Betzabé, ERA Gym y la venganza en ventanilla

En Gómez Palacio, la alcaldesa morenista Betzabé Martínez volvió a decir una frase que, en boca de una autoridad, pesa más que una publicación de Facebook: “sé quién maneja esas páginas”. El problema no es que una presidenta municipal se defienda de críticas, memes o campañas negras. Está en su derecho. El problema empieza cuando la sospecha brinca de las redes sociales a los trámites, a los sellos, a Protección Civil y al patrimonio de un ciudadano.

El tema escaló luego de que el periodista nacional Irving Pineda retomó un video sobre la relación ríspida que mantiene la alcaldesa con reporteros que cubren su fuente. En esa difusión, la polémica dejó de ser local y comenzó a circular en una vitrina nacional. Y cuando un conflicto municipal sale de Gómez Palacio para entrar al radar de periodistas nacionales, ya no basta con responder con molestia: toca explicar con documentos.

El caso no nació ayer. En El Espresso del 18 de julio se documentó que Eduardo Rangel Arámbula, exdirector de Tránsito y Vialidad de Gómez Palacio durante la administración priista de Leticia Herrera, denunció que ERA Gym fue cerrado tras un operativo nocturno en el que, según su versión, participaron varias áreas municipales. Rangel sostuvo entonces que no le dieron oportunidad real de corregir observaciones y que incluso intentó entregar oficios en Protección Civil, pero no se los recibieron. Dicho en corto: no solo acusó clausura; acusó pared administrativa.

Ahora el expediente tiene más contexto. En documentos mostrados a esta columna aparece un acta circunstanciada de la Dirección Municipal de Protección Civil, folio 0097, relacionada con ERA Gym, ubicado en Justo Sierra #770 poniente altos, en el Centro de Gómez Palacio. También aparece un peritaje de instalaciones eléctricas fechado el 21 de julio de 2026, a nombre de Eduardo Rangel Arámbula, elaborado por el ingeniero Ramón Acosta Antúnez. Además, se observa una solicitud del programa interno de Protección Civil con sello de recibido del 23 de julio de 2026, a las 12:58 horas.

Ese dato importa porque Rangel afirma que ha llevado documentación y oficios, pero que lo traen a vueltas. En su versión, ya cubrió pagos, consiguió peritaje eléctrico y avanzó con requisitos, pero el dictamen y otros trámites se mantienen atorados. “Ya está pagado todo”, dice. “Me traen a puras vueltas”. También asegura que la alcaldesa piensa que él maneja una página crítica contra su gobierno: “ella piensa que la página es mía”, sostiene. Y lo niega de manera directa: “no tengo tiempo para andar haciendo publicaciones; ni siquiera le sé bien a las redes sociales”.

La frase más fuerte no está en el pleito digital, sino en el golpe económico. Rangel asegura que si no le permiten abrir, la afectación ya no es política, sino patrimonial: “se está metiendo con mi patrimonio”. Según su propio cálculo, del gimnasio dependen alrededor de 14 personas, entre entrenadores, limpieza, recepción y mantenimiento. También están la renta, el agua, la luz, el internet y los clientes que, si el negocio sigue cerrado, pueden pedir devolución o irse a otro gimnasio. Eso ya no es un meme: son familias, nómina e inversión en riesgo.

Aquí está el punto central: si a los supuestos enemigos políticos se les acusa de administrar páginas fake, eso debe probarse. Pero mientras la autoridad habla de cuentas anónimas, un empresario dice estar perdiendo su patrimonio y 14 familias dependen de que la ventanilla municipal funcione con reglas, no con corazonadas. La venganza, cuando se viste de trámite, deja de parecer carácter fuerte y empieza a parecer abuso de poder.

La alcaldesa respondió a las críticas hablando de páginas que presuntamente sabe quién maneja, de agentes de vialidad, alcoholímetros, bajas de elementos y denuncias ante la Fiscalía Anticorrupción. Todo eso puede ser relevante, pero no contesta lo central: ¿por qué el trámite de un gimnasio se volvió una novela por entregas? Si el cierre fue técnico, que se explique técnicamente. Si hubo riesgo, que se precise el riesgo. Si faltaban requisitos, que se publiquen fechas, oficios, fundamentos y plazos. La autoridad no se defiende con “yo sé”; se defiende con expediente.

