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Editoriales de opinión de
Iván P. Corpus-Lozoya

Torreón.– Representantes de 77 familias de Villas del Renacimiento presentaron ante la Procuraduría Federal del Consumidor una queja colectiva contra SIMAS Rural por presuntos cobros excesivos, irregularidades en la facturación, pagos no reconocidos y deficiencias en los servicios de agua potable y saneamiento.
La reclamación se encuentra respaldada con firmas, recibos, comprobantes bancarios, capturas de pantalla, oficios y registros de las aclaraciones promovidas por los usuarios. El escrito fue elaborado el 7 de agosto de 2026 y recibido en las oficinas de Profeco en Torreón el 11 de septiembre.
La carátula del expediente PFC.TOR.B.3/002543-2026 establece como fecha de apertura el 18 de septiembre. El procedimiento aparece promovido por Miguel Ángel Hernández García y otros, mientras que la parte señalada es el Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de Torreón-Matamoros, conocido como SIMAS Rural.
Representantes de los colonos informaron que la documentación fue recibida por el departamento correspondiente para analizarla y determinar si procede citar a ambas partes.
“El día de hoy se entregó la queja colectiva con las firmas, documentación, oficios y evidencia de las múltiples irregularidades de SIMAS Rural. Recibió la papelería el encargado del departamento para analizar la información y, en su caso, citar a SIMAS Rural y a los representantes de la queja colectiva”, señalaron los promoventes.
En la documentación consultada también aparece anotada una comparecencia para el 19 de noviembre de 2026, a las 11:00 horas.
Recibos hasta diez veces mayores
La queja sostiene que diferentes usuarios recibieron facturaciones con cantidades hasta diez veces superiores a las que pagaban habitualmente, sin obtener una explicación técnica, clara y verificable sobre los incrementos.
De acuerdo con el escrito, cuando los afectados acudieron a las oficinas de SIMAS Rural, recibieron como respuesta que las cantidades correspondían a lo registrado por el medidor o que podrían existir fugas dentro de las viviendas.
Algunos vecinos contrataron por su cuenta los servicios de plomeros para revisar las instalaciones. Según la reclamación, en varios domicilios no se encontraron fugas que justificaran los consumos extraordinarios, pero los cobros permanecieron.
Uno de los residentes aseguró que SIMAS Rural les informó que una facturación comprendía un periodo de aproximadamente seis semanas y que el recibo siguiente sería menor porque abarcaría solamente tres. Sin embargo, sostuvo que las cantidades volvieron a llegar prácticamente iguales.
“Nos dijeron que el siguiente recibo iba a salir más barato porque habían cambiado las lecturas y el periodo sería menor, pero volvió a llegar prácticamente igual. Ya nadie les cree”, declaró el vecino.
La afirmación forma parte del testimonio de los usuarios y deberá contrastarse con los registros de consumo, las lecturas de los medidores y la respuesta formal del organismo operador.
Error en el concepto de saneamiento
El documento presentado ante Profeco también señala un presunto error en el cálculo de un concepto relacionado con el saneamiento.
Según los inconformes, el propio personal del sistema habría reconocido que existió una equivocación y les informó que el excedente sería corregido o compensado en el recibo posterior. Los vecinos afirman que los ajustes no quedaron suficientemente aclarados.
Los usuarios solicitan a Profeco que requiera a SIMAS Rural la metodología empleada para leer los medidores, calcular los consumos y determinar los importes facturados.
También piden que se revise cada caso, se compruebe el funcionamiento de los medidores y se corrijan, bonifiquen o devuelvan las cantidades que no puedan justificarse técnicamente.
Pagaron, pero el dinero no apareció en el sistema
Otra de las inconformidades está relacionada con la aplicación móvil utilizada para pagar el servicio.
Los vecinos documentaron casos en los cuales el dinero fue retirado de las cuentas bancarias, pero el abono no quedó reflejado en el sistema de SIMAS Rural. Para conseguir el reconocimiento del pago, los afectados tuvieron que presentar comprobantes y realizar distintas gestiones ante el organismo.
