Al Cafe politico

Cinco detenidos y van por más: ¿hasta dónde llega la ruta del dinero en el caso Ganem?

Las detenciones que sacudieron la política de Torreón abrieron una investigación que no termina en los cateos ni en los cinco nombres llevados ante la justicia federal. Luis Fernando Salazar volvió a mover el avispero al relacionar el caso con la denuncia que presentó por el presunto desvío de recursos destinados a los pozos del SIMAS. La pregunta seguirá vigente aunque pasen las semanas: ¿hasta dónde llega la ruta del dinero y cuántos nombres permanecen escondidos entre contratos, facturas y cuentas bancarias?

A una semana de las capturas de José Elías «N«, Martha «N«, José «N«, Farid Alí «N «y Georgina “N”, el senador regresó a Torreón para hablar del expediente. No llegó precisamente para aclarar sus recientes declaraciones contra periodistas nacionales. Prefirió concentrarse en un asunto con mayor rendimiento político: la denuncia que presentó desde 2025 y que, según sostiene, dio origen a la investigación federal.

En entrevista con Cori Muñoz para El Siglo de Torreón, Salazar recordó que el caso no comenzó con agentes federales, drones, cateos en residencias de Torreón ni diligencias en la mansión de Parras. El primer hilo público apareció en junio de 2025, cuando denunció el presunto desvío de más de 66 millones de pesos que debieron destinarse al mantenimiento de pozos del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento.

El senador aseguró que las detenciones están relacionadas con aquella denuncia y adelantó que podrían aparecer, cuando menos, cuatro personas más. La declaración volvió a encender la conversación política, como si el legislador se hubiera convertido en vocero temporal de una Fiscalía General de la República que ha informado poco sobre este expediente y que últimamente dedica buena parte de su atención pública a defender sus investigaciones relacionadas con el huachicol.

Salazar ya comenzó su carrera por el futuro político de Coahuila desde un papel conocido: el personaje que habla de carpetas, investigaciones y próximas detenciones. Durante el sexenio federal anterior, ese espacio fue ocupado por Ricardo Mejía Berdeja, exsubsecretario de Seguridad y adversario de Salazar dentro del PT- Morena. La diferencia es que ahora el senador puede mostrar una denuncia presentada desde 2025 y cinco capturas que atribuye al seguimiento de los movimientos financieros señalados.

La coincidencia entre sus acusaciones y las detenciones le concede una ventaja política, pero no lo convierte en fiscal. Los cinco detenidos fueron vinculados a proceso y permanecen en prisión preventiva. No han recibido sentencia y conservan la presunción de inocencia. Corresponderá al juez determinar las responsabilidades individuales con base en las pruebas presentadas por la FGR.

El camino de la investigación pasa por SIMAS porque los recursos cuestionados tendrían origen público y federal. En diciembre de 2024, el organismo abrió la licitación LO-64-018-805035997-N1-2024 para diagnosticar y rehabilitar fuentes de abastecimiento y equipos de bombeo de agua potable.

La convocatoria oficial establece que los trabajos comprendían 40 pozos, aunque Salazar mencionó 16 durante la entrevista. La diferencia debe aclararse con el expediente técnico. No es una minucia: cuando se investigan millones de pesos, también deben cuadrar los contratos, las facturas y hasta el número de pozos.

Grupo Integrador de Servicios de Edificación obtuvo el contrato por 16 millones 532 mil 134 pesos sin IVA. La empresa fue representada en el procedimiento por Farid «N», uno de los detenidos.

La licitación avanzó con rapidez. La convocatoria se publicó el 17 de diciembre de 2024, la apertura de propuestas se realizó el día 27 y el fallo se emitió al terminar el año. Los documentos oficiales muestran que Grupo Integrador fue el único participante.

La existencia de un solo concursante no prueba un delito. El problema aparece al comparar el valor del contrato con la facturación que Salazar incorporó a su denuncia.

De acuerdo con los documentos exhibidos por el senador, Grupo Integrador habría facturado al SIMAS 31 millones 156 mil pesos durante 2024 mediante 369 operaciones. En 2025 habría emitido otras 223 facturas por 35 millones 328 mil pesos. En conjunto, las operaciones superan los 66 millones de pesos.

