De Sello Rojo a Santander: las cuentas pendientes de Desarrollo Social

De Sello Rojo a Santander: las cuentas pendientes de Desarrollo Social

Hay expedientes que parecen inofensivos hasta que alguien decide leerlos completos. Uno de ellos tiene fecha de 2022, casi 10 millones de pesos, 505 mil litros de leche y un programa social llamado “Nutre tu Hogar”. La iniciativa fue operada por la Dirección de Desarrollo Social de Torreón para apoyar la alimentación y la economía de familias en condición de vulnerabilidad. Detrás de aquella política social hubo una compra pública concreta: la LPN/DSA/032/2022, adjudicada a Alimentos Sello Rojo, S.A. de C.V., con una propuesta de 9 millones 999 mil pesos.

El fallo oficial establece que la revisión técnica fue realizada por Héctor Iván Estrada Baca, entonces y hoy director general de Desarrollo Social. Era parte de sus funciones y eso, por sí mismo, no implica irregularidad. Pero su nombre aparece necesariamente cuando se intenta reconstruir quién solicitó, evaluó y dio seguimiento a una operación superior al medio millón de litros. El primer detalle que llama la atención está dentro del propio expediente. Sello Rojo presentó el recibo 00275217, identificado en el fallo como pago de bases de la LPN/DSA/031/2022. El problema es que la 031 correspondía a pintura, mientras que la leche era la 032. Puede tratarse de un error de captura. Bastaría exhibir el recibo original para despejarlo. Lo peculiar es que el documento terminó marcado como “CUMPLE”.

Pero el verdadero asunto no está en un número de licitación. Está en los litros. La compra programó siete entregas: 60 mil litros, otros 60 mil, cuatro entregas de 90 mil y una última de 25 mil destinada a puntos de beneficencia y grupos vulnerables. Total: 505 mil litros. El Primer Informe municipal aseguró posteriormente que precisamente esa cantidad había sido entregada. Si ocurrió así, la ruta documental debería ser sencilla: remisiones, entradas de almacén, salidas, lotes, facturas, responsables y padrones. Medio millón de envases necesitan transporte, bodegas, recepción, distribución y firmas. No son una cifra que pueda esconderse debajo del escritorio.

Una fuente consultada por Al Café Político sostiene que esa leche no habría sido entregada en los términos reportados oficialmente. La afirmación es demasiado seria para convertirla en hecho sin documentación, pero también demasiado concreta para ignorarla. El Ayuntamiento afirma que entregó los 505 mil litros. La fuente sostiene que la historia fue distinta. La respuesta, entonces, no está en los rumores: está en los documentos.

También existe una diferencia económica que merece explicación. El fallo registra una propuesta por 9 millones 999 mil pesos, mientras el informe municipal refiere aproximadamente 9.6 millones de pesos invertidos. Son cerca de 399 mil pesos de diferencia. Puede existir una explicación perfectamente legal —reducción, ajuste contractual, monto realmente ejercido o simple redondeo—, pero tratándose de dinero público debe poder conciliarse.

Y Estrada tampoco llega a esta historia exento de polémicas. Al Café Político publicó previamente testimonios según los cuales, en la antesala de las elecciones de 2024, desde Desarrollo Social se habría promovido la apertura de cuentas Santander para presidentes de comités vecinales. Según esos testimonios, las cuentas recibieron inicialmente alrededor de 500 pesos y, con el paso del tiempo, algunos titulares denunciaron cargos y adeudos que aseguraban no haber comprendido al momento de aceptar el producto financiero. Aquella investigación señaló a Estrada por ser quien encabezaba política y administrativamente el área, pero no acreditó que él hubiera generado personalmente los cargos bancarios. Lo que permanece pendiente es conocer el convenio completo con Santander, quién lo autorizó, qué producto financiero se contrató y cuáles fueron las condiciones informadas a los beneficiarios. (alcafepolitico.com)

Hay otro antecedente que merece contexto. En 2022, mientras Manolo Jiménez encabezaba la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social del Gobierno de Coahuila y convertía Mejora Coahuila en una estrategia estatal de gran despliegue territorial, Héctor Estrada apareció públicamente identificado como enlace de Mejora en Torreón. Al mismo tiempo, Román Cepeda no ocultaba que evaluaba competir por la candidatura del PRI al Gobierno del Estado y reclamaba “piso parejo” en el proceso interno. En ese contexto, fuentes políticas han atribuido a Estrada haber mantenido bajo resguardo despensas y materiales vinculados con aquellos programas en medio de la tensión política entre los proyectos que entonces comenzaban a perfilarse rumbo a la sucesión estatal.

