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Editoriales de opinión de
Iván P. Corpus-Lozoya
La mañana de este 1 de septiembre, el rumor corrió más rápido que el izamiento de la bandera en la Plaza Mayor. En el acto cívico coincidieron autoridades municipales y estatales, además de representantes de las corporaciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno. Sin embargo, buena parte de las miradas, cámaras y reflectores terminó concentrándose en una mujer: Martha Rodríguez Romero.
Fiel a su estilo, apareció vestida de beige y trató de transitar con normalidad entre saludos, fotografías y conversaciones en voz baja. Pero en política el lenguaje corporal suele adelantarse a los boletines, y desde temprano circulaba una versión insistente: su etapa como directora general del Centro de Justicia Municipal de Torreón (CJM) estaba por concluir.
El rumor encontró respaldo en el orden del día enviado a los regidores para la sesión de Cabildo que se realizará este miércoles. Entre los puntos aparece el acuerdo para designar al nuevo titular del organismo. cuyo lugar será ocupsdo por Carlos de Lara McGrath De aprobarse, rendirá protesta prácticamente de inmediato. Martha no se fue por un chisme: el chisme simplemente llegó antes que la notificación oficial.
Rodríguez Romero permanecía al frente del organismo desde 2022, durante la primera administración del fallecido alcalde Román Alberto Cepeda González. Su trayectoria pública, sin embargo, comenzó mucho antes.
Fue regidora por el PAN durante el gobierno de Eduardo Olmos Castro y posteriormente se incorporó al PRI. Ocupó la Dirección de Atención Ciudadana durante laprimera administración de Miguel Ángel Riquelme Solís y encabezó la coordinación regional del Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres.
Su experiencia profesional incluye más de 25 años en el ámbito jurídico y distintos cargos vinculados con la atención ciudadana y la justicia para las mujeres,
Su crecimiento político estuvo ligado durante años al llamado Grupo Torreón. Incluso llegó a mencionarse como posible secretaria del Ayuntamiento durante la administración de Román Cepeda. El cargo terminó en manos de su esposo, “Pepe” Ganem , uno de los funcionarios más influyentes y polémicos del cepedismo.
Para muchos, más allá de su relación personal, el protagonismo y los conflictos políticos de Ganem también terminaron afectando la trayectoria de Martha Rodríguez. En el poder, las parejas pueden compartir proyectos y fortalezas, pero también cargan con los costos de sus respectivas decisiones.
Por eso su salida no puede interpretarse únicamente como un relevo administrativo. Representa otra pieza retirada del tablero construido durante el gobierno anterior.
El mensaje parece claro: Riquelme no solamente está cubriendo vacantes; está desmontando lealtades, revisando equilibrios y colocando perfiles con los que pueda gobernar directamente.
No necesariamente se trata de una purga, pero tampoco parece una simple rotación de personal. Cuando varios cambios apuntan hacia el mismo grupo, la casualidad comienza a necesitar abogado.
Según versiones recogidas durante el acto de la Plaza Mayor, Martha Rodríguez habría confirmado personalmente su salida solamente a Héctor Estrada, todavía director de Desarrollo Social.
Después del evento fue vista desayunando con el director d Movilidad Urbana, Luis Alberto Morales, en Kingans Colón. La reunión despertó comentarios entre quienes la interpretaron como una conversación de despedida, balance o reacomodo político o de de conspiración. Sin embargo, en Torreón basta que dos funcionarios compartan café después de anunciarse un relevo para que alguien ya esté repartiendo direcciones.
Carlos de Lara: una apuesta jurídica
También llamó la atención que no acudieran al nuevo espacio culinario Cortés, sobre la avenida Morelos. Quizá no había reservación. O quizá, para hablar de política, todavía resulta más útil una mesa conocida y un café que no haga demasiadas preguntas.
