Al Cafe politico

Mientras el poder cuenta memes, México cuenta desaparecidos

Al poder no le gustan los memes, pero ni tantito. Por eso la llamada “ley antimemes” encendió las alarmas.

La explicación oficial suena razonable: proteger los derechos de autor, combatir la piratería y castigar a quien utilice imágenes gubernamentales para engañar. Hasta ahí, todo bien. El problema es que en México las leyes empiezan persiguiendo delincuentes y, con demasiada frecuencia, terminan persiguiendo incómodos.

La iniciativa fue enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum desde mayo de 2026. No existe oficialmente una ley llamada “antimemes” ni hacer una caricatura política es, por sí mismo, un delito. Pero la primera propuesta contemplaba de hasta siete años de prisión por utilizar o imitar una imagen oficial a escala comercial y con la intención de engañar, incluso en medios digitales.

Después llegó Javier Corral, hoy senador de Morena y no hace mucho militante del PAN, para anunciar ajustes: eliminar la referencia expresa a medios digitales, precisar el propósito comercial y establecer una pena de uno a cinco años. El dictamen fue aprobado en comisiones y ahora debe pasar al pleno del Senado.

El cambio ayuda, aunque no borra la preocupación. Porque el problema no es únicamente terminar en prisión. También es castigo enfrentar una denuncia, contratar abogados, presentarse ante una autoridad y pasar meses demostrando que una broma era una broma.

La Constitución protege la libertad de expresión y la Suprema Corte ha reconocido el derecho a satirizar a personajes públicos. Un meme sobre Gerardo Fernández Noroña, Alejandro “Alito” Moreno o cualquier otro político debe seguir protegido cuando sea crítica, humor u opinión.

Además, seamos honestos: los políticos no siempre necesitan caricaturista. Muchos se caricaturizan solos.

Cada pleito, contradicción, desplante y frase desafortunada va construyendo al personaje. El meme solamente toma la escena y le pone letras. Noroña y Alito no siempre necesitan guionista; algunas de sus aparicionesson memes andantes.

El caso más reciente parece escrito por Roberto Gómez Bolaños: “Fue sin querer queriendo”.

La alcaldesa morenista de Playa del Carmen, Estefanía Mercado, promueve “Chambamanía”, un programa municipal que lleva trámites y servicios a las colonias. La controversia comenzó porque la imagen del programa fue relacionada en redes con el corazón rojo y las letras “CH” del Chapulín Colorado.

Ante ello, Grupo Chespirito aseguró que no autorizó el uso de sus personajes, marcas o elementos distintivos en propaganda ni comunicación pública.
Pero políticamente el chiste se escribió solo.

Mientras la 4T impulsa reformas para proteger derechos de autor e imágenes oficiales, una administración emanada del mismo movimiento utiliza una imagen que recuerda inevitablemente al Chapulín.

Quizá digan que la tipografía es distinta. Puede ser. Pero un corazón rojo con las letras “CH” difícilmente hace pensar en Shakespeare. Todo estaba “fríamente calculado”… aunque el resultado no lo parezca.

Eso también permite entender la diferencia: una cosa es utilizar una marca reconocida para promover un programa gubernamental y otra muy distinta caricaturizar a una gobernante. Una cosa es engañar, amenazar o extorsionar y otra hacer crítica política.

También defendamos la honorabilidad cuando corresponda. La libertad de expresión no da permiso para inventar delitos ni destruir reputaciones sin pruebas. Pero el honor tampoco puede convertirse en una coraza contra cualquier cuestionamiento.

