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Editoriales de opinión de
Iván P. Corpus-Lozoya
Ciudad de México.- De los viajes de lujo, las fotografías con celebridades y las amistades con familias influyentes de México a permanecer bajo custodia de las autoridades migratorias estadounidenses. La historia de Inés Gómez Mont volvió a ocupar los titulares tras su detención el viernes 30 de octubre en Miami, Florida.
Pero el caso tiene un trasfondo que va mucho más allá de la televisión: una investigación sobre presuntas operaciones financieras relacionadas con contratos públicos por aproximadamente 2 mil 950 millones de pesos, así como documentos fiscales que mencionan a personas vinculadas con la política, los negocios y el espectáculo mexicano.
La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que Gómez Mont fue asegurada mediante la cooperación con autoridades estadounidenses y recordó que existe una orden de aprehensión vigente en México por su probable participación en el delito de defraudación fiscal equiparada.
Este sábado 31 de octubre, la conductora aparece bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), en el Broward Transitional Center de Florida. Su detención no equivale a una extradición.
Las fotografías que hoy vuelven a causar polémica
En febrero de 2019, cuando Inés Gómez Mont era una de las figuras reconocidas de la televisión mexicana, organizó un viaje a Acapulco con amigas del medio artístico y de círculos empresariales.
Las fotografías mostraban a varias mujeres a bordo de un avión privado, con sombreros de ala ancha, regalos y una celebración que posteriormente continuó en el puerto guerrerense.
Entre las asistentes identificadas en las publicaciones de aquella época se encontraban Galilea Montijo, Ninfa Salinas Sada, Yadhira Carrillo y Greta Rojas, esposa del exdirigente nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza.
La revista Quién, Univision y otros medios de espectáculos dieron cuenta de aquella reunión que, en su momento, fue presentada como un exclusivo viaje entre amigas.
Años después, las imágenes adquirieron un contexto diferente debido a las investigaciones sobre el esposo de Gómez Mont y a los vínculos empresariales de algunas personas cercanas a las asistentes.
Las fotografías documentan convivencia y cercanía social, pero no prueban que alguna de las invitadas conociera, financiara o participara en las operaciones investigadas.
Fernando Reina, el exesposo de Galilea Montijo, aparece en documentos fiscales
Uno de los vínculos más relevantes fue publicado por EL PAÍS el 3 de diciembre de 2025.
La investigación, elaborada a partir de documentos fiscales, identificó transferencias provenientes de una presunta red de empresas factureras relacionada con Víctor Manuel Álvarez Puga, abogado y esposo de Inés Gómez Mont.
Entre los receptores de recursos se encuentra Fernando Reina Iglesias, deportista, empresario y político, quien estuvo casado con Galilea Montijo.
Según el reportaje, Reina recibió 700 mil pesos en movimientos registrados cuando todavía estaba casado con la presentadora.
La amistad entre Galilea e Inés era conocida públicamente. Ambas compartían celebraciones, viajes y encuentros familiares, lo que explica la presencia de sus respectivos entornos en fotografías sociales de aquellos años.
No obstante, el registro de una transferencia no permite concluir, por sí mismo, que Fernando Reina participara en una organización delictiva o conociera un eventual origen irregular de los recursos.
Tampoco existe fundamento para atribuirle responsabilidad a Galilea Montijo por las operaciones señaladas a su entonces esposo. El País+1
Ninfa Salinas y los 11.3 millones vinculados con su exesposo
La relación de Inés Gómez Mont con Ninfa Salinas Sada, empresaria, exsenadora del Partido Verde e hija de Ricardo Salinas Pliego, también quedó retratada en reuniones y viajes privados.
Ambas mantenían una amistad desde años atrás y compartían círculos sociales vinculados con familias empresariales de alto perfil.
Sin embargo, el dato que conecta indirectamente a ese entorno con la investigación financiera no corresponde a Ninfa Salinas, sino a Rodrigo Ripstein Kaim, quien fue su esposo.
De acuerdo con los documentos examinados por EL PAÍS, Ripstein aparece como receptor de 11.3 millones de pesos mediante operaciones relacionadas con la trama financiera investigada.
El monto supera considerablemente los 700 mil pesos atribuidos a Fernando Reina en los mismos registros.
Esto no significa que Ninfa Salinas recibiera esos recursos ni que participara en los presuntos ilícitos. La información publicada identifica operaciones atribuidas a su expareja, cuya naturaleza y justificación no pueden determinarse exclusivamente mediante el parentesco.
La relación pública entre Gómez Mont y la hija de Ricardo Salinas Pliego constituye un antecedente social, no una imputación penal. El País+1
Una investigación que también menciona a familiares de políticos
El reportaje de EL PAÍS, publicado el 3 de diciembre de 2025, identificó registros fiscales de la empresa Gupea Construcciones, S. A. de C. V., y de Ismael Infante Loredo, ambos vinculados en la investigación con Álvarez Puga.
Los documentos reportan pagos por 125 millones de pesos durante 2016 y 2017, distribuidos entre 89 personas, bajo conceptos de nómina y honorarios.
Entre los nombres mencionados aparecen:
| Persona | Vínculo público | Monto reportado |
|---|---|---|
| Rodrigo Ripstein Kaim | Exesposo de Ninfa Salinas | $11.3 millones |
| Fernando Reina Iglesias | Exesposo de Galilea Montijo | $700 mil |
| Othón de León Arriola | Nieto de Elba Esther Gordillo | $1.3 millones |
| Arturo Montiel Yáñez | Hijo del exgobernador Arturo Montiel | $865,800 |
| Ricardo Monreal Pérez | Hijo de Ricardo Monreal Ávila | $275 mil |
La investigación también señaló que el propio Álvarez Puga figura en esos documentos con pagos por 10.9 millones de pesos, mientras que Gómez Mont aparece con 7.4 millones.
El origen, concepto y tratamiento legal de las operaciones forman parte de los asuntos que deben esclarecer las autoridades.
De las prisiones federales al presunto desvío millonario
El expediente que involucra a Gómez Mont y Álvarez Puga tiene su origen en contratos celebrados durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, relacionados con servicios de seguridad y vigilancia de centros penitenciarios federales.
Las investigaciones señalan presuntas simulaciones de servicios, operaciones con compañías fachada y transferencias de recursos que debían destinarse a funciones públicas.
La cantidad investigada asciende aproximadamente a 2 mil 950 millones de pesos, aunque no significa que la totalidad haya llegado a las cuentas personales de la pareja.
Los hechos se remontan a operaciones de 2016, cuando la Secretaría de Gobernación estaba encabezada por Miguel Ángel Osorio Chong.
Fue posteriormente, durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, cuando las autoridades hacendarias profundizaron las revisiones fiscales y se impulsaron las acciones judiciales contra los principales investigados. EL PAÍS México+1
De la influencia política familiar a la investigación judicial
La cercanía de Inés Gómez Mont con determinados círculos políticos también tiene un antecedente familiar.
La conductora pertenece a la familia Gómez-Mont, históricamente relacionada con el Partido Acción Nacional. Entre sus integrantes destaca Fernando Gómez-Mont Urueta, quien ocupó la Secretaría de Gobernación durante la administración de Felipe Calderón.
Sin embargo, ese parentesco no representa evidencia de intervención del exfuncionario en las operaciones financieras atribuidas a la conductora o a su esposo.
Por otra parte, la presencia de Yadhira Carrillo, esposa del abogado Juan Collado, y Greta Rojas, esposa de Enrique Ochoa Reza, en el viaje de 2019, confirma que aquella reunión congregó a personas de distintos círculos políticos y empresariales.