¿Quién ordeña a Bomberos? Diésel, represalias y negocios bajo sospecha

En Protección Civil y Bomberos de Torreón hay una historia que comienza con diésel y, por ahora, termina con un bombero fuera de la corporación. Entre una cosa y otra aparecen bitácoras, cisternas, una publicación en redes sociales, dos antidoping presuntamente contradictorios y comerciantes que hablan de paquetes de hasta 40 mil pesos alrededor de dictámenes, programas y capacitaciones. No estamos ante una sentencia ni ante responsabilidades acreditadas; estamos frente a testimonios internos suficientemente concretos para hacer una pregunta periodística básica: ¿qué dicen los documentos? Porque el combustible es el verdadero eje de esta historia. Lo demás apareció después de que un elemento habría advertido que determinados consumos no cuadraban.

Las fuentes internas identifican tres cisternas: la unidad económica 36 de la Central Colón, la 06 de la estación Universidad y la 24 de la estación Sur. El relato más preciso se refiere a esta última. Según la denuncia, después de abastecerse de combustible, la unidad presuntamente realizaría una parada en un terreno baldío de la colonia Eduardo Guerra, donde se extraerían alrededor de 50 litros de diésel por ocasión. Los testimonios hablan de tres o cuatro movimientos de este tipo por semana y sostienen que una dinámica semejante se repetiría en las otras estaciones señaladas. Son afirmaciones que no hemos podido acreditar documentalmente, pero tienen algo que normalmente escasea en los rumores: números económicos, cantidades, frecuencia y ubicación. Justamente por eso pueden comprobarse.

Si se toman únicamente los datos aportados por las fuentes, el tamaño hipotético del mecanismo sería considerable. Cincuenta litros por ocasión, tres o cuatro veces por semana y en tres estaciones representarían entre 450 y 600 litros semanales. A los aproximadamente mil 250 pesos que los denunciantes calculan por cada 50 litros, la proyección sería de entre 11 mil 250 y 15 mil pesos por semana, aproximadamente 45 mil a 60 mil pesos cada cuatro semanas. Esa operación matemática no prueba un robo ni permite afirmar que esas cantidades efectivamente hayan salido de las cisternas. Sirve únicamente para dimensionar aquello que los bomberos están denunciando. Y si las cifras son falsas, las bitácoras deberían acabar con la historia rápidamente.

La versión interna va todavía más lejos y habla de un presunto reparto de lo obtenido: 30 por ciento para operador y teniente y 70 por ciento para director y comandante. No contamos con documentos que permitan acreditar esa distribución y sería incorrecto convertirla en una acusación concluyente. Pero el supuesto modus operandi descrito deja una larga huella documental: litros cargados, fecha y hora del abastecimiento, kilometraje, servicios realizados, horas de motor, recorridos de GPS y rendimientos de cada unidad. El diésel tiene una virtud que la política todavía no consigue dominar: cuando se hacen bien las cuentas, resulta bastante difícil convencerlo de cambiar de versión.

Fuentes de Bomberos aseguran además que al director de Protección Civil y Bomberos, Jorge Luis Juárez Llanas, conocido en algunos círculos como “Chocorrol”, le habrían sido entregadas previamente bitácoras en las que se advertían rendimientos irregulares de determinadas unidades. De ser cierta esa versión, allí está uno de los puntos centrales de la historia. No porque la recepción de una bitácora convierta automáticamente a nadie en responsable, sino porque permitiría establecer cuándo se tuvo conocimiento de las anomalías y qué ocurrió después. ¿Existieron esos documentos? ¿Quién los elaboró? ¿Qué unidades aparecían? ¿Qué diferencias se detectaron? ¿Hubo alguna revisión? ¿Los consumos se normalizaron? Son preguntas que no necesitan especulación, sino papel.

Después aparece el elemento que habría reportado el presunto desvío. De acuerdo con testimonios internos, aproximadamente 24 horas después de señalar las irregularidades apareció en redes sociales una publicación en la que se preguntaba si para ser bombero era necesario fumar marihuana y se afirmaba que un integrante de la corporación salía por las tardes a consumirla. La publicación no demuestra por sí misma que existiera una campaña contra el trabajador, pero la proximidad temporal es imposible de ignorar. Las coincidencias existen; cuando llegan todas juntas, suelen terminar convertidas en columna.

