Al Cafe politico

Qué buen tino: se van, pero las firmas se quedan

Hay que reconocerlo: qué buen tino han tenido algunos funcionarios para dejar sus oficinas justo cuando el café comienza a ponerse demasiado caliente. En Torreón las salidas se acumulan y conviene no revolverlas todas en la misma taza. Una cosa son quienes, por los cargos que ocuparon, tuvieron relación administrativa con el SIMAS Torreón y otra los funcionarios identificados con el grupo político de Román Alberto Cepeda que, con la llegada de Miguel Ángel Riquelme Solís a la Presidencia Municipal, han comenzado a dejar posiciones. Hay nombres que aparecen en ambos grupos, pero eso no significa que todas las salidas tengan la misma explicación.

En el primer grupo aparece Roberto “Bobe” Escalante, quien dejó en julio la gerencia general del SIMAS después de que el Consejo Directivo conociera estados financieros con pasivos superiores a los 2 mil millones de pesos. Su salida ocurrió cuando el organismo ya enfrentaba cuestionamientos financieros y comenzaba a crecer la presión para revisar contratos, proveedores, adeudos y decisiones tomadas durante los últimos años. Escalante salió de la oficina, pero las cuentas permanecieron sobre el escritorio.

Después está Óscar Luján Fernández, cuyo nombre resulta interesante por el camino que recorrió dentro del Ayuntamiento. Fue tesorero municipal durante la administración anterior y desde esa posición conoció directamente el manejo financiero del Municipio. En 2025 participó públicamente en las gestiones relacionadas con el préstamo de 60 millones de pesos destinado al SIMAS. Más tarde dejó Tesorería y terminó en Contraloría, precisamente una de las oficinas encargadas de vigilar el ejercicio de los recursos públicos. Las “gracias” se las dieron el viernes por la tarde. ¿Estará poniéndose las carillas en alguna clínica dental de Cancún? En los pasillos siempre hay versiones para todo; lo comprobable es que Luján ya no ocupa la Contraloría y que los expedientes que pasaron por sus dos escritorios siguen ahí.

Y ahora está Eduardo Terrazas Ramos. Este martes trascendió su salida del IMPLAN. Todavía durante la mañana habría acudido a su oficina en el antiguo Banco de México y, de acuerdo con versiones conocidas por esta columna, alrededor de las once ya no se encontraba ahí. Entre las explicaciones que circulan se habla de posibles ofertas laborales en Saltillo, versión que deberá confirmarse. Lo cierto es que Terrazas tiene una trayectoria que inevitablemente lo coloca dentro del mapa administrativo que hoy resulta interesante revisar: antes del IMPLAN pasó por Contraloría y previamente estuvo al frente del propio SIMAS.

Terrazas conoce dos escritorios particularmente interesantes. Estuvo al frente del SIMAS después de Lauro Villarreal, quien, según versiones, habría sido uno de quienes impulsaron su llegada desde la capital del estado, y posteriormente pasó por Contraloría. Escalante encabezó después el organismo y Luján estuvo en Tesorería antes de terminar también en Contraloría. Más que repartir responsabilidades anticipadamente, habría que revisar las firmas. En los contratos celebrados durante esos periodos debe quedar constancia de quién solicitó los servicios, quién intervino en los procedimientos, quién firmó los contratos, quién supervisó los trabajos, quién recibió las facturas y quién autorizó los pagos. También habrá que revisar actas del Consejo Directivo, pólizas, transferencias, bitácoras y expedientes de proveedores. Haber ocupado alguno de esos cargos no significa que exista responsabilidad penal, pero sí permite establecer qué atribuciones tenía cada funcionario y, en caso de encontrarse irregularidades, hasta dónde podría alcanzar una eventual responsabilidad administrativa o de otra naturaleza. Eso tendrán que determinarlo las autoridades con documentos y pruebas.

