Víctor Navarro: herencia, amenazas y “20 abogados” que salpicaron al Ayuntamiento de Torreón
Una herencia de varios ceros, amenazas denunciadas, propiedades en disputa y la sombra de “20 abogados del municipio”: lo que comenzó como un pleito familiar terminó tocando la puerta del Ayuntamiento de Torreón. En el centro aparece Víctor Manuel Navarro Arratia, exdirector de Servicios Administrativos y posteriormente titular del Sistema Integral de Mantenimiento Vial, a quien se atribuye haber presumido respaldo jurídico municipal. Entre gravámenes registrados después de la muerte del propietario, supuestos acreedores, inmuebles presuntamente embargados y pozos de agua, el expediente abrió dos rutas legales que terminaron cruzándose. Porque en las herencias la memoria suele mejorar de manera casi milagrosa: aparecen bienes olvidados, deudas desconocidas y trabajadores que nadie recordaba, justo cuando el patrimonio comienza a repartirse. La precisión resulta indispensable: existen dos frentes distintos. Uno corresponde a la investigación penal por presuntas amenazas y probable violencia familiar; el otro pertenece a los procedimientos civiles relacionados con la sucesión, los bienes, los gravámenes y los supuestos acreedores. Son rutas independientes, aunque la parte denunciante sostiene que terminaron conectándose cuando algunos familiares comenzaron a reclamar el patrimonio. Entre los documentos que fueron entregados a esta redacción no existe una sentencia que declare responsable a Víctor Navarro. Tampoco consta una resolución definitiva que determine que los acreedores mencionados sean simulados, que el gravamen de Guayabitos sea ilegal o que alguna empresa haya recibido contratos por influencia del exfuncionario. Lo que existe es una carpeta ministerial con actuaciones y una serie de señalamientos patrimoniales que todavía requieren documentos, peritajes y resoluciones. En el periodismo de investigación, el rumor puede señalar la puerta; el expediente es el único que permite cruzarla.
Primero fueron las amenazas
Los primeros hechos denunciados se remontan a mayo y junio de 2020, durante la hospitalización de Víctor Manuel Navarro Juárez, identificado como el patriarca de la familia.
La escritura pública número 68, formalizada el 29 de junio de 2020 ante la polémica Notaría Pública número 45 de Torreón, recoge una fe de hechos relacionada con los intentos de una integrante de la familia por ingresar al Sanatorio Español para visitar a su padre.
La querella identifica a esa mujer como Vania Érika Navarro Arratia, hija menor y madre de Aarón Rosales Navarro. En su declaración ministerial, en poder de este medio , Aarón atribuyó a su tío Víctor Navarro insultos, un intento de agresión y amenazas directas.
Entre las expresiones asentadas aparece la frase: “Vamos a darnos un tiro”. El denunciante manifestó además que su tío presuntamente amenazó con matarlo a él, a su hermano y a su madre. La declaración también menciona la llegada de camionetas oscuras y de personas que, de acuerdo con su versión, portaban armas.
Son afirmaciones presentadas formalmente ante el Ministerio Público. Eso acredita que fueron denunciadas, no que hayan sido probadas judicialmente.
La escritura notarial sitúa parte de los acontecimientos el 31 de mayo de 2020, mientras que la declaración ministerial coloca algunos hechos el 1 de junio. Puede tratarse de episodios ocurridos en días consecutivos.
La carpeta que sí existe
El 26 de mayo de 2026, Aarón Rosales Navarro presentó una querella ante la Unidad de Atención Temprana de Torreón. La investigación quedó registrada con el NUC COA/PG/TR/TO/2026/AB-73660.
Ese mismo día, mediante el oficio 0129/2026, el Ministerio Público solicitó a Seguridad Pública Municipal realizar rondines de vigilancia durante 30 días en favor del denunciante.
El 29 de mayo, la investigación fue turnada a una unidad especializada en delitos de familia. Conservó el mismo NUC y quedó registrada bajo el expediente 02568/TOR/UTMCT/2026. El oficio ordenó localizar e identificar a Víctor Navarro y realizar las diligencias necesarias para integrar la carpeta. En ese documento, los hechos aparecen clasificados como probable violencia familiar.
Posteriormente, el 18 de junio de 2026, la Fiscalía emitió un citatorio para que Navarro compareciera acompañado por un defensor.
La carpeta existe, fue turnada y recibió actuaciones. No es un rumor de sobremesa ni una captura fabricada para las redes. Pero la palabra también debe utilizarse correctamente: ser investigado o citado no equivale a ser condenado.
La herencia abrió otro frente
Como escena de novela turca, tras la muerte del patriarca Víctor Manuel Navarro Juárez, la tensión familiar continuó. De acuerdo a una versiónde la familia, Víctor Navarro habría utilizado los vínculos que todavía conservaba con el Grupo Torreón para solicitar el apoyo de agentes de la Policía Estatal en la funeraria Gayosso del Periférico, durante la administración de Miguel Ángel Riquelme como gobernador. Los agentes presuntamente impidieron el ingreso de Vania Érika Navarro Arratia y de sus hijos; sin embargo, a ella finalmente le habrían permitido entrar y la escoltaron hasta un cuarto frío, donde pudo ver a su padre durante algunos minutos.
