Los chivos expiatorios también cobran nómina… ¿y Barrios y Lechuga?

Este miércoles, integrantes del Sindicato mayoritario de Trabajadores del Ayuntamiento protestaron por la recontratación de Carlos Enrique Gómez y pidieron su salida. El reclamo recorrió los pasillos y hasta los baños de Presidencia, donde fueron colocadas pancartas con conversaciones y documentos que, según los inconformes, formaron parte de una investigación interna realizada en 2024. Gómez regresó como coordinador de notificadores de la Dirección de Ingresos, encabezada por Roberto Barrios Hinojosa. Pero reducir toda la historia a Carlos sería comprar demasiado barata la explicación.

Porque aquí vale la pena explicar qué significa convertir a alguien en chivo expiatorio. No quiere decir que esa persona necesariamente sea inocente ni que quede exenta de responder por aquello que pudiera acreditarse en su contra. Significa que termina cargando públicamente con un problema más amplio mientras las decisiones, responsabilidades y nombres que están alrededor comienzan a desaparecer de la conversación. Y Carlos reúne varios ingredientes para convertirse en el personaje perfecto: tiene nombre, cargo, capturas circulando, una transferencia que provoca preguntas y ahora hasta fotografías pegadas en Presidencia. Resulta mucho más sencillo exhibirlo que abrir el expediente completo y preguntar quién investigó, quién supervisó, quién decidió las bajas, quién permitió que otros conservaran su empleo y quién autorizó su regreso.

Entre el material exhibido aparece una conversación fechada el 3 de octubre de 2024 acompañada por la fotografía de un documento de Tesorería relacionado con un crédito fiscal por 60 mil 148 pesos con 44 centavos. En el intercambio se pregunta “¿De cuánto es?” y aparece como respuesta: “Le dije 35 / 20 recibo / 15 nosotros”. También existe la captura de una transferencia por 5 mil pesos hacia una cuenta identificada en pantalla como “CARLOS G”. Son elementos que ameritan explicación e investigación, pero las imágenes por sí solas no permiten establecer qué significaban aquellas cantidades, cuál fue el concepto del depósito ni acreditar automáticamente una conducta ilícita. Para eso existen —o deberían existir— expedientes, comparecencias y resoluciones.

Pero existe otra parte de la historia que tampoco puede esconderse debajo de la alfombra. Según testimonios conocidos por esta redacción, durante aquella revisión de 2024 habrían estado involucradas tres personas: una trabajadora sindicalizada, un empleado contratado por honorarios y el propio Carlos. La misma versión sostiene que la trabajadora sindicalizada tenía facultades para realizar descuentos y que, mientras uno de los involucrados fue dado de baja, ella habría permanecido dentro del Ayuntamiento y únicamente habría sido trasladada al área de Mantenimiento. Esto no prueba que haya existido protección sindical ni determina responsabilidades, pero deja una pregunta que el expediente debería responder: si formaban parte de una misma investigación, ¿por qué recibieron consecuencias administrativas diferentes? Ahí cobra sentido hablar de Carlos como un posible chivo expiatorio: no porque esté exento de responder por lo suyo, sino porque dos años después la exposición pública parece concentrarse en él mientras falta explicar qué ocurrió con los demás involucrados y quién tomó las decisiones desde arriba.

Y en medio del actual proceso de auditorías, revisiones internas y conservación o salida de funcionarios, las cabezas de las dependencias tampoco pueden convertirse en simples espectadores. Su responsabilidad no consiste únicamente en recibir informes cuando el problema ya estalló. A cada nivel le corresponde, dentro de sus atribuciones, supervisar personal, documentar decisiones, aplicar controles y explicar por qué un trabajador permanece, es removido, cambia de área o posteriormente es reincorporado. Eso no significa que el jefe sea automáticamente responsable de cualquier conducta de un subordinado; significa que las decisiones administrativas también tienen autores, fundamentos y firmas. Si la administración está revisando quién se queda y quién se va, entonces los mismos criterios deberían aplicarse hacia abajo y hacia arriba del organigrama.

