IMSS Torreón: cuando una caja desaparece

El periodista Juan Noé Fernández Andrade puso sobre la mesa un tema que no debería quedarse en el ruido de unos cuantos días:Denuncian a 17 empleados por robo de medicamento en la UMAE 71 del IMSGrupo Milenio involucrados en una investigación relacionada con presuntas irregularidades en el manejo de medicamentos. El caso también fue expuesto públicamente durante la protesta realizada el 25 de septiembre, cuando trabajadores de enfermería denunciaron el despido de 17 empleados y señalaron que parte del conflicto estaría relacionado con una investigación en el área de farmacia. Hasta ahora, no existe una explicación pública suficiente del IMSS que detalle las causas individuales de esas separaciones.

El asunto, sin embargo, podría no limitarse a la UMAE 71. Fuentes al interior de hospitales del Seguro Social aseguran a esta redacción que en la Clínica 80 ya han sido citados varios empleados del área de farmacia para rendir declaración y que incluso se ha incorporado personal nuevo en algunas áreas. Por ahora no existe información oficial suficiente para conocer cuántas personas han comparecido, en qué calidad lo hicieron o si estos movimientos forman parte de una investigación administrativa, laboral o de otra naturaleza.

Mientras eso ocurre puertas adentro, afuera la realidad es mucho más sencilla de observar. Quien acude actualmente a la Clínica 80 por medicamento puede encontrarse con largas filas, tiempos de espera y una farmacia trabajando bajo presión. En ese contexto, a esta redacción llegaron señalamientos sobre la presunta sustracción de dapagliflozina, medicamento de prescripción utilizado principalmente en pacientes con diabetes tipo 2 y también en determinados casos de insuficiencia cardiaca y enfermedad renal crónica. No se trata de un medicamento controlado en el sentido jurídico de narcóticos o psicotrópicos, pero sí de un fármaco cuya entrada, existencia y surtimiento deben quedar registrados dentro de la institución.

No se puede afirmar que hubo robo únicamente porque exista una denuncia interna o porque haya trabajadores citados a declarar. Sería irresponsable hacerlo. Pero tampoco sería serio cerrar los ojos cuando existen comparecencias, movimientos de personal y versiones coincidentes dentro de la institución. El camino periodístico es otro: seguir los documentos y reconstruir cómo funciona realmente la cadena de un medicamento desde que entra al hospital hasta que llega —o debería llegar— al paciente.

Ahí aparece el punto central de esta historia. Fuentes consultadas dentro del Seguro Social sostienen que, si existió una salida irregular de medicamentos, la investigación no debería detenerse en el eslabón más débil. Enfermeras y trabajadores de farmacia son quienes físicamente están más cerca de los fármacos y, por eso mismo, pueden convertirse en los primeros bajo sospecha. Pero un hospital no funciona como una tienda donde una persona toma una caja del anaquel y simplemente se marcha. Existe una cadena de prescripción, autorización, solicitud, entrega, preparación, administración y registro.

La tabla farmacológica que llegó a esta columna sirve para entenderlo mejor. No estamos hablando únicamente de tabletas para uso domiciliario. El documento incluye tratamientos especializados como rituximab, utilizado en linfoma no Hodgkin, leucemia linfática crónica y algunas enfermedades autoinmunes, cuya administración es intravenosa. También aparece eribulina, utilizada en cáncer de mama metastásico y aplicada por vía intravenosa; trastuzumab deruxtecán, utilizado en determinados casos de cáncer de mama HER2 positivo mediante infusión, y pertuzumab, empleado en tratamientos contra cáncer de mama también por vía intravenosa. tabla_farmacologica_formateada tabla_farmacologica_formateada

