¿El Cabildo de Torreón tiene palabra?

La captura en Madrid de Fernando Nicolás “N”, extitular de la Notaría Pública 45 y señalado como probable responsable de una red de fraudes inmobiliarios, representa un avance, pero todavía no devuelve el patrimonio perdido. Las víctimas consultadas reconocen el seguimiento de Carlos Alonso Rangel , delegado de la Fiscalía en Laguna I; sin embargo, una detención no sustituye la reparación del daño. Ahora deberán concretarse la extradición, los procesos judiciales y la recuperación de bienes, sin convertir acusaciones en sentencias antes de que hablen las pruebas.

La otra deuda está escrita en el calendario. El 25 de enero se informó que la Secretaría de Gobierno de Coahuila se había comprometido —según el testimonio de Alfonso Serrano— a entregar predios, en 27 casos, a más tardar el 15 de abril. El 23 de abril todavía se instalaba una mesa de trabajo para revisar terrenos abandonados y, para mayo, el ofrecimiento ya se describía como aproximadamente 30 lotes estatales y municipales a precio accesible y con facilidades de pago. La promesa pasó de reparación a compraventa preferencial, mientras el plazo venció; en agosto, las familias continuaban esperando el programa de apoyo)

Para disponer de terrenos municipales no basta una declaración. El reglamento de Torreón exige integrar un expediente con la descripción del inmueble, beneficiario, avalúo, condiciones de pago y justificación; después debe pasar por revisión jurídica, comisión, votación de las dos terceras partes del Cabildo y, cuando corresponda, autorización del Congreso. Entre los documentos públicos localizados —incluida la Gaceta Municipal 32, publicada el 30 de abril pero correspondiente a la sesión del 25 de marzo— no aparece un dictamen específico sobre los predios prometidos. Eso no demuestra que el expediente no exista, pero sí que todavía no se encuentra públicamente acreditado: ¿cuáles son los terrenos, qué valor tienen, quiénes serán beneficiarios y en qué oficina está detenido el trámite? (Reglamento de Bienes Inmuebles, Gaceta Municipal 32)

Las mismas fuentes municipales consideran que también deben revisarse las actuaciones de Natalia Fernández Martínez durante su etapa como secretaria del Ayuntamiento; actualmente es primera síndica. Según esas versiones, Fernández estaría en contra de que se aprueben terrenos municipales para las víctimas del llamado Cártel Inmobiliario. Habrá que esperar a que sesione el Cabildo y, si vota en contra de la propuesta, que explique si su razón es jurídica, patrimonial, presupuestal o política. ¿Se opondría al compromiso de quien hoy encabeza el Ayuntamiento? El alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís ofreció facilitar información, archivos y acompañamiento legal, pero falta saber si su respaldo también alcanzará los predios prometidos. El procedimiento existe: expediente, avalúo, dictamen de comisión, aprobación de dos terceras partes del Cabildo y, cuando corresponda, autorización del Congreso. Si Torreón ya ha utilizado esa vía para entregar lotes a precio simbólico a familias damnificadas, ¿por qué no presentar una alternativa jurídicamente viable para quienes perdieron su patrimonio? Una promesa sin terrenos, documentos ni fecha de Cabildo solamente administra la esperanza. ¿El Cabildo de Torreón tiene palabra?

¿Tibios o estrategas? Los morenistas laguneros ante la caída de Rocha

Rubén Rocha Moya regresó al Gobierno de Sinaloa después de 112 días de licencia, pero su retorno duró menos que una promesa electoral: apenas 34 horas. Morena aclaró que no fue consultado y Gobernación precisó que se trató de una decisión personal; después, Claudia Sheinbaum advirtió —sin mencionar directamente al gobernador— que ningún interés particular puede colocarse sobre el pueblo. Rocha terminó solicitando otra licencia temporal, ahora indefinida y por más de 30 días. No es una sentencia ni una renuncia definitiva, pero sí una derrota política: volvió con la frente en alto y salió por la puerta lateral. (El Imparcial, El País)

En La Laguna, Antonio Attolini fue el morenista que fijó una postura individual, directa y con nombre propio. Calificó de “imprudente” el regreso de Rocha mientras continúen abiertas las investigaciones y recordó que la presunción de inocencia no significa exoneración. Luis Fernando Salazar y Cintia Cuevas sí se pronunciaron, pero mediante posicionamientos colectivos de senadores y diputados de Morena. No fue silencio absoluto, aunque tampoco representa el mismo riesgo político: una cosa es firmar acompañado y otra plantarse solo frente al micrófono. En la política mexicana, la firma en montón también funciona como chaleco antibalas. (El Siglo de Torreón, posicionamiento de Salazar, pronunciamiento de diputados)

