Al Cafe politico

Manual de las deslealtades: la fosa política ya estaba hecha

Hace poco más de un año, el 19 de mayo de 2025, publicamos en Al Café Político el “Manual práctico para traicionar en Torreón”. Era una columna cargada de sátira sobre el fuego amigo, los operadores en la sombra, las alianzas de temporada y esa vieja costumbre política de jurar lealtad mientras se calcula dónde estará la siguiente mesa. Ahí quedó publicada. Y hay un detalle que hoy resulta imposible ignorar: algunos personajes que actualmente se encuentran detenidos llegaron entonces a reconocer, incluso en conversaciones privadas, que aquel manual les resultaba demasiado familiar. El texto sigue ahí para quien quiera regresar a leerlo. Hoy toca abrir otro: El manual de las deslealtades.

Porque una cosa es traicionar cuando sobra poder y otra muy distinta descubrir cuánto vale una lealtad cuando comienzan a abrirse los expedientes. En la vida pública hay una escena repetida: funcionarios con la mano extendida, protestando cumplir la ley y desempeñar el cargo con lealtad. La Constitución reserva para la protesta presidencial una frase que debería acompañar, por lo menos como principio ético, a cualquiera que ejerza poder público: “Y si así no lo hiciere, que la Nación me lo demande”. No significa que cada funcionario municipal pronuncie exactamente esa fórmula. Significa algo bastante más sencillo: el cargo no es propiedad privada y algún día llegan las cuentas.

En Torreón, ese momento coincide con una transición que abrió cajones, alteró antiguos equilibrios y dejó a quienes durante años compartieron oficinas, ceremonias, fotografías, decisiones y proyectos frente a una nueva realidad: ya no necesariamente comparten la misma versión de lo ocurrido. Román Alberto Cepeda González falleció el 5 de junio de 2026, mientras ejercía su segundo periodo como presidente municipal de Torreón. Meses después, en septiembre, agentes federales detuvieron al exsecretario del Ayuntamiento José Elías Ganem Guerrero, a Martha Rodríguez Romero y a José Feliciano Hernández Hinojo, entre otras personas, dentro de una investigación federal. La situación procesal y cualquier eventual responsabilidad individual deberán determinarse en los procedimientos correspondientes.

Cargar ahora toda la historia sobre un alcalde fallecido o depositar todas las respuestas sobre un exfuncionario detenido sería demasiado cómodo. También sería intelectualmente flojo. Porque un gobierno nunca es un hombre. Un contrato tampoco se firma solo. Una factura no camina hasta Tesorería. Una obra no se supervisa sola. Un pago no aparece por generación espontánea. Y un organismo público no acumula problemas porque una mañana alguien se levantó de malas. La pregunta real es cómo funcionaba la cadena de decisiones y quién tenía la obligación de revisar, advertir, detener o corregir.

La deslealtad no comienza el día en que alguien habla. Empieza mucho antes, cuando cada oficina deja de preguntarse qué necesita la ciudad y comienza a calcular cómo sobrevivir políticamente. Entonces aparece la paranoia: quién habló con quién, quién fue visto con el nuevo equipo, quién dejó de responder mensajes, quién comenzó a guardar documentos, quién hizo llamadas que antes no hacía y quién, de repente, descubrió que nunca estuvo tan de acuerdo con aquello que durante años defendió. Cuando el poder deja de utilizarse para gobernar y comienza a utilizarse para proteger posiciones personales, la administración se transforma. Ya nadie mira hacia adelante. Todos comienzan a mirar hacia los lados. O hacia atrás.

Llegado el momento siempre aparece una de las frases favoritas de la burocracia: “Yo sólo obedecía órdenes”. Puede ser cierto, pero una relación jerárquica no borra por arte de magia una cadena administrativa. ¿De verdad los hombres y mujeres de un gabinete podían tomar decisiones relevantes sin conocimiento, autorización, supervisión o revisión de otras áreas? La pregunta no debe responderla esta columna y mucho menos el rumor. La responden las actas, contratos, oficios, dictámenes, firmas, estimaciones, transferencias, facturas, bitácoras y cadenas de mando. Un gobierno no funciona con fantasmas. Hay secretarios, directores, gerentes, supervisores, tesoreros, contralores, regidores, integrantes de consejos y servidores públicos encargados precisamente de revisar procedimientos. Uno solicita, otro evalúa, alguien autoriza, alguien firma, otro supervisa, alguien recibe y alguien paga. Obedecer una orden puede explicar una relación jerárquica, pero no elimina automáticamente una responsabilidad.

