La omnipresencia de Memo Anaya notario y diputado: una lona, 8.5 millones y una casa en Las Trojes

Me han hecho un infierno vivir en mi hogar”. Así resume la mujer demandada dentro del expediente civil 239/2025 lo que asegura haber vivido desde que una controversia inmobiliaria terminó convertida en un litigio por 8 millones 540 mil 916 pesos. Pidió reservar su identidad porque dice temer represalias. Relata que apareció una escalera junto a su vivienda, que en otra ocasión encontró ponchadas las llantas de su automóvil y que su estabilidad emocional se ha deteriorado. “Tengo miedo de las influencias que dicen presumir”, sostiene. Con los documentos revisados no es posible atribuir esos hechos a las personas involucradas en el juicio, pero su testimonio permite entender por qué para ella esto dejó de ser una simple disputa por una lona.

Y desde ahí surge una pregunta central: ¿cómo podía Guillermo “Memo” Anaya Llamas aparecer realizando personalmente una diligencia notarial en Torreón mientras mantenía plenamente su condición de diputado federal? La defensa cuestiona un acta fuera de protocolo del 23 de abril de 2025, en la que el notario habría hecho constar hechos observados personalmente en un domicilio de El Cortijo de las Trojes, entre las 12:15 y las 12:50 horas, incluyendo —según la propia defensa— su “presencia, captura de imágenes y hechos relatados” como fedatario. Al mismo tiempo, Anaya continuaba registrado como diputado federal, cuya sede legislativa se encuentra en el Palacio de San Lázaro, en la Ciudad de México. La Cámara de Diputados reforzó después ese dato al responder, en abril de 2026, que seguía registrado como legislador federal y que “a la fecha no hay registro de solicitud de licencia”.

Entre El Cortijo de las Trojes, en Torreón, y la Cámara de Diputados hay alrededor de 800 kilómetros en línea recta y cerca de 990 kilómetros por carretera, con un trayecto terrestre aproximado de 11 a 12 horas. Eso no demuestra que el 23 de abril de 2025 Anaya estuviera físicamente en San Lázaro ni convierte automáticamente en irregular su actuación notarial, pero sí concentra la revisión en un intervalo muy preciso: los 35 minutos comprendidos. La pregunta es concreta: ¿dónde estaba físicamente Memo Anaya durante ese lapso ? Si estuvo en Torreón, debe probarse; ya que suactividad parlamentaria esta videograbada . La “omnipresencia” funciona como título periodístico, pero en un expediente lo que realmente cuentan son los horarios, la ubicación y los documentos capaces de demostrar qué ocurrió.

La historia comenzó con algo aparentemente mucho más sencillo: una lona. Desarrollos Comarca S.A. de C.V. sostiene que aquel anuncio dañó su buen nombre y provocó la pérdida de operaciones inmobiliarias. La defensa cuestiona que una manta pueda explicar por sí sola semejante perjuicio y objeta la forma en que se integró la reclamación por 8 millones 540 mil 916 pesos. Según la contestación, la cifra contempla dos inmuebles: uno por alrededor de 4 millones 540 mil pesos y otro por 4 millones 36 mil 916 pesos. Si realmente existieron compradores dispuestos a pagar esas cantidades, ¿dónde están las ofertas, apartados, contratos, depósitos, mensajes o comunicaciones que permitan demostrar que esas operaciones estaban encaminadas y que precisamente la lona provocó su caída?

En esta historia también aparece Ernesto Llamas Sotomayor, administrador de Desarrollos Comarca y primo de “Memo” Anaya Llamas. La demandada asegura que, alrededor del conflicto, recibió comentarios e insinuaciones personales que percibió como intimidantes. En ese mismo contexto cobra relevancia el poder firmado en Torreón el 12 de marzo de 2025, mediante el cual la empresa dio representación a Carlos Santiago Charles Lozoya. La defensa sostiene además que existe un dictamen pericial que cuestiona algunas firmas. Eso no significa que judicialmente se haya declarado falso el documento, pero sí obliga a revisar quién compareció, quién firmó y qué concluyó exactamente el perito.

A esa discusión se suma el tema de las fotografías. La mujer sostiene que CFE informó que el domicilio ya contaba con medidor desde el 22 de abril de 2025, un día antes de la diligencia cuestionada. Si las imágenes atribuidas al día 23 aparentemente no muestran el aparato, la clave estaría en revisar los archivos originales: quién tomó las fotografías, a qué hora y qué información conservan sobre fecha y ubicación.