¿Y qué significa eso en términos simples? Que ciertos medicamentos no deberían salir del circuito hospitalario sin dejar una ruta clara. Hay un médico que prescribe, un servicio que solicita, un área que surte, personal que recibe y alguien que finalmente administra el medicamento al paciente. Algunos incluso requieren infusión, vigilancia y seguimiento por posibles reacciones adversas. La misma tabla incluye atezolizumab, daratumumab y pembrolizumab, medicamentos utilizados en diferentes tipos de cáncer y relacionados con riesgos como infecciones, alteraciones hematológicas, reacciones a la infusión y efectos inmunomediados. tabla_farmacologica_formateada tabla_farmacologica_formateada tabla_farmacologica_formateada

Eso no significa, desde luego, que todos esos medicamentos estén involucrados en la investigación actual. La tabla sirve para explicar algo distinto y mucho más importante: cómo funciona la lógica de trazabilidad de los medicamentos de alta especialidad. Si un producto está destinado a un paciente determinado, debería existir una secuencia documental que permita reconstruir quién lo prescribió, quién lo solicitó, cuándo salió de farmacia, quién lo recibió y cuándo se administró.

Precisamente por eso algunas fuentes cuestionan que una investigación pudiera concentrarse solamente en farmacia o enfermería. Si la evidencia lleva hacia esos trabajadores, debe investigarse. Pero si el medicamento requiere una prescripción médica o la intervención de otras áreas, entonces también deben revisarse esas etapas. No se trata de acusar a médicos, enfermeras, farmacéuticos o administrativos como gremios. Se trata de algo mucho más básico: que la investigación llegue hasta donde llegue la cadena de responsabilidad.

Porque el antecedente tampoco es menor. En 2019, información obtenida vía Transparencia documentó robos de medicamentos y equipo médico dentro del IMSS en distintas entidades; en el caso de Coahuila se reportaron pérdidas millonarias y antecedentes específicos en la UMAE 71 de Torreón. Y en enero de 2024 ocurrió otro episodio en esa misma unidad: inicialmente se habló de un presunto intento de sustracción de una ampolleta de fentanilo por parte de una médica residente; posteriormente el propio IMSS aclaró que se trató de una confusión y mostró documentación que acreditaba el uso del medicamento en quirófano. Ese caso demuestra precisamente por qué no basta una sospecha: hay que revisar registros.

Si hoy existen diferencias entre inventarios, recetas surtidas y existencias físicas, la investigación tendría que reconstruir todo el trayecto: quién prescribió, quién autorizó, quién solicitó, quién surtió, quién recibió, quién administró y a qué paciente quedó cargado el medicamento. Cada paso debería dejar algún tipo de huella. Ahí termina el rumor y comienza el expediente.

También sería oportuno que el IMSS explicara qué ocurre actualmente en la Clínica 80. Si varios trabajadores de farmacia han sido citados a declarar, se puede informar, sin vulnerar derechos laborales ni revelar datos reservados de una investigación, si existe una revisión institucional y cuáles son las áreas involucradas. También ayudaría aclarar si la incorporación de nuevo personal guarda alguna relación con esos movimientos o responde únicamente a necesidades operativas.

Porque mientras las investigaciones avanzan dentro de oficinas y hospitales, afuera siguen estando los derechohabientes.

Y ésa es la parte que no debería perderse de vista.

Un medicamento no es solamente una clave de almacén, una caja o una cifra dentro de un inventario. Detrás hay un paciente esperando tratamiento. Si falta, alguien puede quedarse sin su dosis. Si salió de manera irregular, alguien tiene que explicar cómo ocurrió. Y si hay una investigación, ésta no debería terminar en el trabajador más fácil de señalar.

No sólo hay que revisar quién cargó la caja.

Hay que saber quién la pidió, quién la autorizó, quién registró su salida, quién debía administrarla y quién dejó la firma.

Porque la medicina, simplemente, no camina sola.

PREGUNTA OFICIOSA

¿Y las velas, CFE?

☕ PREGUNTA OFICIOSA | ¿Y las velas, CFE?

