¿Quién sigue? El frescobote ya huele a expediente

Hace dos meses, en Plaza Mayor el deporte favorito era apostar quién sería el siguiente en abandonar el barco cepedista. Renuncias, relevos y despidos alimentaban el famoso frescobote municipal: bastaba ver quién dejaba de salir en la foto para saber que algo se movía. Pero las detenciones de José Elías “Pepe” Ganem y Martha Rodríguez Romero cambiaron por completo la apuesta. Ahora ya no se pregunta únicamente quién perderá oficina, sino quién podría terminar dando explicaciones ante una autoridad. El frescobote dejó de oler a despido y empezó a oler a expediente. Y en los pasillos, donde antes se hablaba de bajas administrativas, hoy la pregunta se pronuncia más bajito: ¿quién sigue?

Lo primero que apareció fue el silencio. Durante años hubo fotografías, abrazos, comidas, felicitaciones y una cercanía especialmente visible alrededor de Martha. También circularon historias de llamadas de auxilio cuando algún conocido traía copas de más, se veía involucrado en algún percance o dejaba un vehículo chocado o abandonado donde no debía. Son versiones que necesitarían pruebas caso por caso antes de convertirse en acusaciones; una llamada de favor tampoco equivale automáticamente a un delito. Pero políticamente dejan una postal incómoda: cuando había poder sobraban amigos y teléfonos disponibles; ahora pareciera que Pepe y Martha trabajaron durante años acompañados solamente por el velador. Nadie está obligado a defender un expediente ajeno, pero sí resulta curioso observar la velocidad con la que algunas amistades pasan de “hermano querido” a “yo apenas lo conocía de vista”.

En ese ambiente, Cintia Cuevas fue de las primeras en sacar la matraca del “cero impunidad” y aquello de que “la justicia tarda, pero llega”. Tiene derecho a hacerlo y también existen antecedentes de confrontación pública con Ganem. Lo que hace ruido es la memoria, esa desgraciada que nunca pide permiso para regresar: en 2025, El Siglo de Torreón publicó en Verdades y Rumores la versión de un supuesto pacto de no agresión entre Cuevas y el entonces alcalde Román Cepeda, presuntamente establecido a través del propio Ganem. Fue eso: una versión, nunca acreditada como hecho. Pero quedó escrita. Hoy Cintia puede exigir que se llegue hasta las últimas consecuencias; lo simpático es comprobar que en política la sana distancia suele aparecer apenas unos minutos después que los federales.

Después llegaron las fotografías y, finalmente, un dato oficial que puso números al operativo. El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México informó este 14 de septiembre que elementos de la FGR, SSPC y Guardia Nacional catearon cuatro inmuebles en Torreón y detuvieron a cuatro personas. En las diligencias fueron asegurados un arma corta, seis cargadores, una caja fuerte, nueve teléfonos celulares, siete relojes, cuatro tabletas, tres computadoras, cuatro pasaportes, un generador de claves, dinero en efectivo, joyería y diversos documentos. Todo eso impresiona y da para memes, teorías y sobremesas de café, pero no sustituye una sentencia: la autoridad tendrá que establecer a quién pertenece cada objeto, su procedencia y qué relación guarda —si alguna— con los hechos investigados.

Aquí aparece, además, una discrepancia que conviene no esconder debajo de la alfombra. El Gobierno federal reporta cuatro detenidos, sin identificar en ese comunicado a cada uno ni informar los delitos imputados. Sin embargo, El Siglo de Torreón ha publicado que Ganem, Farid “N”, Georgina “N” y José Feliciano “N” figuran entre cuatro personas imputadas por operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada, y en la misma cobertura señala que Martha “N” también fue detenida, lo que ha alimentado versiones de cinco personas aseguradas. Hasta que la FGR aclare la integración completa del caso, el dato con respaldo directo del comunicado federal es cuatro detenciones y cuatro cateos. En otras palabras: hasta los números necesitan abogado.

La imagen de la caja fuerte, los billetes y los relojes trajo inevitablemente una frase que parece diseñada para estas madrugadas: “Las reses de hoy fueron los carniceros de ayer, y los carniceros de hoy podrían ser las reses de mañana”. No es condena para nadie; es una descripción bastante precisa de lo frágil que resulta el poder cuando uno confunde el escritorio público con escritura de propiedad. Ayer los teléfonos contestaban, las puertas se abrían y sobraban porras. Hoy algunos borran fotografías y otros parecen haberse graduado con honores en amnesia selectiva.

