Sin libertad: los cinco implicados en el caso Ganem quedan en prisión

Torreón,.– Las cinco personas detenidas dentro del denominado caso Ganem fueron vinculadas a proceso y permanecerán bajo prisión preventiva oficiosa, según confirmó el senador de Morena, Luis Fernando Salazar Fernández, durante una entrevista con Cori Muñoz para Siglo TV.

Entre los investigados se encuentran José Elías “N”, exsecretario del Ayuntamiento de Torreón; Martha Esther “N”, extitular del Centro de Justicia Municipal; José Feliciano “N”, identificado como antiguo chofer y escolta del exfuncionario; así como Farid Alí “N” y Georgina “N”, relacionados públicamente con una empresa contratista de SIMAS Torreón.

“Ya fueron vinculados a proceso y están bajo la figura de prisión preventiva oficiosa”, declaró Salazar.

La vinculación permite que la investigación penal continúe formalmente, pero no representa una sentencia condenatoria. Las cinco personas conservan la presunción de inocencia mientras no exista una resolución judicial definitiva.

Defensa solicitó duplicidad del plazo

Salazar explicó que los detenidos comparecieron inicialmente ante el juez dentro del plazo constitucional posterior a su aprehensión. Sus abogados solicitaron la duplicidad del término, por lo que la decisión sobre su situación jurídica se aplazó.

De acuerdo con la información proporcionada por el senador, posteriormente se realizó la audiencia en la que el juez resolvió vincular a proceso a los cinco implicados y mantenerlos privados de la libertad.

El legislador reconoció que no forma parte de las audiencias ni interviene directamente en el procedimiento, por lo que atribuyó su información a lo dado a conocer por las autoridades.

Hasta el cierre de esta nota, la Fiscalía General de la República (FGR) no había publicado un comunicado detallado con el número de la causa penal, la relación individual de los delitos imputados, el plazo de la investigación complementaria ni los argumentos utilizados por el juez para imponer la medida cautelar.

No podrán enfrentar el proceso en libertad

Durante la entrevista, Cori Muñoz preguntó si alguna de las personas detenidas, particularmente Martha “N”, podría recuperar su libertad mediante una fianza.

Salazar respondió que los cinco imputados permanecerán privados de la libertad debido a la prisión preventiva oficiosa dictada dentro del procedimiento.

La medida cautelar no debe confundirse con una condena anticipada. Su efecto consiste en mantener a los imputados en centros penitenciarios mientras avanzan las investigaciones y se desarrollan las siguientes etapas del proceso.

Investigación comenzó por recursos para 16 pozos

El senador sostuvo que las detenciones derivan de la denuncia presentada por el presunto desvío de 66 millones de pesos de procedencia federal, etiquetados para la rehabilitación y mantenimiento de 16 pozos de SIMAS Torreón.

Según su relato, la Comisión Nacional del Agua celebró un convenio para transferir recursos que debían emplearse en mejorar el funcionamiento de los pozos y garantizar el suministro de agua en cantidad y calidad para las familias de Torreón.

SIMAS realizó posteriormente el procedimiento de contratación. Salazar afirmó que la licitación fue adjudicada a una empresa que, de acuerdo con su investigación, no contaba con experiencia, trabajadores, nómina ni antecedentes suficientes para ejecutar los trabajos.

El legislador calificó a la compañía como una presunta empresa fachada. Esa afirmación forma parte de su denuncia y deberá ser probada por la FGR ante el juez.

La ruta del dinero

Luis Fernando Salazar señaló que, después de ingresar a la cuenta de la empresa contratista, parte del dinero habría sido transferido a un sindicato señalado como facturero, al antiguo chofer de José Elías “N”, al propio exsecretario municipal y a otras personas.

También afirmó que uno de los investigados, quien percibía aproximadamente 14 mil pesos mensuales como empleado municipal, adquirió una camioneta Suburban High Country 2023 valuada en más de dos millones de pesos. Posteriormente, la unidad habría sido registrada a nombre de la empresa contratista.

