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Editoriales de opinión de
Iván P. Corpus-Lozoya

Cristal, CTM y SIMAS: ¿quién le teme al antidoping?
En la CTM del SIMAS parecen tener muy claros sus derechos laborales, pero ¿qué tan presente está la salud de sus agremiados? En 2020, sus 439 trabajadores rechazaron las pruebas antidopaje porque no estaban contempladas en sus condiciones laborales. Seis años después, una nueva denuncia y hasta la detención de este viernes de un hombre por la presunta venta de cristal a empleados cetemistas vuelven a encender las alarmas. ¿Qué hizo el sindicato durante todo este tiempo para prevenir las adicciones? ¿Se defendió la salud con el mismo empeño que los reglamentos?
Han cambiado gobiernos, gerentes y dirigentes, pero las organizaciones sindicales siguen ahí. La CTM y la UNE permanecen como representantes de los trabajadores. Y aunque una denuncia no demuestra responsabilidades ni consumo de drogas entre sus afiliados, la dirigencia de Hugo Rubén Novoa Espeleta tiene una pregunta pendiente: ¿qué medidas concretas de prevención ofrece actualmente a sus representados?
En SIMAS saben detectar fugas de agua, pero ¿qué tan preparados están para reconocer riesgos que afectan a su propia gente? Cuando se habla de cristal en las inmediaciones de la paramunicipal, las preguntas no solo deben llegar a la gerencia, sino también a los escritorios sindicales.
Una denuncia recibida por esta columna, acompañada de imágenes y un número de investigación, refiere la detención de Cristin José «N», de 28 años, vecino de Rincón La Merced y señalado como exempleado vinculado a la Confederación de Trabajadores de México (CTM).
Y aquí la atención recae especialmente en la CTM. Si se confirma que sus agremiados eran los presuntos compradores, ¿existen antecedentes de consumo que debieron atenderse? ¿Cuenta el sindicato con algún programa de orientación, detección y atención? ¿O se ha dejado la prevención exclusivamente en manos de la administración?
El antecedente existe. En febrero de 2020, durante el gobierno municipal del panista Jorge Zermeño, SIMAS impulsó exámenes antidopaje entre personal administrativo y operativo. Según documentó El Siglo de Torreón, 439 afiliados a la CTM rechazaron las pruebas porque no estaban previstas en sus condiciones laborales. También hubo objeciones de la UNE y posteriormente se anunciaron acercamientos para alcanzar acuerdos.
El 13 de febrero de aquel año, el Consejo Directivo informó sobre negociaciones con ambas organizaciones para permitir los exámenes. Pero ¿qué sucedió después? ¿Se concretaron los acuerdos? ¿Se establecieron programas permanentes o todo terminó archivado cuando cambiaron los funcionarios?
Porque sería preocupante que los reglamentos terminaran siendo una excusa para abandonar la prevención. Los derechos laborales deben respetarse, pero también pueden construirse acuerdos y actualizarse las disposiciones mediante procedimientos legales. Las consecuencias de una adicción no esperan a que gerentes y dirigentes sindicales se pongan de acuerdo.
Y aquí aparece otro personaje que conoce bien aquella historia: Jorge Raúl Rodríguez Villa, dirigente de la UNE. El 7 de febrero de 2020 se documentó que defendió a trabajadores inconformes con las pruebas porque el reglamento no los obligaba a realizarlas. Seis años después continúa al frente del sindicato. ¿Qué propone ahora? ¿Se revisaron las reglas o la prevención quedó pendiente?
En la CTM hubo relevos. Hoy la organización está encabezada por Hugo Rubén Novoa Espeleta, a quien no corresponde atribuir las decisiones de sus antecesores, pero sí pedirle respuestas sobre el presente. ¿Promoverá una campaña contra las adicciones? ¿Respaldará un programa de pruebas antidopaje legalmente sustentado? ¿Qué acciones emprenderá ante los señalamientos que involucran presuntamente a sus agremiados?
Representar trabajadores no consiste solamente en negociar salarios, plazas, prestaciones y contratos colectivos. También significa procurar su bienestar. ¿Acaso cuidar la salud de los afiliados no debería ser una prioridad de quienes reciben sus cuotas sindicales?
El cuestionamiento alcanza también a la gerencia general. ¿Estarían dispuestos los tres a impulsar un programa permanente de prevención, con pruebas toxicológicas cuando legalmente correspondan, atención médica y acompañamiento profesional? Si los reglamentos representan obstáculos, ¿por qué no revisarlos mediante acuerdos en lugar de abandonar la iniciativa?
Las adicciones no distinguen entre sindicalizados, empleados de confianza, supervisores o directivos. Tampoco preguntan si alguien repara un colector o trabaja frente a una computadora. El cristal puede ocasionar graves consecuencias físicas y mentales, además de afectar familias enteras.
Por eso, SIMAS debería recuperar los exámenes antidopaje dentro de una política integral de salud laboral, sin privilegios ni vulneración de derechos. Una prueba positiva no demuestra por sí misma una adicción ni acredita un delito. Hacen falta criterios médicos, confidencialidad, garantías laborales y acceso a tratamiento. El objetivo debe ser prevenir y ayudar, no perseguir ni exhibir.
La Fiscalía tendrá que esclarecer la denuncia y cualquier posible vínculo con trabajadores del organismo. Un señalamiento no autoriza a responsabilizar a todo un sindicato. Sin embargo, tampoco hace falta esperar una resolución penal para revisar los programas preventivos.
Entre fugas, colectores y cuentas por sanear, SIMAS tiene otra responsabilidad: cuidar a quienes mantienen funcionando el servicio.
Y aquí queda la pregunta oficiosa: si han cambiado gobiernos, gerentes y dirigentes, pero la CTM y la UNE siguen presentes, ¿quién asumirá la responsabilidad de recuperar las pruebas antidopaje y establecer una estrategia permanente de prevención?
Porque cuidar el agua de Torreón importa. Cuidar la salud de sus trabajadores, también.

