De Cervantes a La Unión: seis años de prevención e hipocresía

De Cervantes a La Unión: seis años de prevención e hipocresía

Antes de preguntarnos quién atacó, quizá tendríamos que preguntarnos quién dejó de mirar mucho antes. Porque detrás de la tragedia de la Secundaria General No. 13, en el ejido La Unión, en Torreón, no hay una explicación simple ni una etiqueta cómoda. Carlos “N” y David “N”, los gemelos de 18 años señalados por el ataque, habían sido alumnos de esa misma secundaria y dejaron inconclusos sus estudios. Vivían prácticamente aislados y, según testimonios cercanos, enfrentaban una precariedad severa, al grado de que se habla de falta de ropa e incluso de un colchón digno para dormir. Su madre, Maribel Alvarado, trabajadora en labores de intendencia en el Centro de Convenciones de Torreón. A ese cuadro se suma otro vacío: la falta de atención oportuna a la salud mental y de programas sociales de verdad, no de selfies, capaces de detectar cuándo dos jóvenes comienzan a desconectarse de la escuela, la familia y la comunidad.

El testimonio de Maribel Alvarado no justifica el ataque ni permite fabricar diagnósticos a distancia. Pero sí deja una frase que debería incomodar a más de una institución: “No me querían decir nada de lo que les pasaba allá”, relató a El Siglo de Torreón. Carlos y David pasaban buena parte del tiempo encerrados, casi no tenían amistades y terminaron alejándose de la misma escuela a la que años después regresarían como agresores. La pobreza no convierte a nadie en violento, pero cuando se acumulan precariedad, aislamiento, abandono escolar, ruptura familiar y falta de atención psicológica, la tragedia puede empezar mucho antes de que aparezcan los petardos o las armas blancas.

Y ahí el mensaje del obispo de Torreón, Luis Martín Barraza Beltrán, deja de ser solamente religioso para convertirse en una pregunta social. Tras la tragedia pidió cuestionarnos qué estamos haciendo mal, por dónde está entrando la violencia y qué hemos dejado de hacer. Fue más lejos: advirtió que cargar toda la descomposición social sobre los jóvenes involucrados sería una salida hipócrita y recordó que la paz también se destruye cuando faltan condiciones para una vida digna. Además pidió no convertirnos en espectadores ni en jueces que se lavan las manos. El Siglo de Torreón.

Eso no significa diluir responsabilidades. Quien comete un delito responde ante la justicia. Pero una cosa es la responsabilidad penal y otra la responsabilidad política de quienes tenían herramientas para prevenir, detectar y acompañar. Comprender el camino no significa justificar el desenlace. Significa intentar que no vuelva a repetirse.

Ahí aparece Flor Rentería. Ya encabezaba los Servicios Educativos de La Laguna cuando ocurrió la tragedia del Colegio Cervantes, en 2020, y seis años después continuaba dentro de la misma estructura. Eso no la convierte en responsable de dos tragedias, pero sí representa continuidad institucional, y la continuidad obliga a rendir cuentas: ¿qué aprendió Educación desde Cervantes?, ¿qué cambió en los protocolos?, ¿qué mecanismos existen para detectar deserción, aislamiento, amenazas o deterioro emocional? Porque para eventos, fotografías y ceremonias, la maestra Rentería siempre parece tener agenda; lo complicado es explicar qué ocurre con el muchacho que deja de asistir a clases. Por cierto, a diferencia de la madre de los gemelos, que decidió hablar públicamente, la funcionaria ha optado por guardar silencio ante algunos medios, una decisión legítima, sí, pero difícil de ignorar cuando las preguntas sobre prevención siguen acumulándose.

Las señales tampoco han sido escasas. Durante 2026 se acumularon amenazas contra planteles educativos de La Laguna. Y apenas 9 días antes del ataque de La Unión otra amenaza obligó a evacuar alumnos y activar protocolos en Torreón. No significa que los casos estén vinculados. Significa que la región lleva años recibiendo avisos de que la violencia juvenil y escolar no es un fenómeno que apareció aquel jueves.

Aquí entra Emanuel Garza Fishburn, secretario de Educación de Coahuila. Debe explicar cuántos adolescentes abandonan la escuela, cuántos son localizados, cuántos reciben seguimiento y cuántos planteles cuentan realmente con apoyo psicológico. Salud debería responder cuántos jóvenes pueden ser atendidos cuando una familia finalmente decide pedir ayuda. Porque “busque atención profesional” parece un consejo extraordinario hasta que alguien intenta conseguir una cita.

Y cuando dejamos de contar discursos y empezamos a contar meses, el problema se vuelve brutal. En 2024 se documentaron esperas de hasta cinco meses para conseguir atención psicológica o psiquiátrica en el CISAME de Torreón. Después el propio centro terminó cerrando y sus recursos humanos fueron enviados al Hospital General ante una mayor demanda de esos servicios. Es una paradoja con suficiente humor negro para no necesitar remate: aumenta la necesidad, falta personal y desaparece el centro especializado.

