SIMAS Torreón: ¿Quién abrió la llave del gasto sindical?
Pregunta Oficiosa: No entienden
¿Siguen asesorando a la oposición o solo no entendieron que ya se les acabó la oficina VIP?
Hay quienes nomás siguen sin querer entender: sobrerreaccionan con víscera, soberbia y la misma estrategia de siempre, como si gritar más fuerte fuera a detener auditorías. No se trata de ofendidos ni de perseguidos; se trata de quienes presuntamente tenían nóminas ocultas, cargos, sueldos, oficinas VIP y una larga lista de familiares, allegados y recomendados que deberán explicarse. Si en las revisiones aparecen estructuras infladas en áreas como Ornamentales, en la casi extinta Jefatura de Gabinete —donde también estaría la pareja del director de Atención Ciudadana con oficina VIP—, o en ese nido de “nepobabys” en la nómina de Medio Ambiente, la respuesta no puede ser enojo: debe ser recibo, función, horario y resultado. Porque a algunos cepedistas les sigue ganando la soberbia, el poder perdido y el coraje de ya no sentirse intocables.
Y ahora algunos casi exfuncionarios corren a Saltillo con currículum en mano, esperando cerrar con la misma suerte de Toñito Hernández, mientras otros se cuelgan de discursos ajenos para aparentar oposición. Ahí entra la morenista Cintia Cuevas, con su propuesta pública sobre SIMAS y sus críticas a cuotas partidistas, compadrazgos y perfiles sin capacidad; pero la pregunta queda viva: ¿la diputada federal sigue escuchando voces fragmentadas o sigue realizando reuniones en la calle Escobedo para que los apoyen con pagos “hasta donde tope”, como les gustaba presumir en sus estados de WhatsApp a ciertos exfuncionarios? Son tan predecibles que hasta desempolvaron artículos contra los que llegan, justo después de que los corrieron. Pero hay memoria, hay consecuencias y también videos donde no solo se ve betún embarrado: también apareEn el SIMAS Torreón ya no solo truena la tubería: también truena la nómina. Y cuando en un organismo con pasivos superiores a los 2 mil millones de pesos aparecen dos sindicatos, versiones sobre más de 40 plazas sindicalizadas, horas extras, ahorros duplicados, aguinaldos pesados y funciones repetidas, la pregunta deja de ser hidráulica: ¿quién abrió la llave del gasto y quién se hizo como que no veía el charco?
El alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís presentará la terna para la gerencia general del SIMAS, y el martes el Consejo Directivo deberá definir al nuevo titular. El nombre será el de Xavier Herrera Arroyo.
La sesión anterior terminó con Roberto Escalante González fuera de la gerencia y con consejeros molestos por el tamaño real de los pasivos. El Consejo rechazó por unanimidad el informe financiero luego de conocer un pasivo acumulado de 2 mil 081 millones 126 mil pesos al cierre de junio. Les llegaron con números que ya no cabían debajo del tapete.
Riquelme ya anunció auditoría especial. Entre los rubros más pesados aparecen CFE, Ecoagua y Conagua. Solo con Comisión Federal de Electricidad el adeudo rondaría los 400 millones de pesos. Bonita forma de descubrir que el agua también puede deber luz, como en los tiempos del panista Jorge Zermeño. Solo que ahora hubo contención priista.
Pero el corazón del problema puede estar en la nómina. El SIMAS tiene dos sindicatos: CTM y UNE, con cláusulas distintas en sus contratos colectivos. El problema aparece cuando esa estructura se convierte en una caja de prestaciones, plazas, turnos extras y compromisos que nadie explica con claridad.
En la radiografía interna aparece, por el lado de la CTM, Hugo Rubén Novoa Espeleta como secretario general. A esa representación sindical se le atribuye la elaboración de nómina, pago de turnos extras y presuntos beneficios para integrantes de su comité sin soporte operativo claro. Según esos señalamientos, los pagos podrían alcanzar hasta 25 mil pesos por semana. No estamos ante horas extras: estamos ante una segunda llave abierta con harta presión en la nómina.