Y quizá ahí está lo que más nervios produce: no sólo lo que puedan declarar los detenidos, sino lo que puedan contar los teléfonos, las transferencias, las facturas y los documentos asegurados. Desde 2025 existe una denuncia pública por presuntas irregularidades vinculadas con recursos de SIMAS; también han sido mencionados distintos exfuncionarios y proveedores. Pero conviene no mezclar carpetas por decreto editorial. El comunicado federal sobre los cateos no señala delitos, no menciona SIMAS y tampoco explica públicamente el origen de las órdenes. La columna puede tener veneno; el expediente necesita otra cosa: pruebas.

Un mensaje que recibimos resume el ambiente mejor que cualquier boletín: “A ese güey cuando lo agarren, todos van a correr solitos”, y alguien incluso aventuró que “hasta Felipe lo pueden quitar de diputado”. Por ahora, eso sigue siendo especulación política: no hay elemento público que permita afirmar que exista un procedimiento para retirarle la curul. Distinto es el caso de los cuestionamientos alrededor de su familia política, de apellido Hoyos, y el vínculo con ECO PISARI HM, empresa proveedora de SIMAS cuyas instalaciones fueron aseguradas previamente por la FGR dentro de otra investigación federal. A esto se suma la versión sobre una propiedad en Parras que habría sido vendida al matrimonio Ganem-Rodríguez por integrantes de esa familia y que también habría sido objeto de diligencias; ese último punto todavía necesita documentación oficial antes de presentarse como hecho. Ya no se habla sólo de oficinas o cargos: ahora aparecen contratos, parentescos, propiedades, empresas aseguradas y expedientes. El miedo tiene pésima ortografía, pero extraordinaria imaginación.

Dentro de ese mismo círculo se hacen circular otros nombres de funcionarios que supuestamente estarían inquietos. Se menciona, por ejemplo, a Héctor Estrada. Hasta ahí llega lo comprobable: comentario de pasillo, no carpeta judicial conocida. Una cosa es estar tomando café con la mano temblorosa y otra muy distinta aparecer formalmente en una investigación. Si algo debe distinguir a una columna del grupo de WhatsApp de la oficina es precisamente saber dónde termina el rumor y dónde comienza el documento.

Pero hay otro movimiento mucho más delicado porque toca directamente la memoria de Román Alberto Cepeda González. Apenas el 11 de septiembre, el Cabildo aprobó entregarle de manera extraordinaria la Medalla de Oro Post Mortem durante la sesión solemne por el 119 aniversario de Torreón, programada para este 15 de septiembre. Sin embargo, fuentes del entorno municipal aseguran que, después de las detenciones y del ruido provocado por el expediente de quien fuera su secretario del Ayuntamiento, comenzó a discutirse dentro del círculo cercano echar para atrás el reconocimiento para evitar que la polémica termine devorando el homenaje. En una conversación compartida con este medio se afirma que asesores habrían considerado que, bajo las actuales circunstancias, la ciudadanía podría interpretar de manera negativa la entrega. Esa versión, por ahora, no equivale a una decisión oficial.

Y hay que subrayarlo: hasta el cierre de esta columna no existe comunicado público que anuncie la cancelación de la presea. Si finalmente la retiran del programa, habrá que preguntar quién tomó la decisión y con qué argumentos. El cálculo político, sin embargo, se entiende: no porque la detención de Ganem convierta automáticamente en responsable a quien fue su jefe —eso sería una barbaridad jurídica—, sino porque homenajear de manera extraordinaria al exalcalde justo cuando su antiguo secretario protagoniza uno de los episodios judiciales más delicados del viejo grupo podría transformar una ceremonia solemne en una conferencia de preguntas incómodas. Al fallecido quizá le hagan un mejor favor preservando su memoria que utilizándola como paraguas político.

También apareció otra línea narrativa. El gobernador Manolo Jiménez Salinas declaró que, hasta donde tenía conocimiento el Gobierno estatal, el caso estaría relacionado con empresas privadas y asuntos particulares de Ganem, y no directamente con sus antiguas funciones públicas. Al mismo tiempo reconoció que corresponde a la FGR definir las causas y el alcance de la investigación. Es una precisión importante: mientras la autoridad federal no haga pública la imputación, ni quienes quieren ligarlo todo a SIMAS ni quienes desean separarlo completamente de la administración pública tienen todavía la última palabra.