La diferencia obliga a preguntar qué contratos, órdenes de servicio o asignaciones respaldan los casi 50 millones adicionales respecto de la licitación conocida. Si los trabajos fueron realizados, el organismo debe conservar contratos, facturas, bitácoras, órdenes de trabajo, actas de entrega, fotografías, refacciones y pruebas de funcionamiento.

Si esos documentos no existen, si los montos no coinciden o si las reparaciones solamente quedaron asentadas en el papel, el asunto dejaría de ser una contratación cuestionada para convertirse en un posible esquema de simulación.

Salazar hizo pública su investigación el 9 de junio de 2025. Posteriormente llevó el caso a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión y presentó una denuncia ante la FGR. En el documento original señaló al entonces alcalde Román Alberto Cepeda González, a José Elías Ganem, a los responsables del SIMAS y a los funcionarios que participaron en la contratación y supervisión de los trabajos.

Durante el periodo revisado aparecen dos gerentes del organismo. Eduardo Terrazas Ramos estuvo al frente durante 2024 y Roberto Escalante González asumió en enero de 2025. La licitación comenzó bajo una gerencia, mientras parte de la ejecución y de la facturación cuestionada habría continuado durante la siguiente.

El senador también pidió la intervención del SAT, la Unidad de Inteligencia Financiera y la Auditoría Superior de la Federación. La intención era seguir el dinero después de que salió de las cuentas del sistema operador.

Esa ruta condujo hacia José «N», identificado como exempleado municipal y chofer o escolta de Ganem. Según la denuncia difundida en 2025, habría recibido 12.3 millones de pesos mediante Quebro Internacional Sindicato Patronal. También fue relacionado con una camioneta Suburban High Country valuada en más de dos millones de pesos.

La diferencia entre sus ingresos como trabajador municipal y los movimientos señalados encendió las sospechas. Sin embargo, la Fiscalía deberá acreditar de dónde salió el depósito, quién lo ordenó, bajo qué concepto fue realizado y quién utilizó realmente el dinero o el vehículo.

Salazar aseguró que también fueron detectadas transferencias hacia Ganem y otras personas. Para sostener esa acusación no bastan discursos ni conferencias. Se requieren estados de cuenta, comprobantes, dictámenes financieros y una explicación sobre el destino final de cada movimiento.

Otro dato importante es que no todos los detenidos aparecían en la denuncia original. El senador reconoció que desconocía inicialmente la participación de algunas personas y que sus nombres surgieron cuando la UIF y la FGR revisaron cuentas, sociedades, representantes legales y transferencias.

Ahí entrarían Martha «N« y Georgina “N”, aunque las funciones concretas que la Fiscalía les atribuye deberán conocerse mediante la imputación federal. Mientras el expediente no sea público, lo responsable es evitar repartir cargos y culpabilidades desde la tribuna política o las redes sociales.

El caso ya no se limita a determinar quién firmó una licitación. Ahora debe establecerse quién autorizó los pagos, quién validó los trabajos, quién emitió las facturas, quién facilitó las cuentas, quién recibió las transferencias y quién terminó utilizando los recursos.

La revisión tampoco puede detenerse en Grupo Integrador. Los contratos del SIMAS entre 2022 y 2025 muestran que decenas de millones de pesos fueron distribuidos entre diferentes proveedores.

En 2022, la licitación SIMAS 095/2022, para rehabilitar equipos de 36 pozos, tuvo cuatro participantes y tres propuestas solventes. Constructora y Servicios Millennials ganó con una oferta cercana a 16.37 millones de pesos sin IVA. En ese procedimiento sí hubo competencia documentada.

En 2023, NEPCO Industrial obtuvo un contrato superior a tres millones de pesos para detectar fugas dentro de un procedimiento con un solo participante. Una investigación de Milenio también ubicó a Constructora y Servicios Millennials, Grupo Integrador, Bombas Aguanaval y Compañía Industrial La Victoria Lagunera entre las empresas que concentraron contratos de mantenimiento por más de 77 millones de pesos sin IVA.