Pero si vamos a hablar de prevención, tampoco la Federación puede ponerse detrás de la cortina.

Durante años México tuvo el PRONAPRED, un subsidio federal específicamente dirigido a prevenir violencia y delincuencia mediante proyectos comunitarios, recuperación de espacios, atención de factores de riesgo y reconstrucción del tejido social. En Torreón el dinero fue desapareciendo a una velocidad bastante más eficiente que muchos programas públicos: en 2015 recibió alrededor de 52 millones de pesos; en 2016, cerca de 10 millones, y para 2017 el subsidio llegó a cero, según informó entonces el propio gobierno municipal.

El programa volvió parcialmente en 2018. El Presupuesto federal destinó 300 millones de pesos a nivel nacional y Torreón recibió una asignación de poco más de 5.15 millones de pesos; para Coahuila, considerando también Saltillo, el convenio federal fue por 10.78 millones. Diario Oficial de la Federación.

Es importante decirlo con precisión: la prevención del delito no desapareció jurídicamente de las responsabilidades del Estado, pero sí perdió durante años continuidad presupuestal y un subsidio federal territorial que había financiado acciones directas en municipios. La propia experiencia de PRONAPRED mostró fallas de evaluación y diseño, pero desaparecer o adelgazar una política porque no produjo resultados inmediatos resulta especialmente contradictorio cuando la prevención, por definición, necesita años para mostrar frutos.

Y ahora, en 2026, la Federación vuelve a reconstruir ese andamiaje. Existe nuevamente un Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia 2026-2030, que habla de abandono institucional, factores psicosociales, deterioro del espacio público, vulnerabilidad y reconstrucción comunitaria. Diario Oficial de la Federación. Además, en marzo fue creada una nueva Subsecretaría de Prevención de las Violencias, encabezada por Miguel Torruco Garza, con la promesa de trabajar mediante deporte, cultura, salud mental y cien centros comunitarios México Imparable. Gobierno de México.

Entonces la pregunta no es si existe hoy un documento federal.

La pregunta es cuándo se siente en Torreón. Gómez Palacio al ser un municipio de la 4T ya tiene anunciado uno de esos centros comunitarios. Torreón tiene Cervantes, amenazas escolares acumuladas y ahora La Unión. Preguntar qué intervención federal específica habrá aquí no es politizar una tragedia. Politizarla sería utilizarla para sacar ventaja partidista. Pedir resultados, presupuesto y presencia territorial es exactamente lo que significa evaluar una política pública.

Ahí también entra Américo Villarreal Santiago, delegado de los Programas para el Bienestar en Coahuila. No tiene que transformarse en psicólogo, fiscal ni director escolar. Pero una estructura federal que presume conocer colonias, familias y necesidades podría convertirse en un puente para detectar vulnerabilidad y canalizar casos hacia Educación, Salud, DIF o prevención social. Porque las familias no viven organizadas como un organigrama. Un joven no tiene el lunes un problema educativo, el martes uno emocional y el miércoles uno de seguridad. Todo sucede al mismo tiempo.

Por eso las palabras del obispo resultan incómodamente pertinentes. Pedir que nadie se lave las manos significa también mirar al Estado, al Municipio y a la Federación sin convertirlos en culpables automáticos, pero tampoco en espectadores. La prevención social no debería empezar cuando ya hay patrullas afuera de una escuela.

El tejido social no se rompe de golpe. Primero se aflojan los vínculos, después normalizamos las ausencias y un día dejamos de preguntar por quien ya no está. Entonces ocurre la tragedia y llegan todos: policías, fiscales, funcionarios, psicólogos, cámaras, discursos y protocolos. Demasiado tarde. Cervantes fue en 2020. La Unión, en 2026. Seis años alcanzan para imprimir manuales, lanzar campañas, mover presupuestos y llenar galerías institucionales. También deberían alcanzar para demostrar qué funcionó, qué no y qué se corrigió.

La responsabilidad política no consiste en acusar a un funcionario de haber provocado una tragedia, sino en exigirle cuentas por lo que sí estaba en sus manos. ¿Qué detectó?, ¿qué atendió?, ¿qué dejó pasar?, ¿qué presupuesto ejerció y con qué resultados? Porque quizá sabemos perfectamente qué hace falta; el problema es que seguimos llegando después: después de la señal, del abandono, de la amenaza, del ataque, de la ambulancia y del funeral. Y cuando una política pública empieza siempre ahí, ya no es prevención: es administración de las consecuencias.

PREGUNTAS OFICIOSAS

¿Oportunismo o memoria corta?

