Ciudad de México.— La investigación judicial contra la exconductora de televisión Inés Gómez Mont volvió a cobrar relevancia este sábado 21 de noviembre, luego de que El Financiero difundiera detalles de un expediente de la Fiscalía General de la República (FGR) que atribuye a dos cuentas bancarias de la presentadora 27 movimientos financieros por 178 millones 723 mil 428 pesos, presuntamente relacionados con operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.

La información señala que los recursos habrían sido transferidos por empresas vinculadas con una presunta red de simulación de operaciones comerciales y desvío de dinero público. Sin embargo, una investigación publicada por Animal Político en mayo de 2022, también basada en documentos ministeriales y judiciales, advirtió que los depósitos acreditados en la indagatoria ascendían a 14 millones 843 mil 816 pesos, mientras que la cifra superior resultaba de una multiplicación cuestionada dentro de la resolución judicial.

Esta diferencia es fundamental: los 178 millones de pesos no pueden presentarse como ganancias ilícitas definitivamente acreditadas, pues existen antecedentes documentados que cuestionan la forma en que se calculó ese monto.

Las empresas que aparecen en la investigación

De acuerdo con la publicación de El Financiero, la FGR identificó operaciones relacionadas con Seguridad Privada, Inteligencia Cibernética, S.A. de C.V., y Gupea Construcciones, S.A. de C.V.

El desglose presentado en el reporte del 21 de noviembre señala 12 operaciones atribuidas a la primera empresa por un total calculado de 88 millones 740 mil pesos, así como 15 operaciones relacionadas con Gupea Construcciones que sumarían 89 millones 983 mil 428 pesos.

La Fiscalía sostiene, según el medio, que no se acreditó una relación contractual que justificara esos recursos, ni se aportaron comprobantes suficientes de los servicios que presuntamente habrían originado las transferencias.

No obstante, Animal Político documentó en 2022 que el propio expediente ministerial registraba 12 movimientos por un total conjunto de 7 millones 395 mil pesos y otros 15 por 7 millones 448 mil 816 pesos. También señaló que un juez había utilizado esas cantidades como si correspondieran a cada operación individual, produciendo un cálculo cercano a los 178 millones de pesos.

Por ello, la cantidad difundida nuevamente requiere una aclaración judicial o ministerial que permita establecer cuánto dinero fue efectivamente transferido y cuál fue el monto utilizado para formular la imputación.

Contratos penitenciarios: el origen de la investigación

El expediente tiene sus antecedentes en contratos federales adjudicados durante el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto, cuando la Secretaría de Gobernación estaba encabezada por Miguel Ángel Osorio Chong.

Según la investigación de Animal Político, en 2016 la dependencia federal celebró dos contratos por aproximadamente 2 mil 503 millones de pesos con Seguridad Privada, Inteligencia Cibernética, destinados al equipamiento de un sistema de vigilancia para centros penitenciarios federales.

Las indagatorias de la FGR plantearon que los contratos pudieron utilizarse para transferir recursos públicos a una red de empresas que presuntamente simulaban operaciones comerciales. Entre las compañías mencionadas aparecen Rancel, Comcelint, Modemo, Gupea Construcciones e Ingeniería y Arquitectura Tangamanga.

El Ministerio Público investiga si esas operaciones sirvieron para ocultar el origen y destino del dinero, así como para beneficiar económicamente a particulares.

De acuerdo con El Financiero, una denuncia anónima presentada el 7 de noviembre de 2019 fue el punto de partida de la investigación relacionada con una presunta triangulación de aproximadamente 2 mil 450 millones de pesos.

Un juez cuestionó que Gómez Mont dirigiera la presunta red

Uno de los antecedentes judiciales más relevantes fue documentado por Animal Político el 12 de mayo de 2022.

Según esa investigación, el juez federal Iván Aarón Zeferín Hernández, quien concedió una orden de aprehensión contra Gómez Mont y su esposo, el abogado Víctor Manuel Álvarez Puga, consideró que los elementos presentados no eran suficientes para acreditar inicialmente que ambos dirigieran la presunta organización delictiva.

La resolución distinguió entre la probable recepción de recursos y la atribución de funciones de dirección dentro de una organización criminal.

Esto no significó la cancelación de las acusaciones, pero sí estableció una diferencia jurídica entre ser señalado como beneficiario de movimientos financieros y haber organizado una estructura delictiva.

Tres órdenes de aprehensión y detención en Florida

El caso adquirió nuevamente relevancia el 30 de octubre de 2026, cuando Gómez Mont fue detenida por autoridades migratorias de Estados Unidos en Florida.

La FGR informó posteriormente que la exconductora enfrenta tres órdenes de aprehensión vigentes en México: una relacionada con delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, y otras dos por presunta defraudación fiscal equiparada.

La Fiscalía también le atribuye una posible omisión en el pago de más de 13 millones de pesos en impuestos, relacionada con declaraciones correspondientes a los ejercicios fiscales de 2014 y 2016.

La titular de la FGR, Ernestina Godoy, explicó que la detención estadounidense obedecía a la situación migratoria de Gómez Mont y que una eventual deportación permitiría a las autoridades mexicanas ejecutar las órdenes judiciales correspondientes.

Su detención migratoria no representa una sentencia condenatoria por las acusaciones que enfrenta en México.

El dinero público y las preguntas pendientes

La investigación contra Inés Gómez Mont no se limita a la situación de una exfigura de la televisión. También plantea interrogantes sobre la contratación pública federal, la supervisión de servicios penitenciarios y el posible uso de empresas para movilizar recursos de origen gubernamental.

Entre las cuestiones pendientes destacan la comprobación de los servicios contratados, la identificación de los beneficiarios finales y la aclaración de las diferencias entre los montos señalados en los documentos ministeriales y judiciales.

La diferencia entre 14.8 millones y 178.7 millones de pesos exige una explicación documental, especialmente porque ambas cifras han sido difundidas con referencia a actuaciones del mismo caso.

Mientras continúan los procedimientos judiciales, Inés Gómez Mont y las demás personas señaladas mantienen su derecho a la presunción de inocencia. Las irregularidades financieras descritas corresponden a hipótesis de investigación y no deben confundirse con una responsabilidad penal establecida mediante sentencia.

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