También aparecerá otro argumento recurrente: que los bienes, vehículos, propiedades o negocios de determinado funcionario tienen un origen absolutamente lícito. Puede ser. Y precisamente por eso existen declaraciones patrimoniales, escrituras, créditos hipotecarios, financiamientos, comprobantes fiscales, herencias, ingresos particulares y registros públicos capaces de explicarlo. Llegar al servicio público utilizando un vehículo modesto y algunos años después conducir camionetas de mayor valor, vehículos eléctricos, adquirir propiedades o pasar de una vivienda de interés social a un fraccionamiento residencial no constituye, por sí mismo, prueba de enriquecimiento ilícito. Hay créditos, herencias, empresas familiares, actividades privadas y muchas explicaciones perfectamente legales. Pero cuando aparecen dudas legítimas, tampoco basta responder: “créeme”. Ni una camioneta condena ni una casa absuelve. Las cuentas simplemente tienen que cuadrar.

Tal vez ahí estuvo uno de los errores más costosos: pensar que había tiempo. Pensar que después se corregiría. Pensar que ciertas relaciones políticas durarían para siempre. Pensar que el siguiente seguiría siendo amigo. O que nunca habría siguiente. No se adelantaron a la pelota. No se quitaron los guantes. Y quizá tampoco revisaron suficientemente la casa cuando todavía conservaban las llaves. Toda administración tiene un momento para corregir, poner límites, revisar proveedores, detectar excesos, deslindar responsabilidades, auditar procedimientos y ordenar expedientes. Cuando ese momento se desperdicia por comodidad, soberbia, confianza excesiva o cálculo político, el gobierno siguiente termina heredando preguntas que pudieron responderse antes. Y una vez abierto el cajón ya no importa demasiado quién pretendía mantenerlo cerrado. El poder tiene fecha de caducidad. Los documentos, no.

Aquí aparece inevitablemente SIMAS Torreón. El gerente general Xavier Herrera Arroyo declaró el 31 de julio que se estaban revisando físicamente los pozos y comparando sus condiciones con las bitácoras de mantenimiento. Su descripción fue particularmente incómoda: “En bitácora está que se les daba el mantenimiento, pero en los hechos no se ve”. Esa sola frase merece atención. Porque las bitácoras no son literatura. Son instrumentos administrativos. Y cuando aquello asentado en un documento no coincide con lo encontrado físicamente, corresponde determinar qué ocurrió, quién reportó el trabajo, quién verificó su realización y, cuando existan contratos relacionados, qué se pagó realmente. La situación financiera tampoco era menor: el estado financiero presentado al Consejo Directivo registró pasivos por 2 mil 081 millones 126 mil pesos al cierre de junio de 2026.

Hablamos de agua. No de adornos. No de una campaña de publicidad. No de una ocurrencia administrativa. Agua. Cuando se administra un servicio indispensable para cientos de miles de personas, documentar cada peso no debería considerarse una molestia burocrática. Debería ser una obligación elemental, por legalidad y por humanidad.

Pudieron revisar antes. Pudieron corregir antes. Pudieron advertir. Pudieron pedir explicaciones. Pudieron dejar constancia por escrito cuando algo no les pareciera correcto. Pudieron deslindarse. Quizá algunos lo hicieron y, si existen documentos que lo acrediten, deberán reconocerse. Otros probablemente desconocían decisiones tomadas fuera de su área. También habrá quienes simplemente cometieron errores administrativos sin intención ilícita alguna. Todo eso deberá diferenciarse. Pero también habrá que establecer si alguien tuvo conocimiento de alguna irregularidad y prefirió guardar silencio.

Lo fascinante de las transiciones gubernamentales es esa extraña epidemia de amnesia administrativa. De pronto nadie decidió, nadie sabía, nadie recomendó, nadie pidió, nadie autorizó personalmente, nadie estaba enterado y nadie vio absolutamente nada. Entonces aparece una pregunta bastante elemental: si todos eran espectadores, ¿quién gobernaba?