“Te cobran una cantidad mayor y después te ofrecen un descuento para que termines pagando prácticamente lo mismo o incluso más”, expresó uno de los residentes al describir el proceso de aclaración.
La queja solicita que se investiguen las fallas de la aplicación y se establezca un mecanismo que permita reconocer inmediatamente los pagos respaldados con comprobantes bancarios.
Un mal que se repite
Las denuncias actuales sobre la planta tratadora no describen un problema reciente. El 14 de mayo de 2025 se documentó que la instalación de Villas del Renacimiento se encontraba fuera de operación y que las aguas residuales pasaban por sus tanques sin recibir el tratamiento necesario antes de incorporarse al sistema de riego.
En ese momento se reportó que la planta había quedado rebasada en su capacidad, acumulaba lodos por falta de mantenimiento y recibía descargas tanto del fraccionamiento como de ejidos cercanos, entre ellos Albia y La Concha. La operación y conservación estaban a cargo de SIMAS Rural, que anunció que asumiría el costo de las reparaciones.
Más de un año después, los habitantes vuelven a denunciar malos olores, presencia de sólidos en el agua y daños en la red de riego.
“Como la planta no está trabajando al cien por ciento, se van sólidos a la red y están dañando los aspersores. Los árboles no se riegan bien y podemos enfrentar una afectación grave en las áreas verdes”, manifestó uno de los vecinos.
Los residentes aseguran que cuando se riegan parques y jardines se percibe un olor intenso a drenaje. También cuestionan por qué no se han difundido análisis recientes que permitan conocer la calidad del agua utilizada en las áreas verdes.
La coincidencia entre lo reportado en 2025 y las denuncias presentadas durante 2026 deja una pregunta central: ¿qué reparaciones realizó SIMAS Rural y por qué continúan las mismas fallas?
Reportan posibles afectaciones a la salud
Algunos habitantes refieren casos de dermatitis en menores de edad que podrían estar relacionados con la exposición al agua utilizada para el riego de las áreas verdes.
No obstante, esa posible relación todavía debe acreditarse mediante expedientes médicos, diagnósticos, análisis del agua y una evaluación de las autoridades sanitarias. Por ahora se trata de un señalamiento vecinal que debe investigarse y no de una causa médicamente comprobada.
Desde 2025 ya se advertía que la falta de tratamiento representaba un riesgo potencial para la salud pública y el medio ambiente, además de una amenaza para las aves migratorias que llegan al bosque ecológico del sector. En aquel momento tampoco se habían comprobado afectaciones específicas a la fauna. www.elsiglodetorreon.com.mx
Reconocen organización de las cerradas
Los promoventes destacaron la participación de los presidentes de cinco cerradas que colaboraron en la recopilación de firmas, recibos y demás pruebas:
- Sergio Molina, de Da Vinci.
- Rogelio Morales, de Tintoretto.
- Tania Catarino, de Bramante.
- Antonio Jaritas, de Íñigo.
- Iván Guijarro, de Vignola.
“Fueron 77 familias las que sustentaron la queja. Este es el primero de una serie de pasos y acciones que se tomarán para evitar las irregularidades que han estado ocurriendo en nuestro fraccionamiento por parte de SIMAS”, expresaron los representantes.
Profeco apenas inicia la revisión
La recepción de la queja y la apertura del expediente no significan que Profeco haya determinado responsabilidades contra SIMAS Rural.
La dependencia deberá revisar las pruebas, solicitar la postura del organismo operador y resolver si proceden correcciones, bonificaciones, devoluciones o alguna otra medida de protección para los consumidores.
Los vecinos esperan que el procedimiento permita conocer cómo se realizan las lecturas, por qué aumentaron los recibos, qué ocurrió con los pagos no reconocidos y cuáles fueron las reparaciones efectuadas en la planta tratadora.
La reclamación comenzó por los recibos, pero el expediente ya apunta hacia un problema mayor: la falta de certeza sobre el agua que se cobra, se trata y finalmente se utiliza dentro del fraccionamiento.
