¿Ahora sí ayudará Natalia a las víctimas?

La síndica Natalia Fernández Martínez asegura estar dispuesta a escuchar y acompañar a las víctimas del llamado cártel inmobiliario de Torreón. En declaraciones publicadas por El Siglo de Torreón, negó oponerse a que el Municipio desincorpore un predio de la colonia Latinoamericana para ofrecer lotes, a precios accesibles, a un grupo de familias afectadas.

El mensaje suena alentador; sin embargo, después de años de promesas, reuniones y expedientes, los damnificados ya no viven de declaraciones. Solo creen en lo que ven.

Fernández Martínez sostuvo que el proyecto todavía no llega a las comisiones de regidores y que, cuando sea presentado formalmente, será analizado por el Cabildo. Jurídicamente, la explicación puede ser correcta. Políticamente, resulta insuficiente.

Natalia no es una observadora recién llegada al Ayuntamiento. Fue secretaria del mismo gobierno municipal y ahora ocupa un cargo cuyas responsabilidades incluyen vigilar los intereses y el patrimonio del Municipio. Su intervención, por tanto, no puede limitarse a esperar que el expediente aterrice sobre su escritorio.

De acuerdo con un testimonio entregado a esta columna, Fernández convocó a las víctimas a una reunión después de la publicación periodística. La cita puede representar un avance, pero los afectados llegan con la confianza maltrecha. Anteriormente, aseguran, ya habían entregado documentación en su oficina y conservan un escrito recibido y sellado desde hace más de un año.

La pregunta es sencilla: ¿qué seguimiento le dio la síndica?

No sería responsable afirmar que Natalia Fernández participó en el presunto fraude o que pretende impedir la reparación del daño. Hasta ahora, no existe en la documentación consultada una prueba que permita sostenerlo. Pero tampoco sería correcto aceptar que desconocía por completo un asunto que lleva años recorriendo oficinas municipales, notarías, juzgados, el Registro Público de la Propiedad y la Secretaría de Gobierno.

En Presidencia, el expediente quizá cambió de escritorio muchas veces, pero nunca fue invisible.

El terreno propuesto se encuentra en la colonia Latinoamericana y tendría una extensión aproximada de cinco mil metros cuadrados. La intención no sería regalarlo, sino facilitar su adquisición a precios accesibles y mediante parcialidades. También se mencionan otros predios vinculados con la Comisión Estatal de Vivienda.

No se está pidiendo una ocurrencia presupuestal ni un obsequio político. Se busca una salida institucional para personas que perdieron su patrimonio y, en algunos casos, hasta su estabilidad emocional.

El proyecto todavía deberá pasar por Tesorería, comisiones de regidores, Cabildo, Congreso del Estado y, en determinados casos, la Comisión Estatal de Vivienda. Demasiadas ventanillas para personas que llevan demasiado tiempo dando vueltas.

Los damnificados han recibido fechas, ofrecimientos y supuestas luces verdes que nunca aterrizaron. Por eso hoy no celebran llamadas amables, entrevistas ni fotografías: esperan documentos, votaciones y terrenos jurídicamente disponibles.

Mientras esa solución avanza con la velocidad habitual de la burocracia —es decir, con el freno de mano puesto—, el frente judicial continúa abierto.

Fernando Nicolás Muñoz San Juan, extitular de la Notaría Pública 45 de Torreón, fue detenido el 16 de agosto en Madrid, España, en cumplimiento de una orden de aprehensión y una solicitud de extradición.

De acuerdo con información de la Fiscalía General del Estado de Coahuila, citada por El Siglo de Torreón, su localización y captura fueron resultado de la colaboración con la Fiscalía General de la República e Interpol.

Al cierre de esta columna, Muñoz San Juan se encontraba sujeto al procedimiento correspondiente para su extradición a México, sin confirmación oficial de su traslado a Coahuila. En todo momento deberá respetarse su presunción de inocencia mientras no exista una sentencia firme.

Capturas del sistema judicial proporcionadas a Al Café Político muestran que, el 26 de agosto de 2026, en los expedientes 860/2026 y 862/2026, relacionados con Muñoz San Juan, se tuvo por interpuesto un recurso de revisión contra la resolución dictada. El acuerdo indica que la remisión de los autos a la superioridad quedaría reservada hasta que el expediente se encuentre debidamente integrado.

Conviene hablar con precisión: presentar un recurso de revisión no significa obtener la libertad, quedar absuelto, cancelar la extradición ni ganar el amparo. Es un medio legal para impugnar una resolución y deberá ser estudiado por el tribunal competente.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación explica que cualquiera de las partes inconformes puede promoverlo, mientras que los artículos 81 al 96 de la Ley de Amparo regulan su procedencia y resolución. El recurso existe; su resultado todavía no.

La inquietud de las víctimas, no obstante, es legítima. Después de años buscando justicia, cualquier movimiento procesal despierta el temor de que el caso vuelva a extraviarse entre tecnicismos. Lo prudente es exigir información oficial y seguimiento puntual, no anticipar una liberación ni atribuir responsabilidades penales que todavía no han sido establecidas judicialmente.

También corresponde investigar por separado los testimonios sobre posibles intimidaciones, la eventual intervención de servidores o exservidores públicos y presuntos movimientos de documentación vinculada con la antigua Notaría Pública 45.

Son señalamientos delicados que necesitan denuncias, fechas, nombres y pruebas. No deben presentarse como hechos consumados ni utilizarse para condenar anticipadamente a nadie. Una columna puede encender la luz; corresponde a las autoridades revisar lo que hay debajo de la alfombra.