La llegada de Carlos de Lara McGrath también provocó sorpresa. Algunos esperaban un perfil policiaco o una figura ligada al panismo tradicional de Guillermo Anaya Llamas. De Lara tiene antecedentes en Acción Nacional, pero su principal carta es jurídica: fue agente investigador del Ministerio Público, director Jurídico del Ayuntamiento, delegado de la Profeco en Coahuila y magistrado de la Sala Regional del Tribunal Superior de Justicia.
Durante la administración de Jorge Zermeño, también pasó brevemente por Inspección y Verificación, encabezó Plazas y Mercados y posteriormente asumió la Dirección de Ingresos. Además, comparte trayectoria con José Ignacio Máynez Varela, exmagistrado, expanista y actual director de Urbanismo. Esa coincidencia alimentó la versión de que Máynez pudo intervenir en la construcción del nombramiento, aunque no existe evidencia pública que permita afirmarlo como un hecho.
Colocar a un exmagistrado al frente del Centro de Justicia Municipal manda una señal política: darle al organismo un rostro técnico e institucional y levantar una barrera frente a quienes todavía pretenden intervenir desde la administración anterior. Sin embargo, el verdadero examen comenzará después de la protesta: un currículum puede abrir la puerta, pero no administra celdas, no corrige protocolos ni devuelve por sí solo la confianza ciudadana. El aviso que algunos no quieren entender
Versiones internas aseguran que esperaba recibir alguna responsabilidad dentro de la nueva estructura municipal e, incluso, ocupar un lugar en el Centro de Justicia Municipal. También se afirma que hablaba de supuestos acuerdos con “el ingeniero”. Hasta ahora, la realidad parece contar otra historia.
La reciente salida de una familiar suya del área de Catastro fue interpretada como un aviso político. Mientras algunos le aconsejan conservar su posición y no hacer ruido, otros aseguran que continúa reuniéndose, tanteando alianzas y jugando sus propias cartas. Está en su derecho. El problema aparece cuando alguien juega ajedrez político creyendo que todavía es la reina, aunque desde arriba ya lo hayan colocado como peón.
Román Cepeda empoderó a una generación de funcionarios jóvenes que ocupó espacios relevantes durante su administración. Algunos demostraron capacidad; otros confundieron la cercanía con el alcalde con la propiedad del gobierno. Hoy, varios descubren que el poder prestado también tiene fecha de devolución.
¿De Uribe a Uribe? El posible autogol de Betzabé
En Gómez Palacio cobra fuerza la versión sobre la eventual salida de Sergio Uribe del área de Comunicación Social. Aunque inicialmente se habló de problemas de salud, fuentes internas atribuyen el movimiento a diferencias en el manejo administrativo, facturas y relación con medios locales. Hasta ahora, el Ayuntamiento no ha informado oficialmente su separación ni las razones que podrían motivarla.
La posible vacante hizo circular el nombre de Yohan Uribe #LordFragmentado, quien salió de Comunicación Social del Ayuntamiento de Torreón después de una gestión marcada por confrontaciones con periodistas y cuestionamientos sobre la distribución de convenios publicitarios. También ha sido relacionado con páginas digitales utilizadas para disputar narrativas políticas, aunque no existen pruebas públicas suficientes para responsabilizarlo directamente de su operación.
De concretarse el relevo, Betzabé Martínez Arango tendría que decidir si realmente conviene pasar de Uribe a Uribe. Incorporar a Yohan no significaría contratar únicamente a un vocero, sino entregarle las contraseñas, los contratos y la estrategia informativa del gobierno. Una cosa es sumar experiencia y otra, muy distinta, entregar las llaves de la cocina a quien todavía huele a incendio. En política, los autogoles también cuentan, aunque se presenten como fichajes estratégicos.
Al final, tanto en Torreón como en Gómez Palacio, los movimientos apenas comienzan y cada nombramiento revelará quién gobierna realmente, quién conserva influencia y quién solamente presume acuerdos que ya caducaron. Riquelme mueve piezas para construir su propio tablero; Betzabé todavía decide a quién entregarle las llaves. Pero ambos deberían recordar lo mismo: en política, un peón mal colocado puede complicar la partida y un fichaje equivocado terminar en autogol.