Ahí está la ruta que debería seguirse en el caso SIMAS: contrato por contrato, factura por factura y firma por firma. Una cosa es dirigir el organismo, otra autorizar una contratación, otra supervisar que un servicio realmente se haya prestado y otra liberar o ejecutar un pago. También será necesario establecer qué conocieron los órganos de control y el Consejo Directivo, y si existieron observaciones que fueron atendidas, ignoradas o simplemente nunca formuladas. Si todo estuvo en regla, los documentos deberán demostrarlo; si hubo irregularidades, los mismos papeles permitirán establecer quién intervino y bajo qué atribuciones. Los funcionarios pueden renunciar, cambiar de oficina o desaparecer del organigrama, pero una póliza conserva la fecha, una transferencia conserva el monto, un contrato conserva las condiciones y un documento conserva la firma. Ésa es la verdadera ruta: seguir las firmas y seguir el dinero.

Y en medio de todo aparece un antecedente que hace inevitable hablar del buen tino para abandonar una oficina: Martha Rodríguez Romero. La entonces directora del Centro de Justicia Municipal fue sustituida a principios de septiembre por Carlos de Lara McGrath. Apenas 11 días después fue detenida por autoridades federales junto con su esposo, José Elías “Pepe” Ganem Guerrero, exsecretario del Ayuntamiento, dentro de una investigación cuyo alcance completo todavía no ha sido aclarado públicamente por la Fiscalía General de la República.

Once días. Ése fue el tiempo entre su salida y su detención. La cercanía entre ambas fechas no demuestra que el relevo estuviera relacionado con la operación federal ni permite asegurar que alguien dentro del Ayuntamiento conociera anticipadamente lo que venía. Pero la coincidencia existe y la pregunta también: ¿qué motivó realmente aquella salida? Sobre todo porque el caso Ganem ha terminado abriendo preguntas sobre contratos, proveedores, movimientos financieros y decisiones tomadas durante la administración anterior.

Desde la llegada de Miguel Ángel Riquelme Solís, hace casi tres meses, comenzó un reacomodo que poco a poco ha reducido la presencia de funcionarios heredados de la administración de Román Alberto Cepeda. Algunos salieron inmediatamente, otros resistieron semanas y algunos todavía permanecen agarrados del escritorio.

Han salido nombres de primer nivel y personajes colocados en oficinas estratégicas. Yohan Uribe dejó Comunicación Social; Arturo Novelo salió de Catastro; Brenda Jiménez dejó Egresos; José Manuel Riveroll Duarte dejó Salud Pública Municipal; Gustavo Muñoz salió de Urbanismo y Miguel Ángel Zúñiga, de Recursos Humanos, ha sido, según comentan dentro del Ayuntamiento, de los pocos que optaron por retirarse por voluntad propia antes de esperar a que alguien les mostrara la puerta.

Otros casos resultan más peculiares. Hay funcionarios a quienes les retiraron responsabilidades, pero continúan acudiendo a las oficinas, como Ariel Martínez, quien sigue presentándose pese a haber perdido la Jefatura de Gabinete. Y hay otros que dejaron formalmente sus posiciones, pero continúan apareciendo alrededor de la estructura municipal e incluso, según versiones internas que tendrían que comprobarse en la nómina, seguirían cobrando. Entre ellos se menciona a Jorge Saucedo, exsecretario particular de Román Alberto Cepeda, quien mantendría presencia particularmente alrededor de actividades relacionadas con el DIF Municipal. Ahí no hay mucho misterio: la nómina, los nombramientos y los recibos pueden tener la última palabra.

Óscar Luján dejó Contraloría y Eduardo Terrazas concluyó su etapa en el IMPLAN. Por los cargos que ambos ocuparon y su cercanía administrativa con asuntos relacionados con SIMAS, sus salidas inevitablemente generan preguntas, aunque hasta ahora no existe elemento suficiente para atribuirlas al caso. Este mismo martes también trascendieron los movimientos de Gerardo Viesca y David “Chacho” Ortiz, quien habría fungido como segundo de Víctor Navarro dentro de Servicios Administrativos. En los pasillos municipales alguien resumió la jornada con una frase bastante menos diplomática: “se chingó a tres en menos de cuatro horas”. Más allá del lenguaje, el mensaje político es claro: el reacomodo se aceleró.

