La detención de Fernando Nicolás “N” en Madrid es, como dice Alfonso Serrano Faccuseh, vocero de las víctimas, “un gran logro”. Detrás de esa captura hay meses de manifestaciones, gastos, problemas de salud y horas de angustia de familias que descubrieron que aquello que habían comprado bajo la aparente certeza de una notaría podía convertirse en una pesadilla. El grupo nació en marzo de 2025 con cinco afectados; hoy reúne a 27. Sólo entre ellos, asegura Serrano, el quebranto supera los 13 millones de pesos. Si se consideran todas las denuncias, se reportan cerca de 90 casos y un fraude que supera los 100 millones de pesos. Ya no estamos frente a una operación aislada, sino ante un expediente cuya dimensión obliga a mirar también hacia las instituciones.

Fernando Nicolás “N”, extitular de la Notaría Pública 45, fue localizado en España, su madre vive en Madrid. después de ser buscado mediante ficha roja de Interpol. Su identificación pudo apoyarse en los datos biométricos y huellas dactilares entregados al obtener el Fiat Notarial. La captura cambia el escenario, pero no concluye la historia. El exnotario mantiene, como cualquier imputado, la presunción de inocencia mientras no exista sentencia. Eso es derecho. Otra cosa muy distinta sería fingir que su detención resuelve por sí sola un problema que dejó decenas de familias sin patrimonio.

El modus operandi denunciado explica por qué tantas personas confiaron: terrenos ofrecidos mediante Marketplace, compradores llevados a la Notaría 45, documentos relacionados con Registro Público de la Propiedad, Predial y Catastro, firmas y entrega de dinero. No estaban haciendo un trato en un estacionamiento ni comprando un terreno mediante un mensaje anónimo de WhatsApp. Estaban entrando a una notaría, precisamente al lugar donde cualquier ciudadano espera encontrar certeza jurídica.

Antes de esta captura ya habían sido detenidas Ana María “N” y Carmen “N”. Serrano asegura que continuarán presionando para que se investigue y, en su caso, se proceda contra quienes las víctimas señalan como participantes de la operación. También reconoce el trabajo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, del secretario de Gobierno Óscar Pimentel , del fiscal Federico Fernández , del delegado Carlos Rangel —“el que se ensució los zapatos”, dice— y de David Flores Lavenant. Después de tantos reclamos, también es justo reconocer cuando el trabajo institucional comienza a producir resultados.

Pero Madrid no debe convertirse en punto final. Las víctimas sostienen una frase que merece atención: “Esto no se generó en el aire, se generó en las instituciones”. Hablan de Urbanismo, Catastro, Predial y Registro Público de la Propiedad. Eso no convierte automáticamente a cada funcionario que tocó un expediente en responsable de un delito, pero sí obliga a seguir completa la ruta documental.

Y aquí reaparece un capítulo que Al Café Político puso sobre la mesa desde enero: la llamada “santa tríada Muñoz”. Los nombres eran Gustavo Muñoz López, entonces director de Ordenamiento Territorial y Urbanismo; Fernando Nicolás Muñoz Sanjuan, titular de la Notaría 45; y Víctor Manuel Ortega Muñoz, titular de la Notaría 102. Entre afectados se ha hablado de Gustavo Muñoz y Fernando Nicolás como “primos”, pero ese parentesco no está acreditado documentalmente.

De todos esos nombres, Gustavo Muñoz vuelve a ocupar un lugar central. Afirma n que el entonces director de Urbanismo y Gabriel Ávila, quienes ocuparon posiciones relevantes dentro de esa dependencia durante la pasada administración, participaron en mesas donde se planteó una salida para las víctimas mediante un predio municipal. Según la versión, frente a Óscar Pimentel se habló de realizar los trámites necesarios para disponer del terreno; los afectados sostienen que aquello no terminó concretándose como se les había planteado. Muñoz salió de Urbanismo y fue relevado por José Ignacio Máynez Varela, pero cambiar al funcionario no significa cambiar de página antes de leer la anterior.

