El contador de Román: lo regañaba machín, lo protegía y ahora surgen las pantallas chinas

El contador de Román: lo regañaba machín, lo protegía y ahora surgen las pantallas chinas

En la política lagunera hay compadres para las fiestas, compadres para los negocios y compadres a los que les toca aguantar los regaños. Raúl Alejandro Garza del Valle, profesor de la PVC, séptimo regidor priista de Torreón y formado políticamente bajo la influencia de la vieja escuela de Enrique Martínez y Martínez, habría pertenecido a esta última categoría durante su cercanía con Román Alberto Cepeda González. Una escuela priista donde la disciplina, las jerarquías, las lealtades y los compadrazgos han tenido un peso importante en las relaciones de poder. No hay que olvidar que el propio Román mantuvo una relación política cercana con el exgobernador Martínez y Martínez, quien lo nombró delegado de la Sagarpa en La Laguna cuando encabezaba esa dependencia federal.

Quienes conocieron la relación entre Raúl y Román describen una dinámica bastante peculiar: el entonces alcalde podía «regañarlo machín» y reclamarle sus equivocaciones, pero difícilmente permitía que alguien más se metiera con su compadre. Era una especie de protección política con derecho exclusivo a regaño. Así funcionaba aquella relación, al menos según quienes conocieron de cerca ese poder municipal.

De acuerdo con versiones recogidas en su entorno político, habría sido una persona de confianza para cuestiones contables relacionadas con actividades personales de Cepeda, incluidos negocios y ranchos. De ahí el sobrenombre de «el contador de Román».

No sería extraño que un político tuviera un contador de confianza. Lo interesante aparece cuando esa cercanía personal coincide con responsabilidades dentro de la Tesorería Municipal. Una cosa es llevar las cuentas del compadre y otra muy distinta administrar procedimientos relacionados con los recursos de los torreonenses. Ambas actividades pueden ser perfectamente legales, pero requieren una separación clara de intereses, especialmente cuando existen contrataciones públicas de por medio.

En aquel círculo político, según los testimonios, Raúl tenía una habilidad particular para provocar disgustos de su jefe. Román lo regañaba fuerte, le reclamaba errores y más de una vez habría tenido que llamarle la atención. Sin embargo, pese a esos episodios, conservó su respaldo. En términos políticos, aquello se parece bastante a una relación de lealtad y dependencia: el subordinado acepta el carácter del jefe porque sabe que detrás de cada regaño existe una red de protección. El compadre podía cambiar de humor, pero no necesariamente de lealtades.

Garza pasó por la Dirección de Egresos de la Tesorería Municipal durante la primera temporada de Román , posteriormente ocupó otras responsabilidades administrativas y llegó a Atención Ciudadana, antes de incorporarse al Cabildo, en lugar del profesor Mario Cepeda. No fue precisamente una trayectoria construida lejos del presupuesto. Su paso por Egresos resulta particularmente relevante porque ahí se concentran procedimientos relacionados con pagos, documentación comprobatoria y obligaciones financieras del municipio. Quien ocupa esa posición no necesariamente decide todas las contrataciones, pero conoce una parte importante de los mecanismos mediante los cuales el dinero público sale de las arcas municipales.

En enero de 2025, Garza se incorporó como séptimo regidor, pues le habrían prometido una candidatura como diputado local. Aquella designación confirmó que seguía teniendo espacio dentro de la estructura política priista. Su llegada al Ayuntamiento como integrante del cuerpo edilicio representó una continuidad política después de su paso por las oficinas administrativas.

La trayectoria de Raúl Garza también quedó registrada en expedientes oficiales del Ayuntamiento de Torreón. Durante su gestión como director de Egresos participó en la revisión económica de propuestas correspondientes a las licitaciones LPN-DSA-025-2022, para el suministro de despensas, y LPN-DSA-022-2022, relacionada con la adquisición de vehículos tipo pickup. También aparecen antecedentes de su participación en procedimientos relacionados con movimientos contables y bienes municipales, cuya documentación permite delimitar sus atribuciones y las decisiones en las que intervino durante la administración cepedista .

Pero hay otra línea de investigación que merece mayor atención que el video de los hules que convirtió al regidor en un meme nacional. Testimonios recogidos para esta columna mencionan la presunta adquisición de pantallas y monitores de fabricación china, de aproximadamente 55 pulgadas, que habrían alcanzado precios de hasta 70 mil pesos por unidad, destinados a oficinas municipales y áreas de Seguridad Pública. Según una de las versiones, algunos equipos instalados en la Policía Municipal presentaron dificultades para recibir televisión convencional, por lo que habría sido necesario incorporar dispositivos Roku. También se mencionan sustituciones de pantallas y posibles cobros adicionales, circunstancias que todavía carecen de respaldo documental. La versión no identifica marcas ni modelos y tampoco permite establecer quién suministró los equipos.