Según la versión recibida, posteriormente el bombero fue cambiado de estación. Ante el señalamiento relacionado con drogas, habría acudido por iniciativa propia a Salud Digna, donde se practicó una prueba toxicológica que habría resultado negativa. Después fue sometido a otro antidoping dentro del procedimiento relacionado con la corporación y ese segundo examen habría resultado positivo para marihuana. Finalmente fue dado de baja. La historia abre otro expediente de preguntas porque, si realmente existen dos pruebas con resultados distintos tomadas en un periodo cercano, lo relevante no es escoger la que mejor acomode a cada versión, sino revisar técnicamente ambas.

No existe evidencia para afirmar que la segunda prueba haya sido manipulada. Tampoco puede concluirse que Jorge Luis Juárez haya intervenido en un resultado por haber tenido durante años responsabilidades operativas dentro de Cruz Roja Torreón. Su antecedente en esa institución no acredita semejante conducta. Pero precisamente porque las fuentes relacionan el segundo estudio con esa institución y porque el trabajador venía de denunciar irregularidades con combustible, resulta razonable preguntar por la fecha de las muestras, metodología, valores de corte, cadena de custodia, laboratorio que realizó cada examen, quién solicitó el segundo análisis y cuáles fueron los fundamentos administrativos de la baja. Si todo fue correcto, la documentación debería resultar bastante más convincente que cualquier versión de pasillo.

La secuencia es lo que vuelve políticamente incómodo el episodio: señalamiento sobre combustible, publicación en redes, cambio de estación, un antidoping presuntamente negativo, otro positivo y baja del trabajador. Ninguno de esos acontecimientos demuestra por separado una represalia. El problema es que juntos construyen una cronología que merece ser explicada. Si el elemento consumió una sustancia prohibida y existió una causal administrativa para separarlo, el expediente debería sostenerlo. Si la baja fue completamente independiente de la denuncia sobre combustible, también deberá existir documentación que permita entender la extraordinaria casualidad de los tiempos.

Y mientras la gasolina aparecía en las conversaciones internas de Bomberos, llegó una escena digna del humor negro que suele producir la administración pública sin necesidad de guionistas. El viernes pasado, como aquí señalamos, una camioneta oficial de Protección Civil y Bomberos quedó varada en Ocampo y Rayón. Testigos dijeron que aparentemente se había quedado sin combustible y tuvieron que llevarle gasolina mediante un bidón y una manguera. Una camioneta de Protección Civil pidiendo auxilio por falta de combustible ya era una fotografía incómoda. Con los testimonios que ahora circulan dentro de Bomberos adquiere otra dimensión: en una corporación donde algunos elementos aseguran que presuntamente desaparecen litros de las cisternas, una unidad oficial termina estacionada porque su tanque está vacío. Hay ocasiones en que la realidad tiene pésimo sentido de la oportunidad.

La otra línea de esta historia conduce hacia los dictámenes y capacitaciones de Protección Civil. Comerciantes consultados aseguran que para cumplir determinados requisitos llegan a enfrentar paquetes privados cercanos a 40 mil pesos entre programas internos, peritajes, capacitaciones y otros servicios. Algunos sostienen que serían orientados hacia determinado prestador bajo el argumento de que sería “el autorizado”. Aquí también conviene separar lo público de lo privado. La tarifa municipal por la revisión administrativa del Programa Interno es considerablemente menor; los montos mayores, de existir, corresponderían a servicios profesionales adicionales. Que un perito cobre por su trabajo no constituye irregularidad alguna. La cuestión comienza cuando un comerciante siente que no puede escoger libremente quién se lo realiza.