Por el lado de la UNE aparece Jorge Raúl Rodríguez Villa, líder de la Unión Sindical de Empleados. Sobre esa organización recaen las versiones más delicadas: primero se habló de más de 40 plazas sindicalizadas; otra versión interna eleva la cifra hasta 50 plazas. La diferencia no es menor, y por eso la auditoría debe hacer algo elemental: contar una por una.
Según esas versiones, las plazas habrían sido negociadas en los últimos meses de la administración anterior, presuntamente con costos de 350 mil pesos cada una. En el primer cálculo, 40 plazas representarían 14 millones de pesos. Si fueran 50, el monto sería todavía mayor. La autoridad debe precisar cuántas fueron, cuándo entraron, en qué áreas, con qué sueldo, bajo qué sindicato y quién firmó.
Ahí entra el nombre de Manuel Calderón, señalado como mano derecha del exgerente y quien se desempeñaba como gerente de Servicios Administrativos. Su papel debe revisarse con lupa porque, según versiones internas, desde esa área se habrían operado oficios, altas, autorizaciones y movimientos administrativos para formalizar nuevas plazas sindicales.
Porque una plaza nueva no nace por generación espontánea ni por decreto de pasillo. Debe existir una cadena documental: solicitud del área o del sindicato, justificación de la necesidad operativa, suficiencia presupuestal, autorización de la Gerencia General, validación de Servicios Administrativos y Finanzas, oficio de alta, adscripción, sueldo, prestaciones y registro final en nómina. Si además la plaza queda sindicalizada, debe existir oficio del sindicato receptor y soporte del contrato colectivo aplicable.
El esquema que debe auditarse sería este: el exgerente habría avalado políticamente la operación junto a Manuel Calderón, señalado como pieza administrativa clave; se habrían firmado oficios para autorizar sindicalizaciones, y esos movimientos habrían terminado cargados a la nómina bajo la UNE. La parte más grave de la versión es que Calderón habría seguido firmando autorizaciones aun después de haber sido separado del cargo.
Si esos oficios existen, la ruta es sencilla: fecha de baja de Calderón, fecha de cada oficio, número de plaza, área asignada, sindicato beneficiado, sueldo autorizado, prestación cargada y fecha de alta en nómina. Ahí no se necesita discurso; se necesitan documentos. Una firma posterior a la salida del cargo no es trámite administrativo. Es foco rojo con membrete.
También deben revisarse los sueldos y prestaciones. Versiones internas hablan de trabajadores sindicalizados con ingresos de entre 10 mil, 20 mil y hasta 30 mil pesos mensuales, además de 90 días de aguinaldo, vacaciones, primas, uniformes, horas extras y esquemas de ahorro donde el organismo duplicaría periódicamente lo aportado por el trabajador. En una institución sana puede verse como prestación laboral. En un organismo con pasivos de más de 2 mil millones, no.
Otro punto que huele a humedad administrativa es la duplicidad de funciones. Versiones internas señalan que algunas plazas se habrían justificado sustituyendo personal de confianza por varios sindicalizados para realizar tareas similares. Si una función que hacía una persona ahora la hacen tres, alguien debe explicar si creció el trabajo o solo creció el compromiso político. Reorganizar es ordenar; duplicar funciones para inflar nómina es otra cosa. Y bastante más cara.
El Reglamento Interior del SIMAS también importa. La normatividad establece que el Consejo Directivo es el órgano máximo del organismo; que la Gerencia General puede nombrar y remover personal previo acuerdo del Consejo; y que Administración y Finanzas deben controlar altas, bajas, remuneraciones, prestaciones y jornadas extras. Dicho claro: si hubo nuevas plazas, debe haber rastro. Si no hay rastro, la fuga no estaba en la red hidráulica, sino en la cadena de mando.