La llegada de Máynez abrió, sin embargo, una nueva posibilidad. Se explica que el expediente tuvo que revisarse nuevamente para verificar que toda la ruta jurídica estuviera en orden. La carpeta, sostiene, se encuentra en Jurídico para una segunda revisión que permita descartar violaciones a reglamentos o procedimientos. Después tendría que avanzar hacia la Secretaría del Ayuntamiento, pasar por comisiones y finalmente llegar al Cabildo de Torreón. La propuesta consiste en desincorporar un terreno municipal, canalizarlo hacia la Comisión Estatal de Vivienda y que posteriormente los afectados puedan adquirir lotes a un costo asequible y con facilidades de pago.

Ahí aparece quizá la primera esperanza tangible después de tantos meses. No significa recuperar mágicamente los millones perdidos ni regresar el reloj. Significa disponer de un nuevo terreno sobre el cual reconstruir. Para las víctimas, ese predio representa pasar de la carpeta al patrimonio, de la protesta a una escritura y de la pesadilla a la posibilidad de comenzar otra vez. Lss víctimas lo resumen sin lenguaje burocrático: “Nos urge tener ya esos terrenos para empezar a cambiar esta pesadilla por un sueño”.

Por eso el mensaje ahora es directamente para Miguel Ángel Riquelme y el Cabildo de Torreón. Las víctimas piden que el expediente avance, que concluyan las revisiones y que la eventual desincorporación llegue a una sesión de Cabildo sin volver a extraviarse entre escritorios. Después de alrededor de 18 meses de lucha, la legalidad no puede convertirse en sinónimo de parálisis.

Riquelme tiene una oportunidad política, pero sobre todo humana. La Fiscalía ya hizo una parte al conseguir que uno de los principales señalados fuera localizado en España. Ahora el Municipio puede hacer la suya: impulsar una solución patrimonial transparente, jurídicamente sólida y viable. Si el Cabildo logra convertir ese terreno en una alternativa real para las familias, no habrá borrado el fraude, pero sí habrá demostrado que las instituciones pueden reparar, aunque sea parcialmente, aquello que no pudieron prevenir.

Y ahí los regidores también tendrán una responsabilidad. Cuando el expediente llegue al Cabildo ya no estarán votando únicamente una desincorporación, metros cuadrados o claves catastrales. Sobre la mesa estarán 27 historias del grupo afectado familias que llevan meses peregrinando entre oficinas, fiscalías y manifestaciones. La votación deberá hacerse con todos los elementos legales, por supuesto, pero también entendiendo qué hay detrás de esos papeles.

Existe además una precisión importante respecto de quienes ya dejaron el gobierno municipal. Salir del cargo no borra automáticamente posibles responsabilidades por lo realizado mientras se ejercía. La Ley General de Responsabilidades Administrativas contempla también a quienes hayan fungido como servidores públicos y establece los procedimientos y plazos correspondientes para investigar posibles faltas. Dicho en castellano de ventanilla: entregar las llaves de la oficina no funciona como goma de borrar jurídica.

Eso tampoco convierte a Gustavo Muñoz, Gabriel Ávila o Ernesto Chapa Hidrogo, señalado por los afectados por actuaciones relacionadas con su paso por CERTTURC, ni a cualquier otro mencionado, en culpables. Una denuncia no es sentencia. Si existen documentos, audios o testimonios, como sostiene el grupo, deben ser revisados por las autoridades competentes. Si no acreditan irregularidades, que se diga. Si las acreditan, entonces que cada quien responda. El periodismo no está para sustituir jueces, pero tampoco para olvidar nombres apenas desaparecen del directorio público.

Se suma otro señalamiento particularmente delicado contra Fernando Nicolás “N”. Serrano afirma que una de las afectadas presentó una denuncia por una agresión ocurrida dentro de la notaría y refiere también la existencia de otra denuncia presentada por una expareja. Son acusaciones graves cuya naturaleza y responsabilidad deberán ser determinadas por la autoridad. No pueden convertirse en sentencia desde una columna, pero tampoco deberían desaparecer debajo de los millones del expediente inmobiliario.

Entre todas esas carpetas aparece Alfredo Chaparro, una de las víctimas que se desplaza en silla de ruedas. Vive con su esposa en casa de uno de sus hijos, en una vivienda que no está completamente adaptada para sus necesidades. Su esposa enfrenta además problemas de salud. Para Alfredo, los cien millones son una cifra distante. Su realidad es otra: una silla de ruedas, una casa que no es la suya y la esperanza de que ese nuevo terreno deje finalmente de ser una promesa.

