Predial en Torreón: el control no está en el cobro… está en las actas
Apenas un día después de que el Ayuntamiento de Torreón desactivara el paro del sindicato mayoritario —con la restitución de inspectores de Plazas y Mercados y, sobre todo, con el control de las actas como punto clave—, el discurso institucional busca enfriar el ambiente. El alcalde Román Alberto Cepeda insiste: no se trata de “lastimar”, sino de ordenar el cobro del predial con facilidades para el contribuyente.
Pero el detalle técnico importa… y mucho.
Las actas —esas que hoy están en el centro del reacomodo— no son papeles menores. Son documentos oficiales, circunstanciados, con valor probatorio legal, que registran visitas domiciliarias, requerimientos y notificaciones dentro del procedimiento administrativo de ejecución. En pocas palabras: son la base jurídica que valida que el ciudadano fue notificado correctamente. Sin un acta bien integrada, el proceso se tambalea.
Y justo ahí está el fondo del conflicto. Mientras arriba se acordaba quién controla esas actas —inspectores o notificadores de Finanzas—, abajo crecía la inconformidad. En colonias como Villas del Renacimiento, los testimonios apuntan a una percepción de presión: avisos irregulares, sellos colocados sin claridad y procedimientos que, a ojos del ciudadano, parecen saltarse etapas.
“No es que no quieran pagar… es que no entienden cómo les están cobrando”.
El alcalde asegura que no tiene conocimiento de estas quejas y que, por el contrario, hay agradecimiento por programas de descuentos. Incluso ha reiterado que las puertas están abiertas para recibir inconformidades con nombres y casos concretos. El problema es que esos nombres ya empiezan a circular… EN JUNTAS VECINALES, no en ventanillas.
Y ahí es donde la historia se complica.
Hacia el interior del área de Finanzas, trabajadores señalan presiones operativas para ejecutar tareas vinculadas al predial fuera de su función formal, particularmente en el área de Garantías. En esos testimonios aparecen nombres clave dentro de la operación: el director de Ingresos, Roberto Barrios, y el jefe de Garantías, José Alfredo Serna.
“Nos pidieron entregar estados de cuenta… dijeron que era por instrucciones de Barrios y Serna. Que si no, nos daban de baja”.
“No era nuestra área, pero la orden fue clara: había que hacerlo”.
De acuerdo con estos testimonios, también se mencionan prácticas irregulares en la operación interna, como la cancelación de adeudos a determinados contribuyentes y la gestión discrecional de condonaciones:
“Se cancelaban prediales de negocios y familiares… y otros se canalizaban para cobro directo sin reportarse al Municipio”.
Asimismo, persisten señalamientos sobre el manejo de comisiones y posibles irregularidades administrativas dentro del área de Garantías, donde se menciona la participación de personal como Luis Padilla, Elizabeth “Chapis” y Julián, en esquemas que ya habíamos documentado , según estas versiones, incluirían la presunta compra de plazas sindicales con montos que van de 350 mil a 500 mil pesos, dependiendo de los acuerdos.
“Las comisiones no se reparten a quienes hacen el trabajo… se quedan arriba”.
“Ofrecen espacios a familiares en otras áreas para mantener control interno”.
Se trata de acusaciones graves que deberán ser comprobadas por las autoridades competentes. Sin embargo, reflejan un entorno de tensión operativa, donde la recaudación parece haberse mezclado con prácticas discrecionales.
Mientras tanto, el Ayuntamiento defiende los resultados: incremento en ingresos propios, programas de regularización y una narrativa de confianza ciudadana. En el papel, suena sólido. En la calle, no tanto.
Porque cuando el ciudadano percibe trato desigual —“a unos sí, a otros no”—, el problema deja de ser fiscal… y se vuelve político.
Y cuando el empleado pide discreción para hablar… el problema deja de ser operativo… y se vuelve estructural.
Preguntas oficiosas
¿Movilización… o medición de fuerza?
El mensaje no deja espacio a la improvisación: convocatoria abierta, estructura en marcha y operación afinada. El PRI en Torreón, en alianza con la UDC, convoca a la toma de protesta de candidaturas a diputaciones locales en el Bosque Urbano, a las 6:00 pm, con código de vestimenta incluido. Más que un acto protocolario, es una medición de músculo político en territorio.
En el escenario se perfilan nombres como Felipe González, Hugo Dávila, Verónica Martínez y Ximena Villarreal, junto a sus suplentes y equipos que ya operan como estructura —y algunos como influencers—, en un ambiente que mezcla política con protagonismo. El evento busca proyectar unidad y control, pero también funciona como termómetro interno: quién moviliza, quién responde y quién solo aparece en la foto. Porque cuando se pide confirmar asistencia y extender la invitación al equipo, no es cortesía… es operación.
A este movimiento le sigue el calendario formal: conforme al Instituto Electoral de Coahuila, los registros de candidaturas del PRI para los distritos locales de Torreón se realizarán el 26 de abril (Distritos 8, 9, 10 y 11). Es decir, la foto de hoy no es el cierre… es el arranque real de la contienda.
¿Seguridad sin cámaras?
La inquietud crece en Gómez Palacio. El retiro de cámaras de videovigilancia en negocios y domicilios particulares ha encendido alertas entre ciudadanos que las consideran una herramienta básica de protección. Para comerciantes y vecinos, estos dispositivos representan un respaldo ante delitos que suelen ocurrir sin testigos directos.
La preocupación se intensificó luego de que un comerciante de 58 años, identificado como Manuel, fuera víctima de un asalto con arma de fuego en su negocio. El caso reactivó cuestionamientos sobre las condiciones de seguridad y las alternativas reales para quienes dependen de su actividad diaria.
Porque cuando desaparecen los ojos que registran… lo que queda es la incertidumbre.