En los archivos municipales existen procedimientos de contratación tecnológica que ofrecen una ruta para esclarecer estas versiones. Entre ellos destacan las licitaciones LPN-DSA-048-2022, para adquisición de equipo de cómputo, y LPN-DSA-051-2023, destinada a equipo de cómputo y mobiliario. A estas se suman la LPN-DSA-014-2023 y LPN-DSA-057-2023, relacionadas con servicios de copiadoras para distintas dependencias.

En los testimonios también aparece el nombre comercial CONVERSA, supuestamente identificado con servicios tecnológicos y domicilio en Saltillo. La referencia exige consultar el padrón histórico de proveedores, las razones sociales, los representantes legales y los contratos adjudicados. Hasta ahora no existe documentación suficiente para establecer que esa empresa haya suministrado los monitores, participado en los procedimientos citados o mantenido una relación comercial o societaria con Raúl Garza. La responsabilidad periodística obliga a distinguir entre un nombre mencionado por una fuente y un vínculo demostrado. Lo que sí puede exigirse al municipio es claridad sobre marcas, modelos, especificaciones técnicas, garantías, precios unitarios y pagos efectuados.

Pero las versiones sobre equipos electrónicos no son el único asunto que merece atención. Una fuente consultada para esta columna atribuye a Raúl Garza una presunta exigencia de 80 mil pesos mensuales, relacionada supuestamente con la gestión y liberación de bonos para elementos de la Policía Municipal, durante el periodo en que César Antonio Perales Esparza dirigía Seguridad Pública. Según el testimonio, el dinero habría sido solicitado mediante gestiones con funcionarios de la corporación y entregado en efectivo por una ventanilla de una oficina municipal. Se trata de una acusación que todavía carece de comprobantes, denuncias formales o evidencia independiente que permita acreditar los supuestos cobros o establecer responsabilidades personales.

Lo que sí está documentado es la existencia de compensaciones económicas para policías municipales. El 10 de marzo de 2022, las comisiones de Hacienda y Seguridad aprobaron un incentivo mensual para 22 integrantes del Grupo de Reacción Laguna, solicitado por César Perales mediante el oficio DGSPM/DG/194/2022. Posteriormente, el 28 de diciembre de 2023, el Cabildo autorizó apoyos de 10 mil, 15 mil y 20 mil pesos para 60 policías, según su antigüedad de entre 15 y 30 años. Ambos antecedentes confirman que existían mecanismos oficiales para otorgar compensaciones, pero no demuestran que Garza controlara su liberación ni respaldan la presunta exigencia de cuotas.

Porque Raúl Garza no es un improvisado en los pasillos de la Presidencia Municipal. Su influencia dentro del grupo político del exalcalde también aparece en versiones sobre la integración del equipo administrativo. Fuentes consultadas le atribuyen haber impulsado la llegada de Brenda Jiménez a la Dirección de Egresos, cargo que ella asumió oficialmente en enero de 2025 y que, según las versiones recabadas, ya habría dejado. Brenda ocupó el puesto anteriormente desempeñado por Garza, mientras este continuó su trayectoria política. Una sucesión administrativa que merece atención por las responsabilidades compartidas en el manejo de las finanzas municipales, sin que ello implique irregularidades o acuerdos personales.

Ahora que circulan versiones sobre una posible salida del contador, algunos ya hacen cuentas para ver quién se quedaría con la regiduría. Pero Mario papá no puede simplemente regresar a reclamar una silla que nunca ocupó, pues cualquier sustitución tendría que resolverse por las vías legales. En política, los compadres pueden reconciliarse, pero las regidurías no se heredan ni se devuelven como favores pendientes. Mientras tanto, Raúl tiene otros asuntos que aclarar: su paso por Egresos, las contrataciones municipales y los señalamientos que todavía esperan pruebas. Román podía regañarlo machín y después protegerlo, pero los expedientes no entienden de compadrazgos. Las amistades cambian, los padrinos pierden influencia y las sillas del Cabildo pueden cambiar de ocupante, pero los documentos permanecen. Y si aquellas pantallas presuntamente necesitaban un Roku para dar señal, ojalá las cuentas públicas no requieran otro aparato para explicar en qué se gastó el dinero. Porque el hule negro podrá servir para tapar las goteras, pero no para cubrir las cuentas pendientes.

PREGUNTA OFICIOSA

¿ACTIVARON EL PLAN DN-III-E PARA RESCATAR A LOS FUNCIONARIOS EN EMERGENCIA POLÍTICA?

En Torreón, el Plan DN-III-E podría necesitar un protocolo adicional: el rescate de funcionarios extraviados en el organigrama municipal. Durante la ceremonia por su 60 aniversario, encabezada por el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís, se reportó la aparición de Ariel Martínez, exjefe de Gabinete, quien, según los asistentes, desempolvó el traje para dejarse ver. Las malas lenguas aseguran que todavía busca dónde aterrizar para seguir cobrando. Diagnóstico político: desplazamiento de nómina, pérdida de influencia y posible dependencia del presupuesto. Ariel llegó como esos damnificados que aparecen en el albergue sin estar registrados, pero preguntan primero a qué hora reparten los apoyos. En este caso, la emergencia no sería por inundación, sino por sequía de nombramientos.

