Vamos a ir tras de ti: la frase de Luis Fernando Salazar que puede perseguirlo hasta 2027

En política hay frases que duran lo que tarda alguien en borrar una publicación y otras que sobreviven hasta la siguiente elección.El político lagunero Luis Fernando Salazar Fernández acaba de fabricar una de las segundas: “vamos a ir tras de ti”. Cuatro palabras dirigidas al periodista Enrique Acevedo después de los reportajes de N+ Focus sobre Julieta Ramírez, senadora con licencia de Morena y aspirante al Gobierno de Baja California. Ramírez rechazó la información. Hasta ahí había una controversia normal: un medio publica, la persona señalada desmiente, se presentan pruebas, se ejerce derecho de réplica y, si alguien considera vulnerados sus derechos, existen tribunales. El problema comenzó cuando un senador decidió cambiar el tono.

¿Fue jurídicamente una amenaza? El senador Salazar sostiene que con “vamos a ir tras de ti” hablaba de acciones legales. Pero una cosa es determinar si una conducta configura delito y otra analizar si una frase puede resultar intimidatoria cuando viene de alguien con poder. Luis Fernando no escribe desde una cuenta anónima: es senador, pertenece al movimiento gobernante y tiene estructura e influencia. Las mismas palabras no pesan igual en boca de un ciudadano que en boca de un representante del Estado.

Acevedo respondió desde ese ángulo. N+(Televisa) calificó las expresiones como una amenaza y el conductor sostuvo que cuestionar el trabajo periodístico es parte de la democracia, mientras intimidar al periodista no. Esa es su valoración, no una sentencia judicial, pero el contexto obliga a tomarla en serio. Artículo 19 registra 181 periodistas asesinados en México desde el año 2000 en posible relación con su trabajo, mientras el Comité para la Protección de los Periodistas informó el 3 de septiembre que Ricardo Zúñiga fue el sexto periodista asesinado en menos de tres meses. En ese país se pronunció “vamos a ir tras de ti”.

Salazar reaccionó y ofreció disculpas. en contención de daños reconoció que utilizó palabras poco prudentes y explicó que debió aclarar desde el principio que se refería a la vía legal. Eso cuenta. Tanto el mensaje original como la posterior rectificación del senador. El problema llegó con el “pero”: después sostuvo que políticos y familias también reciben acusaciones irresponsables y que los periodistas deben responder por lo que publican. Tiene razón en una parte. La libertad de prensa no es permiso para inventar delitos ni fabricar pruebas. Si Noticieros Televisa se equivocó, debe probarlo y responder. Pero una disculpa acompañada de una factura al disculpado pierde fuerza.

Entonces apareció su colega y paisano Antonio Attolini. El diputado local de Morena compartió el posicionamiento de Salazar y escribió: “bien por disculparse y mejor por abrir el debate sobre la verdadera libertad de prensa”. El adjetivo merece atención. ¿Cuál es la libertad de prensa “verdadera” y quién la certifica? Attolini conoce el terreno mediático: presidió el Consejo Editorial de El Soberano, medio que en un comunicado firmado precisamente por él se definió como el primer medio digital multiplataforma “abiertamente militante de la Cuarta Transformación”. La prueba de congruencia es sencilla: si mañana un senador del PRI o del PAN dijera a un periodista de El Soberano “vamos a ir tras de ti”, ¿Attolini hablaría primero de los errores de la prensa o denunciaría intimidación desde el poder?

También importa quiénes no han salido públicamente a acompañar esa defensa. Hasta el cierre de esta columna no encontramos un pronunciamiento de Cecilia Guadiana, compañera defórmula sw Luis Fernando en el Senado por Coahuila, ni de Alfonso Cepeda Salas, también senador de Morena. Tampoco de Ricardo Mejía Berdeja, quien no es senador sino diputado federal del PT. El silencio no significa condena, ruptura ni abandono; sería irresponsable interpretarlo así. Pero políticamente deja una fotografía: el cierre de filas más visible vino de Attolini. En política también pesan los respaldos, pero a veces pesan igual las ausencias.

Existe además un antecedente incómodo. Luisa María Alcalde, desde la Consejería Jurídica de la Presidencia, encabeza el espacio oficial Derecho de Réplica en Palacio Nacional. En agosto presentó un análisis donde aparecieron nombres de medios, periodistas y actores políticos dentro de lo que el Gobierno describió como un ecosistema de amplificación digital. Alcalde negó posteriormente que se tratara de “listas negras” y Claudia Sheinbaum sostuvo que eran ejemplos sobre el funcionamiento de redes sociales. Formalmente aquello no ocurrió en la mañanera, pero sí desde una de las tribunas más poderosas del país: Palacio Nacional, con infraestructura y canales oficiales del Estado. Una cosa es que un medio cuestione al poder y otra que el poder coloque a periodistas bajo su reflector.

Luis Fernando tiene además un problema llamado 2027. El propio senador ha reconocido su interés por competir por la Alcaldía de Torreón y, si finalmente aparece en la boleta, aquel “vamos a ir tras de ti” seguramente volverá a circular. La política tiene memoria larga y Luis Fernando ya lo sabe: en septiembre de 2013, cuando todavía era senador pero por el PAN, bastó una fotografía tomada que pareciera que se había quedado dormido en plena Cámara alta. La imagen recorrió las redes y provocó críticas; Salazar tuvo que aclarar públicamente que no dormía, sino que la cámara lo había captado parpadeando, y aseguró que la fotografía había sido sacada de contexto. Trece años después, aquel episodio sirve como recordatorio de una regla cruel de la política digital: a veces una fracción de segundo basta para construir una percepción que tarda años en desaparecer. La diferencia es que ahora no hablamos de una fotografía circunstancial, sino de palabras escritas por él mismo. Si llega 2027 con Luis Fernando buscando el voto en Torreón, la discusión ya no será únicamente sobre Enrique Acevedo o Julieta Ramírez, sino sobre temperamento, tolerancia a la crítica y la manera en que quien aspira a gobernar reacciona cuando una publicación le resulta incómoda.