Los requisitos oficiales hablan de peritos y capacitadores registrados, en plural. Esa simple palabra vuelve relevante la versión de quienes aseguran que determinados expedientes terminarían llegando con frecuencia a un mismo prestador. Algunas fuentes incluso atribuyen posibles vínculos familiares entre personas relacionadas con ese negocio y Jorge Luis Juárez Llanas. Hasta ahora no contamos con documentos que permitan acreditar dicha relación y tampoco hemos localizado evidencia de una exclusividad formal. Por eso debe permanecer como lo que es: un señalamiento sujeto a comprobación. El padrón vigente de peritos, representantes y trabajos realizados podría confirmar una competencia normal o revelar una concentración que merezca una explicación.

Ese es el verdadero componente político del asunto. Protección Civil es una de esas dependencias que adquieren poder precisamente porque pueden decir sí o no. Revisan establecimientos, programas, condiciones de seguridad, capacitaciones y dictámenes. Para cualquier comerciante, una observación puede significar corregir una instalación; una suspensión puede significar perder dinero. Esa capacidad vuelve especialmente sensible cualquier percepción de proveedor favorecido. No basta con que los procedimientos sean legales; en una oficina de esa naturaleza también deben parecer transparentes. El poder burocrático quizá no salga en las fotografías del Cabildo, pero para el pequeño empresario puede sentirse mucho más cerca que cualquier discurso pronunciado desde Presidencia.

El nombre del alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís aparece inevitablemente porque actualmente estas dependencias forman parte de la administración que encabeza, pero el punto de la columna no es redactarle una lista de instrucciones. La política funciona de otra manera: los problemas que una administración encuentra pueden pertenecer al pasado; los problemas que conoce y deja crecer terminan perteneciendo al presente. Las bitácoras, el combustible, los antidoping y los prestadores serán eventualmente documentos o solamente rumores. Esa diferencia será la que determine el costo político.

Porque alrededor del caso existen demasiadas posibilidades. Puede resultar que cada litro cargado por las cisternas esté perfectamente justificado. Puede comprobarse que los recorridos denunciados nunca ocurrieron. Puede suceder que las dos pruebas toxicológicas hayan utilizado metodologías distintas y que exista una explicación científica para los resultados. Puede demostrarse que el trabajador fue separado por una causa completamente independiente a su denuncia. También puede ocurrir que los paquetes de 40 mil pesos correspondan a servicios legítimos y que los comerciantes hayan tenido libertad absoluta para contratar a cualquiera de los prestadores registrados. Todo eso es posible. Y justamente por eso la investigación periodística no tiene que dictar sentencia antes de tiempo.

Pero el centro sigue siendo el mismo: el combustible. Todo comienza cuando alguien habría preguntado por qué determinados consumos no correspondían con el rendimiento esperado. Después llegó el ruido. Un post. Un cambio. Un antidoping. Otro antidoping. Una baja. Y, como remate involuntario, una camioneta oficial detenida porque aparentemente no tenía gasolina.

Quizá todo sea una colección extraordinaria de casualidades administrativas.

Quizá cada litro tenga recibo, ruta y explicación.

Quizá nadie haya metido una manguera donde no debía.

Pero las coincidencias tienen un problema: mientras más se acumulan, más combustible le ponen a las preguntas.

Y en Bomberos de Torreón hoy hay una que sigue encendida: si las cisternas siempre estuvieron bajo control, ¿por qué desde dentro de la propia corporación aseguran que había diésel que entraba a los tanques pero no necesariamente terminaba en los servicios?

Después de todo, para apagar ese incendio no hacen falta cincuenta litros de agua.

Bastaría con abrir las bitácoras.

