Betzabé muestra músculo; ERA Gym levanta sospechasen GP

La alcaldesa morenista de Gómez Palacio, Betzabé Martínez Arango, presumió músculo esta semana. Primero en redes, cargando bultos como si el municipio fuera competencia fitness; después, según denunció Eduardo Rangel Arámbula, con un operativo que llegó de noche a ERA Gym, sacó a los usuarios y dejó sellos de clausura. En política, una cosa es levantar peso y otra muy distinta levantar sospechas.

Rangel no es un improvisado en la vida pública. Fue director de Tránsito Municipal de Gómez Palacio durante la administración de la priista Leticia Herrera Ale y en 2025 anunció que se incorporaría a las fuerzas ucranianas contra Rusia. Hoy emprende como propietario de ERA Gym, negocio ubicado en el Centro de Gómez Palacio, y acusa que la clausura fue inmediata, sin plazo previo para corregir observaciones.

La frase que prende la alarma es suya: “en la noche, a las 10:20”. Según Rangel, acudieron un convoy del Ayuntamiento como Protección Civil, Ecología, Plazas y Mercados, entre otras, para cerrar un gimnasio, clausurar el lugar y sacar a la gente. La imagen política no es menor: cuando a un negocio le cae media Administración, la autoridad debe explicar si fue prevención, revisión ordinaria o demostración de fuerza.

Rangel sostiene que no había riesgo inminente y que, si faltaba papelería, debieron notificarlo antes. También afirma que cuenta con extintores recargados y mostró documentos de seguro y mantenimiento. No se está diciendo que todo estuviera perfecto; se está preguntando si el golpe administrativo llegó con más fuerza que fundamento.

A eso se suma otro señalamiento: Rangel afirma que tampoco le permitieron entregar un oficio en Protección Civil para dejar constancia de su postura y de la documentación relacionada con el negocio. Si eso ocurrió así, el asunto ya no solo sería una clausura; sería un problema de procedimiento. Porque una autoridad puede revisar, observar y sancionar, pero cerrarle la ventanilla al ciudadano convierte la prevención en pared.

Del lado oficial, Alfonso Javier Mijares Ramírez, director de Protección Civil y Bomberos de Gómez Palacio, ha explicado que las inspecciones a gimnasios se realizan por la tarde-noche porque es cuando hay más usuarios. También ha señalado que cuando un negocio no cuenta con licencia de funcionamiento o carece de medidas básicas, puede proceder una clausura temporal. La autoridad tiene un punto: Protección Civil no está para tomarse selfies con extintores. Está para prevenir tragedias.

Pero también aparece el tema del reglamento. En el fragmento exhibido por Rangel se enlistan giros y espacios sujetos a revisión, como parques, plazas, instalaciones deportivas municipales, jardines de niños, guarderías, industrias, instalaciones eléctricas, drenajes, anuncios panorámicos, trabajos en altura, escuelas, cafeterías, clínicas y hospitales. En ese tramo no se observa expresamente la palabra “gimnasios”. Eso no significa automáticamente que no puedan revisarse, pero sí obliga a la autoridad a explicar con claridad qué artículo, fundamento y riesgo específico usó para clausurar.

El contexto pesa. Gómez Palacio viene de una polémica sensible: el fallecimiento de un menor de 17 años que trabajaba en la Expo Feria. El caso dejó una pregunta pública: si la prevención es tan rigurosa, ¿por qué la lupa llega con toda su fuerza a unos negocios y con discurso técnico a otros escenarios? La prevención no puede ser selectiva, porque entonces deja de parecer prevención y empieza a parecer castigo administrativo.

A eso se suma otro ruido interno: denuncias y señalamientos contra el titular de Tránsito. En redes y entre elementos se ha pedido su remoción inmediata, acusándolo de presunto cobro de cuotas, malos tratos, falta de estrategia y de restarle a la administración de Betzabé en vez de sumarle. Son señalamientos que deben probarse, pero también investigarse. Porque cuando “la mayoría de los oficiales no lo quiere”, como dicen esas quejas, el problema ya no cabe bajo el tapete municipal.

Y ahí está el contraste: a Rangel le piden peritos en construcción, peritos en electricidad y papelería hasta para que respire el negocio, pero según su versión ni siquiera le facilitan entregar un oficio. Mientras tanto, en otras áreas del gobierno las denuncias parecen avanzar en caminadora: mucho movimiento, poca distancia. Si la vara es legalidad, debe medir a todos. Si la vara es política, entonces que no la disfracen de Protección Civil.

También rondan señalamientos alrededor del equipo cercano de la alcaldesa, incluso menciones al secretario y polémicas por su entorno familiar. La administración no se limpia con poses fitness ni con frases de transformación; se limpia con expedientes abiertos, ventanillas que reciban documentos y decisiones parejas.

Y aquí aparece otro antecedente incómodo. Betzabé Martínez ya había sido señalada por su participación en el Maratón Lala, luego de aparecer en la meta tras registrar tiempos solo en la primera mitad de la ruta. Ella dijo que su participación fue recreativa y que los verdaderos protagonistas eran los corredores.

El problema es que en política las imágenes pesan. Si en el maratón la polémica fue aparecer en la meta sin cargar con todo el recorrido, en el gobierno el riesgo es parecido: querer llegar a la gubernatura brincándose el tramo más difícil: gobernar con piso parejo. Porque así, con atajos, sellos nocturnos, contingentes de dependencias, denuncias internas y músculo de red social, no se corre una carrera política; se corre el riesgo de que la meta llegue antes que la legitimidad.

Pregunta Oficiosa:

¿Novelo atropelló al nervio o el nervio atropelló a Novelo?

En el Ayuntamiento de Torreón ya no solo tiemblan las sillas: también, según versiones, tiemblan los volantes. Este viernes trascendió que Arturo Novelo Gurza, titular de la Unidad Catastral Municipal, habría estado involucrado en un accidente en Colón y Escobedo, donde un adulto mayor fue atendido por paramédicos y trasladado en ambulancia. La unidad señalada sería su Jeep blanca señalada como suya. El dato debe confirmarse con parte oficial, Tránsito y reporte médico, si es que no lo esconden como otros asuntos incómodos; porque una columna puede tener humor negro, pero no debe manejar a ciegas.

Si fue así, Novelo estaría nervioso, y no precisamente por buscar estacionamiento. Y si manejaba rápido por llegar, la pregunta se cuenta sola: ¿será que le estaban hablando del séptimo piso? En días donde el Ayuntamiento vive cambios, revisiones y movimientos internos, cualquier funcionario sabe que una llamada, una firma o un accidente pueden pesar más que una carpeta bien guardada. Y Catastro no es oficina de adorno: ahí pasan terrenos, claves, valores y decisiones que, cuando alguien empieza a revisar, hacen sudar hasta al aire acondicionado.

La lectura política es simple: cuando el tablero municipal se mueve, unos se acomodan, otros se esconden y otros salen con el acelerador sensible. Pero no solo Novelo debería explicar. También hay funcionarios y ya algunos exfuncionarios del séptimo piso que guardan silencio sobre presuntas nóminas familiares, incluida esposa, mamá y otros pagos que, según esos dichos, rondarían los 30 mil pesos por sueldo. Porque si el cambio ya viene caminando por Colón, más vale mirar a ambos lados antes de cruzarse con él.