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Editoriales de opinión de
Iván P. Corpus-Lozoya

Después de la tormenta viene la calma. Bueno, en La Laguna no siempre. A veces después vienen los comunicados, las fotografías con chaleco institucional, los recorridos por zonas anegadas y, como deporte regional, el inevitable “¿y de quién fue la culpa?”. La lluvia de este 2 de octubre dejó una postal metropolitana poco romántica: vialidades cerradas, cárcamos exigidos, fallas eléctricas, viviendas inundadas y funcionarios tratando de explicar quién hace qué mientras el agua sigue buscando por dónde salir.
En Torreón, además, comenzó otra tormenta: la política. La reaparición, con todo y suero, del titular de Protección Civil, Jorge Luis Juárez Llanas, llamó particularmente la atención a una semana de que el alcalde Miguel Ángel Riquelme informara públicamente que había sido sometido a un cateterismo y que se encontraba en recuperación. Juárez apareció junto a Fernando Villarreal Cuéllar, director de Servicios Públicos, participando en las tareas de la contingencia y prácticamente convertidos en voceros de una especie de noticiero municipal, región Torreón TV. De inmediato surgió la intriga de pasillo: “¿ya están haciendo la chamba de SIMAS?”
El chacoteo escaló rápido. Hubo quien comparó algunas escenas con una versión municipal de Plaza Sésamo: personajes explicando bombas, cárcamos, equipos y maniobras mientras parecía que alguien llevaba el guion detrás de cámaras. Ante la inmediatez —y aparentemente sin presupuesto para maquillaje— surgieron hasta los apodos de “El Chocorrol” y “El Frankenstein”. Pero debajo de la carrilla existe una pregunta seria. Protección Civil ya había informado semanas antes que mantenía coordinación con SIMAS para revisar cárcamos, rebombeos y puntos susceptibles a inundación.
El problema comienza cuando la explicación se vuelve más larga que la tubería. Torreón reportó un acumulado de 67.3 milímetros entre varios días de precipitaciones y, durante la reunión municipal de evaluación, se revisaron vialidades, servicios públicos, cárcamos sanitarios y redes de drenaje. Sólo durante la jornada del viernes se habían reportado además 14 fallas eléctricas. Y ahí aparece un villano recurrente: CFE. Cuando falta agua necesitamos electricidad para bombearla; cuando sobra agua también necesitamos electricidad para sacarla. La paradoja lagunera perfecta: bombas disponibles, agua hasta los tobillos y todos esperando que vuelva la corriente.
La tormenta también dejó preguntas para Obras Públicas. La dependencia encabezada por Juan Adolfo “Hansi” Von Bertrab Saracho había informado en julio sobre 42 obras y señalado que la inversión destinada al rubro representaba alrededor del 19 por ciento del presupuesto municipal. Durante esta contingencia, sin embargo, otros funcionarios tuvieron mucho mayor exposición pública. Y mientras unos explicaban cárcamos, los ojos voltearon hacia las obras recientes, como el Sistema Vial Abastos-Independencia. Las lluvias obligaron a cerrar temporalmente un carril lateral por hundimiento, por lo que el gobierno estatal tuvo que salir al quite a través de la SIDUM, que realizaba una valoración técnica; posteriormente se informó de un hundimiento en la carpeta asfáltica de aproximadamente 100 metros. El Siglo de Torreón. ¿Es culpa de Obras Públicas? La pregunta apareció de inmediato. Pero aquí hay que separar responsabilidades: se trata de una obra estatal bajo la órbita de la SIDUM y todavía se requiere el dictamen técnico para establecer causas. También deberá saberse qué responsabilidad correspondía al contratista, qué trabajos se estaban realizando y si las condiciones meteorológicas ameritaban detener ciertas maniobras. La lluvia no firma contratos, pero tiene la mala costumbre de encontrar dónde están los puntos débiles.
Y luego está Gómez Palacio. Ahí la alcaldesa Betzabé Martínez salió en modo acción: botas puestas, agua y recorrido por las zonas afectadas. La fotografía tuvo inevitablemente lectura política; parecía hasta ensayo para futuras campañas. Viendo algunas imágenes, quizá habría sido prudente llevar otro paquete de botas para la población y para sus community managers que caminaban detrás con el celular en alto. Si la cobertura iba a ser inmersiva, pues que alcanzara para todos.
El chiste termina, sin embargo, donde comienza la tragedia. Gómez Palacio registró afectaciones en al menos 21 colonias de la zona urbana e inundaciones severas en Poanas, Numancia y Cuatro de Diciembre. En Poanas se activó el Plan DN-III-E y se realizaron evacuaciones; reportes periodísticos contabilizaron al menos 11 viviendas colapsadas, principalmente construcciones de adobe.
Y ahí vuelve la pregunta del dinero. Vecinos utilizaron las redes sociales para reclamar que desde meses atrás habían advertido problemas de drenaje y cuestionaron el avance de las inversiones. Esas acusaciones deben probarse con contratos, estimaciones, bitácoras y avances físicos antes de convertirlas en sentencia. Pero la pregunta ciudadana es perfectamente válida: ¿cuánto de lo anunciado ya está convertido en infraestructura funcionando y cuánto continúa como proyecto, financiamiento u obra inconclusa?
Porque las botas sirven para meterse al agua. Para evitar que el agua vuelva a meterse a las casas hacen falta colectores, cárcamos, drenajes y mantenimiento.
Lerdo tampoco salió seco del examen. Desde las tres de la mañana se desplegaron corporaciones municipales; se recibieron 13 reportes de emergencia, 11 relacionados con inundaciones, y se documentó ingreso de agua a por lo menos nueve viviendas. El desnivel Francisco Sarabia tuvo que cerrarse completamente, el municipio mantenía especial vigilancia en comunidades. Y ahí el propietario de un gimnasio ironizó sobre el paso inferior Francisco Sarabia inundado, frente a la Unidad Deportiva, presentándolo prácticamente como una nueva alberca municipal: aquaerobics, nado sincronizado y apnea. La broma funciona porque todos reconocemos el absurdo; pero debajo queda exactamente la misma pregunta que en La Laguna.
¿Cuánto estamos invirtiendo antes de la tormenta y cuánto terminamos pagando después porque la infraestructura no alcanzó?
No se trata de exigir que Protección Civil se quede cruzado de brazos porque “eso le toca a SIMAS”, ni de pedirle a Servicios Públicos que consulte el organigrama antes de sacar una bomba. Tampoco toda inundación prueba corrupción, negligencia o mala obra. Lluvias extraordinarias pueden superar infraestructura aun bien mantenida. Pero tampoco puede convertirse “llovió demasiado” en la absolución administrativa universal.
Una contingencia debería dejar algo más que fotografías.
Debe dejar dictámenes, mapas de riesgos, inventarios de cárcamos, necesidades de respaldo eléctrico, contratos revisados, obras corregidas y presupuestos específicos.
Y ahí sí aparece Plaza Sésamo. Sólo que aquí no estamos aprendiendo los números del uno al diez.
Estamos aprendiendo a contar millones de pesos, cárcamos pendientes, obras dañadas, calles cerradas y explicaciones.
Después de la tormenta vendrá la calma. Lo que no debería llegar es la amnesia.
PREGUNTAS OFICIOSAS