En Radio Torreón y Torreón TV hay una pregunta más importante que cualquier pleito interno: ¿quién manda realmente sobre el equipo, el personal y los recursos? XHTOR tiene patrimonio y estructura propios, así que cámaras, consolas, computadoras, transmisores y demás bienes públicos no deberían andar en tierra de nadie. Carolina Negrete puede asumirse como directora de Torreón TV, título con el que fue proyectada durante la etapa del entonces director de Comunicación Social Yohan Uribe, #LordFragmentado; pero es un cargo jurídico que no existe, tal vez como coordinadora. Pero una cosa es el cargo construido frente a las cámaras y otra el que aparece cuando se abre la nómina, como cuando su pago pasaba por las 40 nóminas de sobre amarillo de la Jefatura de Gabinete. S u figura administrativa sería la de coordinadora de Torreón TV, no la de directora independiente. Por eso habrá que revisar dónde estaba presupuestada anteriormente, dónde está ahora, cuánto percibe y cuáles son exactamente sus atribuciones. Los afectos, amistades y cercanías políticas podrán explicar muchas cosas en los pasillos; jurídicamente, sin embargo, el nombramiento manda más que el compadrazgo.

El tema cobra relevancia por la famosa camioneta de la discordia, aunque el vehículo sea apenas una pieza secundaria de un rompecabezas mucho mayor. Si estuvo adscrita al sistema, por qué terminó chocada, si se intentó mantenerla lejos de las miradas o si cambió de manos administrativas, debe existir una ruta documental. Fuentes del área de Tesorería sostienen que la unidad habría quedado adscrita a esa dependencia y que incluso el seguro ya la habría considerado pérdida total; esa versión necesita ser respaldada con dictamen, resguardo y expediente. El verdadero asunto no es si la camioneta todavía camina: es saber quién tenía que cuidarla, quién respondió por ella y qué pasó con el patrimonio público. Porque una unidad puede terminar en el yonke; lo complicado es que el expediente termine también convertido en chatarra.

Y ahí viene el capítulo que podría resultar bastante menos televisivo cuando las auditorías de Gerardo Márquez lleguen hasta las oficinas de avenida Bravo. La versión interna es que la revisión será nómina por nómina, puesto por puesto, colaborador por colaborador y equipo por equipo. Ahí deberá aparecer Carolina con su cargo real, sueldo y funciones; pero también todos los demás nombres que cobran del sistema, desde quienes producen todos los días hasta aquellos cuya aportación sea ir por el desayuno o por los “jugos del bosque”. Quizá el mayor problema de Radio Torreón y Torreón TV no sea quién aparece frente a la cámara, sino quién aparece puntualmente cada quincena aunque nadie tenga demasiado claro qué hace. Los micrófonos pueden apagarse, las cámaras pueden desenfocarse y hasta una camioneta puede declararse pérdida total; la nómina, en cambio, siempre sale perfectamente enfocada.

PREGUNTAS OFICIOSAS

Cámaras, cargos, nómina y una camioneta chocada: ¿hasta dónde llegará Gerardo Márquez?

en Radio Torreón y Torreón TV hay una pregunta más importante que cualquier pleito interno: ¿quién manda realmente sobre el equipo, el personal y los recursos? XHTOR tiene patrimonio y estructura propios, así que cámaras, consolas, computadoras, transmisores y demás bienes públicos no deberían andar en tierra de nadie. Carolina Negrete puede asumirse como «directora de Torreón TV», título con el que fue proyectada durante la etapa del entonces director de Comunicación Social Yohan Uribe, #LordFragmentado; pero es un cargo jurídico que no existe, tal vez como coordinadora. Pero una cosa es el cargo construido frente a las cámaras y otra el que aparece cuando se abre la nómina, como cuando su pago pasaba por las 40 nóminas de sobre amarillo de la Jefatura de Gabinete. Su figura administrativa sería la de coordinadora de Torreón TV, no la de directora independiente. Por eso habrá que revisar dónde estaba presupuestada anteriormente, dónde está ahora, cuánto percibe y cuáles son exactamente sus atribuciones. Los afectos, amistades y cercanías políticas podrán explicar muchas cosas en los pasillos; jurídicamente, sin embargo, el nombramiento manda más que el compadrazgo.

