¿VIENEN MÁS EXFUNCIONARIOS? MARTES 13, A UN MES DE LAS DETENCIONES DE GANEM Y MARTHA

¿VIENEN MÁS EXFUNCIONARIOS? MARTES 13, A UN MES DE LAS DETENCIONES DE GANEM Y MARTHA

Dicen que en martes 13 ni te cases ni te embarques. Pero en Torreón habría que agregar otras recomendaciones: no pierdas los expedientes, conserva las facturas y, sobre todo, procura que los compadrazgos no terminen convertidos en pruebas judiciales. Este 13 de octubre de 2026 pareció especialmente diseñado para la superstición política: se cumple exactamente un mes de las detenciones de José Elías Ganem Guerrero y Martha Rodríguez Romero, mientras Miguel Ángel Riquelme Solís presume sus primeros cien días al frente del Ayuntamiento y Luis Fernando Salazar comparte fotografías junto a Omar García Harfuch. Demasiadas coincidencias para una ciudad donde hasta las tuberías parecen guardar secretos.

El 13 de septiembre fueron detenidos Ganem, Martha Rodríguez y otros implicados. Quince días después, la Fiscalía General de la República (FGR) confirmó la vinculación a proceso de cinco personas por su probable participación en delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. La investigación comenzó en noviembre de 2025, a partir de una denuncia de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). La prisión preventiva continúa siendo la medida cautelar impuesta y los acusados conservan su presunción de inocencia. Así lo establece el comunicado 650/26 de la FGR. El calendario podrá ser supersticioso, pero los expedientes tienen fechas bastante precisas.

Y justo cuando se cumple el primer mes aparece Luis Fernando Salazar compartiendo fotografías con Omar García Harfuch, quien este martes acudió al Senado. La imagen despierta una pregunta inevitable: ¿vienen más exfuncionarios? No existe confirmación de nuevas órdenes de aprehensión, pero el senador tiene antecedentes concretos. En junio de 2025 denunció presuntas operaciones irregulares por más de 66 millones de pesos en SIMAS Torreón, relacionadas con Grupo Integrador de Servicios de Edificación. Señaló entonces a funcionarios municipales y a José Feliciano Hernández Hinojo, antiguo chofer de Ganem, hoy también vinculado a proceso. El SIMAS de aquella administración negó que sus contrataciones fueran ilegales.

Pero el martes 13 también tiene protagonista propio: Roberto “Bobe” Escalante, exgerente del organismo. El 21 de septiembre promovió el amparo indirecto 1434/2026 ante el Juzgado Quinto de Distrito en La Laguna, buscando protección frente a posibles actos privativos de la libertad. La suspensión provisional le fue negada y presentó el recurso de queja 328/2026. Sin embargo, confirma que su preocupación por una eventual actuación judicial llegó hasta los tribunales federales.

El asunto adquiere otra dimensión porque SIMAS reconoció expedientes de obra faltantes, incompletos o inexistentes durante la entrega-recepción. Su actual gerente, Xavier Alain Herrera Arroyo, informó que fueron citados antiguos funcionarios y colaboradores para aclarar las observaciones. Además, la FGR solicitó documentación de contratos de mantenimiento y rehabilitación de infraestructura hidráulica y pozos, relacionada con la investigación que derivó en detenciones de exfuncionarios municipales. Aquí ya no hablamos de supersticiones: existen requerimientos documentales y revisiones administrativas.

En menos de un mes, dos exfuncionarios vinculados con una de las etapas más cuestionadas del SIMAS Torreón se despidieron del Ayuntamiento, y sus nombres vuelven a resonar en medio de las investigaciones: Óscar Luján, extesorero municipal, y Eduardo Terrazas, exgerente del SIMAS durante el periodo 2022-2024. Aunque sus salidas del gobierno están documentadas, no existe confirmación publica de de citatorios federales ni de imputaciones contra ellos por el caso Ganem. Tampoco se ha acreditado que Roberto Escalante enfrente cargos dentro de esa causa penal, pese a haber recurrido al amparo. Porque en Torreón los rumores pueden correr más rápido que el agua por las tuberías, pero una cosa es aparecer en las conversaciones políticas y otra muy distinta figurar formalmente en un expediente judicial.

Mientras tanto, Riquelme llegó al martes 13 entregando maquinaria y vehículos al SIMAS. Se entregaron 37 unidades con una inversión de 62 millones de pesos, incluidos equipos vactor nuevos y rehabilitados. Más importante todavía sería conocer el inventario heredado: qué maquinaria funcionaba, cuál estaba descompuesta, qué vehículos fueron dados de baja y qué ocurrió con el equipo anteriormente adquirido. No existe prueba pública suficiente para afirmar que desaparecieron unidades específicas, pero sí razones para exigir cuentas.

