José Elías” Ganem , exsecretario del Ayuntamiento de Torreón, fue trasladado junto con Farid Alí “N” a un Centro Federal de Reinserción Social en Oaxaca, mientras que Martha Esther Rodríguez Romero, extitular del Centro de Justicia Municipal y esposa de Ganem, fue ingresada al CEFERESO 16 “CPS Femenil Morelos”. Las audiencias para definir su situación jurídica se realizan ante los órganos judiciales federales correspondientes a esos centros penitenciarios.

El traslado comenzó por vía aérea desde Torreón. Vanguardia reportó que una aeronave oficial Beech King Air 350i, matrícula XC-LNT, despegó el lunes a las 11:42 horas del Aeropuerto Internacional Francisco Sarabia. Posteriormente, los detenidos habrían pasado por instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) antes de ser distribuidos en centros penitenciarios federales.

El dato que ya tiene respaldo gubernamental es el tamaño del operativo. El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México informó oficialmente que FGR, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y Guardia Nacional catearon cuatro inmuebles en Torreón y detuvieron a cuatro personas. Durante esas diligencias fueron asegurados un arma corta, seis cargadores, una caja fuerte, nueve teléfonos celulares, siete relojes, cuatro tabletas, tres computadoras, cuatro pasaportes, un generador de claves, dinero en efectivo, joyería y documentos.

Sin embargo, la FGR ni el Gabinete de Seguridad han confirmado públicamente que los documentos o dispositivos incautados incriminen a políticos, empresarios o familiares del fallecido alcalde Román Alberto Cepeda.

Hay además una discrepancia que vale la pena conservar en la nota. El reporte federal contabiliza cuatro detenidos durante los cateos de Torreón; medios regionales señalan que el caso suma cinco personas: José Elías, Martha Esther, José Feliciano Hernández Hinojo“El Olimpo”; Farid Alí Ibarra Nassar y Georgina Ramírez Chacón. Vanguardia y El Coahuilense sostienen también la cifra de cinco, aunque el parte del Gabinete de Seguridad sólo documenta cuatro dentro de aquel operativo. Hasta ahora no encontré una aclaración pública de la FGR que explique esa diferencia.

Otro dato relevante es que distintas publicaciones locales ubican las diligencias dentro de la causa penal 333/2026 y señalan investigaciones por posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada contra José Elías “N”, José Feliciano “N”, Georgina “N” y Farid Alí “N”. Vanguardia publica este 15 de septiembre que José Elías y Martha serían investigados además por probable peculado. No obstante, la FGR todavía no ha difundido un comunicado detallando oficialmente las imputaciones individuales, por lo que jurídicamente conviene atribuir estos delitos a las fuentes que reportan la causa y no presentarlos todavía como acusación oficial difundida por la Fiscalía.

La investigación tiene un antecedente documental mucho más sólido en SIMAS Torreón. En junio de 2025, el senador Luis Fernando Salazar denunció operaciones que superaban los 66 millones de pesos relacionadas con Grupo Integrador de Servicios de Edificación S.A. de C.V.. El expediente legislativo señaló que entre agosto de 2024 y enero de 2025 esa compañía habría emitido más de 592 facturas al SIMAS, y cuestionó su capacidad material para realizar los trabajos contratados. Posteriormente, un dictamen de la Comisión Permanente retomó esas irregularidades y exhortó a investigarlas.

Hay un vínculo documental particularmente relevante con uno de los detenidos: Farid Alí Ibarra Nassar aparece como representante de Grupo Integrador de Servicios de Edificación en el acta de la licitación pública nacional LO-64-018-805035997-N1-2024. La compañía fue el único licitante y obtuvo un contrato por 16 millones 532 mil 134.76 pesos, sin IVA, para diagnóstico y rehabilitación de fuentes de abastecimiento y equipos de bombeo de 40 pozos.

La denuncia presentada por Salazar quedó registrada, según información difundida por diversos medios, bajo la carpeta FED/FEMCC/FEDHCIS-COAH/0000306/2025. El senador sostiene que la FGR solicitó información a la Unidad de Inteligencia Financiera y al SAT para seguir la ruta del dinero. Lo relevante aquí es que la investigación financiera habría ampliado el universo de personas bajo revisión más allá de quienes aparecían originalmente en la denuncia.

Existe incluso un antecedente judicial anterior a las capturas: La Jornada reportó que Ganem ya tenía conocimiento desde noviembre de 2025 de una orden de aprehensión y promovió el juicio de amparo 1719/2025; el 2 de diciembre de ese año le fue negada la suspensión definitiva respecto de la orden que buscaba frenar. Esto demuestra que el expediente federal no nació el fin de semana de las detenciones y que existían actuaciones judiciales desde meses atrás.

También debe corregirse una versión que circuló inicialmente: mientras algunas publicaciones hablaron de “armas de grueso calibre”, el informe público del Gabinete de Seguridad únicamente confirma el aseguramiento de un arma corta y seis cargadores en los cuatro cateos de Torreón. Hasta que aparezca una constancia oficial adicional, yo no publicaría como hecho la existencia de armas largas o de grueso calibre.