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Editoriales de opinión de
Iván P. Corpus-Lozoya
El alcalde de Torreón, Miguel Ángel Riquelme Solís, volvió a advertir este miércoles: “Ningún servidor público puede pensar que ya libró una evaluación; seguiré revisando cada área de manera permanente”. El mensaje suena correcto, pero ahora deberá comprobarse si la revisión llegará hasta los inspectores que operan en las calles y mantienen contacto directo con comerciantes y ciudadanos.
Ese mismo día, el Ayuntamiento difundió un boletín para informar que Plazas y Mercados clausuró un módulo de venta ubicado sobre la calle Valdés Carrillo, en el Centro Histórico. Según la versión oficial, el establecimiento no respetó el giro asignado y la utilización de tanques de gas representaba un riesgo para comerciantes y visitantes.
Víctor Ramos Galindo, todavía director de Plazas y Mercados, explicó que en ese sector no existen permisos para la venta de alimentos. Los inspectores levantaron el acta administrativa y solicitaron el apoyo de Inspección y Verificación, así como de Seguridad Pública, para mantener el orden.
En el boletín todo parece trabajo, coordinación y aplicación del reglamento. Sin embargo, comerciantes y usuarios de los módulos ofrecen una versión diferente. Sostienen que la clausura estuvo acompañada por una discusión y cuestionan las verdaderas razones del retiro. Aseguran contar con fotografías, videos y testigos de lo ocurrido.
Entre los testimonios también aparecen señalamientos sobre la posible existencia de dinero o intereses particulares detrás de algunas actuaciones. Se trata de acusaciones que todavía requieren pruebas y una investigación formal; no pueden presentarse como hechos comprobados. Pero tampoco deberían sepultarse debajo de un comunicado oficial redactado para que todo parezca perfectamente normal.
La intervención ya comenzó a generar un costo político para el director de Plazas y Mercados. Una de las expresiones recogidas entre los inconformes fue contundente: “Putazo para Víctor. Se va a echar a todos los del Centro encima. Son votos menos”. La frase no demuestra una irregularidad, pero sí refleja el tamaño de la molestia entre quienes viven diariamente del comercio.
En el Ayuntamiento no solamente existen muebles incómodos. También hay servidores públicos conocidos con alias de animales.
Entre los nombres señalados por fuentes vinculadas con los comerciantes destaca un inspector de apellido Quiroz, conocido dentro de la estructura municipal como “La Foca”. Según los testimonios recabados, su presencia en el Ayuntamiento se remontaría a la gestión de Fernando “Fer” López, quien presuntamente habría impulsado su sindicalización a cambio de apoyo político para su hijo.
Las fuentes sostienen que Quiroz habría participado en las actuaciones relacionadas con los módulos del Centro Histórico y que su nombre aparece frecuentemente cuando intervienen inspectores en asuntos de Plazas y Mercados. Su participación necesita aclararse porque la clausura fue presentada oficialmente como un operativo encabezado por esa dependencia, aunque también se solicitó la presencia de Inspección y Verificación.
Alrededor del inspector existen versiones de , presuntos compromisos económicos y beneficios obtenidos durante administraciones anteriores. No se trata de condenar a Quiroz por un apodo ni por comentarios de terceros, sino de determinar si su actuación se ajustó a las atribuciones de su cargo.
Así se va formando una fauna burocrática difícil de evaluar: focas que aplauden, camaleones que cambian de color con cada administración, arañas que tejen redes políticas y sindicales, buitres que rondan al ciudadano vulnerable y avestruces que entierran la cabeza cuando una denuncia amenaza con llegar demasiado arriba.
La metáfora puede resultar divertida, pero el problema no lo es. Detrás de cada módulo clausurado existe una familia; detrás de cada permiso, una responsabilidad institucional, y detrás de cada inspector debe existir un superior dispuesto a responder por sus actos.
