Cártel inmobiliario de Torreón: pasa el tiempo y Nicolás no llega

Pasa el tiempo y Nicolás no llega. Las familias que reclaman su patrimonio siguen esperando que Fernando Nicolás “N”, extitular de la Notaría 45 de Torreón, comparezca ante la justicia mexicana.

Su detención en España, en agosto pasado, representó un avance para quienes entregaron sus ahorros con la esperanza de adquirir un terreno o conseguir una escritura. Todavía falta que se esclarezcan los hechos y puedan reclamar la recuperación de su patrimonio.

Una fuente vinculada con el grupo de afectados por el presunto fraude inmobiliario en Torreón, cuya identidad se reserva a petición expresa, resume así su inconformidad: “No han traído al notario de España y ya salió otro notario más”. La frase refleja el desgaste de quienes ven surgir nuevos señalamientos mientras su expediente sigue pendiente. La fuente alude a otra notaría; eso no acredita que a ese despacho le hayan retirado el fíat.

Nicolás fue detenido en Madrid tras emitirse una notificación roja de Interpol. Es señalado por presuntas operaciones inmobiliarias que habrían afectado a alrededor de 40 personas, según información difundida tras su detención.

El fiscal de Coahuila, Federico Fernández, informó que trabajaba con la Fiscalía General de la República para concretar la extradición y estimó que podría realizarse en unos 45 días. Ese plazo ya transcurrió. El 28 de septiembre, la Fiscalía en La Laguna señaló que el trámite continuaba y que existían cerca de 65 denuncias.

El secretario de Gobierno, Óscar Pimentel González, informó que la investigación se había ampliado hacia dependencias y áreas vinculadas con la compraventa de predios. En Torreón, el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís expresó la disposición del Ayuntamiento para colaborar y apoyar a los afectados.

El Cabildo de Torreón aprobó donar a la Comisión Estatal de Vivienda un terreno de 5 mil 804 metros cuadrados en la colonia Latinoamericana, para que 27 familias afectadas puedan adquirir lotes a precio accesible. En septiembre, Pimentel señaló que faltaba el aval del Congreso para avanzar con la lotificación; el estado actual del trámite debe confirmarse.

En la atención a los afectados también intervino la síndica de Mayoría, Natalia Fernández Martínez, quien fue secretaria del Ayuntamiento durante el periodo de los hechos. Una fuente del grupo reconoció que les ayudó a destrabar gestiones municipales. Fernández negó oponerse a la entrega del predio y sostuvo que el caso no había sido de su competencia directa.

Hasta el 23 de octubre, Nicolás continuaba detenido en Madrid y no se conocía una fecha oficial para su traslado. Según Interpol, una notificación roja solicita localizar y detener provisionalmente a una persona con miras a su extradición; no es una sentencia de culpabilidad. Una extradición tiene procedimientos que deben respetarse. Las familias también merecen saber qué ocurrió con el plazo anunciado, qué falta y de quién depende el siguiente paso. La captura fue noticia; la espera también lo es.

El caso Nicolás abrió la cloaca de las preguntas sobre la vigilancia notarial: ¿qué se revisaba?, ¿cuántas quejas existían?, ¿cuándo se detectaban los problemas? La fuente consultada sostiene que las revisiones alcanzan a más despachos: “Hay otros cuatro notarios más que están siendo ahorita auditados, están escrupulosamente vigilados”.

El caso de la Notaría 21 tiene un señalamiento penal que ha trascendido públicamente. Su titular, Ernesto Eduardo “N”, enfrentaría una audiencia inicial por una acusación de fraude relacionada con 150 mil pesos entregados para impuestos y honorarios de una compraventa. Según los hechos difundidos, los trámites no se habrían realizado ni el dinero devuelto. La acusación debe esclarecerse judicialmente; no se ha verificado un retiro de fíat en este caso.

Según la versión de la fuente, entre los despachos bajo revisión se encontraría la Notaría 20 de Torreón. El alcance de esas presuntas revisiones no está confirmado oficialmente. Sobre ese despacho, la persona entrevistada relató un señalamiento relacionado con cobros por servicios que, según dijo, no se habrían realizado: “Ella culpa a su secretaria por hacer cobros por trabajos que no efectuó”.

La fuente reconoció que podía no recordar correctamente el nombre de la titular. Al Café Político no ha corroborado de manera independiente ese señalamiento ni cuenta, hasta ahora, con la versión de la notaria o de la trabajadora mencionada. Corresponde a la autoridad aclarar si existe alguna queja o procedimiento.

En abril de 2025, el Colegio de Notarios de Torreón informó que el distrito —que comprende Torreón, Matamoros y Viesca— contaba con 102 números de notaría, de los cuales aproximadamente 90 se mantenían activos. Se trata de un dato distrital de 2025.

Está documentada la terminación definitiva del cargo de Fernando Nicolás Muñoz San Juan, titular de la Notaría 45, mediante un acuerdo publicado en el Periódico Oficial de Coahuila el 23 de enero de 2025. Es el retiro identificado para Torreón en los documentos revisados; ello no permite asegurar que sea el único de toda la historia del distrito.

