Víctor Ramos, entre los lonches, los anexos y la posible última quincena

“Anda muy fuerte el rumor de que todos los que quedan de la era de Román van para afuera, que ya hablaron con ellos”, nos escribió una fuente cercana a Presidencia Municipal. Hablaba de directores: unos saldrían antes del informe y otros después. Entre los sobrevivientes del gabinete de Román Alberto Cepeda González, ahora bajo el mando de Miguel Ángel Riquelme Solís, empieza a sentirse frío, y no precisamente por la temporada. Algunos ya no preguntan cuándo llegará el aguinaldo, sino si alcanzarán a cobrarlo. Porque en política hay muertos que siguen cobrando y vivos que ya huelen a despedida. Por ahora, los relevos siguen siendo versiones.

Uno de los nombres que, según los rumores, no llegaría a noviembre es Víctor Ramos Galindo, director de Plazas y Mercados desde enero de 2025. “Antes duró”, comentan quienes conocen los cuestionamientos acumulados durante su gestión. Entre puestos que aparecen, presuntos cobros sin recibos y permisos que nadie parece recordar quién autorizó, su administración ha sido objeto de diversas inconformidades. Aunque la historia tiene más capítulos que una telenovela turca, comienza mucho antes de que llegara a administrar las banquetas de Torreón.

Una fuente que asegura conocer su trayectoria sostiene que Ramos trabajó cerca del hoy detenido José Elías “Pepe” Ganem Guerrero, exsecretario del Ayuntamiento, a quien presuntamente acompañaba en tareas de seguridad informal. Según recuerda, hasta utilizaba botas y pantalones tácticos, desempeñando funciones de “guarro”. Se trata de un testimonio pendiente de corroboración, que por sí solo no acredita que desempeñara esas funciones. Posteriormente, Ramos llegó a Prevención Social del Delito, donde habría presumido vínculos con la Academia de Policía, y después terminó administrando espacios comerciales. En el servicio público hay ascensos por méritos, por experiencia y otros cuyo expediente todavía merece explicación.

Durante la primera etapa de Román Cepeda, Ramos encabezó Prevención Social del Delito, donde participó en programas juveniles, prevención de adicciones y seguimiento a centros de rehabilitación. Precisamente sobre los llamados anexos, fuentes consultadas sugieren posibles intereses privados relacionados con establecimientos de ese sector y autolavados. Incluso circulan versiones sobre el origen de ingresos y las condiciones de trabajo en esos negocios, sin que hasta ahora se hayan presentado pruebas suficientes para establecer una irregularidad o vincular personalmente al funcionario con esas actividades. Sería pertinente revisar registros públicos y declaraciones patrimoniales, dentro de los límites legales aplicables, para separar las historias de café de los hechos. Porque una cosa es rehabilitar personas y otra muy distinta necesitar rehabilitar las cuentas.

Según el mismo testimonio, Ganem, ya como secretario del Ayuntamiento durante la segunda etapa de Román, habría influido en la llegada de Víctor Ramos a Plazas y Mercados. Esa versión, todavía sin confirmación documental, abre una pregunta sobre los criterios de nombramiento: ¿pesó más la cercanía política que la experiencia administrativa? Y vaya que el nuevo encargo le trajo problemas. Pasó de hablar de prevención a tener que explicar por qué los conflictos comerciales parecían reproducirse con mayor entusiasmo que los puestos de temporada.

El 9 de marzo, en El Bastón del Mando, abordamos el caso del violinista Zeytta Yámell, quien, según testimonios, habría enfrentado la exigencia de pagar 600 pesos semanales para tocar en la Alameda Zaragoza. También publicamos inconformidades por presuntos cobros informales y cuestionamientos a la actuación del inspector Miguel Acuña. No existe evidencia presentada en aquella publicación de que Ramos recibiera personalmente ese dinero, pero como director tenía responsabilidades de supervisión sobre quienes autorizaban, inspeccionaban y cobraban. Porque si hasta para tocar el violín había versiones de una cuota semanal, faltaba saber si también cobraban derechos por desafinar.