Y aquí comienza la parte realmente incómoda del manual: ellos o tú. Cuando todo marcha bien, la fotografía es grande. Todos caben, todos aparecen, todos sonríen, todos forman parte del proyecto. Pero cuando llegan las investigaciones comienza el extraordinario arte político del recorte fotográfico. Quienes ayer compartían oficinas, operativos, reuniones, proveedores, ceremonias e incluso contratos pueden mañana aportar documentos o información si una autoridad se los requiere. El aliado puede deslindarse. El subordinado puede explicar quién le dio determinada instrucción. El director puede señalar quién autorizaba. El supervisor puede informar qué recibió. El tesorero puede acreditar qué pagó y bajo qué documentos. Y quien permaneció callado durante años puede decidir finalmente hablar.

Eso no significa automáticamente que quien habla diga la verdad o que la persona señalada sea culpable. Significa algo mucho más básico: una investigación seria debe reconstruir responsabilidades individuales. Las fotografías sirven para recordar quién estaba ahí. No sirven para repartir culpabilidades colectivas. Y entonces aquellas lealtades que parecían de granito pueden comenzar a comportarse como galleta remojada en café.

La fosa política no necesariamente la cava el gobierno que llega. Tampoco el fiscal que investiga ni el periodista que pregunta. Muchas veces comenzó a excavarse años antes. Se construye con decisiones que nadie corrigió, expedientes incompletos, proveedores insuficientemente revisados, facturas, firmas, silencios, omisiones y problemas que se dejaron crecer bajo la esperanza de que jamás salieran a la superficie. Por eso no hace falta amenazar a nadie ni mandar mensajes misteriosos. Un expediente correctamente integrado puede resultar mucho más incómodo que cualquier amenaza de pasillo. Y también puede hacer exactamente lo contrario: si la documentación demuestra que un servidor público cumplió correctamente con sus funciones, ese mismo expediente puede deslindarlo. Así debería funcionar. La diferencia nunca debería depender de simpatías, venganzas o colores partidistas. Debe depender de la evidencia.

Puede haber existido gente demasiado protegida. Puede haber decisiones toleradas durante demasiado tiempo. Puede haber señales que alguien prefirió minimizar. También puede haber errores que hoy, vistos con información posterior, parecen mucho más evidentes de lo que eran cuando ocurrieron. Gobernar también implica equivocarse. La verdadera pregunta es: ¿qué hizo cada quien cuando tuvo el problema frente a sí?

Porque los éxitos políticos tienen una curiosa característica: siempre tienen muchos padres. Los fracasos administrativos, en cambio, terminan misteriosamente huérfanos. Por eso cargar absolutamente todo sobre Román Alberto Cepeda, quien ya no puede responder públicamente, sería demasiado sencillo. Y concentrar todas las explicaciones en José Elías Ganem Guerrero, cuya situación está sometida a un proceso judicial, tampoco permitiría entender el problema estructural.

La pregunta realmente importante es otra: ¿cómo funcionaba el sistema de decisiones? Quién proponía. Quién solicitaba. Quién evaluaba. Quién autorizaba. Quién contrataba. Quién supervisaba. Quién recibía. Quién pagaba. Quién sabía. Quién debía saber. Y, sobre todo, quién tenía la obligación institucional de preguntar.

Jurídicamente, la frase “Y si así no lo hiciere, que la Nación me lo demande” corresponde a la protesta presidencial. Pero su mensaje debería resultar perfectamente comprensible para cualquiera que administre recursos públicos. Levantar la mano durante una ceremonia dura unos segundos. La fotografía también. Después vienen los años, los documentos, las auditorías, las cuentas públicas, los cambios de gobierno, las denuncias, las investigaciones y, cuando corresponda, los tribunales.

Ni una Presidencia Municipal, ni una amistad política, ni formar parte del grupo correcto sustituyen una explicación documental. Pero tampoco una columna periodística, una declaración pública, una fotografía o un señalamiento político sustituyen las pruebas. Hay que decir ambas cosas. Porque el debido proceso también debe respetarse cuando el personaje investigado nos cae mal.

