inmobiliario y han reclamado lentitud de la Fiscalía, omisiones de autoridades y un daño patrimonial estimado por afectados en alrededor de 19 millones de pesos. En el caso se han reportado 60 denuncias formales y 12 órdenes de aprehensión.
Por eso el nombre de la licenciada Gaby Ávila, a quien en pasillos identificaban como “la licenciada Gabita”, como presuntamente pedía ser nombrada, y señalada como exsegunda en Urbanismo, no puede quedarse como susurro. Si fue mencionada por afectados o aparece vinculada al circuito interno de trámites, debe revisarse con documentos, no con chismes. ¿Qué autorizó Urbanismo? ¿Qué permisos avanzaron? ¿Qué factibilidades se dieron? ¿Qué trámites se “agilizaron”? ¿Qué predios se prometieron para reparar el daño? ¿Quién firmó, quién revisó y quién se hizo de la vista gorda? Ahí está el café cargado.
Y aquí entra la triada Muñoz, o como ya le dicen en los pasillos: la familia Muñoz del expediente. Fernando Nicolás Muñoz Sanjuan, exnotario de la Notaría 45, señalado por afectados y sobre quien el Gobierno de Coahuila solicitó una ficha roja de Interpol para su localización; Gustavo Muñoz, ya exdirector de Urbanismo; y Víctor Manuel Ortega Muñoz, titular de la Notaría 102, citado en publicaciones locales dentro de la discusión sobre presuntas continuidades notariales. Versiones locales también ubican un presunto parentesco entre Fernando Nicolás y Gustavo Muñoz, dato que debe confirmarse documentalmente antes de tomarse como hecho.
En enero, esta columna ya había recogido testimonios que señalaban presuntas gestiones en Urbanismo y hasta la versión de pagos entregados en “cajitas de medicina”; acusaciones graves que exigen investigación real, no linchamiento ni tapadera. Si eran mentiras, que se desmientan con expedientes. Si eran verdad, que no se escondan bajo el mantel del cambio de director. Ese antecedente fue publicado por Al Café Político.
Los detractores de Gustavo Muñoz tampoco se quedaron callados. En chats y comentarios privados lo descalifican con dureza, lo acusan de corrupción y hasta piden cárcel. En público, Alfonso Serrano, uno de los afectados por el llamado cártel inmobiliario, celebró el movimiento con una frase que resume el ánimo de muchos: “Por fin limpieza en Urbanismo”, y agregó que ahora esperan que se cumpla la palabra. Esa es la presión real: no aplauso gratis, sino exigencia con memoria.
También hay versiones que piden revisar al jefe de inspectores, Luis Padilla, mencionado en el entorno de Urbanismo, y a su hijo como supervisor de parquímetros. Incluso circulan acusaciones sobre el manejo de monedas de esos equipos. Eso no puede publicarse como hecho consumado sin auditoría, pero sí debe quedar como ruta de revisión: si hay ingresos públicos, debe haber corte, registro, responsable y comprobación. En Torreón hasta las monedas deben cuadrar; si no cuadran, ya no son monedas, son expediente.
La llegada de Máynez, con perfil jurídico, debe servir para algo más que ordenar ventanillas. Debe abrir una revisión seria: permisos, licencias, dictámenes, inspectores, trámites relacionados con fraccionamientos, notarías, predios municipales y expedientes donde aparezcan Gustavo Muñoz, Gaby Ávila, Luis Padilla o cualquier otro servidor público señalado. Porque el ciudadano no quiere otro funcionario con discurso bonito. Quiere saber si su patrimonio fue usado como ficha de cambio.
Y mientras las víctimas siguen esperando justicia, en los pasillos ya se escucha otro ruido: currículums circulando antes de que algunos terminen de quitarse de la silla. Algunas versiones apuntan a que Máynez podría llegar acompañado de Carlos de Lara, exmagistrado. Unos lloran patrimonio perdido, otros ya preguntan por la próxima nómina. La política, cuando pierde pudor, ni siquiera espera a que enfríe el café.
El cierre debe mirar más allá del escándalo. En este caso hay pocas certezas, pero pesan mucho: hay víctimas, hay denuncias, hay daño patrimonial, hay un relevo en Urbanismo y hay una deuda pública de claridad. Lo demás debe probarse con documentos, firmas, expedientes y auditorías. Porque una ciudad no se ordena con rumores, pero tampoco se limpia con silencios.
Si Urbanismo fue ventanilla de favores, Torreón no necesita solo nuevo director. Necesita verdad administrativa, justicia para las víctimas y la certeza de que ningún permiso vale más que el patrimonio de una familia. Esa sería la verdadera limpieza: no cambiar nombres en la puerta, sino devolverle confianza a la ciudad.
Preguntas Oficiosa
¿Quién revisa la oficina donde las tortugas no quieren sacar la cabeza?
Hay funcionarios municipales que hoy caminan como tortugas: despacito, pegados al piso y sin asomar la cabeza, no vaya a ser que la guillotina política pase lista. Uno de esos nombres es Christian González Zambrano, exregidor de la primera temporada romanista y después convertido en director de Servicios Especiales de Vigilancia, Espectáculos, Espectaculares y Alcoholes, área donde se cruzan permisos, inspecciones, anuncios, eventos, quintas y alcoholes. Es decir, una oficina que no siempre sale en la foto, pero sí toca la ventanilla.
La pregunta oficiosa es directa: ¿qué tanto poder real acumuló esa área y quién revisa hoy sus permisos, multas, clausuras, condonaciones e inspecciones? Empresarios y pequeños comerciantes señalan presuntas presiones para “regularizarse”, sobre todo en trámites relacionados con alcoholes, lonas, anuncios y hasta negocios modestos de venta de pollo, donde una impresión de 500 pesos o una licencia menor podía convertirse, según versiones, en visita incómoda, advertencia administrativa o “ayuda” demasiado cara. Si es falso, que se aclare con expedientes; si es cierto, que se investigue con nombres, recibos y órdenes de inspección. La ley debe ordenar, no convertirse en caja chica con chaleco oficial.
Christian no es un improvisado del tablero: viene de Cabildo, pasó por comisiones y fue parte del romanismo antes de llegar a un área sensible. Por eso la nueva administración no debería conformarse con cambiar nombres en la puerta. La pregunta final es para el séptimo piso: ¿van a revisar a fondo a Servicios Especiales, sus permisos de alcoholes, sus inspecciones a lonas, anuncios y pequeños comercios, o también aquí van a esperar a que la tortuga saque la cabeza solita?