Al que quizá sí le hicieron falta las velas de aquella limpia energética fue a Víctor Barba jefe de Comunicación Social de la División Norte. La tromba de este martes dejó apagones, reportes y postes viejos exhibiendo las costuras de la infraestructura eléctrica en Torreón, mientras la empresa intentaba darse abasto con las fallas. El señor Barba, por lo pronto, se quedó sin línea; y cuando media ciudad busca corriente, las buenas vibras ayudan bastante menos que el mantenimiento preventivo.

La contingencia también encontró a Protección Civil de Torreón sin su director en funciones. Jorge Luis Juárez Llanas permanece en recuperación tras un cateterismo, su makestsr es mas estres por ai tuemeque dejsr su csrgo lo el diesel de las unidades. Del lado estatal, Claudia González , coordinadora regional de Protección Civil en La Laguna, tuvo que mantenerse pendiente de la emergencia y dejsar para despupes irl Capullo, la lluvia tuvo otros planes; primero los estragos, después el baile.

Y aparece también el ingrediente político: Lorena Safa, suplente electa de Verónica Martínez por el Distrito 9 ymo pareja de Víctor Barba, bien podría aprovechar la cercanía con ambos mundos para sumar presión por un mejor servicio eléctrico. Porque más que rituales, velas o energía chamánica, Torreón necesita postes firmes, mantenimiento y respuestas. Cuando se va la luz, al ciudadano le importa poco quién prende la vela: quiere saber quién evitará que vuelva a tronar la red en la próxima tormenta.

¿Cecy pidió licencia para no votar una reforma que también le pega a ella?

HHay suplencias que duran años y otras que parecen promoción de temporada. Pily de Aguinaga rindió protesta como suplente de Cecy Guadiana justo el día en que el Senado aprobó, por 86 votos a favor y 42 en contra, la reforma que exige nacionalidad mexicana única para quienes aspiren a la Presidencia o gubernaturas. Morena, PT y PVEM respaldaron el dictamen, mientras PAN, PRI y MC votaron en contra. Para Pily fue una senaduría tamaño espresso: «protesta, votas y y te vas». Mientras tanto, otro coahuilense, Luis Fernando Salazar, sí permaneció en el Senado, votó a favor y defendió públicamente la reforma pese a reconocer que también posee nacionalidad española; bajo las nuevas reglas, tendría que renunciar a ella antes de registrarse como candidato a gobernador.

La historia de Cecy Guadiana terminó siendo todavía más enredada. Su licencia fue solicitada formalmente para los días 29 y 30 de septiembre y originalmente fue atribuida públicamente a motivos personales. Horas después, la senadora reapareció para señalar que estaba enferma y cuestionar las especulaciones surgidas alrededor de su ausencia. El problema político no es enfermarse —eso le pasa a cualquiera— sino la comunicación: mientras su equipo hablaba de asuntos personales, ella misma había compartido material en redes relacionado con el Senado. Y cuando las versiones cambian en cuestión de horas, los medios no fabrican necesariamente la pregunta: la contradicción la pone sobre la mesa. Aquí la recomendación no sería buscar clases de actuación, sino algo bastante más sencillo y tradicional en política: una sola versión, clara y comprobable.

Y entonces queda la fotografía completa de los senadores morenistas de Coahuila: Salazar votó una reforma que eventualmente podría obligarlo a desprenderse de su nacionalidad española; Guadiana, nacida en Laredo, Texas, y con nacionalidad estadounidense, pidió licencia durante esa misma votación; y Pily ocupó temporalmente el escaño. La licencia, por sí misma, no prueba que Cecy haya querido evadir el voto, pero la coincidencia política seguirá dando conversación rumbo a 2029. Y ahí permanece la pregunta incómoda: si algún día aspira a gobernar Coahuila, ¿cómo enfrentará las decisiones que también afecten sus propios intereses? Porque gobernar implica cargar incluso con los votos difíciles; en Palacio Rosa no siempre habrá una suplente disponible mientras la titular toma café o hace un berrinche.