SAN JOSÉ ITURBIDE, Guanajuato.— Una investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) por posibles irregularidades en la trazabilidad de combustibles derivó en el aseguramiento de más de 59 millones de litros de gasolina y diésel almacenados en una terminal ubicada en la comunidad de La Fragua, en San José Iturbide, Guanajuato.

El caso adquiere relevancia para La Laguna, debido a que la instalación ha sido identificada por distintos medios como vinculada a Grupo SIMSA, conglomerado empresarial originario de Torreón relacionado con la familia Issa Tafich. La propia documentación histórica del sector energético identifica la terminal de San José Iturbide como una instalación de Gas Natural del Noroeste operada por Grupo SIMSA.

Investigación comenzó con una pipa

De acuerdo con el comunicado 623/26 de la FGR, la investigación comenzó el 3 de julio de 2026, cuando fue detenida una persona que presuntamente descargaba combustible desde una pipa con capacidad para 33 mil litros de diésel en una gasolinera de San Luis de la Paz, Guanajuato.

La Fiscalía informó que en aquel momento no pudo acreditarse la trazabilidad del hidrocarburo. Las diligencias posteriores condujeron a cateos en una gasolinera de San Luis de la Paz, un inmueble dedicado al despacho de Gas LP en Dolores Hidalgo y, finalmente, la terminal ubicada en San José Iturbide.

En esta última instalación fueron localizados 10 grandes contenedores de almacenamiento, vehículos, documentación contable y combustible que, según el desglose difundido posteriormente, asciende a aproximadamente 59 millones 36 mil litros.

La distribución reportada fue de 33 millones 504 mil litros de gasolina regular, 7 millones 266 mil litros de gasolina Premium y 18 millones 265 mil litros de diésel.

Terminal relacionada con Grupo SIMSA

El diario Reforma, en información publicada este viernes, identificó el predio cateado como parte de Grupo SIMSA, conglomerado lagunero.

Por separado, La Jornada reportó que el aseguramiento ocurrió en instalaciones de Gas Natural del Noroeste, empresa relacionada con la operación de la terminal de almacenamiento de La Fragua. El medio señala que la planta cuenta con autorización para una capacidad cercana a 100 millones de litros de petrolíferos.

La vinculación histórica entre esa terminal y Grupo SIMSA también aparece en documentos oficiales anteriores. Una presentación de la entonces Comisión Reguladora de Energía señalaba que Pemex comenzó a recibir en 2017 diésel importado por ferrocarril con destino a San José Iturbide y describía el punto de recepción como la “Terminal: Gas Natural del Noroeste S.A. de C.V., operada por Grupo SIMSA”.

La propia Secretaría de Energía documentó el 6 de diciembre de 2017 la puesta en marcha de infraestructura privada de almacenamiento de combustibles en San José Iturbide durante la administración del entonces presidente Enrique Peña Nieto. En aquella visita participaron el secretario de Energía Pedro Joaquín Coldwell, autoridades de Guanajuato, representantes de ExxonMobil.

FGR todavía investiga procedencia

Pese a que distintos medios y funcionarios han descrito el operativo como uno de los mayores golpes contra el llamado huachicol, jurídicamente existe una diferencia importante: la FGR informó que el origen de los hidrocarburos no ha sido acreditado, pero hasta este momento no ha establecido públicamente que los 59 millones de litros sean en su totalidad producto de robo, contrabando o evasión fiscal.

El especialista en energía Gonzalo Monroy incluso pidió cautela con esa conclusión. Señaló que la terminal vinculada a Grupo SIMSA forma parte de la infraestructura formal de distribución de combustibles del Bajío y ha prestado servicios a compañías como Pemex, Mobil y otras empresas del sector. Su postura es que deberá revisarse la documentación y trazabilidad antes de calificar todo el producto almacenado como combustible ilegal.

Por ello, el aseguramiento representa una medida dentro de una investigación ministerial y no constituye por sí mismo una sentencia ni una declaración definitiva sobre la procedencia ilícita del combustible o la responsabilidad penal de la empresa y sus directivos.

Hasta la mañana de este 18 de septiembre, la investigación federal continúa abierta para establecer el origen, propiedad, documentación fiscal y ruta comercial de los hidrocarburos.

El caso coloca ahora bajo escrutinio una de las infraestructuras privadas de almacenamiento más importantes del Bajío y alcanza directamente al ámbito empresarial lagunero, mientras la FGR intenta responder la pregunta central: ¿de dónde salieron los más de 59 millones de litros y existe documentación suficiente para acreditar legalmente su procedencia?

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Fuentes: Fiscalía General de la República, comunicado 623/26; Secretaría de Energía; registros históricos de la CRE; La Jornada; El Financiero; AM Guanajuato y publicación de Reforma proporcionada para esta nota.