Por eso, más que exhibir a Carlos Gómez por los pasillos de Presidencia, habría que exhibir el expediente. Si hubo investigación, debe haber conclusiones. Si hubo una baja, debe existir fundamento. Si hubo una reubicación, también. Y si después de dos años Gómez regresó a la nómina municipal, alguien tuvo que revisar —o debió revisar— sus antecedentes y alguien autorizó administrativamente su reincorporación. Los gafetes municipales todavía no se imprimen solos durante la madrugada.

Y entonces aparece Roberto Barrios Hinojosa. Como lo hemos dicho anteriormente en este espacio, alrededor del director de Ingresos existen versiones sobre la cercanía que mantiene con determinados colaboradores, esos que en los pasillos llaman empleados “estrella”, algunos señalados incluso como invitados frecuentes a viajes a destinos como Mazatlán, Cancún o Los Cabos. Carlos, según esas mismas versiones, no aparece precisamente en esa supuesta bitácora viajera. Esas versiones requieren documentación y no acreditan por sí mismas ninguna irregularidad. Lo periodísticamente relevante sería establecer si existieron viáticos públicos, comisiones oficiales, facturas o beneficios relacionados con el cargo. Una amistad o un viaje privado no constituyen por sí mismos una falta.

Pero la ausencia de Carlos en ese círculo que se describe como cercano a Barrios vuelve interesante la pregunta: si no era precisamente uno de los colaboradores señalados como “estrella”, ¿por qué toda la historia termina descansando sobre sus hombros? Eso tampoco demuestra su inocencia ni convierte automáticamente a otros en responsables. Simplemente obliga a separar la responsabilidad individual de Gómez de la responsabilidad administrativa de quienes supervisaron el área y tomaron decisiones sobre su salida, permanencia y posterior regreso.

Y el organigrama no termina en Barrios. Está Javier Lechuga Jiménez Labora, al frente de Tesorería. Si el asunto involucra recaudación, créditos fiscales, descuentos, notificadores o decisiones dentro de la estructura financiera municipal, corresponde establecer qué controles existían, qué información llegó a cada nivel y quién tenía facultades para intervenir. Una auditoría seria no debería detenerse en el empleado que aparece en una captura: debe reconstruir la cadena administrativa completa, desde quien ejecutó una operación hasta quien supervisó, autorizó o resolvió sobre ella.

Esto adquiere todavía mayor importancia ahora que dentro del Ayuntamiento se habla de revisiones, auditorías y permanencia de funcionarios. Conservar un empleo también es una decisión administrativa. Reubicar a un trabajador es una decisión. Darlo de baja es otra. Y reincorporarlo dos años después también lo es. Por eso, si el argumento para revisar a funcionarios de menor nivel son sus antecedentes y desempeño, la misma lógica obliga a revisar qué hicieron las cabezas responsables cuando tuvieron conocimiento de los problemas. No para declararlas culpables por jerarquía, sino para establecer si cumplieron con las obligaciones correspondientes a sus cargos.

Carlos deberá responder por aquello que documentalmente le corresponda. Ni más ni menos. Pero el sindicato también tendría que explicar qué ocurrió con la trabajadora sindicalizada mencionada en aquella revisión, mientras el Ayuntamiento debería transparentar quién determinó las bajas, quién decidió las reubicaciones, quién conservó personal y quién autorizó posteriormente la reincorporación. Si tres personas estuvieron bajo revisión y recorrieron caminos administrativos distintos, el expediente debe explicar por qué.

Ese es el problema de fabricar un villano único: termina resolviendo mediáticamente lo que administrativamente continúa pendiente. Se concentra toda la atención en un nombre, se coloca su fotografía en las paredes y durante algunos días parece que el caso quedó explicado. Mientras tanto, las firmas, autorizaciones, mandos y decisiones que hicieron posible todo lo demás permanecen cómodamente fuera de cuadro.

Porque correr al peón siempre será más sencillo que revisar quién acomodó el tablero. Y en tiempos de auditorías y revisión de quién conserva el puesto, la lupa no debería detenerse precisamente cuando comienza a subir por el organigrama.

Los chivos expiatorios también cobran nómina. Pero alguien decide quién sale, quién conserva el empleo, quién solamente cambia de escritorio y quién, dos años después, puede volver a cobrarla.

