SIMAS: olieron millones y aparecieron los cobradores

En Torreón, cuando no sale agua de la llave, sobran las pipas; y cuando se anuncian acuerdos millonarios, tampoco faltan quienes llegan a cobrar. Apenas el SIMAS Torreón alcanzó un convenio con Conagua por 94.3 millones de pesos, que contempla un anticipo de diez millones y pagos trimestrales para regularizar obligaciones, comenzaron a hacerse visibles las reclamaciones de quienes aseguran tener cuentas pendientes. Conviene aclararlo: el convenio no representa dinero disponible para proveedores, sino una reestructuración de deuda. Sin embargo, la coincidencia resulta llamativa. Este jueves transportistas de la CTM bloquearon parcialmente el bulevar Independencia, frente al organismo, para reclamar adeudos y nuevos contratos. Su líder, Félix Caldera Serrano, habló de aproximadamente 150 participantes. La protesta terminó cuando consiguieron una audiencia con el alcalde Miguel Ángel Riquelme.

Y aquí comienza lo interesante. En medio de las reclamaciones aparece una diferencia que merece explicaciones: se habla de adeudos por 20 millones de pesos, mientras que los registros disponibles reflejarían apenas tres millones. La información requiere una revisión documental, pero plantea una pregunta elemental: ¿cómo autorizar semejante pago sin contratos, facturas, estimaciones o comprobantes de los servicios realizados? Después del acuerdo millonario, parece que la lista de acreedores se hizo presente antes que las pruebas para justificar sus cobros. Cobrar lo trabajado es un derecho, pero la administración pública no funciona con cheques al portador ni acuerdos de palabra, por más camiones que se estacionen frente a las oficinas.

Entre los trabajos cuestionados aparece una obra en Paseo de la Rosita y Diagonal, presuntamente contratada desde la administración de Román Alberto Cepeda. Los trabajos habrían sido abandonados y posteriormente retomados, aunque la gerencia actual no habría establecido las condiciones originales. ¿Quién contrató, quién recibió los materiales y quién autorizó los pagos? Si existen servicios comprobados, deben pagarse; si faltan expedientes, corresponde aclarar por qué no aparecen. El cambio de administración no borra las deudas legítimas, pero tampoco convierte cualquier reclamación en obligación automática del Ayuntamiento.

La movilización tuvo otro ingrediente peculiar. Hasta llevaron autobuses de pasajeros de las rutas Torreón-Gómez Palacio-Lerdo, además de camioneros materialistas de Matamoros, Coahuila. ¿Qué tenían que reclamar los autobuses ante un organismo de agua y drenaje? ¿Acudieron por solidaridad sindical o para reforzar la presión de Félix Caldera? ¿Se trataba de recuperar adeudos o mostrar músculo sindical? Porque una cosa es defender derechos laborales y otra llevar media flotilla lagunera para conseguir audiencia.

El alcalde Miguel Ángel Riquelme consideró innecesario el bloqueo y cuestionó las afectaciones a terceros. ¿Era indispensable cerrar parcialmente una vialidad para conseguir una reunión? El derecho a manifestarse debe respetarse, pero también corresponde privilegiar el diálogo antes de que los problemas terminen estacionados en las avenidas. Y más cuando detrás de las exigencias económicas aparecen contratos heredados y cifras que todavía necesitan aclararse.

Y hablando de pipas, existe otro señalamiento delicado: algunos particulares presuntamente obtenían agua sin pagarla para después comercializarla. Incluso se menciona una supuesta renta de 400 mil pesos por una garza en Santa Fe. Son afirmaciones pendientes de corroboración que no permiten responsabilizar a una organización específica. Pero ¿quién operaba esas instalaciones, con qué permisos, cuánto extraía y cuánto pagaba? También existe la preocupación de que permitir numerosas pipas particulares en la garza del SIMAS ubicada en Viñedos retrase el abastecimiento a las colonias. ¿Primero el suministro público o primero el negocio de las pipas?