Mientras el caso Rocha incendiaba la conversación nacional, Shamir Fernández preguntaba en sus redes quién quería una gaseosa de raíz y presumía una tradición de la Plaza de Armas. La bebida no tiene culpa y la publicación tampoco constituye pecado político, pero el contraste retrata prioridades: Attolini entró al tema incómodo; Salazar y Cuevas se refugiaron en la postura parlamentaria, y Shamir continuó con su agenda local. Todos mantienen, además, sus respectivas campañas permanentes rumbo a Torreón, donde sobran recorridos, fotografías y discursos de transformación, pero escasean las opiniones cuando pronunciar un nombre puede costar simpatías dentro del partido. (Publicación de Shamir Fernández)

¿Tibios o estrategas? Probablemente las dos cosas. Attolini calculó que hablar le permitiría presentarse como congruente; Salazar y Cuevas redujeron riesgos mediante el respaldo colectivo, y Shamir evitó una batalla que no le suma votos inmediatos. La estrategia puede ser comprensible, pero también cobra factura: quien aspira a gobernar Torreón no solamente debe hablar cuando la encuesta favorece o la fotografía luce bonita. Debe hacerlo cuando su propio movimiento enfrenta una contradicción. El Apocalipsis tenía una opinión poco amable sobre los tibios; el electorado suele ser menos bíblico, pero también recuerda quién habló, quién firmó en montón y quién prefirió una bebida fría mientras ardía la casa.

¿Tibios o estrategas? Los morenistas laguneros ante la caída de Rocha

Rubén Rocha Moya regresó al Gobierno de Sinaloa después de 112 días de licencia, pero su retorno duró menos que una promesa electoral: apenas 34 horas. Morena aclaró que no fue consultado y Gobernación precisó que se trató de una decisión personal; después, Claudia Sheinbaum advirtió —sin mencionar directamente al gobernador— que ningún interés particular puede colocarse sobre el pueblo. Rocha terminó solicitando otra licencia temporal, ahora indefinida y por más de 30 días. No es una sentencia ni una renuncia definitiva, pero sí una derrota política: volvió con la frente en alto y salió por la puerta lateral. (El Imparcial, El País)

En La Laguna, Antonio Attolini fue el morenista que fijó una postura individual, directa y con nombre propio. Calificó de “imprudente” el regreso de Rocha mientras continúen abiertas las investigaciones y recordó que la presunción de inocencia no significa exoneración. Luis Fernando Salazar y Cintia Cuevas sí se pronunciaron, pero mediante posicionamientos colectivos de senadores y diputados de Morena. No fue silencio absoluto, aunque tampoco representa el mismo riesgo político: una cosa es firmar acompañado y otra plantarse solo frente al micrófono. En la política mexicana, la firma en montón también funciona como chaleco antibalas. (El Siglo de Torreón, posicionamiento de Salazar, pronunciamiento de diputados)

Mientras el caso Rocha incendiaba la conversación nacional, Shamir Fernández preguntaba en sus redes quién quería una gaseosa de raíz y presumía una tradición de la Plaza de Armas. La bebida no tiene culpa y la publicación tampoco constituye pecado político, pero el contraste retrata prioridades: Attolini entró al tema incómodo; Salazar y Cuevas se refugiaron en la postura parlamentaria, y Shamir continuó con su agenda local. Todos mantienen, además, sus respectivas campañas permanentes rumbo a Torreón, donde sobran recorridos, fotografías y discursos de transformación, pero escasean las opiniones cuando pronunciar un nombre puede costar simpatías dentro del partido. (Publicación de Shamir Fernández)

¿Tibios o estrategas? Probablemente las dos cosas. Attolini calculó que hablar le permitiría presentarse como congruente; Salazar y Cuevas redujeron riesgos mediante el respaldo colectivo, y Shamir evitó una batalla que no le suma votos inmediatos. La estrategia puede ser comprensible, pero también cobra factura: quien aspira a gobernar Torreón no solamente debe hablar cuando la encuesta favorece o la fotografía luce bonita. Debe hacerlo cuando su propio movimiento enfrenta una contradicción. El Apocalipsis tenía una opinión poco amable sobre los tibios; el electorado suele ser menos bíblico, pero también recuerda quién habló, quién firmó en montón y quién prefirió una bebida fría mientras ardía la casa.