La segunda contingencia habría ocurrido cuando el Lumba, panista y titular de la Dirección de Prevención del Delito, detectó la presencia de reporteros y activó su propio protocolo de evacuación. La escena llamó la atención en medio de los cuestionamientos sobre las acciones preventivas tras lo sucedido en la Secundaria 13 del ejido La Unión. Nivel de alerta: amarillo por exposición mediática; ruta de escape: lejos de los micrófonos. Resulta curioso que alguien encargado de prevenir problemas aparentemente no pudiera prevenir una entrevista. Mientras tanto, los intrigantes señalan que Luis Morales, titular de Movilidad, habría instalado su centro de operaciones en el restaurante Cortez, donde dicen que desayunaba tranquilamente tras quedarse sin invitación. Uno aplicó el repliegue estratégico y el otro declaró zona de seguridad alrededor del plato fuerte. Por fortuna, ninguna de estas emergencias requirió helicóptero: bastaron una salida discreta y una buena carta de alimentos.

El tercer reporte llegó desde la zona de espectadores: Jorge Luis Juárez Llanas, «el Chocorrol», de Protección Civil municipal, fue localizado, según los testimonios, entre las sillas del público, mientras su jefe directo, Eduardo Olmos Castro, secretario del Ayuntamiento, ocupaba un lugar entre las autoridades. La explicación fue estrictamente protocolaria: el Ejército Mexicano organizaba la ceremonia y no correspondía darle un asiento en el presídium. Además, a Pepé Ganem se le atribuye influencia en la llegada del Chocorrol al cargo. Parte de novedades: funcionario fuera de la zona VIP, protagonismo extraviado y padrinazgo político bajo observación. Al Chocorrol no hubo necesidad de rescatarlo: estaba sano, salvo y perfectamente ubicado en la zona de menor riesgo para la fotografía oficial. Conclusión del simulacro: en el Torreón de Riquelme, unos necesitan rescate político, otros buscan rutas de evacuación y algunos descubren que su principal contingencia es quedarse sin silla en el presídium. El Ejército atendió su ceremonia; para los damnificados de la política municipal, todavía no existe fondo de desastres.

¿EN EL CENTRO DE JUSTICIA YA NO ALCANZAN LOS PERITOS PARA CONTAR LOS GOLPES?

En Torreón, el Centro de Justicia Municipal parece haberse convertido en una escena del crimen político donde todos buscan las huellas, pero nadie quiere dejar las suyas. Todavía no se apagan los ecos de las detenciones de José Elías Ganem y Martha Rodríguez cuando aparece otro nombre en el expediente de las versiones extraoficiales: Humberto Palacios, jefe de Peritos, cuya presunta salida trascendió este lunes 12 de octubre, durante la gestión de Carlos de Lara McGrath. Sobre Palacios circulan señalamientos relacionados con supuestas irregularidades en peritajes de accidentes, manejo de pertenencias y cobros sin recibo. Ninguna de esas acusaciones ha sido acreditada públicamente ni se ha confirmado oficialmente el motivo de su presunta salida. Pero la ironía es irresistible: en una oficina dedicada a reconstruir accidentes, ahora tendrían que reconstruir cómo terminó accidentándose su propia credibilidad.

Y vaya que el organigrama tiene sus curiosidades. Martha Rodríguez encabezó el Centro de Justicia Municipal, mientras que José Feliciano Hernández Hinojo, conocido como «El Olimpo», otro de los detenidos, se desempeñó como chofer y escolta de Ganem. Los tres fueron vinculados a proceso por su probable participación en delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Ahora, con Palacios mencionado en versiones todavía pendientes de confirmación, aquel edificio parece necesitar menos formatos de infracción y más explicaciones administrativas. Porque una cosa es levantar el peritaje de un choque y otra muy distinta explicar por qué tantos nombres vinculados con el entorno municipal terminan apareciendo en las conversaciones judiciales. Eso sí, compartir oficinas, relaciones laborales o espacios de poder no convierte a nadie en culpable; para eso existen los expedientes, aunque en la política local algunos preferirían dejarlos olvidados entre los archiveros.

Y mientras el café se enfría, también aparecen versiones de que exfuncionarios del SIMAS habrían sido citados por la propia paramunicipal, entre ellos Bobe Escalante, exgerente del organismo, para aclarar observaciones relacionadas con expedientes de obra faltantes, incompletos o inexistentes, detectados durante la entrega-recepción. Un citatorio administrativo no equivale a una imputación penal. Sin embargo, entre detenidos, presuntas bajas y exfuncionarios llamados a rendir explicaciones, el escenario municipal parece un juego de sillas musicales, con una pequeña modificación: cuando se detiene la música, todos miran hacia la Fiscalía. ¿Quién será el próximo en necesitar más documentos que gafetes? La pregunta es política, no una sentencia. Porque en Torreón los accidentes se investigan con peritos, pero los choques de intereses necesitan algo más que una grúa.