Porque mientras unos estrenan equipo, otros esperan explicaciones sobre el que ya se había comprado. Riquelme presenta resultados, los expedientes federales continúan. Y Salazar apareció junto a Harfuch, regresan a la conversación Óscar Luján, Eduardo Terrazas y Roberto Escalante. Unos dejaron sus cargos, otros enfrentan procesos judiciales y otros administran el gobierno que recibieron.

A la lista se suman los 60 millones de pesos que SIMAS debe reintegrar al Municipio r ecursos entregados entre septiembre de 2025 y mayo de 2026 para infraestructura hidráulica. Además, la Auditoría Superior del Estado realizará una revisión especial del organismo. Así que el problema no termina con encontrar los expedientes: también hay que comprobar obras, pagos y resultados.

Sobre Martha Rodríguez trasciende que su pareja, José Elías Ganem Guerrero, habría intentado negociar beneficios judiciales a favor ella a cambio de revelar nombres y presuntas irregularidades del SIMAS. ¿Habrá nuevas revelaciones o todo quedará en rumores?.

Y aquí está la verdadera ironía del martes 13: Riquelme cumple cien días prometiendo ordenar lo que recibió, Salazar aparece junto al responsable federal de Seguridad y los papeles del SIMAS comienzan a adquirir tanto protagonismo como sus antiguas autoridades.

¿Vendrán oor más exfuncionarios? Lo determinarán las investigaciones, no las fotografías.

Porque en Torreón el problema nunca ha sido la mala suerte de un martes 13. El verdadero riesgo sería descubrir que el dinero público desaparecía con mayor facilidad que el agua de las tuberías, mientras los controles administrativos permanecían cerrados y nadie encontraba las llaves.

Y si los expedientes comienzan a hablar, más de uno podría descubrir que el martes 13 no era una superstición, sino una fecha de corte de cuentas.

Pregunta Oficiosa

¿RAMÓN CHUFANI DIRIGE EL DEPORTE DE TORREÓN O SU CLUB DE AUTOAPLAUSOS?

En Torreón, este martes 13 de octubre, día rodeado de supersticiones y misterios, parece que el deporte municipal estrenó una nueva disciplina olímpica: el autofestejo desde las redes institucionales. Resulta que Ramón Chufani, director del Instituto Municipal del Deporte, estuvo de cumpleaños y, para celebrarlo, apareció una publicación de felicitación en las cuentas oficiales del organismo que dirige. Porque una cosa es recibir buenos deseos de familiares, amigos y compañeros, y otra muy distinta es que una plataforma institucional termine funcionando como tarjeta de cumpleaños del propio director. ¿Las redes del instituto están para promover a los atletas, informar sobre programas deportivos o repartir felicitaciones al jefe? La pregunta no es quién le llevó el pastel, sino quién autorizó la publicación y bajo qué criterios se utiliza la comunicación institucional. En el deporte, las medallas se ganan compitiendo, no administrando los aplausos.

Pero mientras las redes reparten felicitaciones, hay un regalo que, en esta sátira política, podría resultar mucho más tentador que cualquier reconocimiento: que desaparecieran por arte de magia las supuestas evidencias relacionadas con el mantenimiento de las albercas municipales. Los señalamientos sobre las contrataciones merecen una revisión. Una fuente vinculada con el ámbito deportivo sostiene que, durante la administración de Román Cepeda, se habrían contratado servicios de una empresa identificada como Aqua Azul para atender las instalaciones del Multideportivo Oriente, Línea Verde y La Jabonera. Según el testimonio, se facturarían 75 mil pesos por alberca, por mantenimiento y suministro de productos químicos, presuntamente sin licitación pública. También se cuestiona la suficiencia de los insumos utilizados. No se cuenta con documentación que confirme los montos, el procedimiento de contratación o alguna intervención irregular de Chufani. Porque si algo debería desaparecer de las albercas es la suciedad, no los documentos que permitan explicar cómo se gastó el dinero público.

Y aquí viene la Pregunta Oficiosa: ¿Ramón Chufani utiliza las redes del Instituto Municipal del Deporte para promover a los atletas o para fortalecer su imagen personal? ¿Quién autoriza esas publicaciones? ¿Cuánto se ha pagado realmente por el mantenimiento de las albercas y quién recibió los contratos? ¿Los supuestos 75 mil pesos corresponden a pagos mensuales o a servicios específicos? ¿Existen evidencias documentales de los trabajos realizados? Porque el mejor regalo para cualquier funcionario debería ser una administración con cuentas claras, no un expediente que misteriosamente deje de existir. Los deportistas necesitan instalaciones dignas, no competencias de popularidad entre funcionarios. Y si Chufani quiere una ovación, podría comenzar por transparentar los contratos. Los aplausos se terminan; las facturas permanecen.

Columna de opinión y sátira política. Los señalamientos sobre contrataciones no están acreditados documentalmente y no implican responsabilidad comprobada.