El tema cobra relevancia por la famosa camioneta de la discordia, aunque el vehículo sea apenas una pieza secundaria de un rompecabezas mucho mayor. Si estuvo adscrita al sistema, por qué terminó chocada, si se intentó mantenerla lejos de las miradas o si cambió de manos administrativas, debe existir una ruta documental. Fuentes del área de Tesorería sostienen que la unidad habría quedado adscrita a esa dependencia y que incluso el seguro ya la habría considerado pérdida total;. El verdadero asunto no es si la camioneta todavía camina: es saber quién tenía que cuidarla, quién respondió por ella y qué pasó con el patrimonio público. Porque una unidad puede terminar en el yonke; lo complicado es que el expediente termine también convertido en chatarra.

Y ahí viene el capítulo que podría resultar bastante menos televisivo cuando las auditorías de Gerardo Márquez lleguen hasta las oficinas de avenida Bravo. La versión interna es que la revisión será nómina por nómina, puesto por puesto, colaborador por colaborador y equipo por equipo. Ahí deberá aparecer Carolina Negrete con su cargo real, sueldo y funciones, y no solamente por la imagen que proyecta cuando, en horario laboral como funcionaria, se le observa haciendo labores de “reportera” o buscando visibilidad frente al alcalde. Pero también deberán aparecer todos los demás nombres que cobran del sistema, desde quienes producen todos los días hasta aquellos cuya aportación sea ir por el desayuno o por los “jugos del bosque”. Quizá el mayor problema de Radio Torreón y Torreón TV no sea quién aparece frente a la cámara, sino quién aparece puntualmente cada quincena aunque nadie tenga demasiado claro qué hace. Los micrófonos pueden apagarse, las cámaras pueden desenfocarse y hasta una camioneta puede declararse pérdida total; la nómina, en cambio, siempre sale perfectamente enfocada.

¿Dónde está Xavier Herrera? El desmadre en SIMAS está peor de lo que esperaban

Este jueves, la sesión mensual del Consejo Directivo de SIMAS Torreón coincide prácticamente con el primer mes de Xavier Herrera Arroyo al frente de la paramunicipal. Treinta días ya alcanzan para dimensionar lo que había debajo de la alfombra: un desastre financiero, infraestructura al límite, una nómina cuestionada, convenios sindicales difíciles de explicar y contratos con proveedores que merecen lupa. Y hay otra tubería que también convendría revisar: la del dinero que durante meses salió hacia empresas y proveedores señalados públicamente por su cercanía con personajes de la administración anterior. No se trata de condenar por asociación, sino de preguntar qué recibió SIMAS a cambio de esos millones, quién autorizó los pagos y quién certificó que los servicios realmente valían lo que costaron.

El problema ya tampoco cabe puertas adentro. El propio alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís, durante un encuentro con ingenieros civiles, habría resumido coloquialmente la situación de la planta tratadora con una frase difícil de maquillar: “hay un desmadre”. Mientras arriba se reconoce el tamaño del deterioro, adentro continúan los recortes, las salidas y los reacomodos. Adelgazar una estructura puede ser necesario, pero sería demasiado cómodo que la reestructura terminara únicamente con trabajadores despedidos. Los contratos, las facturas y los pagos no se firmaron solos. Si ahora aparecen servicios deficientes, montos difíciles de justificar o decisiones administrativas cuestionables, habrá que seguir también la ruta del dinero y, sobre todo, la de las firmas.

Por eso, a un mes de su llegada, la pregunta para Xavier Herrera ya no es solamente qué encontró, sino qué hará con lo que encontró. ¿Habrá revisión jurídica de contratos?, ¿se deslindarán responsabilidades?, ¿al menos algún exfuncionario o mando medio será llamado ante una autoridad para explicar decisiones tomadas durante la administración anterior?, ¿o las cabezas seguirán rodando únicamente hacia abajo? Mientras tanto, Herrera está formando involuntariamente su propio club de viudas: trabajadores, proveedores, políticos y periodistas que preguntan dónde está, por qué responde menos mensajes y todavía menos llamadas. También se dice que podría tener algunos «Pepés Grillos» susurrándole al oído y alejándolo de quienes antes tenían comunicación directa con él. Quizá esté ocupado arreglando el desmadre. Ojalá. Pero el mes de cortesía ya terminó: ahora toca explicar quién dejó el tiradero, cuánto costó y quiénes hicieron negocio alrededor de él.