Este asunto tiene un trasfondo regional. En Gómez Palacio, el Sideapa anunció durante agosto medidas para regularizar a piperos particulares, mediante contratos obligatorios, un padrón de operadores y controles sobre la extracción y comercialización del agua. ¿Existen condiciones equivalentes en Torreón? ¿Cuántos particulares comercializan el recurso y bajo qué permisos? ¿Qué intervención corresponde a Conagua? El agua no puede convertirse en negocio sin supervisión, especialmente cuando existen colonias que siguen esperando el suministro.

Y Félix Caldera Serrano tampoco comenzó a reclamar ayer. Desde diciembre de 2025 exigía resolver la situación de entre 100 y 160 concesiones de transporte materialista. La Dirección de Transporte Público explicó que permisos otorgados en 2001 habían vencido en 2016 y debían someterse a licitación. ¿El conflicto actual mezcla adeudos, nuevos contratos y viejas disputas por concesiones? Son asuntos distintos que no deberían negociarse como un solo paquete, por más grande que sea la caravana.

Mientras tanto, Xavier Herrera Arroyo, gerente del SIMAS, enfrenta un organismo con deudas, expedientes incompletos y necesidades urgentes de infraestructura. No sería responsable pagar sin comprobar, pero tampoco desconocer trabajos efectivamente realizados. La reunión con Riquelme deberá aclarar cuánto se debe, quién contrató, qué documentos existen y cuáles son las peticiones reales de la CTM. También deberá establecer si hay obligaciones heredadas que nunca fueron debidamente registradas o reclamaciones que carecen de respaldo suficiente.

Porque cuando se anuncia un acuerdo millonario y enseguida aparece una fila de acreedores, lo primero que debe abrirse no es la chequera, sino el archivo. Los transportistas tienen derecho a cobrar sus servicios, pero los ciudadanos también tienen derecho a saber por qué, cuánto y a quién se paga. Y queda una pregunta oficiosa: ¿Félix Caldera busca recuperar adeudos legítimos, conseguir nuevos contratos o recuperar espacios de negocio? ¿Cuántos más aparecerán con cuentas pendientes cuando escuchen hablar de millones?

En SIMAS, el agua puede estar escasa, pero las cuentas tienen que estar claras.

PREGUNTAS OFICIOSAS

Halloween político: ¿de qué deberían disfrazarse nuestros gobernantes?

🎃 Si este 31 de octubre los políticos regionales decidieran salir a pedir votos en vez de dulces, algunos ya tendrían el disfraz perfecto. Al gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, habría que ponerle el traje de Woody, de Toy Story: sombrero, chaleco, botas y sonrisa de sheriff, porque después del Rodeo Saltillo quedó claro que lo suyo es el ambiente vaquero. Solo le faltaría gritar: «¡Hay una serpiente en mi bota!», aunque en política nunca se sabe dónde aparecen. A Miguel Ángel Riquelme Solís, alcalde de Torreón, le quedaría mejor el uniforme de cazafantasmas, equipado con mochila de protones y detector de irregularidades, para perseguir todos los fantasmas heredados de la administración anterior: deudas millonarias del SIMAS, expedientes incompletos, problemas de drenaje y funcionarios que todavía rondan los pasillos de Presidencia. Eso sí, necesitaría más de una película para atraparlos a todos. ¿A quién vas a llamar? ¡A Riquelme!, aunque primero habrá que ver si los fantasmas se dejan atrapar.

🧙‍♀️ Del lado de Durango, Betzabé Martínez Arango, alcaldesa de Gómez Palacio, y su antigua aliada, Marina Vitela Rodríguez, bien podrían protagonizar su propia versión de Wicked, disputándose los papeles de Elphaba, la bruja verde, y Glinda, la bruja buena. De aliadas a rivales políticas, cada una seguramente querría interpretar a la buena y dejarle a la otra el papel de villana. ¿Quién será la bruja buena y quién la mala? Porque en este musical lagunero las amistades se rompen, las ambiciones vuelan y ambas parecen empeñadas en desafiar la gravedad. Susy Torrecillas Salazar, alcaldesa de Lerdo, le tocaría vestirse de taladora, con casco, chaleco y motosierra de utilería, por la controversia alrededor del Parque Las Auras. Mientras unos hablan de desarrollo urbano, otros preguntan por la conservación de los árboles. En Ciudad Jardín, el disfraz tendría una ironía difícil de ignorar: ¿quién cuida el bosque cuando la autoridad aparece vestida de leñadora?