También está la propiedad. Una escritura de 2023 muestra a Desarrollos Comarca, representada por Ernesto Llamas, vendiendo un inmueble de El Cortijo de las Trojes, segunda etapa, a Luz María Murguía Bañuelos. Después, un recibo de la Tesorería Municipal de Torreón de enero de 2025 registra a Murguía como causante del predio.Ssi la casa ya había sido vendida, ¿por qué su valor terminó después formando parte de los daños reclamados?

Mientras los documentos hablan de poderes y millones, el relato de la demandada incorpora un componente más inquietante: las supuestas influencias. La mujer asegura que s le presumían conexiones dentro del Poder Judicial y sostiene que esos comentarios alimentaron su temor. En su relato aparece incluso el nombre de Miguel Felipe Mery Ayup, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Coahuila. Y después aparece la Policía Municipal. La mujer relata que, dentro de instalaciones judiciales, xe sostuvo una discusión con Carlos Santiago Charles Lozoya, a quien identifica como la persona que le habría gritado, y que posteriormente una secretaria del juzgado solicitó la presencia de agentes municipales.

El lugar también importa. El Cortijo de las Trojes forma parte de un sector residencial al norte de Torreón, comercializado por su privacidad, accesos controlados y plusvalía. Inmuebles semejantes en esa zona han sido ofertados entre 4.75 y 4.9 millones de pesos, cifras que permiten dimensionar el tamaño económico del conflicto. Resulta paradójico que una mujer que vive dentro de una cerrada promovida precisamente por su seguridad asegure ahora que siente miedo dentro de su propia casa.

Según su declaración, ese temor no parte únicamente del litigio. La mujer relata que han colocado una escalera contigua a su vivienda y que, en distintas ocasiones, ha encontrado ponchadas las cuatro llantas de su automóvil. Esos hechos forman parte de su testimonio y no pueden atribuirse, con los elementos revisados hasta ahora, a alguna de las personas involucradas en el juicio; sin embargo, ayudan a explicar por qué sostiene que la controversia dejó de ser para ella una simple disputa inmobiliaria y terminó afectando incluso la sensación de seguridad dentro de su propio hogar.

La investigación todavía no termina, porque ahora la carga está en los documentos. La parte demandada podrá pedir que se revisen firmas, fotografías, registros de la Cámara de Diputados, el oficio de CFE, la propiedad real de los inmuebles y la intervención de la Policía Municipal. Si de esas revisiones surgen inconsistencias mayores, el asunto podría dejar de ser solamente un pleito civil para abrir otras rutas legales. La pregunta de fondo sigue siendo la misma: ¿cada firma, cada fotografía, cada operación inmobiliaria y cada peso de los 8 millones 540 mil 916 reclamados puede sostenerse con pruebas claras?

Y si la respuesta es sí, que se muestre. Si no, también tendrá que explicarse. Porque una cosa es vivir en una privada con bardas, casetas y alta plusvalía, y otra muy distinta es que también las respuestas estén encerradas. Si esto fue un conflicto aislado, los documentos lo aclararán; si hubo algo más, los mismos documentos terminarán abriendo la puerta. Ahí está el verdadero cierre de esta historia: no en quién grita más fuerte, sino en quién logra probar lo que dice.

PREGUNTAS OFICIOSAS

Durango 2028: ¿informe de gobierno o primer ensayo de sucesión?

El cuarto informe del gobernador Esteban Villegas Villarreal, priista electo mediante la alianza PRI-PAN-PRD, tuvo de todo, menos fronteras partidistas. Por el PRI aparecieron Alejandro “Alito” Moreno, Manuel Añorve, Paloma Sánchez, el exgobernador Jorge Herrera Caldera y Leticia Herrera Ale, quien acudió como invitada de honor y refrendó públicamente su “cariño, compromiso y lealtad”. También hubo panistas: Toño Ochoa, alcalde de Durango; Alejandro Mojica Narváez, coordinador parlamentario del PAN y presidente de la Junta de Gobierno del Congreso local, y Ernesto Sánchez Rodríguez, representante del Comité Ejecutivo Nacional de Acción Nacional. Tampoco podía faltar la morenista Betzabé Martínez, alcaldesa de Gómez Palacio, cercana al gobernador y quien comienza a ser mencionada en las mediciones y conversaciones sobre la sucesión de 2028. Había que asistir, saludar y, de una vez, medir el terreno.