Por eso sería un error mezclarlo todo. No toda salida tiene relación con SIMAS y no todo funcionario identificado con el grupo cepedista tiene relación con las investigaciones que hoy generan ruido. Una cosa es el reacomodo político y otra muy distinta la revisión administrativa y, eventualmente, judicial de contratos y operaciones. Pero ambas historias están ocurriendo al mismo tiempo y algunos nombres aparecen inevitablemente en las dos fotografías.

Un director puede renunciar. Un contralor puede entregar la oficina. Un gerente puede marcharse. Un funcionario puede encontrar acomodo en Saltillo. Un grupo político puede perder espacios conforme otro comienza a gobernar. Pero los contratos no cambian de apellido. Las facturas tampoco. Las transferencias guardan registro, las actas conservan nombres y las firmas permanecen.

Quizá muchas de estas salidas tengan explicaciones perfectamente administrativas. Algunas forman parte del reacomodo natural de un gobierno y otras de la decisión del nuevo alcalde de construir su propio equipo. Pero mientras continúen las auditorías, denuncias e investigaciones alrededor del SIMAS, cada movimiento tendrá inevitablemente una lectura adicional.

Porque mientras el cepedismo pierde espacios y varios funcionarios que pasaron por áreas relacionadas con SIMAS dejan posiciones, el verdadero expediente apenas comienza a ordenarse. Muchos creían que podrían irse tranquilamente después del informe que Miguel Ángel Riquelme tiene previsto rendir el próximo 10 de diciembre en el Teatro Nazas. Pero en Torreón los tiempos políticos parecen haberse acelerado y, a estas alturas, hasta las fechas de salida se han vuelto relativas. Los funcionarios se van, los escritorios cambian de dueño, pero los documentos permanecen.

Habrá que escribir rápido los apellidos, antes de que alguno termine reducido a una “N”.

Qué buen tino para algunos.

PREGUNTA OFICIOSA

¿Sabrá Ignacio Máynez lo que hacen sus inspectores los sábados?

Cuando Gustavo Muñoz dejó la Dirección de Ordenamiento Territorial y Urbanismo de Torreón, parece que olvidó llevarse a algunas piezas de su equipo. Una de ellas sería Luis Padilla, identificado como jefe de inspectores de Urbanismo, quien habría permanecido dentro de la estructura pese al cambio de mando. La pregunta ahora es sencilla: ¿qué cargo ocupa actualmente, cuánto cobra y quién decidió mantenerlo? Porque cambiar al director sirve de poco si debajo del escritorio permanecen las mismas prácticas y los mismos operadores.

Fuentes relacionadas con el sector de la construcción aseguran a esta columna que Padilla y al menos un inspector sindicalizado estarían realizando recorridos los sábados por diferentes obras, donde presuntamente solicitarían dinero. Es una acusación delicada que debe comprobarse y, precisamente por eso, merece una revisión formal de órdenes de inspección, bitácoras, horarios, obras visitadas y personal asignado durante los fines de semana. Si las visitas son oficiales, los documentos deberán respaldarlas; si no existen órdenes ni registros, entonces alguien tendrá bastante que explicar.

La pregunta llega directamente al nuevo titular de Urbanismo, José Ignacio Máynez: ¿sabrá lo que presuntamente sigue ocurriendo dentro de la dependencia que ahora dirige? Porque heredar una oficina también significa revisar lo que dejaron quienes estuvieron antes. Si Máynez desconoce estos señalamientos, ya tiene elementos para investigar; y si los conoce, corresponde saber qué medidas ha tomado. Gustavo Muñoz ya se fue, pero la duda es si algunas de las prácticas atribuidas a su etapa siguen despachando en Urbanismo.