Eso no demuestra que todas las compañías hayan cometido irregularidades. Sí indica que la revisión debe realizarse proveedor por proveedor, contrato por contrato y pozo por pozo.

En 2026, Antonio Attolini denunció posibles trabajos repetidos en diferentes instalaciones. Uno de los casos señalados fue el pozo 48-R de Valle Verde, donde se habrían pagado tres servicios sobre el mismo equipo por alrededor de 2 millones 588 mil pesos. También señaló cinco asignaciones relacionadas con el cárcamo La Joya número 2 por aproximadamente 2 millones 485 mil pesos.

Después apareció un dato que cambió el peso de las acusaciones. El propio SIMAS inició una revisión física de los pozos. gerente, Xavier Herrera Arroyo, reconoció que encontraron mantenimientos registrados en las bitácoras que no podían observarse en las instalaciones.

Que un político formule una denuncia puede ser parte de la confrontación pública. Que el organismo encuentre diferencias entre sus documentos y el estado físico de los pozos ya es otra cosa. No demuestra que todos los contratos hayan sido simulados, pero confirma que existían razones para comparar lo pagado con lo realmente ejecutado.

¿Entonces por quiénes van? Luis Fernando habla de cuatro personas más, pero la respuesta no debe buscarse en apuestas políticas. Está en la cadena de firmas: quienes solicitaron la licitación, revisaron la propuesta, emitieron el fallo, firmaron el contrato, autorizaron estimaciones, liberaron los pagos y dieron por recibidos los trabajos.

El procedimiento de diciembre de 2024 se desarrolló durante la gestión de Eduardo Terrazas Ramos. Las actas de presentación, apertura y fallo fueron suscritas por Francisco Javier Rubio Andrade, responsable del Departamento de Licitaciones. Su firma no prueba una conducta ilegal, pero lo coloca entre los funcionarios que deberán explicar cómo se recibió, evaluó y declaró solvente la única propuesta presentada.

La revisión también tendrá que llegar al Consejo Directivo del SIMAS, presidido entonces por Román Alberto Cepeda. En su integración aparecen funcionarios municipales, regidores y representantes sociales y empresariales. En marzo de 2024, ese Consejo aprobó por unanimidad la designación de Eduardo Terrazas como gerente general, a propuesta del alcalde.

Ningún integrante puede ser considerado responsable sólo por haber ocupado un asiento. El Consejo tampoco necesariamente autorizaba cada pago. Pero difícilmente todos podrán limitarse a decir que no sabían nada. El organismo era dirigido formalmente por un presidente, 14 consejeros y un gerente general. Si durante ese periodo una compañía facturó más de 66 millones de pesos, la investigación deberá establecer qué informes conocieron, qué estados financieros aprobaron, qué observaciones realizaron y quién debía advertir las diferencias.

También deberán responder las áreas técnicas, administrativas, financieras y de contraloría. No basta con identificar a quien firmó la convocatoria. Hay que saber quién elaboró los conceptos, supervisó los pozos, autorizó cada estimación, ordenó las transferencias y certificó que los equipos quedaron reparados. Si hubo 592 facturas, hubo funcionarios encargados de revisarlas y pagarlas. El dinero público no sale caminando solo de una cuenta bancaria.

Los cuatro nombres anunciados por Salazar, si realmente existen, deberán surgir de esa cadena documental. Podrían encontrarse entre funcionarios, supervisores, representantes empresariales u otros beneficiarios de transferencias. No se puede convertir una sospecha en sentencia ni una silla en el Consejo en prueba penal. Pero tampoco es aceptable que todos aseguren que nunca vieron, nunca firmaron y nunca preguntaron. Si el Consejo del SIMAS sostiene que no sabía nada, tendrá que explicar para qué sesionaba y qué vigilaba.

La pregunta ya no es si Ganem tenía poder dentro del Ayuntamiento. Eso lo sabía media Presidencia Municipal y la otra mitad prefería no preguntar. La pregunta es cuánto de ese poder quedó registrado en contratos, facturas, sociedades y cuentas bancarias.

