Estudiantes toman edificios del Tec Laguna y enfrentan posibles represalias

Torreón.- La ocupación de los edificios administrativos 1-A y 1-B del Tec Laguna por un grupo de estudiantes comenzó alrededor de la 1:00 p.m. del 26 de noviembre, en lo que —aseguran los manifestantes— era el último recurso tras la falta de respuestas a un pliego petitorio de 34 puntos. Ese documento denunciaba desde un marcado deterioro en las instalaciones y servicios básicos, hasta irregularidades en la convocatoria de la representación estudiantil, presunto nepotismo, uso cuestionable de recursos y conflicto de intereses.

Los estudiantes cerraron los accesos con candados y tomaron espacios donde operan dirección, servicios escolares, recursos humanos y financieros, además de áreas administrativas clave. El gesto fue claro: exigir rendición de cuentas y mejoras, pero también visibilizar un malestar prolongado frente al silencio institucional de acuerdo a El Siglo de Torreón

La reacción de las autoridades no se hizo esperar. El director del plantel, José Omar Saldívar Correa, reaccionó con un comunicado en el que advirtió que la ocupación podría constituir un delito. Anunció que el caso se turnará a la instancia jurídica del sistema educativo y advirtió posibles sanciones a quienes participaron en la toma.

Esa amenaza expresa la dimensión de lo que hay en juego para quienes protestaron: no solo su permanencia en la institución, sino riesgos reales de sanciones disciplinarias, administrativas o legales. Algunos estudiantes ya hablan del temor a represalias: temor a ser estigmatizados, sancionados, expulsados, o que sus historiales académicos queden marcados por un acto de inconformidad.

Para miembros de la comunidad estudiantil, la protesta fue un acto de desesperación tras sentirse ignorados. Denuncian la falta de transparencia en el uso de recursos —por ejemplo, en los cobros por titulaciones y en manejos administrativos cuestionables—; además de un ambiente de nepotismo que erosiona la confianza en la administración.

Ahora, con esa advertencia institucional latente, la presión gira: lo que comenzó como una exigencia de justicia y mejoras podría derivar en un escenario de castigos disfrazados de orden. Para muchos estudiantes, insistir en sus demandas implica asumir un riesgo que podría cambiar su futuro académico.

El conflicto revela algo más profundo: un quiebre entre autoridad y comunidad estudiantil, donde el miedo a represalias funciona como mecanismo de control. Y en un contexto donde protestar puede costar caro, el silencio tiende a imponerse.