El portal del Ayuntamiento de Torreón establece que las autorizaciones y los cobros por actividades comerciales en la vía pública deben seguir un procedimiento, contar con una tarifa y pagarse en las cajas de la Tesorería. Cualquier cantidad solicitada fuera de ese mecanismo tendría que ser denunciada e investigada.
Si Plazas y Mercados actuó conforme al reglamento, Víctor Ramos Galindo debe presentar el permiso original, el giro autorizado, el acta administrativa, las condiciones de riesgo encontradas y el fundamento de la clausura.
Riquelme aseguró que ninguna dependencia está fuera de evaluación. Aquí tiene un caso concreto para demostrarlo: revisar el expediente, escuchar a los comerciantes, solicitar los videos e identificar a todos los inspectores que participaron.
Porque una cosa es clausurar un módulo y otra muy diferente, clausurar las preguntas.
PREGUNTAS OFICIOSAS
¿Ximena descubrió el problema del agua hasta ahora?
La flamante diputada local electa Ximena con “B” de Blake, no de Villarreal, apareció en un video para anunciar que el problema del agua en Torreón debe resolverse “a la de ya”. Propone “Escuchar para Legislar”, organizar reuniones y construir soluciones para garantizar presión y calidad del agua. Hasta ahí, impecable. Incluso regresó a su tono de voz habitual, menos modulado que durante la campaña. El pequeño detalle político es que el tema no resulta desconocido en casa: su padre, José Lauro Villarreal Navarro, fue gerente general del SIMAS Torreón de enero de 2022 a enero de 2023.
Lauro no ocupó una oficina testimonial. El artículo 31 de la Ley de Aguas para los Municipios del Estado de Coahuila establece que el gerente debe dirigir, coordinar, evaluar y controlar la operación del organismo y la prestación de sus servicios. Durante prácticamente un año tuvo responsabilidad ejecutiva directa sobre el sistema encargado de llevar agua y drenaje a los hogares. Eso no significa responsabilizarlo de todos los problemas acumulados del SIMAS, pero tampoco permite borrar su paso por ahí como si solamente hubiera ido a revisar el medidor.
Por eso surge una pregunta oficiosa: antes de salir a “Escuchar para Legislar”, ¿Ximena ya escuchó en casa qué ocurrió durante aquel año, qué problemas recibió su padre, cuáles resolvió y cuáles quedaron pendientes? La diputada tiene derecho a construir una trayectoria propia y no cargar automáticamente con las cuentas políticas de Lauro Villarreal. Pero, si pretende convertir el agua en una de sus primeras banderas, tendrá que aceptar que también se revise la historia reciente del organismo. Porque en Torreón falta agua, pero memoria tampoco debería faltar.
¿Atención Ciudadana o contención ciudadana?
Quien esta vez sí se movió —y no precisamente de la oficina de lujo que ocupa en el cuarto piso, donde mantiene a una persona cercana— fue el todavía director de Atención Ciudadana de Torreón, Cristian López. En esta ocasión no habría intervenido para criticar al alcalde Miguel Ángel Riquelme ni al secretario del Ayuntamiento, Eduardo Olmos, sino para intentar desactivar una manifestación durante la sesión de Cabildo.
Habitantes de Jacarandas pretendían acudir al recinto municipal para denunciar un problema de aguas negras. Según testimonios recabados, López habría buscado convencerlos de no protestar. Esta vez ni siquiera utilizó a su fallido y costoso “Agente Max”; decidió encargarse personalmente, pero la operación terminó peor que el drenaje: una vecina salió indignada y lo acusó de maltrato y hostigamiento para impedirle expresar su reclamo.
Los señalamientos deberán ser aclarados y respaldados por quienes los formulan. Sin embargo, queda una pregunta incómoda: ¿Atención Ciudadana existe para escuchar y canalizar las quejas o para silenciarlas antes de que lleguen al alcalde? Resolver el problema sanitario habría sido más útil que intentar tapar la protesta, porque cuando las aguas negras alcanzan el Cabildo, ni una oficina de lujo puede ocultar el olor.
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