Vactors privados, pipas hechizas y millones: ¿quién hizo negocio con el agua de Torreón?
En Torreón llevamos años preguntando por qué falta agua, revientan colectores, aparecen socavones y SIMAS siempre parece necesitar más dinero. Quizá la pregunta correcta sea cuánto dinero se ha movido alrededor del agua y quiénes aprendieron a vivir de ella sin abrir una llave. Mientras el ciudadano recibe recibos, tandeos y baja presión, alrededor aparecen proveedores, funcionarios, pipas, vactors y contratos. El agua escasea; los intereses parecen tener presión de sobra.
La ruta comienza con una imagen que merece explicación. Plaza Mayor, de Zócalo, publicó que vactors de particulares usados en SIMAS Torreón y SIMAS Rural presuntamente permanecen e incluso reciben mantenimiento en el Edificio Coahuila. Personal citado por ese medio atribuyó esa práctica a una decisión de David Flores Lavenant, jefe de Gabinete de la Secretaría de Desarrollo Regional de La Laguna. Eso no prueba que sea propietario de las unidades ni que reciba dinero de ellas. Pero deja una pregunta: si son máquinas privadas que generan ingresos públicos, ¿de quién son, por qué usan instalaciones gubernamentales y quién autorizó su resguardo o mantenimiento?
Seguir a los vactors conduce a ECO PISARI HM, S.A. de C.V., proveedor recurrente de SIMAS Torreón. Los cinco procedimientos localizados entre 2023 y 2026 —004/2023, 059/2023, 012/2024, 049/2025 y 063/2026— alcanzan techos máximos por 95 millones 486 mil 480 pesos sin IVA. Eso no significa que la empresa haya cobrado íntegramente esa cantidad. Los mínimos pactados suman 60 millones 855 mil 888 pesos y para saber cuánto salió realmente habrá que abrir CFDI, pólizas, transferencias, órdenes de servicio y bitácoras. La pregunta ya no es cuánto podían valer los contratos, sino cuánto se pagó, por cuántas horas y contra qué evidencia física.
En 2023, el 004/2023 fue adjudicado por hasta 7.5 millones de pesos, a 2 mil pesos por hora. Cuando aún tenía más de cinco meses de vigencia, SIMAS activó el 059/2023: mismo proveedor, servicio y tarifa, con un máximo adicional de 15 millones de pesos. Ambos fueron llamados contratos abiertos con “abastecimiento simultáneo”, pero ECO PISARI concentró el cien por ciento de la distribución. Para 2024, el 012/2024 llegó hasta 37 millones 400 mil pesos, a 2 mil 200 por hora. Multitire Laguna, S.A. de C.V. apareció en el procedimiento, pero no participó efectivamente por incumplir un requisito. No prueba ilegalidad; sí obliga a revisar cuántos equipos trabajaron y cuántas horas fueron facturadas.
En 2025 aparece otra particularidad. El precio presentado por ECO PISARI superó el precio base autorizado. SIMAS tenía disponibles 20 millones de pesos, pero Compras solicitó y Finanzas autorizó una ampliación de 196 mil pesos; la tarifa quedó en 2 mil 376 pesos por hora. La pregunta es qué cambió entre la investigación de mercado y la adjudicación para que una propuesta superior al precio originalmente considerado fuera aceptada y el presupuesto se ajustara para cubrirla.
En 2026, el contrato 063/2026 fue presentado como Licitación Pública Nacional Presencial y al mismo tiempo como contrato abierto con una sola fuente de abastecimiento. Fernando Gurza Acuña aparece firmando por ECO PISARI. La propuesta pasó de 15 millones 396 mil 480 a 15 millones 390 mil 480 pesos por una corrección aritmética, con tarifa de 2 mil 565.08 pesos por hora. El acta coloca el fallo el 8 de mayo de 2025 y refiere una apertura del 30 de abril de 2026. Puede ser el siempre eficiente “copiar y pegar” burocrático, pero en contratos millonarios la documentación debería resistir más que una lectura rápida. Entre 2023 y 2026 la tarifa aumentó alrededor de 28.25 por ciento.
Aquí aparece otra capa. Redes Poder señaló en 2025 un posible conflicto de interés en una contratación de ECO PISARI cercana a 38 millones de pesos, al referir parentesco político entre uno de sus propietarios y el diputado local Felipe González Miranda, antes regidor de Torreón y cercano al entonces alcalde Román Alberto Cepeda. El señalamiento no prueba intervención alguna. En documentos aparecen Luis Alberto Hoyos Ramírez, Luis Fernando Hoyos Ramírez y Fernando Gurza Acuña; públicamente se ha referido el parentesco de Luis Alberto Hoyos con Alejandra Hoyos Flores, esposa del diputado. González Miranda ha negado intervenir en las contrataciones. El parentesco no demuestra irregularidad; los contratos sí justifican fiscalización.