Este manual no pretende repartir culpabilidades. Eso corresponde a las autoridades competentes y, en su caso, a los tribunales. Lo que sí puede hacer una columna es formular las preguntas que acompañarán inevitablemente esta transición. ¿Qué están pagando políticamente quienes formaron parte de aquel sistema? ¿Errores de cálculo? ¿Ambiciones? ¿Excesos de confianza? ¿La incapacidad de ponerse límites? ¿Silencios que durante años resultaron cómodos? ¿Lealtades construidas únicamente alrededor del poder? ¿La certeza equivocada de que el poder sería eterno? ¿O simplemente están pagando el costo de no haber limpiado la casa cuando todavía tenían las llaves?

Los expedientes podrán ofrecer respuestas mucho más precisas. Y ahí aparecerá quizá la gran diferencia entre el manual de la traición que publicamos en mayo de 2025 y este manual de las deslealtades. En aquel momento todavía había poder para repartir. Hoy hay responsabilidades que explicar. Y ahí cambian muchas amistades.

Porque el poder cambia de manos. Los amigos cambian de mesa. Los antiguos socios políticos dejan de reconocerse. Los subordinados recuerdan instrucciones. Los superiores recuerdan autonomías. Los firmantes recuerdan que sólo firmaban. Los supervisores recuerdan que ellos no decidían. Y las versiones adquieren una flexibilidad sorprendente cuando alguien siente que puede perder algo.

Pero los documentos permanecen.

Y cuando finalmente alguien abre esos documentos, aquella frase que durante años pareció una formalidad recupera todo su peso: “Y si así no lo hiciere, que la Nación me lo demande”.

Quizá ése sea el verdadero problema para quienes alguna vez pensaron que levantar la mano servía solamente para la fotografía oficial. Porque la fotografía dura un segundo. La responsabilidad puede durar muchos años.

Y dependiendo de lo que establezcan las investigaciones, también pueden llegar deslindes, testimonios, criterios judiciales, colaboraciones con las autoridades o mecanismos legales que modifiquen la situación individual de quienes están involucrados. Será entonces cuando sepamos cuánto valían realmente aquellas lealtades. No cuando había cargos. No cuando había contratos. No cuando todos aparecían juntos. Sino ahora.

Cuando comenzaron a abrirse los expedientes.

Pregunta Oficiosa

¿“Color Esperanza” ya es la nueva consigna de la política lagunera?

Lo que comenzó como motivo de burla terminó convertido en mantra. En agosto, nuestro Javi Noble lagunero Aleco Irarragorri fue cuestionado después de aparecer cantando “Color Esperanza” cuando Santos Laguna atravesaba una racha de derrotas; semanas después, el propio estadio adoptó la canción tras romper la mala racha. Ahora los Guerreros acumulan tres victorias consecutivas y la palabra “esperanza” ya forma parte incluso de la narrativa comercial del club. La paradoja es buena: aquello que hace unas semanas provocaba memes ahora suena a todo volumen en el TSM.

Y no tardó la política lagunera en encontrarle utilidad a la metáfora. Shamir Fernández publicó que “un guerrero nunca muere”, que están “de pie” y “listos para lo que viene”. En el contexto local, el mensaje puede leerse como una señal de permanencia y vigencia dentro del espacio de la 4T lagunera, donde Morena y el PT han compartido alianzas y candidaturas. Eso no prueba un acuerdo ni una candidatura futura, pero sí deja claro que Shamir no se presenta como un actor retirado, sino como alguien que todavía quiere estar en la cancha política.

Y ahí aparece la Pregunta Oficiosa: si Shamir dice que está “listo para lo que viene”, ¿cómo reciben ese mensaje Antonio Attolini y Cintia Cuevas, dos figuras con presencia propia dentro de Morena en Torreón? No se puede afirmar qué piensan sin una declaración directa, pero la pregunta es inevitable porque en la 4T lagunera hay liderazgos, grupos y aspiraciones que tarde o temprano tendrán que acomodarse. En Santos la receta fue aguantar las burlas, sobrevivir a la mala racha y esperar la remontada. En política falta saber quién consigue convertir el coro en regreso.