Del “Wero Ganem” y sus lujos a los documentos: la ruta del dinero

“¡Pinche envidia que me tienen por ser Wero!

Hace apenas unas semanas, antes de que Pepé Ganem se convirtiera judicialmente en José Elías “N”, respondió a este columnista, ante los señalamientos por presunto enriquecimiento ilícito, con una frase que entonces sonó a carrilla:

“¡Pinche envidia que me tienen por ser Wero! Jajajajajaja”.

Hoy aquella expresión se lee bajo otra luz. No porque utilizar artículos costosos sea delito, sino porque relojes, joyas, prendas y propiedades comenzaron a formar parte de las preguntas alrededor del patrimonio visible de quienes ahora enfrentan una investigación federal. Ganem y Martha Rodríguez están vinculados a proceso, junto con otras tres personas, por su posible participación en operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada. Todos conservan la presunción de inocencia.

La historia de Pepe y Martha comenzó a cruzarse políticamente en el Cabildo de Torreón de 2010 a 2013. Él era regidor y coordinador de la fracción priista; ella ocupaba una regiduría desde la bancada panista. Coincidieron como adversarios políticos y compañeros de Cabildo y, con el tiempo, aquella relación terminó convirtiéndose también en una relación de pareja.

Mientras la ruta judicial avanza, otra historia comenzó a llamar la atención: la del patrimonio visible. Fotografías difundidas públicamente por la propia pareja muestran relojes compatibles visualmente con piezas de alta gama. Entre ellos aparece uno semejante a un Rolex GMT-Master II “Root Beer” y otro similar a un Rolex Cosmograph Daytona de oro amarillo. Si fueran auténticos y correspondieran exactamente a esas referencias, hablamos de piezas que pueden costar desde cientos de miles de pesos hasta superar el millón por unidad. Pero una fotografía no certifica autenticidad: podrían ser originales, réplicas, compras de segunda mano, regalos o herencias. Tampoco el precio de catálogo demuestra cuánto pagó quien los porta ni de dónde provino el dinero.

Lo mismo ocurre con Martha Rodríguez. Personas que convivieron con ella durante su etapa como directora del Centro de Justicia Municipal recuerdan prendas, joyería y accesorios que consideraban de alto costo, incluso atuendos “dignos de envidia”. Según quienes la trataron, no lucían precisamente de Shein, Temu o de fayuca.

Lo interesante aparece cuando ese estilo de vida se coloca frente a los ingresos públicos. En 2025, durante alrededor de nueve meses, José Elías Ganem ocupó la Secretaría del Ayuntamiento de Torreón, mientras que Martha Esther Rodríguez Romero encabezó el Tribunal y posteriormente el Centro de Justicia Municipal. La comparación seria debe hacerse con la nómina nominal, las declaraciones patrimoniales, ingresos privados, créditos, herencias, regalos o cualquier otra fuente lícita que pueda explicar los bienes realmente acreditados a su nombre.

Y ahí entran las casas. Ganem y Martha habitaban una vivienda de catálogo en Los Frondosos, en Residencial Galerías, donde fueron detenidos por agentes federales en septiembre. En paralelo, también les fue asegurada una propiedad en Rincón del Montero, en Parras de la Fuente, presuntamente entregada como pago por parte de la familia Hoyos, vinculada a empresas proveedoras del SIMAS. Se trata de una residencia relacionada con Ganem y colocada bajo resguardo de la FGR. Medios locales reportaron que la propiedad tiene más de 4 mil metros cuadrados de terreno, alrededor de mil 200 metros cuadrados de construcción y un valor estimado superior a 40 millones de pesos. También se informó del aseguramiento de mobiliario, cuadros y jarrones localizados en su interior.

En el mismo expediente aparece otro contraste llamativo. José Feliciano Hernández Hinojo, exchofer y exescolta también vinculado a proceso, ha sido referido con ingresos municipales cercanos a 14 mil 500 pesos mensuales, mientras que entre los señalamientos presentados públicamente aparecen una Suburban High Country 2023 de más de 2 millones de pesos y transferencias millonarias que hoy forman parte de las líneas llevadas ante la FGR.

Por eso aquella frase del “Wero” termina regresando sola. La pregunta nunca fue si alguien puede usar un Rolex, portar joyería, vestir ropa cara o vivir en una casa millonaria. Claro que puede. La pregunta es otra: ¿qué parte de ese patrimonio es auténtica, qué pertenece realmente a Ganem y Martha, cómo fue adquirida, quién la pagó y qué documentos permiten explicar su origen?

Y queda una última pregunta, quizá menos glamorosa que los Rolex, pero bastante más interesante: ¿qué pasará con todo lo asegurado si al final existe decomiso? Porque aquí ya no hablamos sólo de relojes, joyería, camionetas o propiedades, sino de bienes que podrían terminar bajo administración federal.

Ahí entra el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP), aquella institución creada durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador para administrar y dar destino a bienes asegurados, abandonados o decomisados en procedimientos federales. Su función no consiste simplemente en recibir una casa y colocarle un letrero de “devuelta al pueblo”. Primero debe existir una resolución jurídica y, en su caso, una transferencia formal del bien.

Si alguno de esos bienes llega finalmente al decomiso, la siguiente ruta también deberá seguirse con lupa: quién los recibe, quién los administra, cuánto valen realmente, si se subastan y a dónde termina llegando el dinero.

Porque hasta para devolverle al pueblo lo robado hace falta algo más que un buen eslogan.