PREGUNTAS OFICIOSAS

Cuatro micrófonos, una tragedia y muchas preguntas

En medio de una jornada trágica que exigía respuestas claras, el fiscal general de Coahuila, Federico Fernández Montañez, apareció en Torreón para informar sobre el ataque ocurrido en la Secundaria General Número 13 del ejido La Unión. Su presencia era necesaria: una docente perdió la vida, hubo personas lesionadas y dos hermanos de 18 años, exalumnos del plantel, fueron detenidos. La Fiscalía informó que la agresión fue cometida con armas blancas y que los atacantes utilizaron petardos para generar pánico.

Pero entre tanta gravedad hubo una imagen que inevitablemente llamó la atención: el fiscal apareció con varios micrófonos colocados en la ropa. Eran tantos que, por unos segundos, alguno pudo preguntarse si uno era para Facebook, otro para TikTok, otro para Instagram y otro para que no se escapara ni el suspiro. Con el susto que ya cargaba Torreón, hasta hubo quien pudo confundir tanto aparato negro con algo menos amistoso. Afortunadamente eran micrófonos. La pregunta es otra: ¿tantos dispositivos para dar respuestas o ya cada red social necesita su propio audio? Porque después de una tragedia así, importan menos los micrófonos que las respuestas sobre prevención, protocolos y seguridad escolar.

Y queda otra Pregunta Oficiosa: ante un hecho que colocó a Torreón en medios nacionales e incluso internacionales, ¿era pertinente mantener sin cambios la agenda pública, social y política de la ciudad, o correspondía una señal institucional más visible de duelo? La tragedia tuvo repercusión fuera de México, mientras autoridades, organizaciones y distintos sectores políticos expresaron solidaridad y condena; incluso algunas escuelas comenzaron a suspender actividades por decisión propia, sin que hasta la noche existiera un anuncio general de suspensión por parte de la Secretaría de Educación. Llama también la atención que, al menos públicamente, la oposición no haya convertido el dolor en bandera partidista y se haya sumado a las expresiones de condena y respaldo. Eso habla bien de la prudencia política. Pero justamente por eso la pregunta permanece: si una tragedia de esta dimensión fue suficiente para detener conversaciones en medio mundo, ¿por qué no fue suficiente para hacer una pausa más visible en Torreón?

¿No que CFE era una empresa de clase mundial?

Las lluvias y las fallas eléctricas en Torreón están tronando algo más que transformadores: también los negocios y la paciencia. En testimonios recibidos por Al Café Político, afectados reportan hasta tres días sin electricidad, pérdidas comerciales y hogares que seguían a oscuras. “Yo perdí un evento que me ayudaba a sacar la renta de este mes”, relata una persona. Otro mensaje señala que un OXXO quedó sin luz, con afectaciones en productos que requieren refrigeración. ¿No que CFE era una empresa de clase mundial? Porque perder el ingreso de la renta por un apagón se parece demasiado a un servicio que no está dando el ancho.

A las interrupciones se sumaron, según los reportes recibidos, cierres este jueves en los accesos laterales de la obra del Sistema Vial Abastos, sobre el bulevar Independencia: negocios sin electricidad y, además, dificultades para que lleguen los clientes. Los mensajes también señalan que un grupo de inconformes encaró a Francisco Javier Ruiz Wong, identificado por la fuente como ingeniero de CFE y jefe de oficina CCC. Ese encuentro y su cargo requieren confirmación oficial. Los afectados necesitan respuestas sobre sus reportes y una fecha de restablecimiento: la presencia de un funcionario sirve de poco si el negocio sigue a oscuras.

El reclamo tampoco empezó con esta lluvia. Fidel Villanueva Tarín, presidente de Canaco, ya había denunciado pérdidas millonarias por apagones y exigido una solución de fondo. A ello se agregan testimonios de habitantes de la colonia Francisco Villa, quienes reportan que parte del sector permaneció más de 24 horas sin electricidad. CFE debe explicar qué falló, cuántos usuarios siguen afectados y en qué plazo recuperarán el servicio. Los comerciantes no pagan la renta con explicaciones y los refrigeradores no funcionan con promesas. La clase mundial debería verse en el servicio, no quedarse en el eslogan