Y mientras se desempolvan aquellos expedientes aparece otro apellido que hoy pesa mucho más que hace cuatro años: Ganem. En el ambiente político circula la versión de que Pepé Ganem, recluido en un penal federal de Oaxaca, estaría aportando nombres e información dentro de la investigación que enfrenta. Hasta ahora no existe confirmación pública de que haya mencionado a algún funcionario de Desarrollo Social, ni existe evidencia pública que vincule empresarialmente a Ganem con Alimentos Sello Rojo. El vínculo empresarial históricamente documentado de la familia Ganem aparece en otro sitio: Compañía Industrial La Victoria Lagunera, relacionada con su familia y con antecedentes de operaciones comerciales en el entorno de SIMAS. Son, por ahora, dos circuitos diferentes: Ganem–Industrial La Victoria Lagunera, por un lado; Desarrollo Social–Nutre tu Hogar–Sello Rojo, por el otro.

Con la leche, sin embargo, no hacen falta demasiadas teorías. Lo que debe aparecer son las siete entregas. Quién recibió cada cargamento, dónde se almacenó, quién firmó las remisiones, dónde están las facturas, qué colonias y familias recibieron el producto, quién recibió los 25 mil litros destinados a grupos vulnerables, cuánto se pagó finalmente a Sello Rojo y por qué el expediente de la leche registra un recibo identificado con la licitación de pintura.

Héctor Estrada tiene aquí una oportunidad sencilla: exhibir los documentos. La transparencia también sirve para desmontar sospechas. Si los 505 mil litros fueron correctamente entregados, las remisiones y los padrones pueden demostrarlo mejor que cualquier discurso. Si el convenio Santander fue transparente, que aparezcan las condiciones. Y si aquellas despensas y materiales de Mejora siguieron la ruta correcta, que aparezcan los inventarios.

Pero si las remisiones no suman, los inventarios no cuadran o los padrones no corresponden con lo informado, entonces aquella leche dejará de ser un viejo programa social para convertirse en una investigación nueva. Ganem podrá hablar o guardar silencio en Oaxaca. Las versiones podrán crecer o desinflarse.

PREGUNTAS OFICIOSAS

¿Y Prevención Social, apá?

Este lunes, sin demasiadas cámaras y con un ambiente bastante más serio que de costumbre, el alcalde Miguel Ángel Riquelme regresó a la Secundaria General No. 13 de La Unión. Ahí apareció Fernando Villarreal, de Servicios Públicos, supervisando limpieza, pintura y rehabilitación. El semblante era de meme —o de mucho susto— y más de uno se preguntó qué hacía ahí. Pero su presencia tenía lógica: después de que la Fiscalía entregó nuevamente el plantel, alguien tenía que llegar con escobas, cuadrillas y pintura. El detalle es que Riquelme ya no habló solamente de arreglar paredes, sino de reconstruir tejido social, reforzar la prevención y atender a la comunidad. Y ahí la cubeta de pintura dejó de alcanzar. Si el problema también es social, ¿dónde estaban los encargados de prevenir antes de que llegaran las patrullas, las ambulancias y los discursos?