Durante años, en SIMAS se habló de pozos descompuestos y falta de presión. Ahora la presión viene de la FGR. Y para aliviarla no bastará con abrir una válvula.

PREGUNTAS OFICIOSAS

¿Paparazzi políticos o miedo al “Coco” de la FGR?

En un fin de semana aparentemente tranquilo, al diputado local de Morena, Antonio Attolini, intentaron “paparazzearlo” mientras comía con su familia. Según relató, el funcionario municipal Héctor Alan Quintero Ibarra pasó varias veces frente a su mesa hasta apuntarle con el celular. Attolini le preguntó si enviaría las imágenes a quien identificó como su jefe: Raúl Alejandro Garza del Valle, séptimo regidor y exdirector de Egresos durante la administración de Román Alberto Cepeda, quien, pese a tratarlo “con la punta del zapato”, lo mantuvo cerca.

Attolini no estaba recibiendo maletas ni contando billetes debajo de la mesa: estaba comiendo—al menos públicamente—. Pero cuando una convivencia familiar provoca rondines y fotografías, algo parece cocinarse fuera de la cocina. El asistente del regidor tampoco está libre de señalamientos: en redes sociales circularon publicaciones en su contra que después fueron eliminadas. Sin pruebas verificables no pueden presentarse como hechos, pero exhiben que la disputa política también se libra mediante imágenes, filtraciones y expedientes digitales.

Si eso ocurrió con Attolini, ¿qué pasará cuando vean al senador Luis Fernando Salazar comiendo gorditas? ¿Montarán guardia junto al comal o revisarán la salsa? Y si aparece en el hipotético “club de las cinco de la mañana”, harán falta cámaras nocturnas y café cargado. La pregunta queda sobre la mesa: ¿buscan fotografías comprometedoras o algunos ya escuchan al “Coco” de la FGR hasta cuando cruje una tortilla?

¿De Torreón TV a Morena: qué buscaba Carolina Negrete en Gómez Palacio?

La funcionaria Carolina Negrete ya pasó por esta columna. Se presenta como directora de Torreón TV, aunque el canal forme parte de XHTOR y su señal tenga un alcance tan corto que, dicen, no llega ni a Los Jugos del Bosque, prácticamente a una cuadra. Ella, en cambio, sí recuperó cobertura: aparece en los eventos del nuevo alcalde de Torreón, cámara en mano y con la vocación reporteril resucitada, mientras permanecen enterrados tres datos elementales: cuál es su cargo oficial, cuánto cobra y cuáles son sus funciones. En la televisión municipal hay muertos administrativos que gozan de excelente salud presupuestal.

Este lunes apareció en una rueda de prensa del gobierno morenista de Gómez Palacio, celebrada a las 9:00 de la mañana, pese a que su supuesto horario como funcionaria de Torreón sería de 8:00 a 16:00 horas. La versión es que buscaba acercarse a César Gaytán, nuevo jefe de Prensa, pero el funcionario no llegó porque, según información todavía por confirmar, sufrió un percance vial cuando viajaba de Durango a Gómez Palacio. Carolina recorrió dos ciudades para terminar escuchando a la alcaldesa Betzabé Martínez hablar de Betzabé Martínez: mucha carretera, poca entrevista y un viaje más vacío que la programación nocturna del Canal 28.

Quizá habría levantado menos sospechas si asistía a un evento de Mejora Coahuila en Torreón, aunque tampoco era cuestión de comprar un chaleco verde en “Salsipuedes” y colarse en la fotografía. Negrete es una herencia de Yohan Uribe, #LordFragmentado, hoy desaparecido del escenario público mientras circulan acusaciones que todavía no cuentan con expediente, citatorio ni pronunciamiento verificable de la FGR. Antes de buscar culpables federales, habría que revisar algo más modesto: el checador de Radio Torreón. Tal vez ahí se sepa si Carolina salió como directora, coordinadora, reportera o turista política. Si tampoco aparece registrada, no será una falla del sistema: será otra transmisión fantasma.