La controversia sucesoria surgió formalmente años después. Según la declaración ministerial, el juicio comenzó el 2 de octubre de 2025 y Mónica Elizabeth Navarro Arratia, otra de las hermanas, habría sido nombrada albacea.
Fuentes con conocimiento directo del litigio aseguran que, durante 2026, algunos familiares comenzaron a coordinarse para reclamar derechos sobre distintos bienes. La parte denunciante sostiene que, conforme avanzaron esas acciones, surgieron nuevas presiones para que dejaran de pelear lo que consideran que legalmente les corresponde.
La investigación por amenazas y las controversias dentro del juicio sucesorio deben mantenerse separadas. Sin embargo, de acuerdo con el denunciante, los reclamos patrimoniales habrían reactivado un conflicto que ya venía de años atrás.
La herencia no inventó las primeras amenazas denunciadas. Lo que habría hecho fue despertar un pleito que llevaba tiempo respirando debajo de la alfombra familiar.
Y debajo de esa alfombra no había polvo: había inmuebles, locales, pozos y cifras de varios ceros.
Guayabitos y el gravamen de 2023
Uno de los bienes principales y centro de la controversia es el inmueble conocido como Guayabitos. Fuentes cercanas al litigio lo describen como un predio de aproximadamente cuatro mil metros cuadrados, ubicado en una zona de playa y con distintas construcciones dentro de la propiedad.
La parte denunciante calcula que podría alcanzar un valor cercano a los 120 millones de pesos. Sin embargo, la cifra no proviene de un avalúo oficial, una estimación de una de las partes
La duda principal se concentra en el gravamen registrado en 2023, aproximadamente tres años después del fallecimiento de Víctor Manuel Navarro Juárez. Un gravamen es una carga legal inscrita sobre un inmueble —como una hipoteca, un embargo o una limitación de dominio— que puede restringir su venta o disposición. Para conocer cómo fue constituido deberán revisarse el asiento registral, el documento que le dio origen, la fecha de la supuesta deuda, las facultades de quien intervino y la identidad del acreedor beneficiado. El gravamen no es ilegal por sí mismo; la pregunta es quién lo promovió, con qué respaldo y por qué apareció después de la muerte del propietario. En las herencias millonarias, hasta las deudas parecen esperar a que el dueño ya no pueda contradecirlas-
El gravamen podría provenir de una deuda anterior, de una resolución judicial, de un poder otorgado antes del fallecimiento o de una operación jurídicamente válida. También podría ocurrir, como sostiene la parte denunciante, que deba impugnarse por falta de legitimidad.
La respuesta deberá salir del historial registral, de las escrituras y del expediente sucesorio. Los muertos no firman, pero las deudas y determinados poderes notariales suelen disfrutar de una vida bastante más larga que sus propietarios.
Juárez 257, La Surtidora y los acreedores
La disputa no se limita a Guayabitos. Fuentes directamente relacionadas con el litigio mencionan el edificio ubicado en Juárez 257, inmuebles relacionados con La Surtidora, locales comerciales de Hipermart Independencia y otras propiedades que, según su versión, formarían parte del patrimonio en discusión.
La acusación más delicada sostiene que, en algunos procedimientos, habrían aparecido personas cercanas al exfuncionario presentándose presuntamente como trabajadores del propietario fallecido para reclamar adeudos y obtener embargos sobre determinados inmuebles.
Las fuentes utilizan la expresión “fraude de acreedores” y señalan que algunos reclamantes serían familiares, amistades o empresarios cercanos a Víctor Navarro.
En las familias pueden olvidarse cumpleaños, aniversarios y hasta algunos primos. Recordar de pronto a varios trabajadores justo cuando llegan los embargos exige, cuando menos, una memoria acompañada de documentos.
Los pozos: patrimonio bajo tierra
La parte denunciante afirma también que hay tres pozos de agua que fueron incorporados al juicio sucesorio y les atribuye un valor cercano a 45 millones de pesos.
En torno a esos bienes circulan versiones sobre una posible falsificación de firmas vinculada con operaciones de venta o transmisión de derechos.
La ruta deberá pasar por los títulos de Conagua, las cesiones de derechos, los contratos, las escrituras y los peritajes correspondientes.
En La Laguna, un pozo no es solamente una perforación. Es una caja fuerte enterrada que, durante la sequía, puede valer más que algunos edificios con aire acondicionado y funcionarios dentro.
Cuando aparecieron los “20 abogados”
El conflicto se volvió político con conversaciones fechadas los días 20 y 21 de mayo de 2026 y referidas en denuncias en poder de esta redacción.
En ellas se atribuye a Víctor Navarro haber presumido que contaba con “20 abogados del municipio” y ocho abogados externos. Las capturas parecen reproducir comentarios de terceras personas, por lo que deberán verificarse mediante los teléfonos originales, los participantes, la conversación completa y sus metadatos.