PREGUNTAS OFICIOSAS

¿Riquelme puso en chinga a sus funcionarios cazaselfies?
¿Tres eventos, tres escenarios y los mismos protagonistas? La agenda de Miguel Ángel Riquelme trajo en chinga a sus funcionarios cazaselfies. Arrancó este viernes a las 9:00 en Plaza Mayor; siguió con el arranque de la techumbre del CECyTEC La Jabonera y cerró a las 18:30 con la inauguración del Sistema Vial Abastos, junto al gobernador Manolo Jiménez. Pero nuestros informantes también revisaron los uniformes políticos. En el primer evento, las diputadas locales suplentes Karla Centeno y Lorena Safa, así como los todavía directores Fernando Villarreal, quien terminó sentado hasta atrás, Toño Méndez Titín Vigatá, aparecieron sin el famoso chaleco verde de la inmunidad. Cristian López, después de tanta carrilla, ahora sí llegó uniformado, cambiando su chaleco guinda por el verde. ¿La disciplina del chaleco también cuenta para conservar un lugar en el equipo?
Nuestros intrigantes informantes no solo se fijaron en el uso del chaleco, sino también en la atención de los asistentes. Mientras Riquelme hablaba, la síndica Natalia Fernández parecía más entretenida con su celular, quizá revisando cómo se veía su recién estrenado pódcast. Los diputados locales electos tampoco soltaban sus teléfonos, aparentemente distraídos con la grilla del encuentro priista del jueves. Mientras tanto, el híbrido de Ariel Martínez habría llegado a las 9:24, cuando el evento estaba citado a las nueve.
Al final de la jornada, durante la inauguración del Sistema Vial Abastos, el gobernador Manolo Jiménez se tomó una selfie con empresarios y, según nuestros informantes, la reaparecida decoradora Luly Quintero encontró cómo hacerse espacio en la escena. También se dejaron ver Carlos Román y la notaria Angelina García Ruenes, quien llegó acompañada de la diputada local electa Ximena Villarreal. Por su parte, la síndica priista Natalia Fernández habría llegado tarde y pasó buena parte del encuentro en el chal con los morenistas Coco Aguilera y Gabriel Francisco. Entre mensajes, fotografías y saludos, ¿quién estaba pendiente de los discursos y quién seguía procesando la grilla priista del jueves? Al concluir el evento comenzaron las poses y los saludos de quienes buscaban acercarse a los protagonistas; entre ellos fue visto el viejo líder Samuel González. Porque en Torreón las obras tienen horario, pero la grilla trabaja tiempo completo. ¿Cuántos acudieron por los anuncios y cuántos para salir bien acomodados en la foto?

¿Omar Castañeda puso al síndico a hacer cuentas… o a rendirlas?
Al síndico de Betzabé Martínez le salió respondón Omar Castañeda. Juan Francisco González Díaz quiso darle una clase de administración pública, pero terminó recibiendo un examen de fiscalización. El emecista recordó que, cuando ocupó la Sindicatura de Gómez Palacio, propuso reducir de 28 a 14 millones de pesos el presupuesto de publicidad y destinar esos ahorros a becas escolares. Según su versión, también impulsó aumentar la inversión en obra pública y denunció irregularidades del anterior gobierno morenista. Mientras uno presume presupuestos, el otro presume haber cuestionado su destino. Y en una ciudad donde los baches parecen tener más antigüedad que algunos funcionarios, la diferencia no es menor.
Lo verdaderamente incómodo para González Díaz no es lo que dice Castañeda, sino lo que le pregunta. ¿Cuántas denuncias ha presentado el actual síndico? ¿Qué irregularidades ha detectado? ¿A quién ha incomodado fiscalizando los recursos municipales? Porque Omar recordó que varios funcionarios de la administración de Betzabé también participaron en aquel gobierno de Morena que terminó bajo investigaciones. Eso no demuestra responsabilidades actuales, pero sí vuelve indispensable la vigilancia. Un síndico que cuestiona más a la oposición que a su propio gobierno corre el riesgo de parecer abogado defensor con sueldo de auditor. Y para aplaudir a la alcaldesa ya existe suficiente personal.
Castañeda tampoco está libre del escrutinio: sus cifras y denuncias deben sostenerse con documentos. Pero tuvo el acierto político de cambiar el terreno de la discusión: del pleito partidista a la obligación de rendir cuentas. Ahora González Díaz tiene la oportunidad de demostrar que su cargo sirve para algo más que responder videos incómodos. Porque en Gómez Palacio los baches se ven, la deuda se paga y los discursos se olvidan. La pregunta oficiosa es: ¿el síndico vigila dónde termina el dinero público o solamente quién se atreve a preguntarlo? No vaya a ser que, entre tantos hoyos en las calles, también se haya extraviado la independencia de la Sindicatura.
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