Sobre el destino de los detenidos también circulan versiones. El Coahuilense reportó que Ganem sería trasladado al penal federal de Almoloya de Juárez y vinculó el caso con delincuencia organizada. Sin embargo, el comunicado federal del 14 de septiembre no informa destino penitenciario, audiencia, medida cautelar ni delito imputado. Por eso el posible traslado al Altiplano debe mantenerse, hasta que exista confirmación oficial o judicial, como información periodística atribuida a ese medio y no como dato cerrado.

Ese posible repliegue político retrata lo rápido que está cambiando el tablero. Hace unas semanas todavía había quienes calculaban si Chufani, Villarreal, Estrada, Fernández, Martínez o cualquier otro funcionario conservaría oficina bajo el nuevo gobierno. Hoy el cálculo es diferente: quién puede ser citado, quién tuvo relación administrativa con determinados contratos, quién firmó, quién autorizó, quién facturó y quién simplemente estuvo cerca cuando ocurrieron las cosas. Eso no convierte a nadie en responsable, pero demuestra algo mucho más sencillo: la política suele oler el peligro bastante antes de que llegue el citatorio.

Así que el frescobote cambió de reglas. Antes se apostaba quién sería cesado. Hoy algunos se preguntan quién será llamado a declarar, quién aparecerá en una transferencia, quién tendrá que explicar una factura y quién descubrirá que aquel amigo al que rendía cuentas ahora tiene el teléfono en manos de una autoridad federal. Quizá muchos de los nombres que hoy circulan no terminen en nada. Quizá aparezcan otros que nadie está mencionando. Eso lo decidirán documentos, peritajes y jueces, no esta columna.

Lo único evidente es que cuando Pepe Ganem y Martha Rodríguez tenían poder, amigos sobraban. Después de las detenciones, casi nadie encuentra ni la fotografía del cumpleaños. Y si además terminan guardando en un cajón la presea de Román Cepeda para proteger su memoria de la tormenta que dejó su antiguo secretario, quedará una postal difícil de mejorar: el cepedismo pasó en unas semanas de discutir quién saldría de la nómina a preguntarse quién podría aparecer en el siguiente expediente.

Las porras sonaban fuerte cuando había poder. Hoy los mariachis callaron. O tal vez simplemente están afinando “Te cayó la ley” mientras esperan saber para qué mesa será la siguiente serenata.

Las personas mencionadas conservan la presunción de inocencia. Las versiones atribuidas a fuentes, conversaciones políticas o publicaciones periodísticas no equivalen por sí mismas a investigaciones formales ni a responsabilidades acreditadas.

PREGUNTA OFICIOSA

¿Torreón revisa mientras Gómez Palacio ya detiene?

Gerardo Márquez Guevara no es cualquier funcionario revisando expedientes en Plaza Mayor. Es el reciente exfiscal general de Coahuila y ahora encabeza la Consejería Jurídica de Torreón, desde donde ya reporta la revisión de alrededor de 250 expedientes, con una veintena especialmente importantes o voluminosos relacionados con SIMAS, pensiones, Inspección Municipal y demandas laborales. La diferencia no es menor: quien sostiene la lupa pasó años viendo carpetas de investigación y sabe perfectamente cuándo un problema administrativo comienza a adquirir olor a Ministerio Público. En otras palabras, aquí no pusieron al practicante a ordenar el archivo.

Y mientras Gerardo Márquez abre cajones en Torreón, en Gómez Palacio ya apareció una advertencia de carne y hueso. La Fiscalía Anticorrupción de Durango detuvo a un trabajador del Instituto Municipal de Cultura señalado por presuntamente recibir 50 mil pesos a cambio de gestionar una plaza municipal. Su responsabilidad deberá determinarla un juez y prevalece la presunción de inocencia, pero el mensaje político cruza el Nazas sin necesidad de puente: lo que ayer podía quedarse como rumor de oficina, hoy puede terminar en denuncia, carpeta de investigación y orden judicial. En Gómez ya comprobaron que algunos expedientes no sirven para emparejar la pata del escritorio.

Por eso la pregunta empieza a incomodar en ambos lados de La Laguna: ¿cuántos funcionarios y exfuncionarios estarán revisando sus viejas firmas, buscando abogados o poniendo sus barbas a remojar? En Torreón, Márquez tiene frente a sí cientos de asuntos que pueden quedarse en correcciones administrativas o escalar, según lo que encuentre, a Contraloría, Fiscalía estatal o incluso instancias federales. En Gómez Palacio ya hubo una detención. Nadie puede adelantar culpabilidades, pero tampoco fingir que no pasa nada: cuando un exfiscal comienza a revisar los cajones y del otro lado del río ya están tocando puertas, hasta los esqueletos del archivo empiezan a pedir amparo.