Las quejas terminaron frente a Presidencia Municipal. El 10 de marzo, comerciantes de la Alameda Zaragoza se manifestaron por presuntos abusos, hostigamiento y favoritismo. Otro grupo acusó a sus adversarios de provocar el conflicto. Ramos atendió a los inconformes, pero quedó una pregunta flotando: ¿quién ponía orden entre comerciantes e inspectores? La Alameda parecía tener más disputas por metro cuadrado que un reparto de herencia.

Y entonces llegó abril, cuando el pleito dejó de ser asunto de comerciantes para convertirse en una crisis del Ayuntamiento. Veintidós inspectores sindicalizados quedaron fuera de sus recorridos habituales durante una reestructuración de Plazas y Mercados. La dirigencia exigió explicaciones y pruebas de los señalamientos contra los trabajadores. El 15 de abril cerraron oficinas y el 21 de abril el conflicto escaló: aproximadamente 1,200 trabajadores sindicalizados participaron en una paralización de actividades municipales y bloquearon accesos a Presidencia. La movilización fue encabezada por su dirigente, Rosalva Rodríguez. Vaya manera de administrar plazas: terminaron tomando la Plaza Mayor.

El gobierno defendía la reestructuración y el sindicato exigía garantías. Finalmente, se alcanzaron acuerdos preliminares para reincorporar a los inspectores. Las protestas no demuestran faltas personales de Ramos, pero exhibieron un conflicto que terminó afectando servicios y ciudadanos. Cuando una dirección enfrenta semejante terremoto laboral, por lo menos merece preguntarse quién llevaba el volante mientras el vehículo se iba contra la Presidencia.

Y todavía faltaba Lonches Chilo. El 14 de agosto, en El Espresso del Día, cuestionamos una estructura comercial construida sobre una banqueta. ¿Quién autorizó aquello y quién permitió que avanzara? Después circularon versiones sobre su demolición. Los expedientes municipales deberían aclarar si existió autorización, qué condiciones se establecieron y qué autoridad intervino. Porque en Torreón una banqueta puede amanecer convertida en local comercial, pero cuando llegan las preguntas parece que los permisos se fueron a comprar lonches.

Ramos anunció controles electrónicos para mejorar la recaudación. Excelente, siempre que el dinero llegue a Tesorería y los comerciantes reciban sus comprobantes. Porque modernizar los cobros no es ponerle pantalla al mismo misterio. ¿Cuánto se recaudó, cuántos permisos se expidieron y dónde quedaron registrados los pagos? Las respuestas deben estar en documentos verificables, no en declaraciones de buenas intenciones.

Y aquí viene la pregunta oficiosa. Fuentes consultadas aseguran que parte de los rumores sobre futuros relevos estaría circulando desde el sexto piso de Presidencia Municipal, donde ubican oficinas vinculadas con la sindicatura de mayoría. Los comentarios mencionan el entorno de Natalia Fernández, exsecretaria del Ayuntamiento y actual síndica, sin aportar evidencia de que ella haya participado en su difusión. Sin embargo, alguien parece enterarse antes que Recursos Humanos de quién podría quedarse sin trabajo. En política, las noticias bajan por el elevador mientras los oficios siguen esperando turno en la ventanilla.

Ahora se acercan las ventas de flores por Día de Muertos, el comercio en cementerios, las peregrinaciones y la temporada navideña. Mucho movimiento, muchos permisos y dinero que debe quedar debidamente registrado. Si Miguel Ángel Riquelme decide sustituir a Ramos, convendría que Contraloría y Tesorería revisen los expedientes, los ingresos y la entrega-recepción. Y si a Ramos le quedan unos días en la nómina municipal, los funcionarios pueden perder la plaza; lo que no debería perderse es el rastro de los recibos.

Y si las fichas se mueven desde los pisos altos del Ayuntamiento, que las decisiones bajen por la vía oficial. Porque el elevador político sube y baja, pero la rendición de cuentas no debería quedarse atorada entre pisos.