El Rolex puede ser original, réplica, regalo o herencia. La ropa puede costar mucho o solamente parecerlo. Una casa puede provenir de una compraventa legal o del pago de una deuda. Pero una escritura, un CFDI, una transferencia bancaria y una resolución judicial dejan bastante menos espacio para la imaginación.

Y ahí es donde el lujo deja de ser fotografía y comienza a convertirse en ruta del dinero.

☕ PREGUNTA OFICIOSA

¿Quién protege a los afters en Torreón?

En pleno proceso de revisión permanente, auditorías internas y posibles cambios dentro del Ayuntamiento de Torreón, vuelven a aparecer señalamientos que, cuando menos, deberían encender una luz amarilla. Nuevamente, el nombre que se coloca sobre la mesa es el de Christian González Zambrano, todavía director del Departamento de Servicios Especiales de Vigilancia, Espectáculos, Espectaculares y Alcoholes. A esta redacción han llegado versiones de empresarios y organizadores que lo señalan por supuestamente exigir cortesías, mesas, trato preferencial y “ayudas especiales”. También circulan acusaciones similares que sus propios allegados atribuyen a sus “malquerientes”. Hasta ahora, se trata de señalamientos que deberán contrastarse con documentos, testimonios y, en su caso, con una revisión administrativa formal.

Pero la revisión no tendría por qué quedarse únicamente en Alcoholes. En Inspección y Verificación también circulan versiones internas que mencionan a “Beto” Adame, trabajador sindicalizado y señalado como segundo dentro de esa dependencia, además de otros inspectores y mandos que supuestamente participan en recorridos y cobros. Una fuente asegura que algunos operadores habrían sido “congelados” por diferencias internas y que ciertos inspectores de confianza serían quienes presuntamente “pasan la charola”. El caso más señalado es el de un establecimiento conocido como “Toro Melón”, ubicado dentro del antiguo hotel “El Toledo”, en pleno sector de la Alianza. Según versiones recabadas, el lugar comienza a llenarse después de las dos de la mañana y puede permanecer abierto hasta las nueve o diez de la mañana. La pregunta es si Pablo Fernández Llamas, director del área, conoce lo que ocurre ahí y qué hay de cierto en la versión que asegura que el establecimiento operaría a cambio de 10 mil pesos semanales.

Por eso, si el Gobierno Municipal realmente está revisando área por área, lo lógico sería abrir también el expediente de quienes operan dentro de estas dependencias: personal sindicalizado, inspectores de confianza, mandos y responsables administrativos. Habría que revisar nombramientos, adscripciones, horarios, actas, rutas de inspección, permisos de alcoholes y cualquier relación administrativa con bares, afters o negocios que trabajan fuera del horario ordinario. No para repartir culpabilidades anticipadas, sino para responder preguntas muy concretas: ¿quién inspecciona al Toledo?, ¿qué horario tiene autorizado?, ¿quién firma?, ¿quién tolera?, ¿quién cobra, si es que alguien cobra? Porque alrededor de Inspección, Verificación y Alcoholes hay demasiados intereses, demasiadas versiones y demasiados buitres esperando una silla vacía. La auditoría tendría que llegar no sólo a quienes aparecen en la placa de la puerta, sino también a quienes realmente mueven los hilos dentro de esas oficinas, donde ya hay varios tratando de quedarse con ellas.

¿Quiénes son los “embarrados” y por qué “van a volar cabezas”?

En Torreón vuelve a moverse el tablero de los medios municipales. Radio Torreón 96.3 FM y Torreón TV Canal 28 forman parte del sistema público de comunicación, por lo que cualquier ingreso, salida o movimiento de personal rebasa la grilla entre periodistas y entra también al terreno de la transparencia. En medio de estas versiones apareció en Facebook la frase “Van a volar cabezas”, publicada por un reportero. Aunque algunas publicaciones fueron borradas posteriormente, esta redacción conserva las capturas de pantalla. El contexto tampoco es menor: la administración de Miguel Ángel Riquelme atraviesa una etapa de revisiones y cambios internos que el propio alcalde ha reconocido.

La versión que habría encendido la mecha es la posible llegada del periodista Luis Rivera a Torreón TV. Fuentes consultadas aseguran que, al enterarse de esa incorporación, habría presentado su renuncia Mónica,sobrina política del diputado local Felipe González, debido a diferencias previas con Rivera que, según esas mismas versiones, incluso estarían asentadas en presuntas denuncias ante las autoridades, relacionadas con hechos ocurridos durante su paso por TV Azteca Laguna. Rivera, por su parte, escribió en una conversación que preparaba un escrito con “fotos, correos, hechos, mensajes y audios”; además, advirtió que “van muchos embarrados” y que “si va a tronar, que nos cargue a todos”.

Y ahí aparece la pregunta que debería hacerse también el Ayuntamiento: ¿para qué comprar un problema de esta dimensión en un momento político y administrativo tan complejo? Si la eventual incorporación de Rivera llega acompañada de renuncias, viejas diferencias, presuntas denuncias, publicaciones borradas y advertencias sobre documentos capaces de “embarrar” a más personas, el costo podría superar por mucho el de una simple contratación. Y mientras tanto, cirectivos de Radio Torreón más le valdrían no distraerse demasiado entre desayunos, fotografías y relaciones públicas creyendo que todo queda para las redes sociales: en política y en medios públicos, las reuniones también mandan mensajes. Porque una cosa es reforzar Torreón TV y otra abrir dentro de la propia nómina municipal un frente que amenaza con convertirse en una guerra entre comunicadores, funcionarios y expedientes.