Uno de los nombres inevitablemente es José Armando González, “Lumba”, de Prevención Social. Fuentes consultadas que conocen cómo operaba anteriormente esa política pública recuerdan que “antes sí era un área con buenos programas” y traen a la memoria al PRONAPRED, el Programa Nacional de Prevención de la Violencia y la Delincuencia. No era precisamente una criatura mitológica de la burocracia: en Torreón hubo recursos para trabajar polígonos vulnerables y proyectos vinculados con La Jabonera, Línea Verde y Nuevo México. En 2014 se anunciaron 42.6 millones de pesos para acciones preventivas. Había diagnósticos territoriales, intervención comunitaria, polígonos identificados y presupuesto. Sus resultados podían discutirse, por supuesto, pero al menos la teoría era sencilla: llegar antes que la patrulla. Hoy parece que algunas oficinas descubren el mapa cuando ya está colocado el acordonamiento.

Por eso La Unión tendría que servir para algo más que una jornada de limpieza y una fotografía institucional. Si Riquelme realmente quiere construir una nueva política preventiva, tendría que preguntarle a Lumba qué tiene hoy Prevención Social, a Héctor Estrada qué diagnóstico posee Desarrollo Social del ejido y su entorno, y a ambas áreas qué vulnerabilidades tenían detectadas antes del 1 de octubre. Servicios Públicos puede pintar un muro, cambiar un foco y recoger los restos; lo que todavía no aparece en el catálogo municipal es una brocha capaz de reparar el tejido social. Y ahí queda la Pregunta Oficiosa: si hace más de una década Torreón sabía trabajar por polígonos y detectar zonas vulnerables, ¿en qué momento Prevención Social terminó buscando La Unión con lupa después de la tragedia? Porque prevención que llega después del susto ya no es prevención: es mantenimiento correctivo con discurso social.

¿Barrios no sabía lo que pasaba en su propia dirección?

☕ PREGUNTA OFICIOSA | ¿Barrios no sabía lo que pasaba en su propia dirección?

En el Ayuntamiento de Torreón siguen los cortes de cabeza. Este lunes le tocó a otro funcionario, pero el nombre que permanece en el centro es el de Roberto Barrios Hinojosa, director de Ingresos. Según fuentes al interior de Finanzas, la salida de Carlos Enrique Gómez fue comunicada directamente por Barrios, sin que Recursos Humanos hubiera intervenido de inicio. A Gómez lo hicieron famoso al ser señalado por haber recibido depósitos relacionados con descuentos aplicados a contribuyentes, dentro de una dinámica en la que, de acuerdo con testimonios, otras personas ofrecían los descuentos, atendían al ciudadano y generaban los pases de caja. Y aquí la pregunta ya no cabe debajo del escritorio: ¿de verdad el director no sabía lo que ocurría dentro de su propia área?

En esa misma ruta aparece Ana Isabel García Contreras, empleada número 035797, sindicalizada y solo la cambiaron a Mantenimiento Urbano como Auxiliar Universal de Oficina, según la relación de personal mostrada. Testimonios señalan que anteriormente habría atendido contribuyentes, ofrecido descuentos y elaborado pases de caja. Son señalamientos que aún deben documentarse y contrastarse. Pero hay un elemento adicional: su condición de sindicalizada le otorga una protección laboral distinta a la de un empleado de confianza, lo que complica cualquier eventual sanción o separación sin un procedimiento debidamente sustentado: unos salen por la puerta en cinco minutos y otros necesitan expediente, procedimiento y sindicato sentado en primera fila. Esto sí obliga a preguntar si el Ayuntamiento investigará con la misma vara a todos los involucrados.

Porque un director no sólo responde por lo que firma, también por lo que ocurre bajo su mando. Si Carlos Gómez es señalado por recibir depósitos, pero la operación involucraba a más personas, descuentos, pases de caja y procedimientos internos, entonces cortar únicamente al empleado de abajo resulta demasiado cómodo. Esa es la Pregunta Oficiosa: ¿Gómez cayó como chivo expiatorio mientras Barrios y Tesorería buscan deslindarse, o finalmente alguien explicará quién sabía qué, quién autorizaba y desde cuándo? Y todavía falta la más incómoda: ¿qué pasará con quienes aparecen señalados pero tienen protección sindical? Porque el fuero laboral sirve para proteger derechos, no para convertir una oficina pública en zona de inmunidad administrativa.