Estos señalamientos proceden de la investigación y la denuncia expuestas por el senador. La autoridad judicial deberá determinar si las transferencias existieron, cuál fue su origen y si constituyen operaciones ilícitas.

Denuncia llegó a FGR, SAT y UIF

Salazar recordó que presentó la denuncia inicial en junio de 2025 y llevó el caso ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

Posteriormente formalizó la denuncia ante la FGR y presentó una ampliación con nuevos elementos. También solicitó la intervención del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para seguir la ruta de los recursos.

La carpeta difundida públicamente quedó identificada con el número FED/FEMCC/FEDHCIS-COAH/0000306/2025.

El senador sostuvo que la UIF rastreó los movimientos financieros y encontró posibles anomalías. Sin embargo, la FGR todavía debe precisar oficialmente si las órdenes de aprehensión y las vinculaciones corresponden exactamente a esa carpeta.

Documentos conectan a dos detenidos con contratista

Los documentos públicos de SIMAS Torreón permiten comprobar que Farid Alí Ibarra Nassar y Georgina Ramírez Chacón participaron en procedimientos relacionados con Grupo Integrador de Servicios de Edificación, S.A. de C.V.

Farid Alí aparece como representante de la empresa en documentos de la licitación, mientras que Georgina Ramírez ha sido identificada como su representante legal.

La presencia de sus nombres en las actas de SIMAS confirma su intervención en el procedimiento administrativo, pero por sí misma no demuestra la comisión de un delito.

La FGR deberá acreditar ante el juez qué participación atribuye a cada persona y cómo se relacionan sus actuaciones con el presunto desvío de recursos.

Detenciones comenzaron el 13 de septiembre

El operativo fue ejecutado durante la madrugada del 13 de septiembre de 2026 por elementos de la Policía Federal Ministerial.

De acuerdo con la información divulgada a partir del Registro Nacional de Detenciones, José Elías “N” fue aprehendido aproximadamente a las 7:07 horas en Residencial Galerías, al norte de Torreón. Martha Esther “N” fue detenida minutos después y José Feliciano “N” alrededor de las 10:13 horas.

Posteriormente se informó sobre las capturas de Farid Alí “N” y Georgina “N”, con lo que el número de detenidos ascendió a cinco.

Los investigados fueron trasladados a centros penitenciarios federales fuera de Coahuila. Martha Esther “N” fue ingresada al Centro Federal de Readaptación Social número 16, en Morelos, mientras que los hombres fueron enviados a instalaciones federales.

Salazar anticipa cuatro posibles implicados más

Durante la entrevista, el senador aseguró que la investigación podría alcanzar a por lo menos cuatro personas más, dependiendo de los resultados del seguimiento financiero.

“La ruta del dinero va a llegar a ellos”, expresó al referirse a quienes presuntamente recibieron transferencias de empresas ligadas con José Elías “N” o directamente del exfuncionario.

Salazar aclaró que no todas las personas detenidas fueron mencionadas originalmente en su denuncia. Explicó que presentó los hechos y señaló al entonces alcalde, al exsecretario del Ayuntamiento y a funcionarios de SIMAS, pero fue la investigación de la FGR y la UIF la que identificó a otros posibles involucrados.

La mención de cuatro personas adicionales no significa que existan públicamente nuevas órdenes de aprehensión. Hasta ahora, ninguna autoridad federal ha dado a conocer sus nombres ni ha confirmado que estén próximas otras detenciones.

Lo que todavía debe informar la FGR

Aunque la declaración del senador confirma públicamente la vinculación y la prisión preventiva de los cinco detenidos, todavía falta conocer la versión institucional completa de la Fiscalía.

La FGR deberá precisar:

Los delitos imputados individualmente.
El número de la causa penal.
El plazo de la investigación complementaria.
Los centros penitenciarios donde permanecerán los investigados.
Las empresas y operaciones incluidas en el expediente.
El monto total de los recursos bajo investigación.
La relación exacta entre el proceso penal y los contratos de SIMAS.
La existencia de posibles órdenes de aprehensión pendientes.

El caso ya avanzó de las denuncias públicas a una investigación bajo control judicial. Ahora la ruta no deberá