Natalia Fernández tiene ahora una oportunidad para despejar dudas. No necesita pronunciar discursos ni declararse amiga de todos los colectivos. Le basta con informar qué recibió su oficina, qué hizo con esa documentación, cuál es su postura jurídica y cómo votará cuando la desincorporación llegue al Cabildo.

La empatía institucional no se mide por el tono amable de una llamada, sino por sus resultados.

Las víctimas quieren recuperar algo de lo perdido y saber que el Estado responderá frente a las posibles fallas de una función notarial que él mismo autoriza y supervisa. Después podrán venir los agradecimientos, las fotografías y hasta las esculturas. Primero, los hechos.

A la revisión de los documentos entregados por las víctimas se suma otro frente que podría influir en el avance de la propuesta: la relación de Natalia Fernández con los regidores. En una conversación proporcionada a esta columna, un interlocutor habría recomendado a Eduardo Olmos y Miguel Riquelme tomar distancia política de la síndica. Según esa versión, algunos integrantes del Cabildo estarían inconformes con el trato recibido y sostienen que Fernández presuntamente habría dificultado su acercamiento con ambos dirigentes.

La conversación no acredita una ruptura, una conducta indebida ni una actuación ilegal. ¿Existe un distanciamiento entre la síndica y parte del Cabildo que pudiera complicar el análisis de la desincorporación del terreno? La respuesta no se encuentra en los rumores, sino en la apertura de las comisiones, el diálogo entre las partes y el sentido de las futuras votaciones.

Natalia enfrenta así dos pruebas relacionadas: explicar qué seguimiento dio a la documentación de las víctimas y demostrar que puede construir los acuerdos necesarios entre los regidores. Puede aclarar las versiones y recomponer cualquier relación deteriorada, pero necesitará transparencia, documentos y resultados.

En este asunto ya abundaron las promesas. Natalia dice estar dispuesta a ayudar. Bien. Ahora falta lo único que realmente cuenta: verla hacerlo.

PREGUNTAS OFICIOSAS

¿»El Guti» busca cargo o todo el organigrama?

Dicen que Simón Gutiérrez, “El Guti”, no atraviesa su mejor momento político con Hugo Dávila ni con Luis Morales. Las versiones apuntan a que primero habría contemplado la Alcaldía de Torreón; después, alguna secretaría e incluso la Dirección de Movilidad, con todo y Autotransporte, actualmente a cargo de Morales. Ahora dicen que busca una candidatura a diputado federal. Aspirar es legítimo; lo complicado comienza cuando varios sienten que les prometieron la misma silla y todos aseguran tener la confianza del gobernador.

Desde el entorno de Hugo Dávila sostienen que no existe una confrontación abierta; sin embargo, se sabe que “El Guti” también habría querido la posición que ocupa Dávila. Ahora ambos podrían mirar hacia una candidatura a diputado federal, aunque ese espacio ya tendría otros nombres y, por el momento, ni Gutiérrez ni Dávila aparecerían entre los considerados. Curiosamente, ninguno dice andar solicitando cargos, pero ambos parecen conocer perfectamente cuáles están disponibles. En política, nadie busca la silla; solamente pasan varias veces frente a ella para comprobar que siga vacía.

El distanciamiento con Luis Morales también resulta extraño, pues no hace mucho al funcionario municipal se le veía seguido en las oficinas de “El Guttys”, en Autotransporte de La Laguna de Coahuila. Sin embargo, con la llegada de Riquelme, a Morales lo pusieron como a Elsa, de Frozen: “congelado” por esa lealtad en pausa.

Mientras tanto, el invitado es Simón Gutiérrez, quien, por andar en la grilla, no ha entregado el proyecto de modernización del autotransporte y ahora está como estudiante sin ChatGPT para terminar la tarea.

Pero Morales no debe preocuparse, al menos esta semana: posiblemente habrá otra salida, pero a unos cuantos kilómetros de la Plaza Mayor. Y no es Luis Serna, de Garantías, por más que alguien se quiera ocultar detrás de un parquímetro digital.

¿Tienda de raya o aterrizaje de aviadores?

Este lunes, la Presidencia Municipal parecía tienda de raya o fila del Bienestar. Pero no: era personal de Servicios Públicos, citado para recibir su cheque quincenal y, sobre todo, comprobar qué función desempeña cada trabajador. Dicen que la revisión buscaba aterrizar a varios presuntos “aviadores”, luego de detectar casos bastante curiosos en la nómina. Por ejemplo, los empleados 092689 y 092690, ambos registrados como auxiliares administrativos y con fecha de ingreso del 16 de noviembre de 2025, aparecen con una percepción de 30 mil 309.34 pesos y afiliación al Hospital Municipal. La cantidad supera los 29 mil 272.65 pesos registrados para Fernando Villarreal Cuéllar, director general de Servicios Públicos. Ya usted sabrá: cuando el auxiliar gana más que el director, el organigrama necesita calculadora, lupa y quizá hasta detector de metales.

Y luego dicen que nosotros somos los chismosos. Mientras algunos esperaban que soltáramos la bomba, otro mueble habría salido del Ayuntamiento: versiones internas aseguran que, este último día de agosto, le dieron las gracias a Arturo Novello, director de Catastro.

Aunque la salida todavía deberá confirmarse oficialmente, integrantes de su propio gabinete coinciden en que “El Famoso Novello” ya se fue. En Presidencia, los rumores suelen llegar primero; el comunicado aparece después, cuando encuentra estacionamiento.

También comenzó a circular la versión de que más personal podría quedar fuera de Catastro, aunque por ahora no existen nombres confirmados oficialmente. Lo único claro es que los movimientos no terminarían con Novello, quien ya tendría relevo femenino. Aguanten la semana, porque en la nómina municipal todavía podrían moverse más muebles.