☕ PREGUNTA OFICIOSA

Todos tenemos derecho a emprender. Jorge Saucedo Alvarado, exsecretario particular de Román Alberto Cepeda González, presumió en Facebook su proyecto Alterno Comunicación, acompañado de fotografías de sus oficinas y el mensaje: «Un día o el día uno. 2023-2026». Las imágenes muestran una transformación de los espacios: desde habitaciones prácticamente vacías, trabajos de instalación y acondicionamiento, hasta oficinas equipadas con mobiliario, pantallas, salas de juntas y áreas de trabajo. Destaca un despacho con acabados de madera, libreros e iluminación integrada. La publicación presenta una evolución empresarial de tres años, aunque las fotografías, por sí solas, no permiten establecer cuánto se invirtió, quién financió las instalaciones ni cuándo se realizaron las adecuaciones.

En la nómina municipal de 2024, Saucedo aparece como jefe en la Secretaría Privada, con una percepción neta registrada de 21 mil 967 pesos. El dato abre una línea de investigación sobre su trayectoria en el servicio público y el desarrollo de su empresa. También resulta pertinente conocer cuándo comenzó a operar Alterno Comunicación, si durante su paso por el Ayuntamiento mantuvo alguna participación empresarial y si existen contratos con dependencias gubernamentales. Ninguna de estas circunstancias constituye, por sí misma, una irregularidad.

La pregunta oficiosa es sencilla: ¿cuánto recibió Jorge Saucedo durante su paso por el Ayuntamiento y cómo se financió Alterno Comunicación? Porque una cosa es reconocer el derecho a emprender y otra, muy distinta, dar por explicado el origen de una inversión únicamente con fotografías. Conocer sus remuneraciones permitiría documentar el uso de recursos públicos, pero no demostraría cómo pagó su proyecto. Para despejar las dudas hacen falta declaraciones patrimoniales cuando legalmente proceda, registros empresariales, contratos y, desde luego, la versión del propio Saucedo. La transparencia no debería incomodar a quien puede explicar sus cuentas.

Javier Lechuga: ¿se le acaba el tiempo y busca dónde acomodar a Everardo Zúñiga?

Quien sabe que sus días en la Tesorería Municipal de Torreón podrían estar contados, al igual que los de algunos de sus pupilos, es Javier Lechuga Jiménez Lábora. En medio de los reacomodos del gabinete de Miguel Ángel Riquelme Solís, las versiones políticas lo señalan como promotor de Everardo Zúñiga Rodríguez, contador público al que se atribuye haber sido operador financiero de seis campañas priistas. Primero intentó llegar a la Contraloría Municipal, donde algunos prácticamente daban por hecho su nombramiento. Sin embargo, el cargo quedó en manos de Manuel Valdés Ruiz. La columna Verdades y rumores, de El Siglo de Torreón, señaló el 23 de octubre que Zúñiga y Axel Hernández eran las dos apuestas del tesorero. Al parecer, Lechuga quiso extender sus hilos, pero esta vez no le alcanzó el carrete.

Y como en política perder una silla no significa dejar de buscar escritorio, Everardo Zúñiga ahora aparece entre los aspirantes al Órgano Interno de Control del Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila, donde ya desempeñó ese mismo cargo durante siete años, desde 2019. Su currículum oficial también registra antecedentes como director de Egresos y de Programación y Presupuesto de la Tesorería de Torreón. El Congreso estatal validó su participación y programó las entrevistas para este jueves 29 de octubre. Aquí cobra relevancia otro antecedente: Javier Lechuga fue tesorero del Congreso de Coahuila, institución encargada de realizar la designación. Esa trayectoria no demuestra que esté interviniendo en el proceso, pero sí abre una interrogante sobre los respaldos políticos que acompañan la candidatura.

Y aquí viene la pregunta oficiosa: ¿Javier Lechuga busca asegurarle un lugar a Everardo Zúñiga antes de que los reacomodos municipales también alcancen a su equipo? Porque una cosa es contar con experiencia administrativa y otra que los nombramientos respondan a compromisos políticos. Su presunta participación como operador financiero de campañas priistas merece documentarse, igual que los resultados de sus siete años vigilando al Tribunal. Por ahora, tampoco existe confirmación oficial de una próxima salida de Lechuga ni prueba documental de que esté impulsando esta segunda candidatura. Lo cierto es que Zúñiga no consiguió la Contraloría de Torreón y ahora busca continuar en el Tribunal. En política, cuando se acaba el tiempo, algunos buscan otro reloj; cuando peligra la silla, buscan otra oficina.