En otro bloque de señalamientos internos aparecen Andrés Eduardo Hamdan Zuno, vinculado a Vinculación Ciudadana y Cultura del Agua; Antonio Werner Maury Ugarte, relacionado con Servicios Generales; Erwin Reuter Román, yerno del director de Turismo, Memo Pinabete, señalado por cobrar en áreas de redes sociales o zonas especiales; y Argentina de Jesús Gálvez Núñez, señalada en Atención Ciudadana. No se trata de condenarlos desde una columna, sino de exigir que cada uno aclare con documentos cuál fue su función, qué autorizó, qué operó y ante quién rendía cuentas.
Por eso la llegada de Xavier Herrera no sería solo un nombramiento. Sería una señal. Por su experiencia como exgerente del SIMAS, parece que le tocará volver a drenar el barco. Además, fue subsecretario de Egresos y Administración estatal; es decir, alguien que entiende gasto, pagos, presupuesto y disciplina financiera. No llegará a saludar. Llega a preguntar quién firmó, quién autorizó y por qué no cuadran los números.
¿El SIMAS tiene dos sindicatos o dos llaves abiertas como si tuvieran presión de agua saludable para La Laguna, pero en la nómina? Porque la CTM y la UNE pueden existir legalmente, pero las plazas, prestaciones, ahorros, horas extras y funciones duplicadas deben sostenerse con presupuesto, no con cuentos. El ciudadano paga agua, no favores laborales escondidos en el recibo.
La reflexión es simple: cuando un organismo público deja de administrar servicios y empieza a administrar compromisos, tarde o temprano la factura llega completa. En el SIMAS, el reto no será solo reparar tuberías, sino reconstruir confianza. Porque el agua puede faltar por sequía, por fallas o por abandono; pero cuando falta el dinero, casi siempre sobran firmas, silencios y responsables que nadie quiere nombrar.
Pregunta Oficiosa:
No entienden¿Siguen asesorando a la oposición o solo no entendieron que ya se les acabó la oficina VIP?
Hay quienes nomás siguen sin querer entender: sobrerreaccionan con víscera, soberbia y la misma estrategia de siempre, como si gritar más fuerte fuera a detener auditorías. No se trata de ofendidos ni de perseguidos; se trata de quienes presuntamente tenían nóminas ocultas, cargos, sueldos, oficinas VIP y una larga lista de familiares, allegados y recomendados que deberán explicarse. Si en las revisiones aparecen estructuras infladas en áreas como Ornamentales, en la casi extinta Jefatura de Gabinete —donde también estaría la pareja del director de Atención Ciudadana con oficina VIP—, o en ese nido de “nepobabys” en la nómina de Medio Ambiente, la respuesta no puede ser enojo: debe ser recibo, función, horario y resultado. Porque a algunos cepedistas les sigue ganando la soberbia, el poder perdido y el coraje de ya no sentirse intocables.
Y ahora algunos casi exfuncionarios corren a Saltillo con currículum en mano, esperando cerrar con la misma suerte de Toñito Hernández, mientras otros se cuelgan de discursos ajenos para aparentar oposición. Ahí entra la morenista Cintia Cuevas, con su propuesta pública sobre SIMAS y sus críticas a cuotas partidistas, compadrazgos y perfiles sin capacidad; pero la pregunta queda viva: ¿la diputada federal sigue escuchando voces fragmentadas o sigue realizando reuniones en la calle Escobedo para que los apoyen con pagos “hasta donde tope”, como les gustaba presumir en sus estados de WhatsApp a ciertos exfuncionarios? Son tan predecibles que hasta desempolvaron artículos contra los que llegan, justo después de que los corrieron. Pero hay memoria, hay consecuencias y también videos donde no solo se ve betún embarrado: también aparecen adeudos de SIMAS por millones de pesos mensuales. Ellos mismos gritaban que había que tener cerca a la oposición y siguen con esas prácticas; solo que ahora la oposición es del mismo partido. Por cierto, este miércoles habrá sesión de Cabildo: ¿será para ratificar a los nuevos funcionarios y formalizar los nuevos cambios, o para legalizar el cierre de direcciones?
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