Pero incluso si la frase hubiera sido únicamente una fanfarronada, el nombre del Ayuntamiento habría sido utilizado como instrumento de poder dentro de una disputa familiar.
La Contraloría y la Consejería Jurídica deben aclarar si algún trabajador municipal asesoró al entonces funcionario, elaboró documentos, consultó expedientes, investigó propiedades, realizó llamadas o utilizó oficinas y horarios públicos.
También deben precisar si los supuestos “20 abogados” solamente existieron en el discurso. Presumir un ejército jurídico imaginario quizá no pruebe el uso de recursos municipales, pero sí salpica a la institución.
El Ayuntamiento no es un despacho privado, aunque algunos funcionarios hayan tratado el directorio municipal como si fuera su lista personal de contactos.
Compax y Pinturas Pixel: parentescos, padrones y cubetas
Otra ruta conduce a Compax Ideas y Tecnología, S.A. de C.V. Fuentes sostienen que Sam Lozano Rodríguez, identificado como directivo de la compañía, fue esposo de Mónica Navarro y que ambos habrían retomado su relación. El dato personal requiere confirmación directa; la relevancia pública no está en el romance, sino en la posible contratación gubernamental. consu cuñado Victor.
Según la documentación aportada, Compax aparece en los padrones municipales de proveedores de 2022, 2023 y 2024. El primer registro coincide con el ingreso de Víctor Navarro como director de Servicios Administrativos, área relacionada con compras, contratos y operación interna. Estar en el padrón no acredita pagos ni favoritismo: la pregunta es quién se sentaba en la mesa familiar y, sobre todo, quién ocupaba una silla en el comité de compras.
A Víctor Navarro también se le vincula políticamente con Pinturas Pixel, S.A. de C.V., debido a su paso por Servicios Administrativos y posteriormente por el SIMV, donde la pintura y la señalética formaban parte del gasto operativo. Esta redacción abordó el antecedente el 10 de noviembre de 2025 en la columna “Víctor Navarro: la estela con olor a pintura Pixel”, que revisó contratos, facturas, transferencias y el crecimiento de la empresa como proveedora municipal.
Del Grupo Torreón a la revisión
Víctor Navarro fue vinculado políticamente con el llamado Grupo Torreón, aunque su cercanía con el fallecido alcalde Román Alberto Cepeda habría terminado por alejarlo del nuevo centro de poder encabezado por Miguel Ángel Riquelme.
Fue uno de los primeros directores corridos durante el reacomodo municipal y quedó sujeto a la entrega-recepción del SIMV, ahora encabezado por David Fernández Hernández.
Versiones internas señalan que el nuevo equipo jurídico revisa expedientes correspondientes a la gestión de Navarro.
La ironía política viene incluida: el jurídico que presuntamente presumía controlar podría terminar revisando sus papeles. La política cambia rápido; ayer los grupos repartían cargos y hoy reparten auditorías.
El poder municipal se parece al pavimento barato: luce firme en la fotografía oficial y se agrieta con la primera tormenta.
Otros expedientes familiares
Al cierre de esta columna también circula la versión de que la madre de Víctor Navarro habría iniciado en su contra un procedimiento para reclamar una pensión alimenticia. Esta redacción no cuenta con la demanda, el número de expediente ni una resolución judicial, por lo que el señalamiento permanece como un trascendido pendiente de corroboración.
En algunas familias, la sangre llama; en esta, según las versiones, demanda. Al final, la herencia sí logró reunir a los Navarro: no alrededor de una mesa, sino dentro de los expedientes.
Pregunta Oficiosa
Mientras unos disfrutan de “Maza”, otros posan: ¿volvió el influencer policiaco?
El diputado local electo Hugo Dávila apareció relajado desde Mazatlán junto a su esposa, con la clásica vestimenta playera de siluetas impresas y el mensaje: “No te acabes, Maza… Ya el lunes con todo, que hay que jalar”. La postal sería solamente familiar si no fuera porque, mientras espera su toma de protesta en el Congreso, también regresó a cuidar las llaves del Edificio Coahuila en Torreón, donde el calendario oficial permanecía en modo vacacional hasta agosto. Todavía no ocupa la curul, pero ya activó el “hay que jalar”; el entusiasmo laboral, al parecer, también viaja con bloqueador y traje de baño.
El contraste lo puso el jefe de la policía Alfredo Flores, quien sí está en periodo laboral y parecía haber sepultado su etapa de influencer. El sábado por la mañana se mostró serio, callado y cauteloso durante la reunión de seguridad, siempre detrás de su nuevo jefe; horas después, publicó una fotografía deportiva —sugerente para algunas, algunos y algunes— con nombre y emblema visibles. Los comentarios reabrieron el expediente digital: “ya no saque tentación”, “qué guapo comandante”, “qué piernotas y qué brazotes” y hasta “hola, rey, ponme la cadena”. La pregunta es inevitable: en el nuevo orden de Miguel Ángel Riquelme, ¿la faceta de influencer cabe junto al cargo o también deberá pedir permiso, pasar lista y formarse detrás del jefe?