Luis Fernando hizo bien en ofrecer disculpas. Attolini tiene derecho a respaldarlo. Cecilia Guadiana, Alfonso Cepeda y Ricardo Mejía tienen derecho a guardar silencio. Y los periodistas tenemos la obligación de probar aquello que publicamos. Pero quienes ejercen poder tienen una responsabilidad adicional: entender que sus palabras salen acompañadas de investidura, relaciones y capacidad institucional.

Por eso la pregunta no es únicamente si “vamos a ir tras de ti” constituye una amenaza penal. Eso, llegado el caso, corresponde determinarlo a una autoridad. La pregunta política es si queremos normalizar ese lenguaje desde posiciones de poder contra periodistas y que después todo quede resuelto explicando que se hablaba de abogados.

Y la paradoja electoral no podría ser más oportuna: justamente hoy, 10 de septiembre de 2026, el INE puso en marcha formalmente el Proceso Electoral Federal 2026-2027. No comenzaron hoy las campañas constitucionales, pero sí empezó oficialmente el reloj de la elección intermedia, en la que se renovarán las 500 diputaciones federales y miles de cargos locales.

Así que el mismo día en que Luis Fernando intenta cerrar una polémica ofreciendo disculpas, el calendario electoral abre sus puertas.

Mala fecha para descubrir que cuatro palabras pueden vivir más que un tuit borrado.

Los políticos pueden borrar publicaciones. Las capturas de pantalla también hacen campaña.

PREGUNTAS OFICIOSAS

¿Y quién podrá defendernos de SIMAS Rural?

La crítica esta vez no salió de la oposición ni de algún enemigo político. Un periodista y exfuncionario del Ayuntamiento de Torreón, vecino del fraccionamiento Puertas Real, publicó en su estado de WhatsApp un reclamo contra SIMAS Rural: asegura que ya no toman lectura del medidor, que los cobros llegan como si fueran inspiración divina, que dejaron de entregar recibos en los domicilios y que la famosa aplicación “no sirve”. Su mensaje terminó con una pregunta digna del Chapulín Colorado: “Ahora, ¿quién podrá defendernos?”

El comentario cae como cubetazo de agua fría —si es que todavía llega— para la administración de José Antonio “Toño” Gutiérrez Jardón. Porque una cosa es presumir modernización, aplicaciones, plataformas y millones invertidos, y otra muy distinta es que el usuario termine adivinando cuánto consumió, cuánto debe y por qué le están cobrando. Si ya no pasan a tomar lectura y tampoco llega el recibo, sólo falta que el próximo cobro venga acompañado de una ouija para consultar el saldo.

Más allá de las bromas, el fondo es bastante serio. Si alguien que conoce las entrañas del Ayuntamiento termina preguntando quién puede defenderlo de SIMAS Rural, imagínese el ciudadano que no tiene teléfonos de funcionarios, amigos en la administración ni palancas para preguntar qué demonios pasó con su recibo. A veces una historia de WhatsApp explica mejor el funcionamiento de un organismo que veinte boletines de “transformación digital”. Y quizá ahí esté el verdadero problema: la aplicación podrá ser moderna, pero el cobro parece seguir funcionando a la antigua: usted pague primero y pregunte después.

Centro comunitario… o extensión de un asador?

En el Centro Comunitario Nueva California hay usuarios que ya no saben si van a clases o a una carne asada. De acuerdo con testimonios recibidos por Al Café Político, de jueves a domingo un puesto de carne asada ocuparía parte de la fachada, la banqueta y el estacionamiento del inmueble municipal, mientras el humo del carbón termina entrando al espacio donde se imparten actividades para niños y adultos. El centro depende de la Dirección de Desarrollo Social de Torreón, encabezada por Héctor Estrada, a quien, por lo visto, el ambiente parrillero no le resulta ajeno.

Los inconformes aseguran que ahí se ofrecen clases de taekwondo, zumba y otras actividades, y que el humo ya genera molestias. Pero hay una pregunta todavía más sencilla: ¿quién autorizó que un particular utilice un espacio municipal para vender y quién cobra, en su caso, por ese aprovechamiento? Porque una cosa es apoyar al comercio local y otra muy distinta convertir instalaciones públicas en extensión de un negocio sin explicar bajo qué permiso opera.

Lo más delicado es que, según los testimonios, algunos instructores habrían pensado en presentar una queja, pero presuntamente fueron advertidos de que podrían perder el espacio que utilizan. Eso merece aclararse. Héctor Estrada puede despejar rápidamente la duda: informar si existe autorización, permiso, convenio o algún pago relacionado con ese puesto.

Y tampoco sería extraño que surjan las sospechas. En Torreón se ha vuelto demasiado común ver estructuras, puestos semifijos e incluso instalaciones comerciales ocupando banquetas, áreas transitadas o espacios públicos, muchas veces sin que el ciudadano tenga claro quién autorizó, quién cobra o bajo qué criterio se permite. Por eso la pregunta no es menor: ¿el Centro Comunitario Nueva California está al servicio de sus usuarios o también se está convirtiendo en espacio de explotación comercial?

Porque si el humo ya llegó hasta los salones, quizá también sea momento de que llegue un poco de transparencia.

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