PREGUNTAS OFICIOSAS
¿Funcionarios o juniors con cargo al erario?
En tiempos de turbulencia política, lo prudente sería esperar antes de vacacionar, especialmente cuando se ocupa un cargo vinculado con la recaudación municipal. Pero para comprenderlo se necesita oficio político; cuando este falta, una fotografía frente al mar puede convertirse en mensaje. Roberto José Barrios Hinojosa aparece en toda vía en la Dirección de Ingresos de Torreón y, aunque dentro del Ayuntamiento aseguran que es buen jefe, también se comenta que habría formado una especie de cofradía con su círculo de confianza.
No dirige un área decorativa. Bajo la estructura recaudatoria aparecen Coordinación de Ingresos, Cajas, Administración Tributaria y Catastral, Predial, Catastro, Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles, Parquímetros, Garantías e Infracciones, Mercados y Plazas, Servicios Especiales y Espectáculos, así como Rezagos y Ejecución. Versiones internas señalan que Barrios suele reconocer a sus colaboradores cercanos con uniformes, convivencias y viajes a destinos como Cancún, Mazatlán y Los Cabos; hace unos días habría estado en Cancún acompañado por integrantes de su equipo.
Viajar no representa una irregularidad si cada funcionario pagó sus gastos y contó con vacaciones o permisos autorizados. Sin embargo, sería pertinente conocer quién cubrió transportación, hospedaje y alimentos, y si existieron viáticos públicos. Quizá todo tenga una explicación sencilla y los impuestos se estén cobrando tan bien que, además de llenar las cajas municipales, alcanzan para levantar el ánimo de los recaudadores. En política la forma también es fondo: mientras el Ayuntamiento atraviesa turbulencias, algunos parecen haber activado primero el modo avión.
¿En Torreón se construye primero y se pregunta después?
Hace unos días, Multimedios Laguna exhibió una construcción presuntamente irregular dentro de una plaza de Rincón La Merced: un cocedor de concreto instalado cerca de juegos infantiles, árboles y una cancha, coronado con vidrios rotos que representan un riesgo. Según la información recabada, la estructura habría sido levantada durante la gestión de Gustavo Muñoz al frente de Ordenamiento Territorial y Urbanismo. No sería el primer caso: durante ese mismo periodo también avanzó la construcción del puesto fijo de Lonches Chilo, otra obra que provocó cuestionamientos sobre quién la autorizó y cómo pudo ejecutarse sin que aparentemente intervinieran los inspectores municipales.
Si el cocedor fue construido durante aquella administración, correspondía al área encabezada entonces por Muñoz verificar la licencia, detener la obra y sancionar la ocupación del espacio público. La responsabilidad institucional, sin embargo, no terminó con su salida: el actual titular, José Ignacio Máynez Varela, debe revisar los antecedentes, informar si existe algún permiso y, en caso contrario, iniciar el procedimiento para retirar la estructura. Fernando Villarreal, desde Servicios Públicos, tampoco puede declararse ajeno: su dependencia conserva y mantiene las plazas; quizá no tenga facultades para demoler, pero sí para detectar, documentar y denunciar una invasión.
¿Y Víctor Ramos Galindo, responsable de Plazas y Mercados? Su intervención correspondería si existe actividad comercial, permiso de venta u ocupación autorizada, pero no es la autoridad principal en materia de construcción. Los casos del cocedor y Lonches Chilo dejan una pregunta incómoda: ¿cómo se levantan estructuras permanentes en espacios públicos sin que Urbanismo, Servicios Públicos, Plazas y Mercados o Bienes Inmuebles las adviertan? Cambian los funcionarios y se reparten la bolita, pero el concreto permanece. En Torreón, al parecer, una obra irregular puede resultar invisible hasta que aparece en televisión.
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