¿Torreón está por sumarse a las Casas del Bienestar?
Hasta hace algunos meses, Torreón aparecía fuera del mapa del programa Vivienda para el Bienestar por una razón concreta: no había un predio definido para desarrollarlo. El escenario, sin embargo, comienza a moverse. Este 30 de septiembre, el Cabildo ratificó un acuerdo relacionado con un predio de Triturados CRIBISSA, S.A. de C.V., ubicado al sur de Nuevo Mieleras, con una superficie de alrededor de 35 hectáreas. El expediente habla de cambio de uso de suelo y no menciona vivienda, así que todavía no existe un documento que permita afirmar que ahí se levantarán Casas del Bienestar.
La pregunta cobra interés porque el programa federal necesita tierra disponible y porque Jonathan Ávalos Rodríguez, coordinador estatal de Conavi en Coahuila, ha encabezado su operación en distintos municipios. Si Torreón prepara su entrada, tarde o temprano tendrán que aparecer los documentos: quién aporta el terreno, quién autoriza el desarrollo, qué empresa recibe la obra y bajo qué procedimiento. Y entre bromas de pasillo —de esas que traen mitad risa y mitad miedo— ya hay quienes dicen que esperan que en la ruta de los predios no aparezcan viejos fantasmas del Ayuntamiento.
La referencia no surge de la nada. La actual síndica, Natalia Fernández Martínez, ya ha sido mencionada públicamente dentro de controversias relacionadas con predios, aunque ella ha negado intervenir contra la restitución de terrenos a víctimas de fraude inmobiliario y ha señalado que ese asunto no fue de su competencia directa ni cuando fue secretaria del Ayuntamiento ni ahora como síndica. Y en los antecedentes de regularización territorial también aparece Francisco “Paco” Torres, entonces vinculado a COPRODER, en gestiones relacionadas con predios y reservas territoriales. Así que la Pregunta Oficiosa queda servida: si Torreón entra a Vivienda para el Bienestar, ¿quién pondrá la tierra, quién moverá los papeles y quién terminará construyendo? Ahí estarán los nombres que realmente importan.

¿Renuncia voluntaria o solidaridad familiar?
Una versión recibida por este espacio señala que Fernanda Rodríguez Romero habría dejado la dirección de la Casa Cuna del DIF Torreón hace dos o tres semanas. La fuente la identifica como hermana de Martha Rodríguez y cuñada de José Elías “Pepe” Ganem, parentescos pendientes de corroboración. ¿Renuncia voluntaria? ¿Solidaridad familiar? Son preguntas, no motivos acreditados. Al DIF corresponde precisar si hubo baja, cuándo ocurrió y quién asumió la responsabilidad.
El supuesto parentesco también abre una pregunta sobre posible nepotismo: ¿quién autorizó su contratación, con qué perfil y mediante qué procedimiento? Se reciben versiones de que no sería la única familia con integrantes en la administración, pero hacen falta nombres, puestos y registros para documentarlo. Tener familiares en el gobierno no demuestra por sí solo favoritismo; lo que debe revisarse es si alguien intervino para beneficiar a los suyos. La nómina municipal no debería funcionar como extensión del árbol genealógico.
Sobre la versión de una “nómina secreta” atribuida al matrimonio de Martha y Pepe, el señalamiento se extendería a direcciones como Medio Ambiente, aunque no se han aportado registros que acrediten esos presuntos pagos ni su alcance. Corresponde esclarecer quién habría cobrado, quién habría autorizado los recursos y por qué conceptos. Tampoco existen elementos aportados que acrediten un desfalco en la Casa Cuna. Las versiones requieren investigación; las responsabilidades, documentos.