La presidenta Claudia Sheinbaum no asistió ni envió a un secretario de Estado: su representante fue César Yáñez Centeno Cabrera, subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, f ue una representación suficiente para cumplir con el protocolo, pero no precisamente una señal de respaldo federal de primer nivel. Y eso que Villegas se declaró “claudista” desde 2025 y en julio de 2026 llegó a decirle a Sheinbaum que Durango era “una extensión de su gobierno”, según documentó Expansión Política. Mientras Alito Moreno ocupaba una silla entre los invitados, el gobernador demostraba que su supervivencia política y financiera no depende únicamente del PRI, sino de mantener abiertas —de par en par— las puertas de Palacio Nacional.

Villegas presumió 25 empresas operando, 14 mil empleos y la presa Tunal II como uno de los grandes legados de su administración. Sin embargo, la obra hidráulica es construida por el Gobierno de México mediante Conagua, con una inversión federal cercana a cuatro mil millones de pesos, Pero el detalle político quizá estuvo en otro lado: el informe reservó un espacio amplio para Marisol Rosso Rivera, presidenta honoraria del DIF Estatal y esposa del gobernador, quien habló de programas sociales y de salud. A poco menos de dos años de la elección por la gubernatura, algunos pudieron interpretar aquello como un discreto “predestape”. Porque aspirantes hay varios, pero micrófono, escenario y tiempo estelar no se le conceden a cualquiera. ¿Fue el informe del priista más claudista o también el primer ensayo para presentar a su posible sucesora?

¿Hasta dónde llegó el jalón de orejas de la Presidenta?

e “vamos a ir tras de ti” al jalón de orejas presidencial?Lo que comenzó con un “vamos a ir tras de ti” terminó convertido en una disculpa que llegó hasta Palacio Nacional. La presidenta Claudia Sheinbaum fue contundente este viernes: calificó como condenables las expresiones del senador Luis Fernando Salazar contra Enrique Acevedo, manifestó su solidaridad con el periodista y advirtió que ningún servidor público debe utilizar palabras que puedan interpretarse como una amenaza. Horas después, Salazar reapareció en un video que utilizó como telón imágenes de una entrega de lentes y de su propia actividad política. Con una lectura más entrecortada que en sus habituales promocionales, ya no sólo ofreció disculpas a Acevedo: también pidió perdón directamente a la Presidenta, al gremio periodístico y a Julieta Ramírez, reconociendo que sus palabras tuvieron consecuencias “más allá de mi persona”. El regaño, evidentemente, sí llegó.

Y aquí la historia adquiere otra lectura. La cercanía de Salazar con Adán Augusto López Hernández no nació esta semana ni es una especulación de redes. Incluso, en diciembre de 2024, Salazar intervino físicamente para impedir que el panista Enrique Vargas llegara hasta Adán Augusto durante una confrontación en el Senado. Por eso resulta inevitable preguntar si, cuando Sheinbaum recordó públicamente que desde el poder no se amenaza a periodistas, estaba corrigiendo solamente al senador lagunero o enviando, de paso, un mensaje a los grupos políticos que todavía operan bajo aquella vieja lógica de golpear primero, explicar después y finalmente pedir que el asunto quede olvidado.

Porque Salazar intentó cerrar el expediente desde el 9 de septiembre; después explicó que hablaba de acciones legales, posteriormente ofreció disculpas a Enrique Acevedo y este viernes terminó grabando otro video —de edición atropellada y con una lectura visiblemente más titubeante— para decirle a Claudia Sheinbaum: “Presidenta, de manera personal, humilde y respetuosa quiero ofrecerle una disculpa también a usted”. Para alguien que había dado el tema por concluido, vaya que tuvo varias secuelas. El tuit se borró, pero el problema creció; quiso defender a Julieta Ramírez y terminó desviando la atención hacia su propia conducta; quiso dar carpetazo y acabó disculpándose con la Presidenta. La pregunta oficiosa queda servida: ¿el jalón de orejas fue únicamente para Luis Fernando Salazar… o también alcanzó al padrinazgo político que aparece detrás de la foto?

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