En Coahuila se identificaron cuatro terminaciones del cargo publicadas en 2025: la de Nicolás en Torreón; la de José Omar Rosas Córdova, de la Notaría 7 de San Pedro; la de José Juan Castañón González, de la 5 de la Región Carbonífera, y la de Homero Flores Rábago, de la 23 del Distrito de Río Grande.

En septiembre, Pimentel habló de aproximadamente cinco notarios dados de baja durante la administración. La cifra es estatal y aproximada. Hace falta conocer el desglose actualizado de los casos y sus resoluciones.

La fuente plantea otra explicación que merece investigarse: “No es que no hayan hecho auditorías, es que no había subsidio para hacer auditorías”. Asegura que ese apoyo se retiró hace más de seis años; no contamos con documentación presupuestal que confirme la afirmación. La autoridad debe aclarar con qué recursos y personal ha realizado la supervisión.

Mientras tanto, las familias necesitan saber dónde están sus documentos, quién concluirá sus trámites y qué vías tienen para reclamar su patrimonio.

Pasa el tiempo y Nicolás no llega. Que las respuestas de la autoridad, por lo menos, dejen de estar en tránsito.

PREGUNTAS OFICIOSAS

SIMAS y Conagua: ¿quién dejó crecer la cuenta?

El SIMAS Torreón llegó a un acuerdo con la Conagua para pagar 94 millones 364 mil pesos de un adeudo acumulado por derechos de agua. Ya se cubrieron 10 millones de anticipo y seguirán abonos trimestrales de aproximadamente cinco millones. Según lo informado la negociación reduce en más de 100 millones de pesos el pasivo registrado y abre la puerta a recursos federales para infraestructura hidráulica. Y uno quejándose de los aboneros y de Coppel… aunque aquí la cuenta no es por una pantalla nueva, sino por obligaciones que deberá cubrir el organismo.

¿Desde cuándo se arrastra la deuda? En marzo, el entonces gerente del SIMAS, Roberto Escalante, afirmó que el rezago con Conagua provenía de antes de 2022. Falta conocer el desglose actualizado del convenio para precisar qué periodos y conceptos quedaron comprendidos. ¿Quién dejó de pagar y por qué el problema siguió pasando de escritorio en escritorio?

Y todavía falta la CFE. Xavier Herrera informó en octubre que el adeudo eléctrico rondaba los 470 millones de pesos y que se buscaba un convenio; la cuenta incluye consumo no pagado de 2024, 2025 y parte de 2026. Al nuevo contralor municipal, Manuel Valdés Ruiz, ya le llegaron dos expedientes con suficientes números para revisar: ¿qué ocurrió, quiénes conocían los atrasos y si hubo omisiones que deban investigarse? Una deuda no prueba por sí sola una irregularidad, pero sí obliga a pedir cuentas. Porque entre el agua y la luz, al SIMAS todavía le queda una larga lista de abonos.

Alfonso Cepeda en Torreón: ¿200 pesos por asistir y asiento rumbo a 2029?

A una trabajadora de la educación y a otras docentes de Torreón les ofrecieron 200 pesos por acudir al segundo informe legislativo de Alfonso Cepeda Salas, senador de Morena y dirigente nacional del SNTE, realizado el sábado. Así lo aseguró la docente a Al Café Político; precisó que la asistencia no era obligatoria y que ella no acudió. También circuló una versión en medios estatales sobre una supuesta cuota de 300 pesos. ¿Quién hizo las invitaciones, de dónde saldría el dinero ofrecido y con qué recursos se organizó el evento? Porque, entre cobrar la entrada y pagar la asistencia, las cuentas del informe necesitan su propia clase de matemáticas.

En el terreno político, según observaciones compartidas con esta columna, Luis Fernando Salazar fue una de las figuras laguneras de mayor peso presentes. También se comentó que algunas invitaciones habrían llegado apenas el jueves y alguien preguntó: «¿A qué voy a un informe de un dirigente sindical?». Tampoco se vio, según esas observaciones, a Cecilia Guadiana ni a Ricardo Mejía Berdeja, dos nombres que, junto con Salazar, figuran en la conversación sobre la gubernatura de Coahuila por la 4T. Por esas fechas se cumplía el primer aniversario de boda de Guadiana, aunque no está confirmado que esa fuera la razón de su ausencia. A Cepeda también se le menciona como posible aspirante: si busca llegar a 2029, tendrá que sumar algo más que porras y estructura sindical. Porque una cosa es llenar el salón y otra que todos quieran subirse al mismo tren.

Entre las opiniones compartidas con esta columna hubo críticas a las dirigencias de las secciones 35 y 38 del SNTE: desde algunos grupos morenistas las llaman «mercenarios» y las acusan de pensar en sus propios intereses. Es una valoración política, no una conclusión acreditada. De cara a la renovación de los comités, ¿habrá competencia abierta y explicaciones para las bases? Y mientras se acomodan las piezas rumbo a 2029, queda otra imagen: el 8 de septiembre, durante una protesta de la priista Paloma Sánchez en el Senado, Cepeda arrojó al piso una carpeta sobre personas desaparecidas que había quedado en su escaño. Las familias que buscan a sus seres queridos merecen una explicación. Para aspirar a gobernar, no basta con levantar la mano: también hay que hacerse cargo de lo que se tira al suelo.

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