El poder tiene derecho a defender su honor, pero algo se tuerce cuando el orgullo herido comienza a dictar la agenda pública. Un meme puede ser vulgar, injusto o mentiroso; si encubre una amenaza, una extorsión o una acusación fabricada, debe investigarse. Lo peligroso es convertir cualquier burla en agravio y cualquier agravio en motivo de venganza. Aún cuando algunos políticos condenan las publicaciones anónimas mientras filtran expedientes contra sus propios compañeros: el lunes entregan documentos, el martes niegan la filtración y el miércoles reclaman controles para las redes. La crítica no siempre es elegante, pero el poder democrático no está obligado a recibir aplausos. Y el periodista debe recordar que una filtración es apenas una pista: si se comprueba, se publica; si no, solamente es veneno político disfrazado de exclusiva.

El contraste no es solamente político, sino moral. Mientras los legisladores buscan proteger su imagen y su reputación, los jóvenes más conectados enfrentan problemas que rara vez reciben la misma urgencia. Según la ENDUTIH 2025 del INEGI, 97.6 por ciento de las personas de 15 a 24 años utiliza internet; durante el primer semestre de ese año, 7 mil 49 jóvenes murieron por accidentes, homicidios o suicidios: casi 39 diarios. Entre el 14 y el 20 de septiembre de 2026, el Registro Nacional incorporó 170 casos relacionados con desapariciones y el grupo con más reportes fue el de 15 a 19 años, con 50. No se trata de minimizar la violencia digital, sino de recuperar el sentido de la proporción: mientras el poder cuenta memes, México continúa contando muertos y desaparecidos. Dentro de esa tensión aparecen los casos de Betzabé Martínez y Luis Fernando Salazar, distintos entre sí, pero útiles para entender dónde termina la defensa legítima del nombre y dónde puede comenzar la tentación de castigar la crítica.

En Gómez Palacio, Betzabé Martínez enfrentó la difusión de una imagen presuntamente creada con inteligencia artificial. La publicación afirmaba falsamente que el Ayuntamiento impondría multas a quienes llamaran de determinada manera a la alcaldesa.

Martínez negó la información y aseguró que su gobierno no censuraría medios, páginas ni ciudadanos. Dijo que respondería con aclaraciones cada vez que circularan datos falsos y afirmó conocer quiénes manejaban o financiaban algunas cuentas. Sin embargo, cuando se le preguntó si presentaría denuncias, respondió que no lo haría porque tenía “mucho trabajo”. Es decir, denunció públicamente una campaña de desinformación, pero negó haber iniciado acciones legales por ese episodio.

El caso de Luis Fernando Salazar siguió otro camino. El senador informó que en de julio presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República relacionada con la página de Facebook “Unión Ciudadana Contra la Delincuencia-Coahuila”. Según relató, amplió la denuncia el 15 y el 18 de septiembre por nuevas publicaciones. También dijo haber iniciado una acción civil por presunto daño moral y solicitado que Meta entregue, por la vía legal, información sobre quienes han administrado la cuenta.

Salazar sostiene que la página llevaba alrededor de siete meses publicando señalamientos contra empresarios, ciudadanos y políticos de La Laguna. Asegura que detrás de algunas publicaciones existiría un mecanismo de presión: señalar a una persona y después exigirle algo bajo la amenaza de publicar más información o presentar denuncias.

La diferencia importa. Betzabé Martínez optó por desmentir públicamente y aseguró que no presentaría denuncias. Luis Fernando Salazar acudió a la FGR, amplió su denuncia e inició una acción civil. Ambos tienen derecho a defender su nombre, pero ninguno debería convertir la crítica, el meme o la información incómoda en delito solamente porque molesta.

Claro que deben perseguirse los fraudes, las amenazas y las extorsiones. Si alguien utiliza una página para exigir dinero o beneficios, debe investigarse. Pero si únicamente existe una publicación crítica, una sátira o una caricatura, el poder debe responder con información, no con una patrulla.

México tiene problemas bastante más graves que cuidar la susceptibilidad de sus legisladores.

Ningún logotipo vale más que una vida. Ningún político merece mayor protección que el derecho de la ciudadanía a criticarlo.

Tal vez estas sean nuestras últimas columnas con imágenes. No vaya a ser que nos detengan por retratar políticos mientras otros siguen sin responder por los jóvenes que México busca y entierra.