La historia dejó además de ser exclusivamente administrativa. Un inmueble relacionado públicamente con ECO PISARI fue asegurado por la Fiscalía General de la República. Un aseguramiento no equivale a culpabilidad ni permite vincular la investigación federal con los contratos de SIMAS sin que la FGR lo establezca. Pero tampoco es un dato menor frente a un universo contractual de 95.48 millones de pesos. Una fuente resumió el momento de integrantes del entorno de la familia Hoyos: continúan viajando, “dándose la buena vida”. “Pura vida”, remató. Viajar no constituye delito. Esta columna investiga dinero público y contratos de desazolve. El contraste existe: mientras algunos están en modo “pura vida”, miles de usuarios siguen en modo “¿y el agua?”.
Los vactors abren otra tubería: SIMAS Rural, donde Enrique Rogelio Díaz de León Berdeja aparece como Contralor General y José Antonio Gutiérrez Jardón como gerente general. ¿Qué ha revisado Díaz de León sobre factibilidades, pipas, contratos y servicios? Una declaración patrimonial de 2015 lo registra como director administrativo de la Secretaría de Desarrollo Económico, y en la entrega-recepción de 2018, cuando Gutiérrez Jardón dejó esa dependencia, designó como testigo precisamente a Rogelio Díaz de León. Existe una trayectoria institucional compartida de años.
Después vienen historias que necesitan papeles. Fuentes consultadas sostienen que una pipa arrumbada en un lote relacionado con Rogelio Díaz de León habría sido reparada y puesta a trabajar hasta convertirse en fuente de facturación. Las versiones llevan aquella etapa hacia Mario Cepeda Ramírez, “el profe Mario”, y Mario “Mayín” Cepeda Villarreal, entonces al frente de SIMAS Rural. No tenemos factura, placas, contratos ni transferencias suficientes para presentarlo como hecho. Reparar una pipa no tendría nada de irregular; la pregunta empieza si se utilizaron recursos públicos, instalaciones oficiales o contrataciones sin competencia. A Díaz de León también lo han acompañado publicaciones sobre presuntas factibilidades de agua. Sin recibos o resoluciones suficientes no puede afirmarse un cobro irregular, pero sí preguntar: ¿quién fija el precio, quién autoriza, dónde se deposita el dinero y quién audita?
Y aquí conviene no revolver tuberías. No tenemos documento que vincule a Rogelio Díaz de León o José Antonio Gutiérrez Jardón con ECO PISARI, ni a David Flores Lavenant empresarialmente con la compañía. Son líneas distintas: contratos de SIMAS Torreón; pipas y factibilidades de SIMAS Rural; y maquinaria privada presuntamente en instalaciones gubernamentales. Las conecta una obligación pública: saber de quién son las máquinas, quién las contrata, cuánto se les paga, dónde trabajan y quién certifica que trabajaron.
Ahí aparece el reto para Miguel Ángel Riquelme Solís: no por los contratos anteriores, sino por cuánto permita revisar. ECO PISARI pasó de 87.9 a 95.4 millones de pesos en techos máximos sólo porque apareció un contrato faltante. Ahora toca abrir CFDI, bitácoras, placas, factibilidades y propietarios de los vactors.
Contrato por contrato, pipa por pipa y vactor por vactor, porque quizá la pregunta nunca fue dónde está el agua, sino quién hizo negocio alrededor de ella.
PREGUNTA OFICIOSA
¿Un apellido menos y un mensaje de más?”
En política, hasta un apellido puede convertirse en mensaje. Durante la graduación del Instituto Municipal de la Mujer, Miguel Ángel Riquelme Solís habló de unidad entre Estado y Municipio y fue nombrando a quienes estaban en el presídium. Pero al llegar a Ximena Villarreal Blake, diputada local electa e hija de Lauro Villarreal Navarro, la presentó —según lo observado durante el evento— simplemente como “Ximena Blake”. Puede ser un lapsus, claro. Pero la pregunta resulta inevitable: ¿se le olvidó el Villarreal o decidió dejarlo fuera?
La fotografía también dejó lecturas. Hubo presencia estatal, municipal y legislativa: el senador Gabriel Elizondo y los delegados estatales Ruth Idalia Ysais y David Flores Lavenant. Por el Municipio estuvieron la anfitriona, Amira Darwich, directora del Instituto Municipal de la Mujer; Selina Bremer, presidenta honoraria del DIF Torreón; la directora del DIF, Marlene; la síndica Natalia Fernández y el primer regidor Luis Jorge Cuerda. También fue vista Evelyn Hernández, recientemente relevada del Registro Público. Entre los diputados electos hubo presencia, salvo Hugo Dávila, aunque sí habría asistido su suplente. Ninguna presencia o ausencia demuestra por sí misma un reacomodo, pero cuando desde el micrófono se insiste en que “Estado y Municipio estamos unidos”, inevitablemente alguien comienza a revisar quién llegó, quién faltó y dónde se sentó cada uno.
Riquelme tiene demasiados años recorriendo la política coahuilense como para que sus gestos pasen inadvertidos. Quizá llamar “Ximena Blake” a Villarreal Blake no significó absolutamente nada; quizá fue una forma sutil de comenzar a separar a la nueva diputada del peso político de Lauro Villarreal. Por ahora no alcanza para afirmar un deslinde, pero sí para dejar la Pregunta Oficiosa sobre la mesa:
¿Riquelme perdió un apellido durante la ceremonia… o mandó un mensaje precisamente al no pronunciarlo?