Tras los hechos del 1 de octubre en la Secundaria General No. 13, Ricardo Mejía Berdeja apareció con un video de tono alarmista para hablar de inseguridad, narcomenudeo y responsabilidades. El problema es que el discurso pesa distinto cuando viene de quien fue subsecretario de Seguridad Pública federal y tuvo acceso directo durante años a la estrategia nacional contra la violencia y el crimen.

Mejía tiene derecho a cuestionar al Gobierno de Coahuila, pero también carga con una pregunta inevitable: ¿qué hizo cuando él tuvo responsabilidades directas en seguridad? Señalar hoy lo que antes formaba parte de su propia cancha política puede sonar menos a denuncia y más a oportunismo frente a una tragedia, sobre todo cuando su objetivo político es evidente: volver a buscar la gubernatura de Coahuila.

Su excompañero Gerardo Calvillo, ahora en el Partido Verde, salió a responderle y terminó casi como vocero de la seguridad estatal. Pero el pleito entre antiguos aliados es secundario. La pregunta sigue siendo para el “Tigre”: ¿realmente le preocupa la seguridad o cada crisis se ha convertido en una oportunidad para mantenerse en campaña rumbo a la gubernatura?

Nadie está salvado… ¿o algunos sólo están esperando diciembre?

Miguel Ángel Riquelme dejó la advertencia en letras grandes este sábado: nadie debe darse por salvado ni ratificado. La frase pega porque llega cuando varios funcionarios heredados de la administración de Román Cepeda siguen ocupando sus oficinas como si diciembre viniera incluido en el nombramiento. Riquelme ya movió Contraloría, Implan y otras áreas; algunas salidas, por cierto, terminaron rozando la ruta Ganem-SIMAS, donde también circulan versiones de que desde Oaxaca empiezan a soltarse datos, nombres y versiones que podrían incomodar a más de uno. Como dice la chaviza: factos. Nada de eso puede darse todavía por probado, pero sí explica por qué algunos escritorios podrían estar menos tranquilos de lo que aparentan. Después vino la pausa. Y ahí está la doble lectura: oficialmente todos siguen bajo evaluación; políticamente, algunos parecen tener tiempo extra. La duda es si Riquelme espera llegar al Informe del 10 de diciembre para comenzar una segunda limpia o si ciertos compromisos de transición todavía pesan más que el desempeño. Porque una cosa es heredar funcionarios y otra muy distinta empezar a adoptarlos.

Uno de los nombres que sigue tambaleando es Ramón Chufani, titular del Instituto Municipal del Deporte, quien por más que busque selfies con su nuevo jefe, no cuentan como votos de confianza, como tampoco lo hacen las bombas de sus albercas públicas. Desde hace meses circulan versiones sobre su posible relevo y ahora se suma un ingrediente que merece revisión, no linchamiento: el vínculo familiar dentro de la estructura deportiva. Alicia Guerrero, presidenta del Patronato de la Unidad Deportiva, es señalada como pareja del padre de Chufani. Ese vínculo, por sí mismo, no acredita ninguna irregularidad, pero sí obliga a mirar con mayor lupa cómo se reparten decisiones, controles y responsabilidades entre el Instituto y el Patronato. En política municipal, cuando la familia comparte cancha, lo mínimo es que el marcador esté a la vista y el árbitro no sea de la casa.

Y ahí aparece el punto delicado. También circulan señalamientos sobre el manejo de ingresos provenientes de albercas, cuotas, torneos y otras instalaciones deportivas, recursos que, según esas versiones, no habrían llegado completos a Tesorería. La acusación es demasiado seria para convertirla en sentencia sin documentos, pero también demasiado concreta para archivarla como simple chisme de vestidor. Riquelme tendría que ordenar una revisión elemental: cortes de caja, recibos, depósitos, estados de cuenta, convenios, conciliaciones y responsables de cada movimiento. Si todo coincide, Chufani respira y el tema se acaba. Si los números no cuadran, entonces la alberca será lo de menos: habrá que averiguar quién nadó de más y quién estaba cuidando el carril.

Riquelme conoce perfectamente cómo funciona una administración y sabe que cada día que mantiene a un funcionario también comienza a asumirlo como propio. Chufani puede haber llegado con Román, pero si sobrevive a las evaluaciones, ya no bastará decir que es heredado. Lo mismo vale para quienes todavía se sienten cómodos esperando diciembre. El alcalde ya dejó la frase: nadie está salvado ni ratificado. Ahora falta saber si fue advertencia, estrategia o simple decoración de fin de semana. Porque algunos funcionarios parecen contar los días para llegar al Informe; Chufani, por lo pronto, sigue en la cuerda floja. Y cuando una silla empieza a tambalear en política, el problema no es quién la heredó, sino quién decide seguir sosteniéndola.