Betzabé tiene razón en algo: las redes pueden destruir reputaciones con mentiras, medias verdades y memes con puntería de francotirador. En mayo, la propia alcaldesa denunció páginas anónimas y contenidos falsos contra su gobierno. Pero combatir desinformación no autoriza a convertir cada crítica en expediente político. La medicina contra la mentira no puede ser el uso discrecional de la ventanilla.

Y aquí aparece la contradicción mayor. El 14 de julio, Betzabé afirmó que en Gómez Palacio “no habrá más abusos ni más extorsión”. Buen discurso. Pero si un ciudadano acusa que le retrasan trámites, que no le reciben documentos y que lo castigan por una sospecha digital, entonces la frase debe bajar del templete y llegar a la ventanilla. Ahí se prueba el gobierno, no en el boletín.

También conviene ponerle apellido al dato de seguridad. La alcaldesa habló de un aumento de 14% en percepción de seguridad. Lo verificable públicamente es que Milenio reportó, con base en la ENSU del INEGI, que la percepción de inseguridad bajó de 54.2% a 50.6% durante el primer trimestre de 2026. Es una mejora, sí, pero no son 14 puntos. Si hay otra medición, que la presenten. Las cifras también deben pasar por Protección Civil: no vaya a ser que se incendien solas.

La salida institucional es sencilla: publicar el expediente de ERA Gym, mostrar qué documentos fueron recibidos, cuáles faltan, qué áreas intervinieron, por qué se clausuró y bajo qué fundamento. También aclarar si hubo o no instrucciones para retrasar el trámite. Porque si todo está en regla, la autoridad sale fortalecida. Y si no lo está, se corrige.

Lo que no sirve es gobernar con sospechas, silencios y sellos que parecen tener agenda. Gómez Palacio no necesita una alcaldesa que adivine enemigos; necesita una autoridad que pruebe, responda y trate parejo. Porque cuando el poder cree que una página de memes justifica apretar trámites, el mensaje para cualquier ciudadano es claro: cuidado con criticar, porque la ventanilla también muerde.

Preguntas Oficiosas

¿Jefe de Gabinete o vocero del pleito Saltillo-Torreón?

Una frase dicha en confianza puede convertirse en problema público cuando sale de boca de un funcionario. César Iván Moreno, jefe de Gabinete del Ayuntamiento de Saltillo, fue grabado mientras calificaba a los habitantes de Torreón como “insoportables”, “apestosos y nacos”, además de lanzar expresiones despectivas contra los propios saltillenses. El problema no es la histórica rivalidad entre ciudades —esa sobrevive hasta al futbol—, sino que un servidor público reparta prejuicios como tarjetas de presentación ante un visitante extranjero.

Moreno puede alegar humor privado o una conversación fuera de contexto, pero el cargo público no tiene botón de modo avión. Y la pregunta alcanza también a su jefe: ¿así buscará Javier Díaz construir una eventual candidatura a la gubernatura de un Coahuila que también incluye a Torreón y La Laguna? Quien aspire a gobernar todo el estado necesita sumar regiones, no permitir que desde su círculo cercano se levanten bardas de desprecio. Porque para dividir Coahuila no hacen falta campañas; basta un micrófono abierto y un funcionario convencido de que el norte termina donde comienza su prejuicio.

¿A quiénes alcanzará la siguiente poda en Torreón?

En el Ayuntamiento de Torreón comenzaron las apuestas sobre los próximos movimientos en Plazas y Mercados, Inspección, Catastro, Atención Ciudadana, Garantías y Parquímetros, Servicios Administrativos, Deportes y Medio Ambiente. En la quiniela aparecen Ariel, Martha Rodríguez, Cristian López, “Chacho” y Pablo Fernández. Son versiones de pasillo, no decisiones oficiales, pero cuando los mismos nombres se repiten entre empleados, partidos, asociaciones y grupos políticos, el rumor comienza a parecer diagnóstico. Mientras algunos funcionarios tuvieron que aplazar o cambiar sus viajes ante la incertidumbre, otros que ya salieron de la nómina observan el espectáculo desde las playas de Cancún, entre arena, bloqueador y teléfono celular.

La pregunta no es solamente quién se va, sino por qué se va y qué responsabilidades deja detrás. ¿Los cambios responderán a malos resultados o únicamente a un reacomodo político? ¿Se investigará con la misma firmeza a quienes dejaron desorden financiero y operativo? Torreón necesita más que nuevos nombres en los gafetes: requiere funcionarios que trabajen, cuentas claras y consecuencias cuando correspondan. Porque podar la nómina es sencillo; arrancar las malas prácticas desde la raíz exige bastante más que tijeras.