Por si acaso, prepararé el cepillo de dientes, una libreta y varios lápices.

Es broma… todavía.

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PREGUNTAS OFICIOSAS

¿A quién le urge que se acabe la semana?

A quienes más les urge que llegue el viernes no es a los ciudadanos, sino a los funcionarios que todavía sobreviven en el Ayuntamiento de Torreón. La semana dejó por lo menos tres bajas relevantes: Eduardo Terrazas, del IMPLAN; Gerardo Viesca, de la Junta Municipal de Reclutamiento, y David “Chacho” Ortiz, de Servicios Administrativos. A ellos se suma la reciente salida de Óscar Gerardo Luján de la Contraloría Municipal. El “Adivina quién” dejó de ser juego: cada rostro que baja del tablero provoca que los restantes revisen dos veces el teléfono y pregunten, con discreción, si todavía habrá más cambios. El Siglo de Torreón

Uno de los que parece haber entendido el mensaje es Cristian Manuel López Chávez, director de Atención Ciudadana. Publicó una fotografía frente a varias pantallas, acompañado del mensaje: “Seguimos trabajando con compromiso y constancia”. Según la versión llegada a esta columna, habría pedido a sus asistentes que le tomaran la imagen para dejar constancia gráfica de que continúa trabajando, especialmente después de que semanas atrás despidieran a un colaborador cercano. No podemos asegurar cuál fue la intención real, pero en tiempos de recortes una fotografía frente a la computadora ya no parece informe de actividades: parece fe de vida laboral.

La pregunta que recorre las oficinas es sencilla: ¿ya fueron todos o todavía faltan nombres? Nadie debería confiarse demasiado, porque el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís ha dicho que continuará revisando el funcionamiento de las dependencias. Además, la salida de Óscar Luján demostró que el viernes por la tarde también puede ser horario hábil para dar las gracias. En el Ayuntamiento algunos cuentan las horas para que termine la semana; el problema es que, cuando se trata de cambios, el fin de semana tampoco garantiza supervivencia.

¿Fernando Villarreal inaugurará el poste tirado como nueva atracción de la Plaza Latino?

En el Ayuntamiento de Torreón siguen los cambios y, ante la posibilidad de una poda en la nómina municipal, más de un director debería revisar cómo está haciendo su trabajo. Vecinos de la Plaza Latino denuncian que un poste derribado por el viento permanece junto a los juegos infantiles desde hace aproximadamente un año. También reportan dos montones de escombro dentro de la plaza. Uno de ellos, aseguran, fue dejado por trabajadores municipales cuando instalaron los juegos; según su relato, parte del material lleva cerca de dos años allí.

Los vecinos afirman que llevan más de un año reportando la situación sin obtener una solución. Su reclamo va dirigido a Fernando Villarreal Cuéllar, titular de Servicios Públicos, y a Neo Alberto García Vargas, director de Parques y Jardines. Uno de los denunciantes señala que José Ruelas, a quien identifica como supervisor de esa área, acudió hace unas semanas, se comprometió a retirar los dos montones de escombro y dijo que enviaría a trabajadores de La Ola. Según el vecino, nadie llegó. ¿Se registró la visita? ¿Se dio la orden de trabajo? ¿O la promesa se perdió entre una oficina y otra?

Si los directores quieren cuidar su puesto en medio de los relevos, tienen una oportunidad concreta: revisar la Plaza Latino, atender el poste y retirar los escombros, con una fecha clara para los vecinos. También deben explicar qué ocurrió con el compromiso que el denunciante atribuye al supervisor. Antes de hablar de trabajadores «fantasma» en la nómina harían falta pruebas; lo que sí reclama una respuesta es la cuadrilla que, según el vecino, nunca apareció. Una supervisión que no termina en trabajo hecho sirve de poco a las familias que siguen esperando.