👔 Y para cerrar la pasarela de Halloween, al gobernador de Durango, Esteban Villegas Villarreal, bien podría sugerírsele un traje guinda de Morena, perfectamente planchado y guardado para cualquier eventualidad. No vaya a ser que, al terminar su gobierno, aparezca alguna propuesta federal y tenga que cambiar de guardarropa político. Sería un disfraz preventivo: priista de origen, guinda por si se ofrece, aunque hasta ahora eso pertenece al terreno de la especulación y la sátira. La pregunta oficiosa es: ¿de qué se disfrazarán realmente nuestros políticos este Halloween y cuántos conservarán la máscara después del 31 de octubre? Porque entre vaqueros, cazafantasmas, brujas, taladoras y cambios de color, la política regional tiene material para una película de terror, una comedia y hasta un musical. Lo verdaderamente escalofriante sería que el primero de noviembre desaparecieran los disfraces, pero siguieran los mismos problemas.

¿Quién la tiene más grande y la disputa por el mando en las brigadas de chalecoverde?

Lo que parecía otro jueves de chalecos verdes, sombreros, aplausos y fotografías oficiales terminó, por un momento, convertido en una competencia para demostrar quién la tiene más grande… la autoridad, por supuesto. El Ayuntamiento de Torreón realizó este jueves dos actividades: una en Villas Centenario y otra en el ejido El Perú, encabezadas por el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís. Sin embargo, según testimonios, durante una de estas actividades se habría registrado un encontronazo entre el llamado «vicegobernador» de La Laguna, Hugo Dávila Prado, secretario de Desarrollo Regional, y Juan Pérez Ortega, director de Salud Municipal, a quien presuntamente encaró para reclamarle mayor coordinación. Porque en la política lagunera hasta las brigadas médicas pueden terminar necesitando terapia para el ego.

De acuerdo con las versiones, Hugo Dávila habría reclamado a Juan Pérez por las macrobrigadas de salud, asegurando que deben coordinarse previamente con él, desde la selección de las colonias hasta su organización. El señalamiento habría surgido a propósito de las jornadas municipales, como la realizada el pasado miércoles en la colonia Santiago Ramírez, donde participaron funcionarios municipales y estatales. Según los testimonios, el intercambio de este jueves subió de tono cuando Pérez respondió que recibe instrucciones directamente del alcalde y que existe coordinación institucional. Los que presenciaron el supuesto reclamo lo interpretan como una disputa por espacios de exposición pública, en medio de las aspiraciones políticas rumbo a 2030. Esto cobra relevancia ante el video que Hugo subió a sus redes sociales, en el que mostró su interés por ser candidato del PRI a la alcaldía de Torreón. Está bien tener aspiraciones políticas, pero sus malquerientes ya le dicen: «¡Guárdenme la hora, primero hay que «cargar los peregrinos»!».

Mientras unos presuntamente disputaban jerarquías, nuestros observadores oficiosos seguían pendientes de la pasarela de los chalecos verdes. Luis Morales , director de Movilidad Urbana, ya apareció uniformado; Marcelo Sánchez, de Medio Ambiente, prefirió el sombrero, como si todavía estuviera en el Rodeo Saltillo; mientras que Cristian López, de Atención Ciudadana, según los reportes, apareció sin chaleco y sin lugar destacado, aunque siguiendo de cerca al alcalde. Unos presumen cercanía, otros buscan protagonismo y algunos todavía esperan que les aparten una silla. Porque las brigadas son para atender ciudadanos.