Torreón: reuniones se empantanan… y víctimas del cártel inmobiliario siguen sin solución
Un tema que no deja de retumbar, son las víctimas del cártel inmobiliario en Torreón que siguen atrapadas en un laberinto donde el tiempo institucional corre… pero cada quien con su propio reloj. Este jueves hubo otra reunión de seguimiento. Sobre el papel, continuidad; en la práctica, una escena conocida: sillas ocupadas, libretas abiertas… y decisiones ausentes. Aunque desde el nivel estatal ya había línea marcada, el municipio llegó en modo “presencia simbólica”. Enviado: el coordinador de Catastro , Armando Gurrola de la Peña, “es lo que había” Se habló, se anotó,y no trascenndió. Otra vez.
El contraste institucional empieza a ser más que evidente. Desde el Gobierno del Estado, con Óscar Pimentel al frente asignó a David Flores Lavenant —quien no solo cuida las llaves del desvalijado edificio Coahuila —, se ha planteado un esquema con mesas técnicas, revisión de expedientes y acompañamiento legal. Suena a ruta. El problema es que cuando esa ruta baja al nivel municipal… se vuelve terracería. Y en esa diferencia de ritmos es donde los casos se empantanan.
Los números no ayudan a suavizar la narrativa. De 90 predios revisados, solo 11 están limpios. El resto: irregularidades, dobles historias o bajo resguardo de la Fiscalía. Esto ya no cabe en la categoría de “casos aislados”. Es patrón. Y cuando hay patrón, hay sistema… aunque sea uno que funcione mal o funcione para otros.
El mecanismo, según lo documentado, tenía más de oferta digital que de certeza jurídica: terrenos promovidos en redes sociales, operaciones formalizadas en la Notaría 45 y validaciones que, en el mejor de los casos, nunca llegaron. El resultado: compradores que pagaron por algo que, legalmente, no podían ejercer. El exnotario Fernando Nicolás “N”, primo del directir de Urbanismo Gustavo Muñoz, y viviendo encasa de su madre en Madri, España, se convierte en el rostro visible de una historia que es más amplia. Porque cuando alguien opera así durante tanto tiempo, no es solo habilidad individual… es ausencia colectiva.
Desde el ángulo técnico, el problema tampoco es un misterio. Bienes Inmuebles resguarda, Catastro registra, Jurídico ejecuta. En teoría, un engranaje; en la práctica, piezas que no siempre giran al mismo tiempo. Y cuando no giran, aparecen los huecos. El procedimiento ideal —detectar, documentar, validar y actuar— se rompe en el paso más simple: coordinar. Ahí comienza el tour institucional: de ventanilla en ventanilla, acumulando sellos… pero no soluciones.
Las víctimas lo han dicho sin rodeos: buscaron reuniones con Catastro y UArbanismo , tocaron puertas, pidieron respuestas. Lo que encontraron fue silencio o tiempos que no corresponden a la urgencia del problema. Y en medio de ese silencio, la percepción que crece no es solo de lentitud… es de distancia. Esa soberbia institucional que no se firma, pero se siente.
En términos de fondo, el caso exhibe una falla estructural: la fragmentación de responsabilidades. Notarías, Registro Público, dependencias estatales y el municipio de Torreón tienen funciones claras… por separado. Juntas, deberían ser un sistema. Pero cuando ese sistema no se articula, la solución deja de ser técnica y se vuelve política. Y ahí, el tiempo siempre cuesta más.
El dato que termina de aterrizar la dimensión es el dinero. Los afectados, estima que el fraude ya supera los 40 millones de pesos. No es un error administrativo: es un golpe patrimonial para decenas de familias. “Somos un grupo de 27 familias… fuimos defraudadas por el cártel inmobiliario de la Notaría 45… acudimos a Catastro por instrucción de Óscar Pimentel”, declaró. Hoy incluso revisan predios abandonados para ver si pueden ser reasignados. Es decir, pasar de víctimas… a candidatos a recuperar algo de lo perdido.
Y así se estanca la historia: reuniones sin resolución, responsables fuera del país, instituciones que se coordinan… a veces. Torreón no enfrenta falta de normas. Enfrenta algo más incómodo: normas que existen, pero no siempre coinciden en la realidad. Porque en este caso, el fraude no solo se construyó con papeles falsos… también con silencios verdaderos.
Preguntas Oficiosas:
¿Y si los chismosos no están afuera… sino sentados en la estética del barrio?
Mientras el Ayuntamiento de Torreón sigue buscando quién filtra información, quizá valdría la pena revisar primero el espejo. Porque entre pasillos, chats y sobremesas políticas, los mismos funcionarios terminan diciendo más de lo que cualquier “enemigo externo” podría inventar. Ahí aparece Fer Villarreal, desde Servicios Públicos, soltando comentarios que exhiben más de lo que aclaran y reavivan la pregunta oficiosa: ¿hay filtraciones… o solo sinceridad mal administrada? Según versiones, mientras se acicalaba en una peluquería —de esas que te cobran hasta por preguntar—, al cuestionarle sobre el fin de las obras que tienen a Torreón en modo laberinto, respondió sin rodeos: “nunca”… y remató entre risas: “¿a poco no saben lo que se gana?”. La frase brincó a chats y encendió lecturas incómodas sobre el fondo.
Y por si faltaba contexto, este jueves un funcionario se dejó ver en las instalaciones de El Siglo de Torreón; no hubo entrevistas, pero el movimiento llamó la atención. Pregunta oficiosa: ¿quién fue y a qué fue? Porque la lista de exreporteros hoy convertidos en funcionarios es larga… y, a juzgar por los tiempos, con mejor memoria salarial que periodística.
¿Limpieza en SIMAS… o ajuste de control desde el poder?
En Piedras Negras, el alcalde morenista Jacobo Rodríguez —quien en su momento evitó el antidoping— vuelve al centro de la polémica, ahora señalado incluso desde su propio entorno por presuntos intentos de control sobre el agua. En ese contexto, ordenó la salida de Lorenzo Menera del SIMAS, en un operativo que pasó de la tensión al desalojo administrativo: el funcionario se había atrincherado en su oficina y este jueves se ejecutó un acta con resguardo de instalaciones. La versión oficial apunta a irregularidades en el manejo de recursos, personal, materiales y equipo, con una investigación en curso por posibles desvíos millonarios.
Del otro lado, Menera sostiene que no se respetan los tiempos legales para renovar el consejo ni actualizar cuentas bancarias, advirtiendo que la transición no puede hacerse de inmediato y que podría permanecer hasta 10 días más en funciones. Entre acusaciones, versiones encontradas y una operación poco común, la duda queda abierta: ¿depuración necesaria… o control de una de las cajas más sensibles del municipio?