Ahí el asunto cambia completamente de dimensión. Un funcionario puede hablar de dictámenes, tiempos administrativos, comisiones y procedimientos. Alfredo necesita saber si algún día tendrá un sitio propio donde pueda desplazarse con dignidad. Ésa es la distancia entre el reloj de una oficina y el reloj de una víctima.

Fernando Nicolás fue localizado a miles de kilómetros. Gustavo Muñoz ya salió de Urbanismo. Otros han dejado cargos u oficinas. Pero los expedientes siguen ahí y la ley también. Ser exfuncionario puede quitarle a cualquiera el cargo de la tarjeta de presentación, pero no borra las responsabilidades que eventualmente puedan demostrarse por lo realizado detrás del escritorio.

Las víctimas ya consiguieron algo que durante meses parecía imposible: que uno de los principales señalados fuera encontrado en Madrid. Ahora esperan algo geográficamente mucho más cercano, aunque burocráticamente todavía lejano: que el expediente recorra los últimos metros hasta el Cabildo, que Miguel Ángel Riquelme ayude a destrabarlo y que los regidores tengan sobre la mesa una decisión capaz de modificar la vida de estas familias.

Porque el nuevo terreno no es solamente tierra. Para Alfredo y para quienes llevan meses protestando significa recuperar algo de estabilidad, comenzar a reconstruir patrimonio y, principalmente, volver a tener una certeza después de vivir demasiado tiempo entre dudas.

Madrid puede representar el comienzo de la justicia penal. El Cabildo puede convertirse en el comienzo de la reparación.

Después de todo este tiempo, las víctimas ya no quieren otra promesa. Quieren que el expediente avance. Quieren un terreno. Quieren una escritura. Quieren certeza.

Porque la justicia no puede medirse solamente en detenidos.

Para estas familias, hoy la esperanza tiene forma de terreno.

Pregunta Oficiosa

¿Más plata o más plazas? Peñoles entra al ruido de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Torreón

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La llegada de Olga Garay a la Dirección de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Torreón habría ocurrido tras la salida de Miguel Ángel Zúñiga , quien, según versiones internas, tenía poco tiempo de haber regresado a sus funciones después de enfrentar problemas de salud, pero decidió retirarse nuevamente en medio de los recientes cambios administrativos. Bajo esa versión, Garay habría quedado de manera interina al frente del área. Dentro del Municipio también circula la versión de que mantiene cercanía con el contralor Óscar Luján.
El ruido interno no termina en los nombramientos. Trabajadores hicieron llegar a esta columna un señalamiento directo: “Olga Garay es la directora de Recursos Humanos; nos amenazó que si no hacíamos lo que ella quiere iba a tomar otras medidas”. Cuando se le preguntó qué les estaba exigiendo, respondió que la instrucción sería “no ver ni oír nada de lo que pase en Recursos Humanos”. El testimonio, por sí solo, no demuestra una amenaza administrativa, pero sí abre una pregunta incómoda: ¿qué ocurre dentro de un área que maneja expedientes, plazas y nómina para que trabajadores aseguren sentirse presionados a guardar silencio?

El señalamiento más delicado coloca a Peñoles en medio de la conversación. Fuentes internas aseguran que Garay estaría realizando acuerdos con trabajadores provenientes de la empresa minera lagunera para incorporarlos a la Presidencia Municipal, además de promover movimientos de personal que han generado inconformidad entre empleados. Pero la pregunta es inevitable: ¿por qué trabajadores que ya laboran en Peñoles buscarían también un ingreso en el Municipio?, ¿se trata simplemente de buscar plta como si el Ayuntamiento fuera una mina, de complementar ingresos o existe algún acuerdo especial detrás de esas incorporaciones? Si una funcionaria interina está autorizando movimientos mientras trabajadores mencionan a una empresa privada como Peñoles y señalan cercanía con Contraloría, el Ayuntamiento tendría que transparentar quién entra, bajo qué esquema y quién lo autoriza. Pregunta oficiosa: ¿quién autoriza los movimientos de Recursos Humanos y qué trabajadores de Peñoles han sido incorporados al Municipio durante este interinato?